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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Complejo Metalúrgico de La Oroya en Perú

Cuando las ciencias están al servicio de la justicia ambiental

Por David Cañas y Mayela Sánchez* La ciencia o más bien las ciencias son el conjunto de sistemas de conocimientos que diferentes grupos sociales han desarrollado a lo largo de la historia para describir los fenómenos de la naturaleza y de las sociedades. Gracias a ellas se han encontrado soluciones a problemas que la humanidad ha enfrentado y hoy, más que nunca, deben responder a crisis globales como la climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad.Comprender los procesos ecosistémicos es fundamental para la protección del ambiente y para brindar sustento comprobable y replicable a los fenómenos de la naturaleza y a los impactos de actividades humanas sobre ella. Permite además desarrollar soluciones creativas para su protección y recuperación.  Para que las ciencias aporten a la justicia ambiental —concepto enfocado en garantizar que todas las personas disfruten de un ambiente sano— es necesario que el trabajo científico esté en contacto con la realidad de las personas y comunidades afectadas por la degradación ambiental, que habitan o dependen de ecosistemas vulnerables a daños ambientales; que se construya desde la empatía y el respeto por otros saberes; y que busque reducir las asimetrías sociales.En AIDA, las ciencias son un elemento clave de nuestro trabajo pues respaldan y complementan los litigios estratégicos que desarrollamos para proteger el ambiente sano en América Latina. Es a través y gracias a las ciencias que podemos demostrar los impactos al ambiente causados por actividades humanas y exigir rendición de cuentas a quienes resulten responsables. ¿Cómo hacemos ciencia en AIDA?El equipo científico de AIDA es un grupo multidisciplinario de profesionales que se especializan en distintas áreas del conocimiento, entre ellas la geografía, geología, biología, biología marina, oceanografía, antropología y economía.Entre otras cosas, recaban y construyen evidencia científica para fortalecer los argumentos legales de los casos que acompañamos en nuestras distintas líneas de trabajo, que van desde protección del océano y otros ecosistemas clave hasta la defensa de derechos humanos como la salud o el acceso a fuentes de agua potable.El uso estratégico de las ciencias ha estado presente desde que AIDA nació como organización ambiental, hace más de 25 años, con el caso de La Oroya en Perú, donde un grupo de residentes demandó al Estado por la falta de protección frente a décadas de contaminación con metales pesados proveniente de un complejo metalúrgico. Analizamos los reportes de emisiones atmosféricas de la empresa a cargo del complejo, reportes de la calidad del aire en la zona y la capacidad de las estaciones de monitoreo atmosférico cercanas, entre otros datos. Hicimos lo que no se había hecho: conectar los estudios existentes con la realidad de La Oroya. Con ello comprendimos la relevancia del caso y pudimos demostrar el vínculo entre la contaminación y los impactos en la salud de los habitantes de la ciudad. Nuestro análisis, compilado en el informe La Oroya No Espera, sirvió para construir el caso legal y para formular propuestas al Estado peruano de medidas correctivas y preventivas para atender el problema.En 2024, en una decisión que marcó un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humano estableció la responsabilidad del Estado peruano y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Entre los aportes recientes del equipo científico está el análisis geoespacial del Salar del Hombre Muerto, en las provincias argentinas de Catamarca y Salta, para documentar con base en mapas e imágenes satelitales la pérdida de agua en este ecosistema a causa de la minería de litio.Otro ejemplo es el peritaje sobre la contaminación por residuos sólidos en afluentes del río Motagua, en Guatemala, en el que hicimos un registro y caracterización de vertederos ilegales a orillas del río Chinautla. Este trabajo ayudó a que las comunidades afectadas reunieran las pruebas necesarias para el litigio que presentaron contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación en ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de residuos sólidos. La ciencia como un derecho  Cuando las ciencias están al servicio de la justicia social y ambiental, sus beneficios llegan a todas las personas. Este propósito fue recientemente reivindicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32, en la que reconoce el “derecho a la ciencia” como la posibilidad de todas las personas de disfrutar de los beneficios que resulten de progresos científicos y tecnológicos; así como de tener oportunidades de contribuir a la actividad científica sin discriminación.Además, la Corte reconoció los saberes indígenas, tradicionales y locales como otras formas de conocimiento a la par del científico. Es un reconocimiento de cómo el conocimiento profundo que pueblos indígenas y comunidades locales tienen de su entorno, su cosmovisión basada en el respeto y la interdependencia y su relación espiritual con la naturaleza, han sido fundamentales para la conservación de los ecosistemas.Como organización que utiliza las ciencias como herramienta para la protección del ambiente, creemos en una ciencia que comparta estos principios, es decir una ciencia construida a partir del diálogo de distintas formas de conocimiento, cuyos beneficios sean para todas las personas y que sirva para avanzar hacia la transformación socioecológica que el planeta necesita con urgencia.  *David Cañas es el director interino de Ciencias de AIDA; Mayela Sánchez es nuestra especialista en comunidad digital. 

