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Contaminación del río Motagua en Guatemala: La búsqueda de justicia ambiental del pueblo maya poqomam

La cuenca del río Motagua, el más extenso e importante de Guatemala, está gravemente contaminada con aguas residuales, desechos sólidos y otro tipo de desperdicios.

La problemática es transfronteriza porque las aguas contaminadas del Motagua desembocan en el mar Caribe, alcanzan las costas de Honduras y amenazan al Sistema Arrecifal Mesoamericano.  

Esto ha vulnerado por décadas los derechos a la salud, al agua, al desarrollo y al ambiente sano de todas las personas que viven en la cuenca.

En junio de 2025, la comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla —apoyada por AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— logró una victoria judicial sin precedentes para detener la degradación en la cuenca. Como respuesta al litigio que interpuso, un tribunal guatemalteco ordenó a la municipalidad de Chinautla cumplir una serie de obligaciones para frenar la contaminación de los ríos y suelos de la zona.  

La respuesta gubernamental al fallo se ha limitado al momento a reuniones de mesas técnicas de trabajo. Mientras, la comunidad continúa trabajando para que la sentencia se implemente adecuadamente y realizando otras acciones para defender su territorio y sus derechos. 

 

Antecedentes

Con 486 km de longitud, el río Motagua atraviesa 96 municipios y 14 departamentos de Guatemala. Nace en Quiché, departamento ubicado al noroeste, y desemboca en el mar Caribe.

Las actividades contaminantes ocurren en toda su cuenca, incluyendo subcuencas y microcuencas. El mayor volumen de contaminación proviene de la ciudad de Guatemala, capital del país, transportado por las aguas del río Las Vacas, que a su vez recibe una gran cantidad de desperdicios del río Chinautla.

El río Chinautla, que atraviesa el municipio del mismo nombre, lleva los desechos sólidos de un vertedero ubicado en la Zona 3 capitalina —a donde llega la basura de al menos 14 municipios del departamento de Guatemala—, además de las aguas negras generadas por unas 500 mil personas que viven en la parte norte de la capital y que no reciben ningún tratamiento previo de limpieza.

Otras fuentes de contaminación son los numerosos vertederos ilegales que hay en el municipio de Chinautla, los desechos que vehículos particulares y camiones recolectores descargan a orillas de sus ríos, así como las empresas areneras —que comenzaron a instalarse en el territorio entre 1996 y 1997— cuyas operaciones debilitan las cuencas, haciendo que los desechos sólidos sean arrastrados más fácilmente por los caudales.

Foto: Mayela Sánchez García.

 

La situación trasciende fronteras. El Motagua vierte cada año unas 20 mil toneladas de plástico al mar Caribe, siendo así en uno de los ríos que más contaminación plástica aporta al océano a nivel mundial, según estimaciones contenidas en un informe de 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caudal confluye en su desembocadura con el Arrecife Mesoamericano, por lo que la contaminación amenaza también con degradar uno de los arrecifes transfronterizos más grandes y biodiversos del planeta, que abarca las aguas territoriales de Belice, Guatemala, Honduras y México.

Además, las aguas contaminadas llegan a las costas de Honduras y se esparcen a la bahía de Amatique, situada a lo largo de la costa oriental de Guatemala, afectando al mar Caribe.

Las raíces de esta problemática crónica y transfronteriza son estructurales. Datos del proyecto Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dan cuenta que en Guatemala el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del territorio nacional, el 88,32% son ilegales o no tienen autorización municipal.

Dicho de otro modo, las causas centrales que combatir son el mal manejo de desechos sólidos y de los recursos hídricos en Guatemala; el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre el vertimiento de aguas residuales, disposición y tratamiento de desechos y residuos sólidos; así como la falta de una ley de aguas. 

 

La búsqueda de justicia del pueblo maya poqomam

Los ríos de Santa Cruz Chinautla, comunidad del pueblo maya poqomam, ubicada a tan solo doce kilómetros de la Ciudad de Guatemala, se han convertido en conductos de contaminación que degradan el río Motagua.  

Por décadas, su población ha visto dañada su salud y sus medios de vida —entre ellos la alfarería, una de las principales actividades económicas y fuente de identidad— debido a la falta de gestión de los residuos del municipio de Chinautla y de la zona urbana de la capital del país, así como a las actividades de empresas areneras.

Foto: Mario Winter.

 

Voces por el río Motagua: Olga Vázquez.

Voces por el río Motagua: Nazario Pascual. 

