
Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.

Proyectos relacionados

Granjas de salmón en la Patagonia chilena, autorizadas sin una evaluación ambiental adecuada
Así concluyó una investigación encargada a un experto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Más de la mitad de las granjas efectivamente operando en la región de Magallanes, en plena Patagonia, han generado falta total o parcial de oxígeno en las aguas, incluyendo nueve que están ubicadas en áreas naturales protegidas. Santiago, Chile. Un estudio reciente, encargado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) a un experto, concluyó que las granjas de salmón ubicadas en la región de Magallanes, en la Patagonia austral, fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas que aseguraran que no habría daños a la vida marina. “Tras 20 años de desarrollo en otras regiones, la industria salmonera busca ahora expandirse a las últimas costas vírgenes del país, sin las precauciones debidas”, explica Gladys Martínez, abogada senior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El estudio evidencia que ni las empresas ni el Estado han hecho suficiente para evitar en Magallanes los daños ambientales ya causados en otras regiones del país”. La investigación fue elaborada para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt. El estudio analizó 261 proyectos de salmonicultura. De ellos, poco menos de la mitad ya han sido autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 están operando actualmente. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que las granjas van dejando en las aguas. La investigación da cuenta que existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. “Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados”, indicó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado ya la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas”. El 22 de mayo del año pasado, AIDA presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente solicitándole investigar los daños ocasionados por las granjas de salmón en Magallanes y sancionar a las empresas responsables por ellos. Consulte y descargue el informe aquí. Vea el mapa interactivo de las granjas de salmón. Más información aquí. Contacto de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56973353135, [email protected]
Leer más
Pronunciamiento por el asesinato de la defensora ambiental y de los derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia
A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHERÁN MICHOACÁN A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las 37 organizaciones reunidas en el ENCUENTRO DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO repudiamos el asesinato de nuestra compañera Guadalupe Campanur Tapia, quien luchó por la defensa del bosque de Cherán, la construcción de su autonomía y la implementación del gobierno por usos y costumbres en esta comunidad indígena del estado de Michoacán. Responsabilizamos a los diferentes órdenes de gobierno que con sus acciones y omisiones son también partícipes de este hecho. Exigimos la verdad sobre este asesinato, justicia y castigo a los responsables. Estamos convencidos de seguir el ejemplo de nuestra compañera y continuar en la lucha por la defensa de la vida y contra los proyectos de muerte. ¡NI UNA DEFENSORA NI DEFENSOR ASESINADO MÁS! ¡RESPETO A LOS DERECHOS Y SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DE MÉXICO! ORGANIZACIONES FIRMANTES: Fondo Acción Solidaria, AC (FASOL) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Fundación Semillas de Vida – UNITONIA Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa de la Vida (VIDA) Molimiento de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER). Movimiento Ciudadano en Defensa de La Loma. Consejo Indígena Nayeri Pobladores, A.C. Defensores de la Cuenca Antigua Alianza de Comunidades en Defensa del Río Bobos-Nautla y Tecolutla. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida. Ciudadanos Unidos por San Blas Comité Ixtepecano en la Defensa de la Vida y el Territorio Geocomunes Red para la Protección del Ambiente y el Territorio de Quintana Roo. Colegio de Ciencias Ambientales de Solidaridad Federación de Cooperativas Pesqueras “Pescadores Siglo XXI”. SCPP "Enrique Atondo Favela" Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. C.I. Repechique. C.I. San Ignacio, Chihuahua Alianza Jaguar C.I. Loma de Bakum Evolución Civil 2050 Consejo para la Seguridad Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta Alianza por la Costa Verde de Jalisco C.I. Nuevo San Juan Parangaricutiro Mipaltik
Leer más
Ocho temas claves para la agenda ambiental de Colombia en 2018
Para Colombia, el 2017 fue un año marcado por el debate en torno al derecho de las comunidades de ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y ecosistemas. Lo vimos con la organización de consultas populares y movilizaciones que cuestionaron proyectos mineros y de fracking y, en suma, la continuidad del modelo extractivista. Fue evidente además con la decisión de la Corte Constitucional, uno de los máximos tribunales del país, del máximo tribunal del país, de invalidar la delimitación del páramo de Santurbán, fuente de agua para millones, porque la decisión gubernamental no tomo en cuenta a la población. Por otro lado, el país se unió al debate global acerca del cambio climático y la necesidad de promover un desarrollo económico libre de combustibles fósiles. Ahora bien, en 2018, frente a las elecciones presidenciales y ante la implementación de los acuerdos de paz, la participación ambiental, la autonomía territorial y el fracking se muestran como temas especialmente importantes para el año que inicia. A continuación, ocho temas que considero claves para la agenda ambiental del 2018: Participación ambiental: Las consultas populares, como expresión de comunidades empoderadas y en búsqueda de decidir respecto de proyectos que les afecten, seguirán teniendo un lugar privilegiado en el debate público. Autonomía territorial: Aunque reconocida constitucionalmente, la facultad de los departamentos y municipios de gobernarse de forma autónoma en diversos ámbitos, incluido el ambiental, no está del todo definida. Quedan por responder preguntas como ¿quién debe decidir? y ¿sobre qué se puede decidir? Autoridades indígenas: Siguiendo la línea del punto anterior, la autonomía y el nivel de decisión de las autoridades indígenas con relación a temas ambientales dará mucho que hablar este año. Fracking: La pregunta clave es: Frente a la expansión de esa técnica en la región ¿adoptará Colombia la postura de organizaciones sociales sobre la aplicación del principio de precaución para evitar los daños al ambiente y a la salud humana asociados al fracking? Descarbonización: Como país productor, ¿se sumará Colombia a la tendencia iniciada por Francia, Reino Unido e Italia, naciones que firmaron recientemente una alianza para cerrar las centrales de carbón antes de 2030 y cumplir así con el acuerdo climático de París? La Niña: Las lluvias y vientos fuertes del fenómeno climático de La Niña retornarán al país este año. Las acciones adecuadas para mitigar el riesgo serán fundamentales, al igual que la aplicación de las lecciones aprendidas el 2010, cuando el fenómeno dejó cientos de muertes y pérdidas millonarias. Páramos: A partir de la decisión de la Corte Constitucional sobre la delimitación del páramo de Santurbán, este año promete estar lleno de controversias sobre la nueva delimitación de ese entorno y acerca de la participación de las comunidades en la demarcación del resto de los páramos colombianos, medida orientada a su protección frente a proyectos nocivos como los mineros. Principio 10: La negociación de un acuerdo regional sobre el acceso de toda persona a la información, a la justicia y a la participación pública en temas ambientales, aún está en marcha. El acuerdo busca la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, clave para garantizar el derecho a un ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. Desde AIDA, y a través de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, seguiremos promoviendo este año soluciones a los conflictos ambientales en el país con base en la aplicación efectiva de las normas nacionales e internacionales.
Leer más