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Por David Cañas y Mayela Sánchez* La ciencia o más bien las ciencias son el conjunto de sistemas de conocimientos que diferentes grupos sociales han desarrollado a lo largo de la historia para describir los fenómenos de la naturaleza y de las sociedades. Gracias a ellas se han encontrado soluciones a problemas que la humanidad ha enfrentado y hoy, más que nunca, deben responder a crisis globales como la climática, la de contaminación y la de pérdida de biodiversidad.Comprender los procesos ecosistémicos es fundamental para la protección del ambiente y para brindar sustento comprobable y replicable a los fenómenos de la naturaleza y a los impactos de actividades humanas sobre ella. Permite además desarrollar soluciones creativas para su protección y recuperación.  Para que las ciencias aporten a la justicia ambiental —concepto enfocado en garantizar que todas las personas disfruten de un ambiente sano— es necesario que el trabajo científico esté en contacto con la realidad de las personas y comunidades afectadas por la degradación ambiental, que habitan o dependen de ecosistemas vulnerables a daños ambientales; que se construya desde la empatía y el respeto por otros saberes; y que busque reducir las asimetrías sociales.En AIDA, las ciencias son un elemento clave de nuestro trabajo pues respaldan y complementan los litigios estratégicos que desarrollamos para proteger el ambiente sano en América Latina. Es a través y gracias a las ciencias que podemos demostrar los impactos al ambiente causados por actividades humanas y exigir rendición de cuentas a quienes resulten responsables. ¿Cómo hacemos ciencia en AIDA?El equipo científico de AIDA es un grupo multidisciplinario de profesionales que se especializan en distintas áreas del conocimiento, entre ellas la geografía, geología, biología, biología marina, oceanografía, antropología y economía.Entre otras cosas, recaban y construyen evidencia científica para fortalecer los argumentos legales de los casos que acompañamos en nuestras distintas líneas de trabajo, que van desde protección del océano y otros ecosistemas clave hasta la defensa de derechos humanos como la salud o el acceso a fuentes de agua potable.El uso estratégico de las ciencias ha estado presente desde que AIDA nació como organización ambiental, hace más de 25 años, con el caso de La Oroya en Perú, donde un grupo de residentes demandó al Estado por la falta de protección frente a décadas de contaminación con metales pesados proveniente de un complejo metalúrgico. Analizamos los reportes de emisiones atmosféricas de la empresa a cargo del complejo, reportes de la calidad del aire en la zona y la capacidad de las estaciones de monitoreo atmosférico cercanas, entre otros datos. Hicimos lo que no se había hecho: conectar los estudios existentes con la realidad de La Oroya. Con ello comprendimos la relevancia del caso y pudimos demostrar el vínculo entre la contaminación y los impactos en la salud de los habitantes de la ciudad. Nuestro análisis, compilado en el informe La Oroya No Espera, sirvió para construir el caso legal y para formular propuestas al Estado peruano de medidas correctivas y preventivas para atender el problema.En 2024, en una decisión que marcó un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estado, la Corte Interamericana de Derechos Humano estableció la responsabilidad del Estado peruano y le ordenó adoptar medidas de reparación integral.Entre los aportes recientes del equipo científico está el análisis geoespacial del Salar del Hombre Muerto, en las provincias argentinas de Catamarca y Salta, para documentar con base en mapas e imágenes satelitales la pérdida de agua en este ecosistema a causa de la minería de litio.Otro ejemplo es el peritaje sobre la contaminación por residuos sólidos en afluentes del río Motagua, en Guatemala, en el que hicimos un registro y caracterización de vertederos ilegales a orillas del río Chinautla. 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Es un reconocimiento de cómo el conocimiento profundo que pueblos indígenas y comunidades locales tienen de su entorno, su cosmovisión basada en el respeto y la interdependencia y su relación espiritual con la naturaleza, han sido fundamentales para la conservación de los ecosistemas.Como organización que utiliza las ciencias como herramienta para la protección del ambiente, creemos en una ciencia que comparta estos principios, es decir una ciencia construida a partir del diálogo de distintas formas de conocimiento, cuyos beneficios sean para todas las personas y que sirva para avanzar hacia la transformación socioecológica que el planeta necesita con urgencia.  *David Cañas es el director interino de Ciencias de AIDA; Mayela Sánchez es nuestra especialista en comunidad digital. 