 

A comienzos del año 2000, la comunidad maya se organizó para detener la extracción de arena en su territorio. En ese momento, las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022. Y, aunque los permisos vencieron, algunas empresas siguieron operando tras solicitar prórrogas. En junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la empresa Piedrinera San Luis, que mantuvieron por cuatro años.

En julio de 2024, el Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH visitó Santa Cruz Chinautla. Durante su visita, autoridades ancestrales e integrantes de la comunidad expusieron sobre los impactos ambientales, al agua, la salud, la economía y la cultura de la contaminación de sus ríos.

Ese mismo año, en octubre, la comunidad —con apoyo de AIDA, el Bufete de Pueblos Indígenas y organizaciones aliadas— interpuso un litigio (petición de amparo) contra la municipalidad de Chinautla por la falta de medidas para atender la contaminación de sus ríos y suelos causada por el manejo inadecuado de desechos sólidos y la existencia de vertederos ilegales.  

El equipo científico de AIDA, junto con vecinos y autoridades de la comunidad, recolectó información clave sobre los vertederos ilegales que hay en el territorio. Este ejercicio de ciencia ciudadana sustentó el litigio al visibilizar la gravedad de la contaminación, demostrar el uso continuo de este tipo de práctica y evidenciar el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de sus obligaciones legales respecto de la gestión de residuos. 

 

Conoce más de esta experiencia de ciencia ciudadana. 

 

En junio de 2025, la comunidad poqomam obtuvo el respaldo de la justicia guatemalteca cuando un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla responder efectivamente a las peticiones del litigio para frenar la contaminación de los ríos y suelos de Santa Cruz Chinautla.

Es la primera vez que un tribunal guatemalteco reconoce el derecho de un pueblo a un ambiente sano y su papel central en la búsqueda de soluciones. 

 

Entérate de los detalles de la victoria judicial. 

 

Situación actual

Desde la emisión de la sentencia, la municipalidad de Chinautla realizó una serie de "mesas técnicas de trabajo" con representantes del gobierno central, de la sociedad civil y de la comunidad. Luego se creó un grupo más pequeño conformado por personas técnicas con la tarea de elaborar un plan de trabajo con metas claras. Han pasado varios meses sin que la municipalidad convoque a las mesas de trabajo.

Por otro lado, en diciembre de 2025, la CIDH advirtió en su informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala que la cuenca del río Motagua enfrenta una severa crisis de contaminación que ha generado impactos profundos en la biodiversidad y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades locales, incluido el pueblo maya poqomam.

Y, en mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales canceló la licencia de la empresa arenera Piedrinera San Luis por el "incumplimiento de los compromisos ambientales".

AIDA continúa haciendo seguimiento a la ejecución del fallo judicial para garantizar el derecho a un ambiente sano de la comunidad maya poqomam y de todas las personas que habitan en la cuenca del Motagua. Mientras, la población de Santa Cruz Chinautla sigue organizada y movilizada para mejorar su entorno y defender sus derechos.  

Niña frente a un mural contra la contaminación en Santa Cruz Chinautla, Guatemala

Derechos Indígenas, Minería

Alto tribunal ordena al gobierno colombiano adoptar acciones concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática

