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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Brasil debe responder ante la CIDH por violaciones de derechos humanos derivadas de la represa Belo Monte

En representación de las comunidades afectadas, organizaciones enviamos argumentos finales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del caso contra el Estado brasileño. Presentamos evidencia científica sobre el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades de la zona, ubicada en plena Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus argumentos finales en el caso. Los mismos evidencian científicamente los daños causados a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y habitantes de Altamira, la ciudad más próxima a la hidroeléctrica. “La situación de violación de derechos humanos persiste para los pueblos afectados y la continuidad de nuestra petición ante la Comisión es urgente para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”, dijo Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú vivo para siempre, colectivo creado para enfrentar la implementación de la represa. El informe presentado a la Comisión demuestra que los daños causados por la represa son resultado de la falta de previsión y de una evaluación adecuada, y del incumplimiento de las condicionantes impuestas por el gobierno para su implementación. Los riesgos denunciados antes de su construcción son hoy daños de largo plazo que afectan de forma distinta a hombres y mujeres, y a diferentes grupos de edad. “Es un paso vital para que los pueblos de la cuenca del río Xingú obtengan justicia, el Estado de Brasil responda por las violaciones cometidas y para evitar que esto se repita”, explicó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Junto con la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global, AIDA representa a las comunidades afectadas ante la Comisión. Las organizaciones prueban también el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, quienes tuvieron que dejar sus hogares sin opciones adecuadas de reubicación, lo que pone en riesgo su sobrevivencia. Entre la población afectada están comunidades dedicadas a la pesca, que no han sido compensadas por la pérdida de sus modos de subsistencia. La represa ha provocado la muerte masiva de peces y aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el problema de fondo no ha sido resuelto, hecho evidenciado en el informe. La población local tiene ahora un uso limitado del río Xingú en cuanto a fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. En el informe, las organizaciones documentan —entre otros daños graves— la desaparición de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, dejaron de dar a luz en sus casas y deben ir ahora a un hospital. El panorama empeora pues los servicios de salud y educación en Altamira están saturados debido al aumento poblacional ocasionado por la represa. La denuncia contra Brasil ante la Comisión fue presentada en 2011, año en el que ese organismo otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015. En octubre del año pasado y para agilizar el proceso, la Comisión decidió excepcionalmente unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En ese marco, las organizaciones presentaron sus argumentos finales y el Estado deberá hacerlo también para que la Comisión tome una decisión. “Esperamos que lo más pronto posible la Comisión remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en su informe de fondo recomiende que el Estado brasileño adopte las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad y el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la hidroeléctrica”, afirmó Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global. “Después de ser sometidas a todo tipo de violaciones, esas comunidades necesitan reparación integral pues vieron vulnerados sus derechos desde los orígenes del proyecto; no se respetó su derecho a la consulta libre, previa e informada.” La Comisión debe preparar un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos y puede emitir recomendaciones para que Brasil las repare. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Aunque la represa está en funcionamiento desde principios de 2015, su construcción no ha finalizado debido a suspensiones judiciales derivadas del incumplimiento de condiciones establecidas en los permisos otorgados. El Estado de Brasil aún puede evitar mayores daños de los ya ocurridos, por la que una decisión pronta de la Comisión es importante. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017

