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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

AIDA celebra publicación de Encíclica Papal y reconocimiento de desafíos urgentes para Nuestra Casa: la Tierra

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la nueva Encíclica Laudato si (Alabado sea) del Papa Francisco dada a conocer hoy, que aborda los retos ambientales que la humanidad debe afrontar con urgencia de forma conjunta para proteger la Tierra “con la cual compartimos la existencia”. Su Santidad resalta las recomendaciones que organizaciones como AIDA hemos venido sugiriendo, lo cual nos complace y esperamos que finalmente tenga eco en los gobiernos, entidades internacionales, empresas y todas persona en este planeta, pues todos tenemos la responsabilidad de actuar para proteger nuestra Casa. La Encíclica es muy completa y abarca diversos temas, de los cuales resaltamos que el Papa reconozca: El trabajo que organizaciones e individuos realizamos para proteger el ambiente. Agradecemos su gesto y nos sentimos honrados y comprometidos a continuar con la ardua labor. Que “…las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces.…”. Por lo cual concluye que “…la reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes…”. La inequidad social y el impacto de la degradación ambiental, la cual “empeora” la miseria de los más pobres, incluidos migrantes y comunidades indígenas. Por tanto, reiteramos nuestro llamado a proteger la Tierra considerando especialmente soluciones que atiendan esa desigualdad. La compleja y rica biodiversidad de los ecosistemas del planeta, la cual debe ser preservada, así como el derecho humano al agua que “determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. El Principio de Precaución como mecanismo para evitar daños graves e irreversibles al ambiente. Con esta Encíclica, el Papa Francisco se une a otras autoridades religiosas que han realizado un llamado urgente para adoptar acciones inmediatas de protección al planeta.

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Declaración de las ONG a la COP12 de Ramsar

Por la Red Mundial de Humedales Quienes integramos la sociedad civil representada a través de las ONG y otros grupos apreciamos mucho esta oportunidad de dirigirnos a la 12ª Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los humedales. Hemos trabajado juntos para preparar ésta declaración a través de la Red Mundial de Humedales, una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, muchos de los cuales centran su trabajo en humedales de su área local. Estas organizaciones reflejan sus culturas y comunidades locales y son una fuerza considerable para la conservación Ramsar de los humedales. Todos los presentes entendemos los valores de los humedales para la vida en la tierra. Para las ONG y grupos de la sociedad civil, estos valores están muy cerca de nuestro corazón, es a lo que dedicamos nuestra vida: nuestro compromiso. Los humedales nos proveen de agua dulce y limpia. Son esenciales para la seguridad alimentaria, el suministro de agua para riego, y la producción de alimentos para nuestro sustento. Los humedales contribuyen a mitigar el cambio climático al capturar carbono, y reducen los impactos de fenómenos meteorológicos extremos al desacelerar y almacenar agua en inundaciones. Albergan una gran cantidad de biodiversidad que hace de nuestro mundo un lugar más rico. Los humedales son nuestro hogar, y están fuertemente ligados a nuestra identidad cultural y espiritual. Asimismo, somos sus custodios. Nuestra ética nos inspira a trabajar en la conservación de humedales a través de muchas actividades: en trabajo de campo, investigación, monitoreo, promoción, protección, educación y participación de la comunidad. Ahora sabemos que nuestra tierra ha sufrido la destrucción del 64% de todos los humedales a manos del desarrollo humano desde 1900. Las ONG y la sociedad civil apoyan plenamente el objetivo de Ramsar para ralentizar, detener e invertir esa tendencia a la pérdida y degradación de los humedales en todo el mundo. En 2014, la Red Mundial de Humedales realizó una encuesta mundial de ONG para explorar su relación con la transmisión de los objetivos Ramsar de conservación de humedales. 190 personas respondieron de 52 países, dándonos la oportunidad de escuchar una voz colectiva de la población local. Los resultados de la encuesta se ofrecen ahora para que las Partes de Ramsar puedan implementar con éxito los recursos tanto gubernamentales como no gubernamentales para asegurar el mayor beneficio para los humedales, la fauna y la gente. La encuesta mostró abrumadoramente que las ONG se han comprometido con Ramsar y quieren hacer más. Apoyar y facilitar voluntarios y personal de las ONG para que se dediquen a la conservación de los humedales requiere de recursos, pero pequeños insumos crean grandes resultados, lo que lleva a mejores programas para los sitios Ramsar. Las actividades de comunicación, educación, concienciación y participación de Ramsar requieren una mayor promoción, como apoyo técnico y financiero. Muchas ONG tienen habilidades que podrían ser utilizadas de manera más activa en este proceso. Las ONG temen que algunos gobiernos parecen desalentar designaciones estratégicas de sitios Ramsar. Un medio para que la sociedad civil pueda resaltar nominaciones potenciales sería bien recibido. Algunos gobiernos no utilizan activamente a Ramsar como instrumento para proteger los humedales. Nos preocupa la inactividad de los gobiernos, los recursos financieros reducidos y la decreciente participación de los funcionarios públicos. Existe preocupación entre las ONG sobre la inexactitud de los informes Ramsar de los países miembro. Las partes contratantes deberían hacerse responsables de asegurar la exactitud de los informes sobre el estado de los humedales para sustentar una toma de decisiones eficiente. En algunos casos hay que hacer más para hacer cumplir la protección del sitio.
 Con base en las principales conclusiones de nuestra encuesta, la Red Mundial de Humedales ofrece las 
siguientes recomendaciones a consideración de Ramsar: Reconocer que las ONG suelen crear vínculos más duraderos y continuos con los sitios Ramsar que los representantes de los gobiernos. Elaborar una orientación más estructurada para las Partes de Ramsar, y los Puntos Focales Nacionales, sobre la manera de involucrar a la sociedad civil. Explorar opciones para incluir a más organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de toma de decisiones Ramsar en el ámbito internacional, nacional y regional. Crear vías para los aportes de ONG y organizaciones de sociedad civil en la presentación de informes sobre el estado de los humedales Ramsar, nominaciones de sitios, y el Registro de Montreux. Dar prioridad a la financiación y apoyo a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los humedales de la lista Ramsar. Por último, una colaboración total y efectiva entre la sociedad civil y las partes contratantes es esencial para lograr la conservación de los humedales a nivel local. Con respecto a los proyectos de resolución de la COP12 de Ramsar, las ONG piden vínculos más estrechos con el sector de la sociedad civil y ONG en la resolución 2 -el Plan Estratégico- y la resolución 9 -el programa de CEPA-. Confiamos en que esta reunión COP12 de Ramsar ayudará a la sociedad civil, el sector empresarial y los socios del gobierno para trabajar juntos en proteger, restaurar y promover los humedales.