Tras evidenciar que el Ministerio de Ambiente incumplió obligaciones climáticas contenidas en la legislación nacional, el Consejo de Estado ordenó que la entidad adopte, en el plazo de un año, medidas específicas para honrarlas. Es la decisión final de la acción judicial presentada por diversos actores para que el Estado incluya los impactos climáticos del sector carbón en su gestión de la crisis climática. El Consejo de Estado emitió una sentencia en la que ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptar, en el plazo de un año, medidas concretas de mitigación y adaptación a la crisis climática para cumplir así parte de los compromisos climáticos del país. Con este fallo, el alto tribunal resolvió la acción de cumplimiento que una coalición de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento y universidades presentó el 4 de mayo para que el Estado incorpore los impactos de la cadena productiva del carbón en la política climática.En la sentencia, el Consejo de Estado reconoce el incumplimiento del ministerio de normas referidas a la inclusión de impactos climáticos en los proyectos que cuentan con instrumentos de gestión y control ambiental, la falta de regulaciones referidas a las emisiones del sector carbón y la ausencia de un reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza.Si bien la decisión pudo ser más ambiciosa al reconocer otros incumplimientos alegados y demostrados en la acción judicial, el alto tribunal dictó cuatro órdenes fundamentales que deben ser cumplidas por el Ministerio de Ambiente:Incluir en los instrumentos de manejo y control ambiental de proyectos consideraciones de adaptación y mitigación del cambio climático, con énfasis en la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los aportes de las medidas de compensación ambiental a la Contribución Determinada a Nivel Nacional, presentada por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.Adoptar una guía nacional para la formulación, desarrollo, monitoreo, reporte y evaluación de impacto de la implementación de programas y proyectos de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Esta debe incorporar la gestión de cambio climático, la integración con el enfoque en ecosistemas, así como los aportes a la economía, los beneficios a la biodiversidad y a las comunidades humanas.Determinar las metodologías para el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán ser reportadas; los métodos, instrumentos, procesos y periodicidad del reporte de las emisiones de GEl y la información y documentación para la elaboración de inventarios de GEI.Regular las condiciones que establezcan los requerimientos para la verificación, certificación y registro de las emisiones, reducciones de emisiones y remociones de GEI; así como determinar los procedimientos de seguimiento y control previstos.  Con base en el resultado, este litigio se constituye en el primer caso exitoso de litigio estratégico y climático para el continente al haber evidenciado que el Estado incumplió compromisos climáticos específicos, y haber logrado que se ordenará a una de las autoridades competentes la adopción de acciones concretas para la adecuada gestión climática. La estrategia empleada y el precedente alcanzado bien pueden ser replicados en otros países de la región.La acción de cumplimiento fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Censat Agua Viva, el de Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), POLEN Transiciones Justas, la Universidad de Magdalena y la investigadora Paola Yanguas.En julio, ese tribunal emitió la sentencia de primera instancia en el caso. En ella, generó ocho órdenes dirigidas no solo al Ministerio de Ambiente, sino también al Ministerio de Minas y Energía, para que cumplan las leyes 1931 de 2018 y 2165 de 2021, normas que establecen las acciones mínimas que el país debe realizar para honrar sus compromisos climáticos a nivel internacional.La acción judicial demostró que, en los últimos seis años, el gobierno ha omitido las obligaciones recogidas en esas leyes, particularmente en relación con los impactos en el clima generados por el sector carbón.El caso pasó luego al Consejo de Estado, cuya decisión final reitera parte de lo dictaminado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Colombia, al ser el mayor exportador de carbón en Latinoamérica, tiene la obligación de incorporar en sus compromisos climáticos la dimensión real de los impactos de dicho sector. Así lo han pedido comunidades de La Guajira, quienes por décadas han sido afectadas directamente.Estas comunidades, si bien no firmaron la acción judicial, sí la apadrinaron, además de acompañar su presentación con baile y música tradicional. Contacto de prensa:Víctor Quintanilla-Sangueza (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 

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Río Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador