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Derechos Humanos, Fracking

Defendiendo a comunidades del avance del fracking en Argentina

En un país altamente dependiente de los hidrocarburos, los derechos humanos y de la naturaleza no suelen ser lo más importante. Por ello AIDA y sus socios apoyan los esfuerzos de organizaciones y comunidades  para evitar los daños del fracking en Argentina. En la provincia Neuquén, al noroeste de la Patagonia argentina, una gran estructura de metal se levanta entre árboles de manzana. Se trata de uno de los pozos de fracking instalados en la zona. Un solo pozo requiere cerca de 11 millones de litros de agua, lo que equivale a 18 años de consumo de agua para una familia.Pese a ser una técnica experimental, riesgosa y contaminante para la explotación de hidrocarburos no convencionales, el fracking se está extendiendo rápidamente en Argentina, afectando a territorios mapuches y poblaciones locales.La expansión ocurre en Vaca Muerta, el yacimiento con la reserva probada de gas no convencional más grande de América Latina. Con 30 mil kilómetros cuadrados, el yacimiento abarca cuatro provincias argentinas: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.Pero la expansión ha traído también problemas como la contaminación y el consiguiente perjuicio de los modos de vida de las comunidades locales, incluyendo a mapuches, quienes se ven obligadas a buscar otras opciones de subsistencia para seguir viviendo en sus territorios y no migrar a las ciudades.Las empresas petroleras generan fuentes de trabajo que son inestables y de corto plazo. Y, debido también al aumento en el precio de la tierra, los pobladores de la zona deben ganar más dinero para mantener su nivel de vida.En un país cuya energía depende en 90% de los hidrocarburos, es difícil que el gobierno priorice los derechos de los pueblos indígenas, de los niños y niñas, y de la naturaleza, frente a los ingresos económicos de una industria no sostenible.Por ello es fundamental el esfuerzo de comunidades y organizaciones de la sociedad civil para resistir el avance ciego del fracking.“Lo que me motiva es el cuidado de la tierra y del agua; la naturaleza no es nuestra, nosotros le pertenecemos”, dice Santiago Cané, miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN (FARN), organización que está recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking.FARN presentó un amparo para invalidar las autorizaciones otorgadas para la explotación de cuatro pozos de fracking en Mendoza.Los permisos fueron otorgados por la autoridad ambiental en julio de 2017, en un tiempo récord de seis días y sin requerir un Evaluación de Impacto Ambiental. La demanda aún está en proceso y AIDA colabora con FARN desde su experiencia en derecho ambiental internacional y derechos humanos.“En Mendoza, el fracking está avanzando a un ritmo muy acelerado”, cuenta Santiago. “Los gobiernos nacional y provincial no están tomando en cuenta que se puede contaminar de manera irreversible fuentes de agua que sirven a varias ciudades”.De hecho, Mendoza es una provincia que por años sufre de escasez de agua, problema agravado por el cambio climático.Quienes impulsan el fracking en Mendoza también pasan por alto que, al contaminar tanto aguas superficiales como subterráneas, los químicos usados pueden llegar a la laguna de Llancanelo, un humedal de importancia internacional, ubicado en la falda de la cordillera de los Andes, y que es zona de paso y descanso obligatorio para más de 130 especies de aves residentes y migratorias.Además, la zona es hogar de mapuches. Según la legislación internacional, ellos deben dar su consentimiento previo, libre e informado a cualquier actividad que afecte su territorio. Ese derecho no está siendo respetado.“Me motiva también la idea de una economía diferente que no deprede la naturaleza y que no genere acumulación de riqueza en pequeños grupos de la sociedad”, dice Santiago.FARN, junto con AIDA, es parte de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que trabajamos por una América Latina libre de fracking.Juntos seguiremos evitando los daños del fracking. Estamos convencidos que el poder para hacerlo está en la gente.

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Veracruz y nuestra incapacidad de ver a futuro