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ONG alertan a Ramsar que Colombia incumple obligación de proteger páramos

En el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar, las organizaciones presentaron una petición al Secretariado de la Convención para informar de los riesgos que los páramos colombianos enfrentan por actividades como la minería a gran escala, y para solicitar que esa instancia tome acciones según sus competencias. Punta del Este, Uruguay. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil colombiana presentó al Secretariado de la Convención Ramsar sobre Humedales una petición en la que alerta que el Gobierno colombiano ha incumplido su obligación de proteger los páramos —humedales altoandinos— del país, conforme a ese tratado, del cual es parte. En la petición, las organizaciones llaman la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, y piden que el Secretariado monitoree la situación y tome acciones conforme a sus competencias. La petición fue presentada ayer en el marco de la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Ansur, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Red de Comités Ambientales de Tolima, la Corporación Semillas de Agua y Tierra Digna. “El Gobierno colombiano tiene una política de desarrollo que hace muy difícil proteger los páramos porque privilegia actividades que los dañan de forma irreversible”, dijo Johana Rocha, de Tierra Digna. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que busca la conservación y uso racional de los humedales a nivel mundial. Los países que como Colombia lo han ratificado están obligados a tomar las acciones necesarias para que los humedales de su territorio mantengan sus características ecológicas, de las que dependen la provisión de agua y otros servicios ambientales prestados por dichos ecosistemas. En el caso colombiano, los páramos, aunque ocupan sólo el 1,7% del territorio nacional, producen más del 70% del agua potable del país. “Queremos persuadir a la Convención de Ramsar de que la minería a gran escala en páramos desafía la idea de uso racional contenida en la Convención”, sostuvieron Robinson Mejía, de la Red de Comités Ambientales de Tolima, y Jorge Rubiano, de la Corporación Semillas de Agua. En la petición, “también llamamos la atención de la Convención Ramsar sobre la delimitación de Santurbán, un precedente que permite, de forma ilegal, la minería a gran escala en páramos”, afirmó Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Las organizaciones solicitan finalmente que, según sus competencias, el Secretariado de Ramsar requiera al Estado colombiano el cumplimiento de sus deberes frente a los páramos; que adopte prontamente una ampliación apropiada del sitio Ramsar Complejo de Humedales Laguna del Otún y que realice una visita para monitorear y conocer de cerca la situación de los humedales altoandinos de Colombia.  Consulte la petición presentada a la Convención Ramsar.

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