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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Lago Cocibolca, Nicaragua.

Canal de Nicaragua: Resistencia al despojo

Por Tania Paz “¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado?” Esa pregunta resuena en mi cabeza cada vez que escucho una noticia sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Una mujer que podría perder su tierra a causa del proyecto increpó con esa pregunta a los asistentes de un foro informativo sobre el tema.  No hay nada más valioso que ese pedazo de tierra para sembrar con el que soñaste toda tu vida, el que heredarás a tus hijos y por el que vale la pena levantarse de madrugada y trabajar bajo el sol intenso por más de cinco horas. Son muchas personas, hombres y mujeres, las que le han dicho “no” al canal interoceánico en Nicaragua. Se han puesto en pie de lucha porque no están dispuestas a perder sus sueños a cambio de la promesa de un empleo. Un canal…¡mucho que cuestionar! El canal atravesará el Lago de Nicaragua o Cocibolca, el segundo más grande de América Latina. Partirá al país en dos para conectar el mar Caribe y el océano Atlántico con el océano Pacífico. Tendrá 278 kilómetros de longitud y será tres veces más grande que el canal de Panamá. El costo estimado del proyecto es de 50 mil millones de dólares. Además del canal, incluye otros megaproyectos: un aeropuerto, carreteras, una zona de libre comercio,   complejos turísticos y dos puertos, uno en el Pacífico y otro en el Caribe. La magnitud del proyecto se refleja en los impactos negativos que ocasionará. La construcción del canal afectará directamente a 119 mil personas en 13 municipios. Así lo señaló Mónica López Baltodano, de la Fundación Popolna, en la audiencia “Construcción del Canal Transoceánico y su impacto sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, realizada el 16 de marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitada por 10 organizaciones nicaragüenses y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Lo más preocupante es que sigue siendo un secreto de Estado el número exacto de ciudadanos que serán  sometidos  a un proceso de expropiación (aquellos que serán desplazados de sus tierras), y que no existen planes de reubicación y restauración de sus condiciones de vida”, dijo López. Por su parte, Azahalea Solís, miembro de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) indicó en la audiencia que la concesión del proyecto “viola la Constitución de la República, múltiples leyes  nacionales, y  más  de  10  tratados ambientales  internacionales  suscritos  por Nicaragua”. Además, la concesión fue aprobada sin que existiera un estudio de impacto ambiental. La concesión fue otorgada a una sola empresa: el consorcio chino HKND. En la audiencia, Luis Carlos Buob, de CEJIL, informó que el consorcio tiene derechos exclusivos de “desarrollo” y “operación” potencialmente por más de 116 años. La concesión le otorga “derechos  irrestrictos  sobre recursos  naturales como  tierra,  bosques,  islas,  aire,  aguas  superficiales  y subterráneas,   espacio   marítimo y  otros recursos adicionales que se pudiera considerar  pertinentes en cualquier parte del país”. Son precisamente los daños a esos recursos naturales los que más preocupan sobre el canal. Su construcción afectará al Lago Cocibolca, la fuente de  agua  dulce más importante de Centroamérica. También “amenaza ecosistemas marinos sensibles en el mar Caribe pertenecientes a Colombia  y dividirá en dos el Corredor Biológico Mesoamericano, una red flexible de reservas y otras tierras que se extiende desde el sur de México hasta Panamá y que es utilizado por especies animales como el jaguar para atravesar Centroamérica”. Las comunidades resisten Los afectados por las expropiaciones conformaron el Consejo Nacional por la Defensa de Nuestras Tierras, Lago y Soberanía Nacional. A través de esa instancia, expresan su total oposición al proyecto y afirman que no venderán sus tierras para la construcción del canal. Según la página Nicaragua sin heridas, iniciativa ciudadana que divulgar información sobre la concesión, a marzo de 2015, se han registrado 41 protestas contra el proyecto en 25 territorios y más de 113, 500 campesinos se han movilizado en cinco meses.  La comunidad El Tule, en el departamento de Río San Juan, se ha convertido en un emblema de la lucha anticanal. Allí, los campesinos que serán afectados por el proyecto se han manifestado con marchas y concentraciones. El 24 de diciembre pasado, fueron víctimas de represión por parte de la Policía Nacional. Fueron golpeados y 33 de ellos, incluidos los líderes del movimiento, encarcelados por protestar. ¡En el Tule no hubo Noche Buena ni Navidad! Una tendencia nefasta Lamentablemente, el canal interoceánico en Nicaragua es uno de los muchos proyectos que impactan gravemente el ambiente y los derechos humanos en América Latina. En los últimos veinte años, a nivel mundial,  más de 250 millones de personas han sido desplazadas en nombre del “desarrollo” por megaproyectos como hidroeléctricas o actividades extractivas como la minería. En octubre de 2014, AIDA, junto con organizaciones aliadas, llamó la atención de la CIDH sobre el desplazamiento forzado de personas provocado por la inadecuada implementación de proyectos minero-energéticos en Colombia. En esa ocasión solicitamos que la Comisión desarrolle estándares en materia de desplazamiento por megaproyectos e inste al Estado colombiano a atender adecuadamente a las víctimas. En AIDA sabemos que en contextos de implementación de megaproyectos, no solo se causan desplazamientos forzados, sino que se violan otros derechos humanos que van desde la pérdida de los medios de vida de las comunidades hasta la criminalización de la protesta social como ocurrió en El Tule, Nicaragua. En México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboró el informe Han destruido la vida en este lugar (2010), el cual registra los daños causados por los megaproyectos y la explotación de los recursos naturales. Según el documento, además de desplazamiento forzado, estos proyectos generan daños a los medios de vida y ruptura de los lazos culturales. Yo agregaría que los desplazamientos fracturan las redes sociales comunitarias, vitales para el ejercicio de los derechos. ¿Qué pasará con los expropiados por el canal en Nicaragua? ¿Están condenados a ser desplazados y a ver destruido su sueño de tener una tierra? ¿Quién garantizará el respeto a sus derechos humanos? ¿De qué forma pueden apoyarlos la sociedad civil nicaragüense y las personas no afectadas? Hoy el canal amenaza con ser una realidad para uno de los países más pobres de Latinoamérica, con una historia reciente de dictadura y guerra civil, y que cada día es más vulnerable al cambio climático y a desastres naturales. ¿Cómo le explico a mi hijo que de ser dueño de su tierra pasará a ser empleado? Aún no tengo una respuesta.