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A toolkit for using Advisory Opinion 32/25 in climate justice work

Un kit de herramientas prácticas para usar la Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH en el trabajo por la justicia climática

 CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS La crisis climática ya está afectando a personas y comunidades de toda América Latina y el Caribe, dañando hogares, medios de vida, ecosistemas y el derecho fundamental a un ambiente sano.  La Opinión Consultiva 32 (OC 32/25) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es la primera de su tipo en determinar que tanto Estados como actores no estatales, entre ellos empresas, tienen obligaciones claras y vinculantes, derivadas del derecho internacional, para abordar las causas y consecuencias de la crisis climática como un asunto de derechos humanos.Este pronunciamiento histórico, hecho pública el 3 de julio de 2025, brinda a personas defensoras del ambiente y los derechos humanos una nueva y poderosa herramienta para exigir acciones y justicia.Pero ¿cómo usar este dictamen para la protección efectiva de personas, comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática?Pero ¿cómo aplicar hoy esta decisión en casos reales, campañas, litigios y políticas? Un kit de herramientas jurídicas por la justicia climáticaPara ayudar a responder esa pregunta, más de 20 personas expertas y organizaciones ambientales, de derechos humanos y académicas —entre ellas AIDA— elaboraron una publicación que analiza la decisión histórica de la Corte IDH, con énfasis en sus aplicaciones prácticas.La publicación —Justicia Climática y Derechos Humanos: Estándares y Herramientas Jurídicas de la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— contiene 14 escritos, organizados en cuatro secciones clave:Conocimiento y Derechos Esenciales;Obligaciones Estatales y Corporativas;Derechos de Personas y Grupos Afectados; yDemocracia Ambiental y Reparaciones. Cada escrito contiene:Contexto y antecedentes para situar el tema.Un análisis jurídico claro de las principales contribuciones de la Corte.Una revisión crítica de cómo estos estándares pueden ser aplicados en la práctica.Identificación de oportunidades para el litigio y la incidencia, así como de las lagunas por llenar. Todo el contenido fue sometido a una rigurosa revisión por pares para garantizar su precisión y coherencia. ¿Por qué esto es importante ahora?Con la OC-32/25, las personas defensoras y las comunidades de toda la región cuentan ahora con:Fundamentos más sólidos para los litigios, al incorporar estándares de derechos humanos en casos relacionados con el clima.Apoyo legal para la rendición de cuentas empresarial, al aclarar las obligaciones de las empresas para prevenir y remediar daños.Argumentos para ampliar la protección de las personas más afectadas: niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas defensoras del ambiente.Herramientas políticas para exigir acciones climáticas nacionales alineadas con la protección de los derechos humanos. En una región que enfrenta riesgos climáticos desproporcionados, esta decisión transfiere el poder a las comunidades y movimientos que buscan justicia. ¿Qué puedes hacer con este kit de herramientas?Esta publicación es una herramienta para facilitar la comprensión de la decisión de la Corte y promover —con base en ella— acciones jurídicas y políticas concretas para proteger a comunidades y ecosistemas frente a la emergencia climática.Está dirigida a personas, comunidades, organizaciones y redes que trabajan en temas de crisis climática y derechos humanos, a quienes brinda estándares y recomendaciones prácticas para fortalecer sus estrategias y esfuerzos de litigio e incidencia.En resumen, está diseñada para ayudarte a incorporar argumentos jurídicos sólidos en tu trabajo, incluyendo:Diseñar medidas de protección urgentes para las comunidades más vulnerables.Fortalecer las campañas de incidencia con respaldo jurídico.Nutrir la legislación climática y los debates sobre políticas públicas.Apoyar las demandas de las comunidades en materia de adaptación y resiliencia.Integrar estándares de derechos humanos en los litigios estratégicos. Ya seas abogado/a, miembro de una organización, líder o lideresa de tu comunidad o responsable de políticas públicas, este conjunto de herramientas puede ayudarte a convertir los estándares jurídicos en una protección y rendición de cuentas reales. Un llamado a la acciónAmérica Latina es la región que menos responsabilidad tiene en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero esta entre las más afectadas por los daños climáticos. La OC-32/25 abre un nuevo capítulo: uno en el que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de nuestro clima.Ahora es el momento de utilizar esta decisión para impulsar la justicia en toda la región.Juntos/as, podemos convertir este hito jurídico en protecciones tangibles para las personas y los ecosistemas que más las necesitan. CONSULTA Y DESGARGA EL KIT DE HERRAMIENTAS 

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