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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Fracking

COP20: Fracking, una técnica experimentaly riesgosa

La Cumbre de los Pueblos, evento paralelo a la COP20 en Lima, fue el escenario para reiterar un argumento central en torno al fracking o fracturación hidráulica: que es una técnica experimental que implica riesgos graves para la salud y el ambiente, entre ellos el empeoramiento del cambio climático. El fracking es una técnica empleada para la exploración y/o explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados gas y petróleo. "Estos químicos tienen efectos desconocidos debido al contacto con elementos del subsuelo; la fractura de pozos horizontales es altamente compleja e impredecible, esto hace del fracking una técnica experimental", explicó Eduardo Delia ingeniero petrolero y miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos en Argentina, en Fracking: Desafío para América Latina, evento organizado por la Fundación Heinrich Böll en la Cumbre de los Pueblos. El uso de fracking impacta en las condiciones de vida de las personas debido, entre otras cosas, al uso masivo de agua (de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo) y a la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas. Los químicos empleados conllevan además daños a la salud: cáncer, alergias, malformaciones y otros. Por otro lado, el fracking no es una opción para enfrentar el cambio climático. Aroa de la Fuente, miembro de Fundar y la Alianza Mexicana contra el Fracking, indicó que en los proyectos de fracturación hidráulica, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. "En 20 años, el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón". Países como Argentina, Bolivia, Colombia y México pretenden desarrollar ampliamente la técnica del fracking en los próximos años. ¿Qué puede hacer la población frente a estos planes y sus riesgos. Ariel Pérez, abogado de AIDA, enfatizó en el evento que existen herramientas legales para precautelar la salud humana y ambiental frente al fracking. La principal, detalló, es el principio de precaución, reconocido en el derecho internacional y el cual debe ser aplicado por los Estados y la sociedad civil para enfrentar las amenazas del fracking. Este principio establece que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". [1] Ello quiere decir que ante la duda sobre la ocurrencia de un severo daño ambiental, sobre sus alcances o magnitud, los Estados deben tomar medidas proactivas y eficaces que eviten ese posible daño. "Con base en este principio, los Estados tienen tres obligaciones respecto al fracking: generar información amplia, integral e imparcial; proteger al ambiente y a las personas con mecanismos como la suspensión de las operaciones de fracking mientras no se demuestre que son inofensivas; y promover espacios de debate público sobre el tema", señaló Pérez. Asistentes al evento en Lima destacaron que la movilización social es clave para apoyar las acciones legales que se adopten respecto al fracking en los países. A nivel regional, varias organizaciones de la sociedad civil articulan esfuerzos para generar información, discusión pública y prevención de daños en torno al fracking. Con motivo de la COP20, estas organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que alertan que el fracking tendrá consecuencias desastrosas para el ambiente y la población de América Latina, y que agravará el cambio climático. [1] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, principio 15.

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COP20: Hacia un acuerdo climático que incorpore los derechos humanos

El impacto del cambio climático en los derechos humanos es evidente. Sin embargo, al momento, ningún tratado internacional sobre derechos humanos hace referencia al cambio climático y viceversa. En nuevo acuerdo climático que será firmado en 2015 es una gran oportunidad para llenar el vacío e incorporar un lenguaje específico sobre la protección de los derechos humanos. El aumento en las temperaturas ha causado la reducción de la productividad de los cultivos, poniendo en riesgo el derecho a la alimentación, así como la disminución del agua limpia disponible, un recurso al que todos tenemos derecho. Con esos dos ejemplos, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó la relación entre cambio climático y derechos humanos en un evento realizado con motivo de la COP20 en el Tribunal Constitucional de Perú. Esa relación nos hace pensar en la "vulnerabilidad material", en las condiciones de vida de muchas personas y frente a las cuales se necesitan acciones de adaptación efectivas, dijo en el evento Manuel Pulgar Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y presidente de la COP20. María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, recordó que los impactos del cambio climático en los derechos humanos fueron abordados en un informe elaborado en 2009 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos. Entre otras cosas, el informe decía que el cambio climático afectará al derecho a la vida debido a un aumento del hambre y la malnutrición, y que las enfermedades conexas tendrán consecuencias para el crecimiento y desarrollo infantil. Tras el informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que señala, entre otras cosas, que "los impactos relacionados con el cambio climático tienen una serie de implicaciones, tanto directa como indirecta, en el goce efectivo de los derechos humanos (…)". A esos avances se suman los acuerdos firmados en la COP16 de Cancún, México, los cuales establecen que los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático "deberían respetar plenamente los derechos humanos" en todas las actividades relacionadas con el cambio climático. Dados estos antecedentes, añadió Veramendi Villa, el reto para el 2015 es que el nuevo acuerdo climático incluya un lenguaje específico e integral sobre la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar los derechos humanos en todas sus acciones climáticas. "Si ello ocurre, tendremos un instrumento internacional vinculante que guiarás las acciones climáticas los Estados y les ayudará a implementar las obligaciones que ya tienen en materia de derechos humanos". Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