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México y Canadá impiden nuevamente que falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental sea investigada

Como parte del Consejo de Ministros de la Comisión para la Cooperación Ambiental, organización internacional creada en el marco del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, México y Canadá votaron en contra de que se investigue la posible falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental mexicana en la autorización de impacto ambiental de tres mega resorts en el Golfo de California. México, Distrito Federal. El Gobierno mexicano otorgó entre 2008 y 2010 permisos ambientales a tres mega resorts en el Golfo de California —una zona vital para ecosistemas vulnerables, especies en peligro y comunidades locales—, pese a que los proyectos violaban la legislación ambiental vigente. Sin embargo, el país logró evitar, con apoyo de Canadá, que el hecho sea investigado por la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), organización internacional que promueve la colaboración ambiental entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Canadá y Estados Unidos). El Consejo de Ministros de la Comisión, integrado por los funcionarios de medio ambiente de más alto rango de los tres países, rechazó ayer la elaboración expediente de hechos (investigación detallada) sobre el caso gracias a los votos mayoritarios de México y Canadá. Estados Unidos votó a favor. El voto de México estuvo a cargo del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud. “Es una decisión extremadamente  desafortunada; la realización de un expediente de hechos no implica recomendaciones o un castigo para México, sino la oportunidad de que el país mejore su herramienta de evaluación de impacto ambiental. Aún así, el país votó en contra y evitó transparentar sus decisiones en materia ambiental”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. AIDA y Earthjustice, representando a 11 organizaciones locales e internacionales, presentaron ante la CCA una petición ciudadana denunciando que los permisos otorgados a los mega resorts en el Golfo de California violaban las normas de México sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. Tras encontrar bases suficientes en la petición, el 14 de septiembre de 2014, el Secretariado de la CCA recomendó la investigación que el Consejo rechazó ayer. Entre 2014 y lo que va de 2015, ambos países han votado de manera sistemática y reiterada (aprobando solo dos de seis) en contra de la realización de expedientes de hechos en los siguientes casos: Protección del Oso Polar (Canadá), junio de 2014, votación en contra por mayoría de 2/3. Granjas de Salmón en British Columbia (Canadá), septiembre de 2014, votación en contra por mayoría de 2/3. Estanques de Residuos en Alberta (Canadá), enero de 2015, votación en contra unánime. Desarrollo turístico en el Golfo de California (México), mayo de 2015, votación en contra por mayoría de 2/3. “México y Canadá se unieron nuevamente para coartar un espacio de participación pública de la sociedad. ¿A que le temen los gobiernos de Canadá y México? Al votar en contra, ambos países hacen que la investigación de acciones contrarias al ambiente sea inviable y que el mecanismo de petición ciudadana de la CCA pierda credibilidad, razón de ser y pareciera ser una simulación: aunque el Secretariado recomiende un expediente de hechos, la decisión recae en los Estados, quienes no están dispuestos a someterse a ese escrutinio”, lamentó Moguel. Encuentra aquí mayor información.

