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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
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Trabajando para proteger los arrecifes de coral de México y América Latina
En el Golfo de México, 27 arrecifes de coral forman una cordillera submarina que recorre seis islas en un área que se extiende por millas. Allí, cientos de especies coloridas de peces, erizos y estrellas de mar, y pastos marinos conviven con una abundante variedad de otras formas de vida. Se trata del Sistema Arrecifal Veracruzano, el mayor ecosistema de coral en el Golfo. Desafortunadamente, la ampliación del Puerto de Veracruz, aprobada recientemente por el Gobierno mexicano, dañará el conjunto de arrecifes y a las criaturas que dependen de él para sobrevivir. El proyecto también afectará a la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, cercana a los arrecifes y una joya de la Costa Esmeralda de México, porque en el sitio se explotará una mina de roca basáltica para usarla en la construcción del puerto. La autoridad ambiental aprobó el desarrollo portuario en 2013. Lo hizo pese a que México declaró Área Natural Protegida al Sistema Arrecifal Veracruzano en 1992, y a que el país es parte de la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional que incluye a los arrecifes de Veracruz. Se considera humedales a los páramos, manglares y arrecifes de coral. A pesar de la importancia reconocida del Sistema Arrecifal Veracruzano, el gobierno ha reducido oficialmente el tamaño del área protegida para dar paso a un puerto más grande. "Ahora es un buen momento para llamar la atención de los líderes y diplomáticos mundiales sobre la acciones no sostenibles de México", dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA. México se prepara para ser la sede, el próximo año, de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional para conservar la rica diversidad de la vida en la Tierra. AIDA y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en representación de 13 organizaciones e individuos, han enviado una carta al Secretariado del Convenio (una organización internacional neutral integrada por funcionarios públicos internacionales, responsables ante la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios, y vinculados al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). En la carta se solicita principalmente dos cosas al Secretariado: evaluar los daños que la ampliación del puerto causará, y pedir que México revoque la autorización del proyecto debido a los impactos graves que tendrá sobre la diversidad de vida en los arrecifes. "Nos preocupa la forma en la que el gobierno autorizó este proyecto de desarrollo", afirmó Moguel. "México ha roto su compromiso internacional de proteger la rica biodiversidad dentro de su territorio, particularmente aquella que está dentro de áreas naturales protegidas". El equipo del Programa de Protección Marina de AIDA ha trabajado en casos similares en México y en toda la región, ganando experiencia en leyes nacionales e internacionales que permitan la protección de los arrecifes de coral. Y ha elaborado un informe que sintetiza el conocimiento adquirido durante esos años de trabajo: La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. "Queremos interesar e informar a las personas que trabajan en la protección de humedales", señaló Moguel. "Existe una gran variedad de herramientas legales a su alcance, de las cuales posiblemente no están al tanto", añadió. "Además de describir nuestro propio trabajo legal en este tema, en el informe discutimos el poder de los tratados y compromisos internacionales que las naciones deben cumplir". El informe explica la importancia de los arrecifes de coral en el mundo —particularmente en México—, explora estudios de caso, expone tratados y obligaciones internacionales relevantes, y ofrece una mirada inspiradora sobre las mejores prácticas en la región. Gladys Martínez, abogada sénior del programa marino de AIDA, dijo que informes como éste buscan crear mayor conciencia sobre los medios legales disponibles para proteger los humedales, y resaltar los diferentes métodos que los tomadores de decisiones pueden usar. "AIDA selecciona casos emblemáticos como los de México para ilustrar problemas ambientales que son recurrentes en todo el continente", indicó Martínez. "Las amenazas al Sistema Arrecifal Veracruzano son una señal de que los países tienen la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para proteger los arrecifes de coral y cumplir con sus obligaciones internacionales". AIDA ha lanzado una campaña para financiar los esfuerzos continuos del programa marino para proteger a los corales de la región. Nuestro trabajo brinda a defensores y tomadores de decisiones recursos prácticos, recomendaciones y las herramientas necesarias para mejorar la protección de los arrecifes de coral. Tu donativo apoyará directamente este trabajo, y hará posible un futuro más brillante para la espléndida variedad de vida que existe en los arrecifes de coral de América Latina.
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