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COP20: "La necesidad principal es la previsibilidad de los fondos"

Entrevista a Jacqueline Melgar, Jefa de Gestión de Financiamiento Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de El Salvador frente al cambio climático? - El Salvador es uno de los países más vulnerables de América Latina. Hay muchas inundaciones y sequías, tenemos los extremos de las cosas. Cuando hay desastres naturales fuertes, muchos de los fondos destinados a proyectos de cooperación tienen que reorientarse para atender esos desastres, a las personas afectadas. Creo que una de las principales necesidades desde la perspectiva de gobierno es la previsibilidad de los fondos, conocer cualés serán realmente esos aportes que el Fondo Verde del Clima nos va a dar y cómo podemos acceder a ellos. Eso va a determinar todas las acciones. - ¿Cuáles son las expectativas del país respecto del Fondo Verde Climático? - La expectativa es prepararnos para acceder a los fondos climáticos, y sobre todo fortalecer nuestra capacidad a nivel nacional en el proceso de acreditación ante el Fondo y en el de coordinación a nivel nacional con todos los actores. Nuestra expectativa final es acceder a esa oportunidad de financiamiento y comenzar a presentar propuestas de proyectos que sen financiables y que tengan un enfoque multisectorial y un mayor impacto. - ¿Qué acciones están realizando con miras a obtener ese financiamiento? - El Salvador es uno de los seis países donde se está implementando el programa Green Climate Fund Readiness. También hemos solicitado apoyo del Readiness Support. Son dos programas complementarios y nuestro objetivo es prepararnos para el acceso a esos fondos climáticos. Hemos comenzado una identificación de seis actividades iniciales. Éstas tienen que ver con un mapeo de las instituciones que trabajan el tema a nivel nacional para definir roles, coordinación interna. Se piensa trabajar una propuesta de catálogo de oportunidades de financiamiento. Otra de las actividades es tener una cartera de proyectos a futuro, y otra es la acreditación de nuestra autoridad nacional implementadora. También se piensa trabajar con el sector privado. Y en el marco del Readiness Support, hemos solicitado apoyo al Fondo para cuatro áreas. Una de ellas es la creación de marcos y estrategias nacionales de cambio climático. Otra es el intercambio de información y de experiencias de aprendizaje con otros países. Es un tema que para El Salvador es todavía nuevo y hay que conocer que es lo que el Fondo Verde puede hacer en términos de salvaguardas ambientales, de requisitos de contabilidad internacional. Estamos dando los primeros pasos. - ¿Cómo entiende el cambio transformacional, el cual se busca lograr en la región con apoyo del Fondo Verde? - Desde una perspectiva personal, es un cambio cultural, de cómo entendemos el cambio climático, el cual nos está afectando a todos, de cómo nos organizamos para hacerle frente a esta situación. Éste es un cambio que transforma y que va a generar un proceso de coordinación a nivel interno con todos los actores para acceder a los fondos y ejecutarlos para que el país esté adaptado. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org

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