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AIDA celebra decisión histórica de suspender fumigaciones con glifosato en Colombia

Consideramos que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales debe pronunciarse de inmediato y anular el permiso del programa de fumigaciones con ese químico. Agradecemos a las 24,933 personas que firmaron la petición en Change.org para suspender las fumigaciones y a las organizaciones colegas que participaron en la campaña. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión del Gobierno colombiano de suspender las fumigaciones aéreas de cultivos de coca y amapola con glifosato en el país. A fin de que esa decisión sea implementada, consideramos necesario que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie de inmediato y anule el permiso otorgado al programa de fumigaciones con ese químico. “Es un momento histórico en favor de la salud, el ambiente y el respeto de las normas en Colombia”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “Sabemos que era una decisión compleja, pero ante una política que no ha demostrado ser eficiente y que además causa graves daños, lo inteligente era cambiarla para encontrar soluciones reales”. AIDA ha dado seguimiento al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) en Colombia desde finales de los años 90. Desde entonces ha denunciado los graves daños a la salud y al ambiente causados por la mezcla de glifosato aplicada en Colombia, y abogado por alternativas más adecuadas para erradicar esos cultivos. La decisión de suspender las fumigaciones, tomada anoche por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) con una mayoría abrumadora de siete votos a favor y solo uno contra, se hará efectiva cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie respecto de la autorización del PECIG. AIDA considera que dicho permiso debe ser anulado inmediatamente dado que el programa fue elaborado para implementarse con el glifosato, y al no usarse dicha sustancia, el programa pierde razón de ser. Un día antes de la decisión, AIDA entregó al Ministerio de Justicia, que preside el CNE, más de 20,000 firmas a una petición para suspender las fumigaciones realizada en Change.org junto con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, con el apoyo de Washington Office on Latin America y Latin American Working Group. A una semana de su lanzamiento, la petición cerró con la firma de 24,933 personas. “Agradecemos a cada persona que firmó y a quienes durante años han solicitado el cambio de esta política; esto es un logro común”, dijo Hector Herrera, abogado de AIDA y coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. “Vemos con esperanza la creación de un comité técnico que hará recomendaciones y esperamos que éstas sean participativas y transparentes”. La suspensión de las fumigaciones con glifosato llega después de la conclusión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato puede ser cancerígeno. Ello motivó a que el Ministerio de Salud recomendara la suspensión de las fumigaciones, algo que años antes había solicitado sin éxito la Corte Constitucional y otros tribunales nacionales en aplicación del principio de precaución. Ese principio de derecho ambiental internacional fue incorporado a la legislación colombiana en 1993. Según éste, ante riesgos de daños graves o irreversibles en la salud o el ambiente, y aunque no haya certeza científica absoluta de los mismos, las autoridades deben adoptar medidas para evitarlos.  En el caso de las fumigaciones, los requisitos para aplicar el principio de precaución se cumplen. Aunque no existe certeza científica absoluta de los daños, sí existe evidencia suficiente, desde hace más de 15 años, respecto de posibles daños graves e irreversibles a la salud y el ambiente que incluyen riesgo de cáncer y enfermedades en la piel, daños a especies de anfibios y peces, y a bosques y cultivos de alimentos, entre otros. El Gobierno colombiano, en aras de la precaución, finalmente suspendió las fumigaciones para evitar mayores daños.

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