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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

El equipo del Programa de Protección Marina de AIDA.

Cinco razones para donar a AIDA

Todos debemos dejar un legado en y para el mundo, decía mi abuelito. Para él —más allá de ser esposos y esposas amorosos, padres y madres comprometidos, hijos e hijas responsables, amigos fieles y trabajadores cumplidos—, uno debe contribuir con algo al beneficio de la humanidad. Las sabias palabras de mi abuelo guiaron mi vida profesional. En nueve años de tener el privilegio de trabajar en AIDA, he tenido grandes satisfacciones al ver avances en casos que hemos liderado en diferentes países de Latinoamérica. Ello me da la energía para entregar la milla extra cada vez que es necesario. Sin embargo, muchas veces he sentido frustración al ver tantos sitios y personas que requieren nuestra ayuda, y no tener los recursos financieros y humanos suficientes. Si usted piensa también que no hay nada más valioso que contribuir a la construcción de un mejor hogar, un lugar más habitable para las generaciones futuras, le tengo una sugerencia: ¡Considere por favor apoyar el trabajo de AIDA mediante una donación!   Y para que tome una decisión informada al respecto, le presento cinco razones por las cuales apoyarnos es una buena idea: Somos una organización internacional sin fines de lucro que tiene más de 15 años de experiencia al servicio de una misión fundamental: usar la ley para proteger el ambiente en el continente americano, en especial en América Latina. "Protegiendo nuestro derecho a un ambiente sano" es el lema que guía nuestras acciones. Somos un grupo de abogados y abogadas latinoamericanos que trabajamos de forma comprometida. Nuestra experiencia nos permite desarrollar estrategias ante instancias y organismos internacionales para hacer que que los Estados cumplan sus obligaciones con el ambiente y los derechos humanos. Trabajamos en alianza con organizaciones nacionales, fortaleciendo y complementando sus esfuerzos. Creemos firmemente en la participación pública y la construcción de capacidades para lograr mayor impacto y resultados de largo aliento. Por ello compartimos nuestros conocimientos con aliados y comunidades, con quienes trabajamos de la mano. Tenemos el mayor cuidado con la inversión de nuestros fondos. Trabajamos de manera eficiente y efectiva. Escogemos cuidadosamente los casos para que éstos puedan sentar un precedente legal y servir de ejemplo para la defensa ambiental en diferentes países de la región.  Nuestro trabajo tiene un impacto global, presente y futuro. Nuestra labor apunta al bien común: aire puro y agua limpia, recursos vitales y necesarios para todos. Consideramos a nuestros donantes parte integral de nuestro equipo. Sin su contribución, nos sería imposible, por ejemplo, brindar asesoría legal de forma gratuita a comunidades que luchan por defender su entorno natural y sus derechos básicos: agua, alimentación, vivienda, cultura, etc. Con su apoyo seguiremos velando por la protección de los recursos marinos y costeros, la preservación de las fuentes de agua, la lucha efectiva contra el cambio climático y la defensa del derecho humano a un ambiente sano.   Apoyarnos es muy sencillo y seguro: ¡Hágalo aquí!  ¡GRACIAS por creer en nuestro trabajo!

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Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental

Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU".  Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas.  Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto".  La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos.  Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.

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From left to right, part of the team that worked on the project: Anna Cederstav, codirector of AIDA; Andrea Treece, Earthjustice lawyer; and Haydée Rodríguez, AIDA attorney.

Cinco razones para promover la pesca adecuada de la anchoveta peruana

La anchoveta peruana (Engraulis ringens) es un pez de ojos grandes que mide en promedio entre 12 y 15 centímetros. Escuché por primera vez de él en 2013, cuando inicié mi participación en un proyecto de AIDA y dos de nuestras organizaciones participantes —la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y Earthjustice—, con el apoyo de Pew Foundation.  El objetivo del proyecto era recomendar cambios en la legislación de Perú para asegurar la adecuada protección y el manejo sostenible de la pesquería de anchoveta. Antes de esto, no tenía idea de la importancia que este pequeño pez tiene para el ambiente y para la población peruana. La anchoveta es utilizada principalmente para producir harina de pescado que se usa para alimentar a otras especies y, en menor cantidad, para el consumo humano. Pero también es fundamental para la alimentación de peces, mamíferos y aves de la Corriente de Humboldt, una de las corrientes oceánicas de agua fría más importantes del mundo debido a su riqueza de nutrientes. El proyecto resultó en un informe con recomendaciones para mejorar las regulaciones sobre el manejo de la pesquería de anchoveta en Perú. En el equipo de trabajo consideramos necesario incluir una visión ecosistémica, es decir promover que las decisiones de manejo tomen en cuenta la importancia de la anchoveta para el ecosistema y no sólo para la actividad pesquera. Un manejo ecosistémico permitiría asegurar que se pueda seguir pescando anchoveta y que se mantenga el equilibrio del ecosistema de la Corriente de Humboldt. Para celebrar la publicación del informe, quiero compartir las cinco razones más importantes para promover un manejo ecosistémico de la pesquería de la anchoveta peruana: 1. Existen especies de mamíferos, peces y aves que dependen de la anchoveta. La mayoría de los depredadores marinos de la Corriente de Humboldt dependen en cierta medida de la anchoveta. Este pez es alimento para especies como el Pingüino Humboldt, aves y mamíferos marinos como los lobos marinos, y otros peces comerciales como la merluza, el jurel y la caballa. Una pesquería con visión ecosistémica ayudará a salvar no sólo a la anchoveta, sino también a las especies que dependen de ella. 2. La población de anchoveta está en peligro. La pesquería de anchoveta peruana ha estado al borde del colapso. Tuvo que ser clausurada en dos ocasiones: a principios de la década de 1970 y a finales de la década de 1990. En la actualidad, la falta de un manejo adecuado y ecosistémico genera fluctuaciones en la población de anchoveta.  De continuar el manejo inadecuado en un año de población reducida de anchoveta, la pesquería podría colapsar nuevamente. 3. Se necesitan mayores y mejores controles sobre lo que se pesca. El deseo por pescar implica, cada vez más, un aumento en la captura de ejemplares juveniles de anchoveta, peces que no han llegado aún a la edad de reproducción.  Esto genera que la población de anchoveta no se pueda reproducir a una velocidad tan rápida como la de su captura.  4. No existen planes integrales de manejo pesquero. Las normas que regulan la pesquería de anchoveta están divididas según si es pesca para consumo humano o pesca para producir harina y aceites. Es necesario establecer un plan de manejo pesquero que integre ambos usos, oriente la actividad pesquera para que sea sostenible y tome en cuenta la relación de la anchoveta con las demás especies. 5. Un manejo ecosistémico de la pesquería de anchoveta peruana puede ser ejemplo para otros países. La pesquería peruana de anchoveta es la más grande del mundo.  Implementar reformas en las regulaciones e instituciones para promover un manejo ecosistémico puede servir de precedente para que otros países de la región mejoren sus estándares.  Les invito cordialmente a consultar el informe. ¡Es hora de cuidar a las pequeñas especies que hacen un gran trabajo en nuestros mares! El océano no conoce límites y sus relaciones son complejas. ¡Manejar de forma ecosistémica la pesquería de anchoveta puede asegurar que mañana usted tenga un delicioso pescado en su mesa!

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