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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Océanos, Minería

Una mina amenaza la vida del gran migrante marino

Por Haydée Rodríguez Cada año, la ballena gris protagoniza uno de los recorridos migratorios más largos: casi 20 mil kilómetros de ida y vuelta desde Alaska, donde se alimenta, hasta las aguas templadas de Baja California Sur, México, donde da a luz a sus crías y las cuida. Se ha calculado que para cuando una ballena gris haya cumplido 50 años, habrá recorrido el equivalente a un viaje de la Tierra a la Luna y de regreso. Este impresionante mamífero marino (llega a medir 15 metros de largo en su edad adulta) y su hazaña migratoria están en riesgo por un proyecto de minería marina. De ejecutarse como está propuesto, el proyecto dañará gravemente el entorno y las condiciones de vida de la ballena gris. A finales de febrero de este año, 2,652 ejemplares de ballena gris llegaron a las Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio en Baja California Sur, muy cerca de la Bahía de Ulloa. Fue la cifra más alta registrada en los últimos 19 años en el arribo de este cetáceo, actividad que además es fuente importante de ingresos para familias de la zona que viven del turismo sostenible generado con la observación de ballenas. Es justo en la Bahía de Ulloa donde la compañía Odyssey Marine Explorations pretende ejecutar el proyecto minero Don Diego. El camino para ello comenzó en septiembre de 2014, cuando la empresa presentó a la autoridad ambiental mexicana la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto. La mina Don Diego La mina comprende cinco áreas de trabajo en una superficie 91,267 hectáreas. Cada área será explotada por 10 años, lo que resulta en un proyecto de 50 años de vida. Con Don Diego se pretende extraer del fondo marino  350 millones de toneladas de arena fosfática, cantidad con la que se podría llenar 264 veces el Estadio Azteca.   Tal como ha sido propuesto, el proyecto podría traer graves e irreversibles impactos en una zona de alta biodiversidad marina e importancia pesquera. La ballena gris, al igual que otras especies de ballena y tortugas que habitan o transitan por la zona, dependen del sonido para comunicarse entre sí, mantenerse unidas y encontrar alimento. El proyecto Don Diego usará barcos de dragado para obtener la arena fosfática, produciendo gran ruido en el área y generando muy posiblemente la “modificación del comportamiento vocal o reacción sorpresiva” en las ballenas. Así lo señala la propia Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (capítulo 4, página 229). Ese ruido pondrá en riesgo la sobrevivencia de las ballenas al causar cambios en su ruta migratoria y comportamiento, e interrumpir la lactancia de los ballenatos, entre otras posibles consecuencias. Los principales impactos del proyecto en el ecosistema marino AIDA presentó ante la autoridad ambiental mexicana sus comentarios a la MIA de Don Diego, señalando las razones ambientales por las que el proyecto no debería ser autorizado en las condiciones en las que fue planteado: La actividad minera propuesta alterará gravemente el ecosistema marino: grandes barcos dragarán el lecho marino extrayendo arena, pero también organismos vivos. El material dragado será separado para obtener la arena fosfática, y el material considerado no útil será devuelto al mar. Los sedimentos que regresan al mar pueden contener altos niveles de elementos tóxicos como Uranio y Torio, los cuales son expuestos en el proceso de separación para obtener fosfato.  Los tóxicos expuestos pueden ser transportados por otros organismos o consumidos por peces que luego llegarían a nuestra mesa. Es por ello que la industria minera de fosfato es considerada una las fuentes potenciales de contaminación radionuclear. Los sedimentos tóxicos expuestos, el ruido y el dragado pondrán en peligro a la ballena gris y otras especies vulnerables de ballena (jorobada y azul), así como a especies de tortuga que ya están en peligro como la tortuga caguama. Además de alterar el hábitat de especies marinas, el proyecto pondrá en riesgo actividades de pesca y turismo de las que dependen varias comunidades. En lugares como Nueva Zelanda y Namibia, los gobiernos, tras analizar proyectos similares, negaron los permisos o decretaron una moratoria a este tipo de actividad hasta que se demuestre que no genera impactos graves. El Gobierno mexicano debería seguir ese camino y aplicar el principio precautorio para evitar daños ambientales irreversibles. La Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto carece de información importante sobre sus posibles impactos en el ecosistema marino y las medidas para evitarlos. En sus comentarios, AIDA evidenció la necesidad de contar con información más detallada por parte de la empresa promotora de Don Diego sobre los impactos potenciales del proyecto. Así también lo hizo el Gobierno mexicano, quien analiza actualmente la MIA del proyecto luego de solicitar información adicional a la empresa. Nos interesa particularmente tener mayor información sobre los impactos del ruido y el dragado en el ecosistema marino-costero, y acerca del posible perjuicio a la pesca en la zona. Ante la duda, es mejor prevenir el daño que lamentar cuando éste sea un hecho.  La ballena gris aún tiene muchos kilómetros que recorrer. 

