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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Organizaciones ambientales condenan atentados contra el ambiente en Colombia

Bogotá, Colombia. Las organizaciones ambientales abajo firmantes condenan los atentados contra el ambiente ocurridos en los departamentos de Putumayo, Nariño, Arauca, Boyacá y Norte de Santander, atribuidos a las FARC-EP. Según información de los medios de comunicación, los ataques contra la infraestructura petrolera han generado daños ambientales en las cuencas de los ríos Tibú y Caunapí, entre otras, y en la Bahía de Tumaco, afectando a más de 84.000 personas. Este tipo de actos impactan en las comunidades locales, el país y el ambiente a nivel global. La contaminación por hidrocarburos en cuerpos de agua amenaza gravemente la vida y la salud de las personas, así como la integridad de los ecosistemas y sus especies animales. Las organizaciones firmantes recuerdan que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe a los actores de conflictos armados incurrir en la destrucción del ambiente no justificada por necesidades militares imperiosas, de acuerdo a los principios de distinción y proporcionalidad. Del mismo modo, los actores del conflicto, en la conducción de las hostilidades, deben abstenerse de menoscabar los derechos al ambiente sano y al agua. Las organizaciones reiteran que el derecho ambiental y de derechos humanos aplicable en Colombia, así como las obligaciones del Estado en la materia, no se suspenden durante períodos de conflicto armado. Por todo lo anterior, las organizaciones ambientales abajo firmantes llaman a las FARC-EP a respetar el Derecho Humanitario, absteniéndose de causar daños al ambiente. Asimismo, reiteran la necesidad de excluir tanto a las comunidades como a los ecosistemas del conflicto armado. Asociación Ambiente y Sociedad Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Foro Nacional Ambiental Fundación Natura Klimaforum Latinoamérica Network (KLN) Red por la Justicia Ambiental en Colombia (RJAC)

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Océanos, Minería

Fortaleciendo el tratado sobre tortugas marinas

Por Gladys Martínez Apenas rompen el cascarón, las crías de tortuga marina asoman la cabeza con letargo para luego dirigirse rápidamente a esa vasta masa de agua salada. Son animales migratorios que nadan y anidan en territorios de diferentes países. Su sobrevivencia está en riesgo por la pesca no sostenible, el desarrollo inmobiliario inadecuadamente planificado, y los proyectos mineros en zonas costeras y marinas, entre otros factores. En 2001 y para afrontar esas amenazas, se creó la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas. El tratado internacional promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortuga marina. Del 24 al 26 de junio, en la Ciudad de México, los representantes de los Estados firmantes del tratado analizarán los logros y planes de trabajo de la Convención en la 7ª Conferencia de las Partes. AIDA estará presente abogando para que los Estados sigan cumpliendo sus obligaciones ante la Convención y asuman nuevos compromisos.  La Convención cuenta actualmente con quince Estados Partes: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Países Bajos del Caribe, Perú, Uruguay y Venezuela. Está integrada además por 32 observadores acreditados, entre académicos y organizaciones no gubernamentales. Estos observadores pueden participar de las reuniones de los diferentes Comités Científicos y Consultivos de Expertos de la Convención. Objetivos de la Conferencia La 7ª Conferencia de las Partes de la Convención tiene previsto aprobar tres resoluciones clave: Resolución sobre la conservación de la tortugas baula (Dermochelys Coriacea) del Pacífico Oriental. Resolución sobre la conservación de la tortuga cabezona (Caretta Caretta). Resolución sobre excepciones para la cosecha de subsistencia de huevos de tortuga Lepidochelys olivácea en Costa Rica.  En la Conferencia también se revisará el cumplimiento de los Estados respecto de sus informes anuales, se presentará el plan de trabajo de la Secretaría, y se elegirá nuevos Presidente, Vicepresidente y Relator. Nuestra contribución La participación de AIDA buscará que los Estados: Se comprometan a evitar amenazas a los hábitats de anidación de tortugas por proyectos de minería. Continúen restringiendo y prohibiendo los desarrollos inmobiliarios que afectan las rutas que las tortugas marinas transitan. Fortalezcan las medidas de pesca responsable y sin captura incidental (cuando las tortugas marinas son capturadas “por accidente” sin ser el objetivo de la pesca).  Concentraremos nuestros esfuerzos en dar a conocer y promover medidas para frenar  los riesgos que el proyecto de minería marina Don Diego implica para la tortuga caguama y para el ecosistema marino en México. En AIDA hemos trabajado desde 1998 por la firma de la Convención. Una campaña organizada por AIDA y otros defensores de la tortuga marina ayudó a conseguir las firmas necesarias para que el proceso de negociación continuara y para que la Convención entrara en vigencia.  Hemos abogado con éxito ante Cortes y  tomadores de decisiones por la protección de las tortugas marinas en diferentes países de América Latina con base en las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención. Como ejemplos de ello podemos mencionar que protegimos a la tortuga verde de la matanza ilegal en el Atlántico costarricense, evitamos la pérdida del hábitat de anidación de la tortuga baula y garantizamos que las tortugas carey y lora continúen disfrutando de uno de sus arrecifes de coral favoritos en Coiba Panamá. ¡Síguenos en Facebook y Twitter para saber más de la 7ª Conferencia de las Partes del tratado internacional sobre tortugas marinas!

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Introducción a "Empresas y Derechos Humanos"

En este seminario virtual, los panelistas abordaron la actual agenda internacional en materia de Empresas y Derechos Humanos, y presentaron un marco general del estado de la cuestión, así como de los retos y oportunidades para avanzar a nivel regional.  Video Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas o en las que éstas han tenido un rol preponderante, constituyen una problemática creciente en la región. Estas violaciones se derivan de situaciones diversas que van desde la implementación masiva de proyectos de desarrollo sin cumplir estándares ambientales ni de derechos humanos, hasta el incumplimiento de estándares laborales y el uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o grupos armados al margen de la ley asociados con las empresas. Uno de los mayores retos de la sociedad civil es encontrar vías para abordar efectivamente la problemática. Para ello es fundamental fortalecer nuestras capacidades, y homogeneizar nuestras herramientas y conocimientos en la materia.  Presentaciones: Notas Consulte la relatoría del evento aquí.  Organizado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Justiça Global. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Centro de Análisis e Investigación Fundar. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Business & Human Rights Resource Centre. Human Rights Research and Education Centre.

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