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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Ministerio de Justicia de Colombia recibe más de 20,000 firmas pidiendo suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos nocivos

A menos de 24 horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el Ministerio de Justicia, decida si suspende o no las fumigaciones, organizaciones entregaron las firmas a una petición que busca frenar los daños sociales y ambientales de esa política. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos —con el apoyo de WOLA, el LAWG y otras organizaciones—, entregaron hoy al Ministerio de Justicia más de 20,000 firmas que exigen la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otro químicos dañinos en el país. Las firmas respaldan la petición ciudadana realizada a través del sitio de internet Change.org y la cual pretende proteger la salud y el ambiente de los daños causados por las fumigaciones “En pocos días se recibieron más de 20 mil firmas diciendo ‘no’ a las fumigaciones, no solo con glifosato, sino con cualquier herbicida, como instrumento en la guerra de las drogas”, dijo Camilo González, exministro de Salud de Colombia. El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), presidido por el Ministerio de Justicia, se reunirá mañana para decidir si suspende o no las fumigaciones. “El CNE debe decidir en derecho y a partir de la evidencia científica y técnica que prueba los impactos de las fumigaciones y la falta de resultados”, concluyó Héctor Herrera, abogado de AIDA y Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. Los firmantes de la petición y las organizaciones enfatizan que las fumigaciones deben llegar a su fin porque: Causan graves impactos en la salud: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer a las personas. Además, estudios independientes han evidenciado que las fumigaciones causan otros daños a la salud como enfermedades en la piel y problemas en el embarazo. No han cumplido su objetivo: Luego de más de 15 años, las fumigaciones no han logrado reducir los cultivos de coca y amapola de uso ilícito. Causan graves impactos ambientales: Las fumigaciones se realizan de forma indiscriminada sobre casas, animales de granja y fuentes de agua. Es por ello que dañan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que viven en ellos (peces, anfibios, roedores, insectos y plantas endémicas), contaminan el agua, y destruyen bosques y cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de muchas comunidades. Promueven el desplazamiento de personas: Al no tener alternativas a los cultivos de coca y amapola, familias enteras dejan sus territorios a causa de las fumigaciones. Desconocen normas nacionales e internacionales: Tribunales nacionales como la Corte Constitucional han solicitado la suspensión de las fumigaciones con base en el Principio de Precaución. Colombia indemnizó a Ecuador por los impactos que las fumigaciones causaron en la frontera y se comprometió a suspender la práctica en esa zona. Éstas y otras razones fueron explicadas ampliamente por expertos nacionales e internacionales en un conversatorio realizado hoy en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. "Durante 40 años, las fumigaciones con agrotóxicos han sido objeto de análisis académicos, científicos y legales, los que además de recomendar el fin de su aplicación, no siempre han sido públicos. Han primado consideraciones políticas de orden público y seguridad, lo que ha dejado por fuera recomendaciones sanitarias, ambientales y legales. Este enfoque ha negado la existencia de problemas socioeconómicos que persisten en las comunidades donde se producen los cultivos, ha negado la primacía de los derechos humanos de los pobladores rurales y no ha reconocido los nuevos enfoques que desde el PNUD se vienen recomendando para contener la expansión de cultivos", señaló Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, quien moderó el conversatorio. El Ministerio de Salud, los Secretarios de Salud departamentales y distritales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, entre otras autoridades, están de acuerdo con las miles de personas que firmaron la petición y con las organizaciones que la promueven.

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Organizaciones piden suspensión inmediata de fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos en Colombia

Lanzaron una petición ciudadana a través del sitio Change.org dirigida al Presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes. En ella solicitan que ese tipo de fumigaciones sean suspendidas porque dañan el ambiente, la salud humana e incluso pueden causar cáncer. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, lanzó hoy una petición ciudadana abierta a firmas a través del sitio Change.org para solicitarles al presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspendan las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otros químicos nocivos. "Estudios científicos independientes evidencian que las fumigaciones son ineficientes pues no han reducido los cultivos de coca y amapola. Por el contrario, han contribuido a destruir bosques y afectado poblaciones, incluyendo grupos étnicos. Hace poco, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer en los seres humanos", menciona Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA y quien firma la petición. El Consejo Nacional de Estupefacientes se reunirá el 14 de mayo para abordar el tema y decidir si suspende o no las fumigaciones. En el caso de Colombia, esa práctica se realiza de forma masiva, por aire y usando una concentración de glifosato mayor a la usada comercialmente. Además, las fumigaciones se hacen indiscriminadamente sobre casas, granjas y fuentes de agua. El 24 de abril y con base en la determinación de la OMS, el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender inmediatamente las fumigaciones áreas con glifosato, las cuales se realizan en el país desde hace más de 15 años con financiamiento del Gobierno de Estados Unidos. En el pasado, altos tribunales del país como la Corte Constitucional también han solicitado suspender las fumigaciones, pero esas disposiciones no han sido cumplidas.  El tema llegó incluso a la Corte Internacional de Justicia cuando Ecuador demandó a Colombia por los impactos de las fumigaciones en la zona fronteriza. El Gobierno colombiano indemnizó al país vecino y se comprometió a frenar las aspersiones en la frontera. Además de daños a la salud, las fumigaciones impactan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que habitan en ellos, contaminan el agua y destruyen cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de comunidades indígenas, afrocolombianas y pequeños agricultores. También ocasionan el desplazamiento de familias enteras de sus territorios, pues éstas no cuentan con el apoyo adecuado para transitar hacia alternativas sostenibles a los cultivos de coca y  amapola. ¡FIRMA LA PETICIÓN!  

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Cambio Climático

Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia

El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos.  Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS)   [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".

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