Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
Proyectos relacionados
Prohíben el fracking en Nueva York y en Colombia lo promueven
Por Héctor Herrera Santoyo, coordinador de la Red por la Justicia Ambiental @RJAColombia y asesor legal de @Aidaespanol La fracturación hidráulica o fracking es una forma no convencional de extraer petróleo y gas. Esta técnica consiste en realizar perforaciones primero verticales y luego horizontales e inyectar a muy alta presión una combinación de agua, arena y químicos tóxicos. De ese modo se fracturan capas del subsuelo conocidas como lutitas y es posible extraer el petróleo y gas allí contenidos. El fracking genera impactos en el ambiente y en la salud: contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas, generación de sismos, contaminación del aire y liberación de gases que contribuyen al cambio climático, entre otros. Así lo han evidenciado estudios del Ministerio de Ambiente alemán, la Oficina de Control del Gobierno de Estados Unidos, el Consejo Canadiense de las Academias de la Ciencia, y de individuos como Anthony Ingraffea, profesor de la Universidad de Cornell. El 17 de diciembre de 2014, el Gobernador de Nueva York anunció la prohibición del fracking en ese Estado por "riesgos significativos a la salud". Ese argumento resultó de un estudio realizado durante dos años por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado. El mismo analiza los impactos del fracking en la salud humana, la calidad del aire y el agua, y en las comunidades. La decisión fue celebrada por defensores del ambiente y criticada por algunos inversionistas que dicen que ella le niega a Nueva York la posibilidad de obtener los rendimientos económicos del negocio extractivo. El debate sobre permitir o no el fracking se ha dado también en otras latitudes. En Francia, el fracking fue prohibido en 2011 mediante ley nacional. Una empresa petrolera demandó la ley ante la Corte Constitucional, instancia que ratificó la prohibición en 2013. Bulgaria prohibió el fracking en 2012 y Alemania mantiene vigente la moratoria a esa técnica. Prohibiciones o moratorias se han dado además en municipios de Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Suiza, Italia, Irlanda, Holanda y Australia. Pese a este escenario internacional, el Gobierno de Colombia ha promovido el fracking. En 2008, la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató un estudio para identificar de forma preliminar las potencialidades en hidrocarburos no convencionales del país. En 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó un proyecto de fracturación hidráulica en Boyacá. Ese año, la Contraloría General de la República expidió al respecto una Función de Advertencia en la que recomienda que "se tenga en cuenta el Principio de Precaución, ante el riesgo latente para el patrimonio ambiental por la posible contaminación de aguas subterráneas, la afectación de fuentes hídricas, el riesgo para centros urbanos en el área de influencia, la salubridad pública y el riesgo geológico, por la forma de explotación mediante fracturamiento hidráulico". En enero de 2015, en Actuación Especial de Seguimiento a la Función de Advertencia, la Contraloría consideró que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias. A finales de 2012, el Gobierno colombiano inició el proceso de creación de un marco regulatorio para el ingreso del fracking a Colombia. Contrató expertos internacionales para identificar los impactos de la técnica y regularla. Varios de estos expertos están vinculados al sector petrolero. Así lo evidenció una investigación realizada por La Silla Vacía. El Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos expidieron ya los instrumentos jurídicos que servirán de marco para la entrada del fracking al país. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, dijo públicamente que sin fracking "tendríamos una debacle fiscal" dentro de seis o siete años. Y el Ministro de Minas, Tomas González, advirtió que el fracking es necesario para financiar parte del proceso de paz en el país. Ante la entrada del fracking a Colombia, las voces de alerta se han escuchado desde varios sectores. En agosto de 2014, AIDA instó públicamente al Gobierno a evitar las consecuencias graves e irreversibles del fracking y aplicar el principio de precaución. Posteriormente, en septiembre, el Foro Nacional Ambiental y otras organizaciones solicitaron moratoria condicionada al fracking en Colombia. Además, el Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, se mostró preocupado por los efectos que el fracking pueda tener en el agua. Declaró: "A mí, como Ministro del Agua, me da mucho miedo el fracking (...) cuando uno ve lo que está pasando en Santa Marta se da cuenta de que uno puede invertir mucho en tubos, pero si no tiene el recurso hídrico no va a tener sino que transportar aire por esos tubos". Por todo lo mencionado, la pregunta que salta a la vista es ¿por qué el fracking, que ha sido prohibido o restringido en varios países y municipios, está siendo promovido por el Gobierno colombiano? La respuesta más evidente es que ello aumentará la extracción de hidrocarburos y, como consecuencia, los ingresos del gobierno y la industria privada. Pero lo que el gobierno y la industria no ven es que ninguna cantidad de ingresos es lo suficientemente grande como para compendar los impactos ambientales y sociales del fracking, o de los nuevos conflictos que puedan surgir debido a sus efectos en los recursos hídricos. Ya hemos visto a nivel nacional (Guajira y Arauca) e internacional (Los Ángeles y Sao Paulo) que sin agua potable cualquier economía e incluso la vida misma son inviables.
