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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Organizaciones apoyan cuestionamiento a proyecto hidroeléctrico en Panamá por violar derechos de los pueblos indígenas

Ciudad de México,  México – Organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá apoyando la demanda contra la evaluación de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco presentada por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) en representación del pueblo indígena Ngäbe-Buglé.   El amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Center for International Environmental Law (CIEL) y Earthjustice, sostiene que el gobierno panameño violó el derecho internacional al aprobar el proyecto sin consultar adecuadamente ni obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena Ngäbe - Buglé, y por no haber evaluado adecuadamente los impactos ambientales sobre su territorio.   “Queremos agradecer a las organizaciones internacionales que apoyaron nuestra lucha para proteger nuestras tierras y recursos naturales, que son los aspectos mas importantes de nuestra cultura,” señaló Goejet Miranda, Presidente de la comunidad en el movimiento en defensa del río Tabasará frente a proyectos de desarrollo.   Una vez finalizada la construcción, la represa inundará hogares y sitios religiosos, históricos y culturales del territorio del pueblo Ngӓbe-Buglé.  La represa Barro Blanco también hará que el río Tabasará pase de ser un ecosistema lótico a uno léntico, lo que ocasionará la reubicación forzada de familias indígenas.  El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, tras su visita a las comunidades indígenas de Panamá el mes pasado, concluyó que el gobierno debió haber consultado adecuadamente al pueblo Ngäbe antes del otorgamiento de la concesión para el proyecto hidroeléctrico.   “Los pueblos indígenas gozan de una protección especial bajo el derecho internacional” señaló la abogada sénior de CIEL Alyssa Johl.  “En el caso Barro Blanco, Panamá violó el derecho internacional al haber ignorado el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado del pueblo Ngäbe, el cual requiere a los Estados garantizar que los pueblos indígenas se involucren activamente y se apropien de las decisiones que puedan afectar sus vidas y modos de vida”.   El amicus apoya los argumentos de la demanda contencioso administrativa presentada CIAM mediante la cual se solicita que se declare la nulidad de la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Barro Blanco y la suspensión de la construcción de la represa, hasta tanto no se lleve a cabo un EIA adecuado.  “De conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de Panamá” explicó María José Veramendi, abogada sénior de AIDA, “esperamos que la Corte falle en favor del pueblo Ngäbe fortaleciendo la protección de las comunidades indígenas frente a proyectos de desarrollo en Panamá y contribuyendo al desarrollo de una jurisprudencia sólida y coherente en asuntos relativos a la protección de los derechos humanos y el ambiente en la región”.   Barro Blanco también ha sido objeto de críticas por su registro en el Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas (MDL), un esquema de compensación de carbono establecido por el Protocolo de Kyoto.  En teoría, el MDL – con su doble objetivo de reducir las emisiones de carbono y alcanzar un desarrollo sostenible – podría ser una herramienta valiosa en la lucha contra el cambio climático.  Sin embargo, entre otros problemas, el MDL falla en asegurar que los proyectos registrados no violen los derechos humanos.   “Los mecanismos para hacer frente al cambio climático deberían hacer más que proveer beneficios económicos a las compañías que desarrollan los proyectos” señaló la abogada de Earthjustice, Abby Rubinson.  “Éstos deben asegurar la protección de los derechos humanos y soluciones equitativas en terreno”.    Para más información: AMICUS CURIAE Barro Blanco

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Fuentes de Agua Dulce

Organizaciones e individuos piden la delimitación de los páramos en Colombia

En una carta, organizaciones y personas que protegen el ambiente piden al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Juan Gabriel Uribe, la delimitación de los páramos en ese país con base en la cartografía elaborada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.

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Bicicleta: ¿Es posible usarla como principal medio de transporte en nuestros países?