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Entrevista a Eugenio Barrios de WWF México

Por Sandra Moguel Como representante de AIDA en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Prioritaria Internacional, que actualmente tiene lugar en Punta del Este, Uruguay, tuve la oportunidad de entrevistar a Eugenio Barrios, Director del Programa de Agua de WWF México, organización que apoya al Gobierno de México en la presentación de una propuesta de resolución sobre reservas de agua para la conservación de humedales. Las resoluciones aprobadas en el marco de la Conferencia brindan soluciones a los problemas que los países enfrentan para aplicar adecuadamente la Convención. SM: ¿Qué es una reserva de agua y para qué sirve? EB: Una reserva de agua es un volumen de agua determinado a través de un procedimiento de evaluación de caudal ecológico. Este volumen tiene una funcionalidad ecológica y, administrativamente, se obtiene de la repartición de agua. Es un volumen de agua que anualmente no se asigna a ningún uso y permanece en el ambiente para cumplir funciones como la conservación de humedales y de todos los servicios ambientales que éstos prestan. SM: ¿Cuál es el objetivo del borrador de resolución sobre reservas de agua que se está presentando en la Conferencia? EB: A partir de la experiencia del Programa Nacional de Reservas de Agua en México, desarrollamos una resolución que pretende llenar un gran vacío dentro de la Convención, que es el de asegurar legalmente el agua con la que funcionan los humedales. Hay muchas resoluciones y se habla mucho de cómo conservar los humedales. Se habla de la tierra, de actividades productivas y de un sin fin de elementos, pero el agua siempre se ha dejado de lado al agua, pues no ha habido una actitud decidida de la Convención y de las Partes Contratantes de la Convención para llenar ese vacío. Se dice que es una Convención de agua, pero a fin de cuentas sigue sin haber esos compromisos. Lo que hace la resolución es traer a la mesa la conservación de humedales con el manejo integrado de recursos hídricos, el cual es una herramienta muy poderosa para la conservación de los humedales.   Para saber más, escucha la entrevista completa arriba.

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AIDA llama a proteger efectivamente los humedales en las Américas

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) llama a los Estados Parte de la Convención de Ramsar a proteger efectivamente los humedales en las Américas. Las Partes Contratantes de América Latina deben proteger y usar racionalmente los arrecifes de coral, manglares y páramos en su territorio. Para alcanzar esta visión, demanda que las Partes Contratantes realicen una adecuada evaluación de impacto ambiental, planificación y ordenamiento en relación con los humedales. En particular, para proyectos de infraestructura turística, portuaria e hidroeléctrica, así como para industrias extractivas de minería y aquellas que usa fractura hidráulica. Solicita la inclusión en el Registro Montreux de humedales clave como Bahía de Panamá (Panamá), Marismas Nacionales, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (México), el Complejo Lagunar del Otún y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia). Alienta a las Partes Contratantes a que amplíen los mecanismos de participación existentes, para asegurar que se incluya a la sociedad civil en el manejo de los humedales. 

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