Leer más
Organizaciones solicitan se investigue si Áreas Naturales Protegidas en Veracruz están en riesgo
Organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo pidieron además que el Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica requiera al Estado mexicano revisar y en su caso revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del Puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas. La ejecución de esos proyectos dañará seriamente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano y en Los Tuxtlas. En una carta al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)[i], once organizaciones de la sociedad civil y tres representantes de la comunidad científica y de buceo deportivo[ii] denunciaron el incumplimiento del Estado mexicano de ese tratado internacional derivado del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Dicho proyecto impactará gravemente la biodiversidad albergada en el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas (RBLT). Con motivo de la ampliación del puerto, el Gobierno modificó[iii] sin la suficiente información científica, la superficie del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y autorizó la ampliación dentro del arrecife, un sitio enlistado en la Convención Ramsar - un tratado que protege humedales-. Lo hizo en contra de normas nacionales e internacionales y sin considerar los impactos acumulativos que el proyecto tendrá en ese ecosistema debido, entre otras cosas, al crecimiento poblacional y al mayor tráfico marítimo en el puerto. El Gobierno autorizó también la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área. El SAV comprende al menos 23 arrecifes de diferente tamaño, forma y profundidad. En él conviven ecosistemas de arrecifes de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares. En 1992 fue decretado como área natural protegida y en 2004 fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. Este parque nacional es hábitat de corales, delfines y tortugas marinas, tiene una alta productividad pesquera y una gran belleza escénica. Sus arrecifes son reguladores del clima y funcionan como barrera contra olas y tormentas, como ocurrió en 2011 cuando amortiguaron el embate del huracán Karl de categoría cuatro[iv]en la ciudad de Veracruz. En cuanto a la reserva de la región de los Tuxtlas, ésta tiene un valor biogeográfico y ecológico importante. Es uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país y una de las zonas en donde se ha generado más información respecto a la composición de la flora y fauna de las selvas tropicales de México. Es refugio de 223 de las 565 aves migratorias de Norte América; así como de especies faunísticas endémicas, en peligro de extinción, amenazadas y bajo protección especial. Pese a los riesgos que la ampliación del Puerto de Veracruz implica para ambos ecosistemas, el Gobierno Federal y la Administradora Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), entidad a cargo del proyecto, inauguraron las obras del mismo el pasado 22 de noviembre. Por ello las organizaciones recurrieron al Secretariado del CDB con carácter de urgente. "La modificación del PNSAV, así como las autorizaciones de impacto ambiental para la ampliación portuaria y la extracción de roca basáltica en la RBLT violan la obligación del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio", se lee en la carta. El documento señala además que "de ejecutarse los proyectos de la ampliación del puerto de Veracruz y la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas, se impactará de manera irreparable la diversidad biológica y ecosistemas donde se asienta". En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil e individuos solicitaron al Secretariado del Convenio investigar los hechos denunciados y recordarle al Estado mexicano la importancia de los arrecifes de coral, pastos marinos y selvas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Solicitaron que esa instancia requiera al Estado revocar las autorizaciones de impacto ambiental de la ampliación del puerto de Veracruz y de la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas; cumplir su Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y las disposiciones del CDB; requerir la compensación por las pérdidas de biodiversidad derivadas de la modificación del PNSAV, y el apoyo del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Técnico. Ver carta entregada al Secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica [i] México ratificó el Convenio de la Diversidad Biológica el 11 de marzo de 1993. [ii]Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Greenpeace México, Litiga-Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Ocean Futures Society, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable, Pronatura Veracruz, Pobladores, Defensores del Medio Ambiente de Los Tuxtlas, La ROCA-Red Organizada para la Conservación Ambiental, el instructor de buceo Manuel Victoria y los investigadores Dr. Leonardo Ortiz Lozano y Dr. Horacio España. [iii]El Gobierno Federal determinó expedir un nuevo decreto de parque nacional donde se elimina de la poligonal de protección a los arrecifes de Punta Gorda y la Bahía de Vergara. [iv]Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA), Departamento de Comercio, U.S. Gobierno de los Estados Unidos, disponible en: http://oceanservice.noaa.gov/podcast/feb10/dd022410transcript.html
Leer más
Hacia un Manejo Ecosistémico de la Pesquería Peruana de Anchoveta
El objetivo principal de esta publicación, elaborada con el apoyo financiero de Pew Charitable Trusts, es identificar las reformas necesarias en el manejo de la pesquería peruana de anchoveta para proteger el ecosistema de la Corriente de Humboldt, y a las comunidades y economías locales que dependen de dicho ecosistema. Asegurar que el manejo de esta pesquería garantice la sostenibilidad de la anchoveta y la salud de sus depredadores sería un paso importante hacia la protección de los recursos hidrobiológicos en todo el mundo. Más aún, un marco legal que propicie el manejo pesquero con enfoque ecosistémico en Perú, podría ser utilizado como un modelo para el manejo sostenible de otras pesquerías a nivel mundial. Descarga el informe
Leer más