(Texto publicado originalmente en Animal Político)Quienes están detrás de la ampliación del puerto de Veracruz comparten un mal desgraciadamente común en México y en otras partes del mundo: concebir el desarrollo como una suma de beneficios de corto plazo y cuyo logro requiere vencer todos los obstáculos posibles, incluidos como tales los entornos naturales y las normas que deberían protegerlos.La primera etapa de la ampliación de operaciones del puerto de Veracruz le dará oxígeno a ese estado por 15 o 20 años, aseguró en días pasados Juan Ignacio Fernández Carbajal, director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).Por oxígeno, el directivo entiende más ingresos económicos y nuevas fuentes de empleo derivadas del aumento de la capacidad de carga del puerto. Pero su visión de desarrollo, claramente de corto plazo, ignora los beneficios sociales, ambientales y económicos que el Sistema Arrecifal Veracruzano ha brindado y puede seguir brindando por mucho más de 20 años.Hablemos de grandezas. La segunda obra de infraestructura más importante del sexenio en México dañará irreversiblemente el ecosistema de coral más grande del Golfo de México.Los arrecifes de Veracruz brindan oxígeno en un sentido estricto. Los océanos y sus ecosistemas, entre ellos los arrecifes, generan la mitad del oxígeno que se respira en el planeta y absorben casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles.Y hay más. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los arrecifes de coral proporcionan 17% de todas las proteínas consumidas a nivel mundial, porcentaje que sube a 70% o más para países insulares y costeros. Ello se debe a que albergan a más de 100,000 especies distintas de fauna marina, entre ellas miles de peces comerciales, que comparten el entorno con peces herbívoros, tortugas marinas y tiburones.En buenas condiciones, los arrecifes protegen a poblaciones costeras de tormentas, huracanes y tsunamis, fenómenos agravados por el cambio climático. Su esqueleto absorbe hasta 95 % del impacto de las olas generado por vientos fuertes.Quienes viven en Veracruz se han beneficiado de esa característica. El Sistema Arrecifal Veracruzano, Área Natural Protegida como zona de refugio de flora y fauna desde 1975 y en la categoría de Parque Nacional desde 1992, sirvió como barrera de amortiguamiento para proteger a la ciudad cuando ésta se vio afectada en 2001 por el huracán Karl de categoría cuatro.Pese a ello, en 2012, el gobierno redujo el área del parque, excluyendo del mismo a la mitad del arrecife de Punta Gorda y a la Bahía de Vergara, para permitir la ampliación portuaria.En términos económicos, aquellos priorizados por los promotores de la megaobra, el valor de los servicios ambientales de los arrecifes excluidos del parque, se calcula en aproximadamente 290.5 millones de dólares, cifra que rebasa el beneficio económico directo del nuevo puerto, calculado en alrededor de 85,600 dólares por kilómetro cuadrado.El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente afirma que, en general, el valor estimado de los servicios prestados por los arrecifes está entre 100,000 y 600,000 dólares por kilómetro cuadrado. Y recientemente se calculó el valor de existencia de ecosistemas de arrecife de coral, como Cabo Pulmo, en cerca de 332 millones de dólares al año.Cuando hacer las cosas bien no importa“Desgraciadamente, cuando pensábamos que todo ya iba a comenzar, empezamos a tener problema con el tema medioambiental, que eso nos retrasó el proyecto tres años, tres años y medio”, recordó Fernández Carbajal.El problema era la existencia de arrecifes de coral en el sitio concebido para el proyecto. “Si el problema es un parque nacional, pues vamos a quitarlo de esa área para que podamos construir el puerto sin que haya un obstáculo legal para hacerlo”, dice Leonardo Ortiz, investigador de la Universidad Veracruzana en el documental La batalla por los arrecifes veracruzanos, al explicar cómo procedió el gobierno para dar vía libre al proyecto pese a sus riesgos.Según la legislación nacional, en las áreas naturales protegidas sólo es posible realizar las actividades permitidas según su categoría. En el caso del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), sólo se permiten actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y la educación. Las actividades portuarias no son compatibles con la categoría de protección ambiental, por ello la misma fue removida de parte del parque.Al hacerlo, el gobierno retrocedió en su obligación de conservar las características naturales de los ecosistemas para las generaciones futuras. Vulneró además sus obligaciones ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales y bajo el cual el PNSAV es Humedal de Importancia Internacional. México debe aplicar las normas para conservar sus ecosistemas y para restaurarlos en caso de daños.Además, en la Manifestación de Impacto Ambiental, la APIVER solicitó de forma fragmentada la autorización para el proyecto, lo cual impide evaluar adecuadamente sus impactos acumulativos a través del tiempo y de forma integral. Además, ese documento no se basó en la mejor información científica posible pues ignoró, por ejemplo, la existencia de un arrecife no emergido en la zona de construcción.Ese documento tampoco contiene medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la tortuga carey, especie amenazada según la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas. Esa tortuga cumple su ciclo de vida en el parque. Pero la ampliación portuaria fue autorizada sin que la autoridad a cargo requiera un plan de manejo especial para la conservación de esa especie.Asimismo, la autorización no consideró los impactos en los arrecifes de la sedimentación por las obras, el dragado de la Bahía de Vergara y Punta Gorda y del aumento en la cantidad y el tamaño de las embarcaciones en el nuevo puerto. Se ignoró también que, al transportarse mayor cantidad de hidrocarburos, existe un riesgo mayor de derrames en una región ya vulnerable a esos incidentes, los que podrían dañar gravemente arrecifes muy biodiversos y conectados al Corredor Arrecifal del Sureste del Golfo de México.La vulneración de normas y tratados en materia ambiental y de derechos humanos fue denunciada en un amparo presentado por pobladores del área metropolitana de Veracruz, quienes reivindican su derecho a un ambiente sano frente a los impactos del nuevo puerto. La demanda fue asesorada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y respaldada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.El desarrollo, bien entendido, de Veracruz ¿pasa necesariamente por la destrucción de arrecifes de más de 10 mil años de antigüedad que garantizan de manera duradera protección frente a embates del clima, turismo, pesca y una gastronomía emblemática? Para una mirada mediocre y de corto plazo, seguramente sí. Pero no para quien piensa a futuro y considera a la naturaleza, no como un obstáculo, sino como el mejor aliado en el sinuoso pero necesario camino del desarrollo sostenible. 

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