¿Alguien ha considerado esa posibilidad o ya utiliza la bicicleta de ese modo? Les cuento que yo sí y ¡vivo en Ciudad de México! Me encanta movilizarme sobre dos ruedas por varias razones: es amigable con el ambiente, es facilísimo, rápido, barato y divertido. Muchas veces he dejado atrás a varios carros en el tráfico y llegado más rápido que si hubiera usado cualquier otro medio de transporte. Aunque parezca increíble, casi no me desplazo en automóvil. Viviendo en este siglo y en el Distrito Federal, podría parecer hasta tonto, pero se logra. Uso Ecobici, el servicio público de bicicletas. No es perfecto, pero funciona suficientemente bien. No digo que la bicicleta debería ser la única opción para todas las personas. A mí me funciona sobre todo porque la mayoría de mis desplazamientos cubren distancias razonables. Confieso que cuando debo ir a sitios más lejanos o acompañada de mi niño de casi dos años, tengo que usar otros medios o el único carro de nuestra familia. Como muchos sabemos, el uso creciente de bicicletas y otros medios de transporte que no emiten gases de efecto invernadero contribuye a contrarrestar el cambio climático en nuestras ciudades. El transporte sostenible no es la única solución a nuestros problemas, pero ayudaría bastante. El caso de Holanda Es cierto que andar en bicicleta, especialmente en América Latina, más que una aventura, es a veces un reto. Por ello me llamó la atención un artículo de la BBC sobre Holanda, donde un gran número de personas se desplaza en bicicleta. Las razones son sorprendentemente sencillas. Ese país tiene: una excelente infraestructura de ciclovías, con amplios carriles que permiten a todos, incluidos niños y niñas, transitar sin problemas; una cultura amigable hacia quienes usan bicicletas: los conductores de carros los respetan porque tienen a alguien muy cercano que es ciclista o porque ellos mismos seguramente también lo son; normas de tránsito que se cumplen estrictamente para todos, incluidos los ciclistas. Si alguien deja mal estacionada su bicicleta, transita en contravía o con las luces sin funcionar, es sancionado con multas de varias docenas de euros; tolerancia por parte de los vecinos para el estacionamiento de bicicletas afuera de sus casas (¡lugar obviamente seguro para dejarlas!). ¿Cómo lo lograron? Lo más interesante de la experiencia holandesa es que la presión de la sociedad civil y la crisis del petróleo fueron factores decisivos para los cambios en torno al transporte. Durante los 50 y 60, Holanda, como la mayoría de los países, vivió un aumento del parque automotor y —con ello— un incremento en las muertes relacionadas con accidentes de tránsito. En 1971, según la BBC, murieron 3,000 personas: entre ellas 450 niños y niñas. Esto originó un movimiento social llamado “Paren los asesinatos de los niños” que pedía al gobierno mayor seguridad para desplazarse en bicicleta. Lo anterior —unido a la crisis del petróleo de los 70— permitió que el gobierno holandés cambiara la política, construyera la infraestructura actual, desarrollara normas de seguridad y todo el marco para que Holanda anduviera en bici. Casco o no casco… Un dato curioso es que en Holanda, como en la mayoría de Europa, el uso del casco para andar en bicicleta no es obligatorio. No se considera necesario porque el nivel de accidentes en muy bajo y la seguridad para los ciclistas, muy alta. La obligatoriedad del casco es vista por muchos como un atentado a la cultura y a la promoción de la bicicleta como medio de transporte. En España, incluso hubo múltiples protestas ante la intención del gobierno de imponer esa exigencia. En contraste: Australia y Dubai exigen el uso del casco a cualquier edad; En Canadá, algunas provincias lo exigen, otras no; Estados Unidos no tiene ley federal, pero el casco es obligatorio para todas las edades en algunas ciudades como Dallas y, en California y Washington DC, sólo para menores de 16 y 18 años, respectivamente. Sin duda la decisión al respecto es un elemento adicional y complicado a la hora de determinar la política sobre el uso de bicicletas en nuestras ciudades. Por un lado están el peligro real de enfrentarse al tráfico y a los aún no muy acostumbrados conductores de automóvil; y, por el otro, la posibilidad de que la exigencia del casco desincentive el uso de bicicletas. Algo a tener en cuenta es que los accidentes que los cascos pueden evitar no son los únicos.  Accidentes sencillos como caídas que provocan heridas en niños y niñas, o hechos más graves como atropellamientos se presentan en Bogotá y otras ciudades de la región cuando no se toman las medidas de seguridad apropiadas.  Yo misma sufrí uno de esos accidentes a los tres años cuando un tío me llevó en su súper Monareta a dar una vuelta cerca de la casa de mi abuela. Mi pie izquierdo quedó engarzado en los rayos de la rueda trasera, causando una herida en el 60% de mi empeine y la pérdida definitiva del zapato más elegante que tenía. El incidente, por fortuna, sólo terminó en una cicatriz, pero podría haber sido peor.  Avances en América Latina Reconozco que comparar a cualquiera de nuestros países con Holanda es casi irreal. Pero considero que las lecciones y avances obtenidos allá son útiles y clave. La buena noticia es que varias capitales latinoamericanas han implementado acciones para motivar el uso de la bicicleta. Las ciclovías se están expandiendo: Bogotá tiene 297 km, en la zona metropolitana de Santiago de Chile se prevén 400 km adicionales, Ciudad de México llegó a 42 km en 2012, y Buenos Aires tenía previsto contar con 90 km en total para 2010. Lo cierto es que aún queda mucho camino por recorrer y que, afortunadamente, la ciudadanía se involucra cada vez más en el tema, exigiendo mejor infraestructura, seguridad y calidad de aire para hacer de la bicicleta algo más que un juguete infantil. Esperemos que los avances continúen y que finalmente veamos un cambio positivo hacia formas de transporte más divertidas, ambientalmente sostenibles y baratas como la bicicleta. ¿Qué opinan?, ¿se animan a andar en bici?  

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