Project
Shutterstock.
Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam
La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.
La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.
En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.
La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos.
Antecedentes
Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.
Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.
El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.
Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.
Foto: Mayela Sánchez García.
La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.
Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.
Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas.
La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam
Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.
Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.
Foto: Mario Winter.
Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.
Voces por el río Motagua: Nazario Pascual.
A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.
En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.
Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.
El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos.
Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana.
En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.
Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones.
Entérate de los detalles de la victoria judicial.
Situación actual
Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.
Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.
Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".
AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.
Proyectos relacionados
Detener al fracking: ¡La unión hace la fuerza!
Según muchos expertos y funcionarios gubernamentales, debido a la sobreexplotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el mundo se ha quedado sin los hidrocarburos más fáciles de extraer, de mejor calidad, y cuyos yacimientos están más cercanos a la superficie. Ello ha dado paso a la fractura hidráulica (fracking en inglés), una técnica empleada para explorar y explotar hidrocarburos de difícil obtención como el gas y petróleo de esquistos (un tipo de rocas). Sin embargo, al ser una técnica experimental, el fracking implica riesgos muy altos para la salud de las personas y el ambiente. ¿Qué podemos hacer al respecto? AIDA, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones, trabajamos para generar información y debate, y unimos esfuerzos para evitar los impactos negativos del fracking en América Latina. Los riesgos del fracking El fracking consiste en taladrar verticalmente bajo tierra (de mil a cinco mil metros) y luego horizontalmente (de mil a cuatro mil metros), e inyectar un fluido (una mezcla de agua, arena y químicos contaminantes) a muy alta presión para fracturar las rocas que contienen hidrocarburos de difícil acceso y así liberarlos. Se ha evidenciado que entre los riesgos de impactos graves e irreversibles asociados al fracking están: El uso intensivo de agua. La contaminación del aire y de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Daños a la salud de las personas (nacimientos de bajo peso y con defectos congénitos, incremento de deficiencias cardiacas congénitas, malformaciones, alergias y otros) y de otros seres vivos. Las emisiones fugitivas de metano con un potencial de calentamiento 25 veces mayor al del dióxido de carbono. La generación de sismos. Afectación de actividades de subsistencia como la producción agropecuaria. En contra y a favor del fracking Ante esos riegos y la falta de información suficiente sobre el alcance de los impactos y cómo prevenirlos, países como Francia, Bulgaria, Irlanda y el Estado de Nueva York en Estados Unidos, le han dado la espalda al fracking, prohibiéndolo o declarando la moratoria del mismo en sus territorios. Otros países, por el contrario, están dando pasos decididos para explotar hidrocarburos no convencionales a través de esta técnica. Lo están haciendo con poca o ninguna información sobre sus impactos, y en ausencia de procesos adecuados de información, consulta y participación de las comunidades. A continuación les presento unos ejemplos del avance del fracking en América Latina: México le abrió las puertas al fracking a través de la Reforma Energética de 2013. En ese país se perforaron 20 pozos con esa técnica hasta 2014. Argentina posee la mayor presencia de operaciones de fracking en la región, y las mayores reservas de gas de esquisto del continente americano. Hasta 2014, existían allí más de 500 pozos de fracking en las Provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro[6], incluyendo pozos perforados en Auca Mahuida, área natural protegida, y en territorios indígenas de mapuches. En Chile, en 2013, la empresa estatal ENAP perforó un pozo de fracking en la Isla de Tierra del Fuego y produjo gas natural. Se tienen previstas nuevas perforaciones en los próximos años. Colombia y Brasil han realizado licitaciones públicas y suscrito contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking. La empresa estatal petrolera de Bolivia suscribió en 2013 un convenio con su par de Argentina para estudiar la potencialidad de hidrocarburos no convencionales en territorio boliviano. Unidos es mejor En octubre de 2014, con la facilitación de AIDA, se conformó la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking para la generación de información, la articulación de esfuerzos y la incidencia con relación al fracking. El Grupo busca contribuir a que el derecho a la vida, la salud de las personas y un ambiente sano sean respetados en América Latina. La idea partió de iniciativas previas de coordinación regional promovidas por el Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Heinrich Böll. Actualmente, el Grupo está integrado por 26 organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas de siete países de la región. Su estrategia de trabajo prioriza las siguientes acciones: Hacer un diagnóstico que identifique las operaciones de fracking en la región, sus impactos y comunidades afectadas, y las estrategias para detenerlas desde la sociedad civil. Organizar seminarios virtuales y presenciales de capacitación sobre los impactos de esta técnica. Desarrollar estrategias de incidencia para detener el fracking a nivel internacional. Realizar una campaña regional de comunicación sobre el tema. El Grupo tiene como valor agregado la experticia de sus miembros, su visión regional y el apoyo institucional que brindará a las organizaciones de cada país. Dada su naturaleza plural, está abierto a la participación de nuevas instituciones y personas interesadas en el tema. Logros importantes Muchas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, e instituciones de la región han desarrollado estrategias para generar información, sensibilizar a la población, promover el debate público, e incidir ante tomadores de decisiones para detener al fracking. Sus esfuerzos han resultado en: Más de 30 ordenanzas municipales que declaran la prohibición o moratoria del fracking en municipios de Argentina, Brasil y Uruguay. Muchas de ellas se han basado en la aplicación del principio de precaución; y en la preservación de las aguas superficiales y subterráneas, la salud y vida de las personas. Resoluciones judiciales que suspenden la ejecución de contratos petroleros susceptibles de realizar fracking en cuencas petroleras de Estados brasileños como Sao Paulo, Piauí, Bahía y Paraná. Jueces han ordenado además que la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil no realice nuevas licitaciones en las cuencas comprometidas hasta que los impactos ambientales y riesgos del fracking sean suficientemente conocidos en Brasil. Esas decisiones judiciales han respondido a acciones promovidas por el Ministerio Público Federal de Brasil. Publicaciones sobre los impactos del fracking, sensibilización a comunidades y un proyecto de ley apoyado por más de 60 diputados nacionales y casi 20,000 personas para prohibir el fracking en México. Información sobre los impactos del fracking, sensibilización de la sociedad civil, y promoción del debate público en Colombia y Bolivia. Estos logros nos animan a profundizar la articulación y el trabajo conjunto entre organizaciones. Estamos avanzando en los esfuerzos regionales para evitar los impactos del fracking en nuestras comunidades, y promover un futuro energético humano y renovable.
Leer más
Proyecto minero Don Diego pone en grave riesgo a ecosistema marino en México
AIDA hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería marina de fosfato ubicado en Baja California Sur, el cual debe ser rechazado porque no existe la información suficiente para garantizar que no dañará gravemente un entorno vital para especies amenazadas y comunidades costeras.Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) hizo comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de minería de fosfato Don Diego, ubicado en la Bahía de Ulloa, Baja California Sur. Evidenciamos que el documento carece de información técnica suficiente para garantizar que el proyecto no dañará gravemente la Bahía, ecosistema marino del que dependen comunidades costeras y especies de fauna como las ballenas Azul, Jorobada y la Tortuga Caguama.Los comentarios fueron presentados en nuestro nombre a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), nuestra organización participante. "Los comentarios demuestran que el proyecto Don Diego, el primero de su tipo en la región, podría causar daños ambientales serios", dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.En ese sentido, las razones principales por las que el proyecto no debe ser autorizado, tal y como ha sido presentado, son las siguientes:El proyecto podría generar daños irreversibles en una zona ecológicamente vulnerable y rica en biodiversidad que incluye a la Bahía Magdalena, ecosistema de manglar considerado Región Marina de Importancia. La zona es además hogar de especies marinas amenazadas y de otras vitales para la industria pesquera.La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos.El proyecto implica un proceso minero que alteraría en gran medida el entorno marino: grandes barcos dragarán el lecho marino y extraerán arena en busca de fosfato, pero al hacerlo podrían también extraer organismos vivos.El proyecto implica la alteración del ecosistema marino con sedimentos que, tras ser procesados, serán devueltos al océano exponiendo elementos tóxicos como el Uranio.Los sedimentos tóxicos expuestos, el dragado y el ruido de la operación minera alterarán el hábitat de especies vulnerables de ballena y tortuga.El Estado mexicano tiene obligaciones nacionales e internacionales para aplicar el Principio Precautorio. De ese modo, debe negar el permiso al proyecto hasta asegurar que el mismo no generará daños ambientales graves e irreversibles.De autorizar el proyecto, el Estado mexicano podría violar tratados internacionales que está obligado a cumplir sobre la protección de entornos marinos y especies vulnerables.El proyecto pone en riesgo actividades de pesca y turismo de las que depende el sustento de comunidades costeras de la zona.Consulte aquí nuestros comentarios a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.
Leer más
Seminario virtual "El Fondo Verde Climático ya cuenta con recursos financieros: ¿Cuáles son los siguientes pasos?"
El Fondo Verde Climático (FVC) cuenta al momento con 10.2 mil millones de dólares en contribuciones financieras. Este año es crucial para el Fondo porque comenzará el proceso de aprobación de entidades intermediarias e implementadoras y se aprobarán también los primeros proyectos y programas a financiar. ¿Qué hace falta decidir para que ambas tareas arranquen con éxito? Representantes de gobiernos de América Latina en la Junta Directiva del Fondo, e integrantes de la sociedad civil respondieron a ésa y otras interrogantes en este seminario virtual. Grabación Resumen CONSULTA EL RESUMEN DEL SEMINARIO
Leer más