Yasuní: Crece la ambición climática gracias al pueblo de Ecuador

La decisión del pueblo ecuatoriano de dejar el petróleo en el subsuelo en una parte del Parque Nacional Yasuní, en plena Amazonía, es una respuesta a la historia de contaminación de la tierra, el agua y el aire de las comunidades amazónicas tras 50 años de explotación petrolera. Es además una muestra de ambición climática esperanzadora que debe ser reconocida y respaldada a nivel regional y global. El 20 de agosto pasado, en una consulta popular nacional, el pueblo ecuatoriano optó por detener la extracción petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha), uno de los tres en producción dentro del parque. Con esta decisión, la población de Ecuador dio un paso importante hacia la transición ordenada para dejar una parte del petróleo bajo tierra. Implementarla es una obligación legal para el gobierno ecuatoriano. De hacerlo de manera adecuada, respetando los principios de transición justa y salida responsable, Ecuador será el primer país en cumplir con las demandas que el Secretario General de la ONU y los organismos científicos y energéticos —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Agencia Internacional de la Energía— vienen haciendo a los actores nacionales acerca de un abandono progresivo de la explotación de combustibles fósiles. Resulta clave ahora que la sociedad civil regional y global acompañe la salida responsable de las operaciones petroleras en el bloque 43 del Yasuní, en el término establecido (18 meses calendario), aplicando veedurías independientes y apoyando alternativas de transición justa para el territorio y sus habitantes.   ¿Cómo se llegó a este resultado? Este avance importante para la protección del Yasuní, un ecosistema clave para la adaptación y mitigación de la crisis climática mundial, es fruto de diversos factores, previos a la decisión del 60% del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto. Entre ellos están: La lucha histórica de los movimientos indígenas por la defensa territorial y el acompañamiento de varios sectores de la sociedad civil que dieron origen a la Iniciativa Yasuní ITT, que trató de conseguir una compensación económica de la comunidad internacional, que entregaría fondos equivalentes a una parte de las ganancias de la comercialización, a cambio de dejar el crudo bajo tierra. La creación del colectivo social Yasunidos en el año 2013, a raíz del cese de la Iniciativa Yasuní ITT, para oponerse a la declaración de interés nacional de la explotación petrolera del Yasuní, realizada por parte de la Asamblea Nacional de Ecuador. La lucha incansable de este y otros colectivos, que demostró el fraude realizado por el Consejo Nacional Electoral ante su pedido de consulta popular en 2014, antes del inicio de la explotación petrolera. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso a la consulta y el reconocimiento de la violación de los derechos de participación de los miles de personas que firmaron el pedido de consulta en 2014.   ¿Qué implica la decisión? Esta histórica decisión tiene implicaciones nacionales, regionales y mundiales, como se detalla a continuación. A nivel nacional, el resultado de la consulta implica —según el dictamen de la Corte Constitucional—, adoptar las siguientes medidas: i) suspender las actividades de extracción; ii) no iniciar actividades nuevas ni firmar nuevos contratos; iii) tomar medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario; iv) tomar medidas de reparación a la naturaleza; v) otras acciones. Todas ellas son oportunidades para generar un espacio de transición justa en la zona. La decisión implica el reconocimiento y reparación de los derechos humanos a la participación de miles de ecuatorianos/as que pudieron decidir con su voto el destino de esta zona, además de la protección de los derechos humanos relacionados con la vida y protección los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan el Parque Yasuní. Se trata de un paso que promueve la conservación del Parque Nacional Yasuní y de su enorme biodiversidad al ser parte de la Amazonía, un ecosistema regulador del clima y clave para la adaptación a la crisis climática a nivel mundial. Con la adecuada implementación de esta decisión, Ecuador dejará de emitir alrededor de 400 millones de toneladas de CO2, asociadas a la explotación petrolera de alrededor de 58 mil barriles diarios, que ahora debe ser suspendida. El resultado de la consulta contempla un plazo de 18 meses calendario para suspender la explotación petrolera y dejar el crudo bajo tierra de forma indefinida. Con ello se asoma el gran reto de implementar una medida que puede ser ejemplar para el mundo: el cierre y abandono responsable de un campo petrolero en la Amazonía.   Los retos para la implementación Para ser exitoso, el proceso de salida responsable en el bloque 43 debe garantizar: i) la protección del territorio para evitar la deforestación ilegal y ii) el cuidado de las comunidades con el fin de brindarles alternativas económicas (investigación, bioconocimiento, bioeconomía y turismo sostenible, entre otras). Además, su implementación requiere espacios de veeduría y observatorios ciudadanos locales, así como el respaldo de la comunidad internacional y regional a través de mecanismos financieros y de capacitación técnica. Esa es la promesa de los programas de trabajo de Transición Justa y de Mitigación generados en las negociaciones climáticas. Ante el llamado urgente a que los mayores emisores de carbono del mundo dejen rápidamente de quemar combustibles fósiles, el pueblo de Ecuador ha respondido con un avance importante hacia la transición, uno que comienza desde abajo, en una geografía determinada de la Amazonía. Por ello, su decisión debe ser reconocida en la plataforma para la Acción Climática Mundial (NAZCA por sus siglas en inglés) de la ONU, que recoge la acción climática de actores no estatales. También es fundamental que el próximo gobierno ecuatoriano selle este compromiso climático incluyéndolo en la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Implementar la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular para proteger el Parque Nacional Yasuní es una obligación legal a nivel local y un precedente exitoso que puede impulsar la necesaria transición energética a nivel mundial.  

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Paisaje desértico en La Guajira, Colombia.

Ampliar la minería de carbón en Colombia contradice una transición energética justa

Colombia enfrenta hoy numerosos desafíos relacionados con la necesaria transición energética justa. Al ser el principal exportador de carbón térmico de América Latina, uno de sus retos prioritarios es definir el futuro del mineral en las matrices económicas y energéticas del país, así como la manera de alinear ese sector con sus obligaciones en materia de gestión de la crisis climática global. Sin duda, las medidas que se adopten para avanzar hacia la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos deben respetar y garantizar los derechos humanos. El Estado debe hacerlo con una perspectiva diferenciada respecto a los grupos más vulnerables de la sociedad, los mayormente afectados por los efectos de la crisis climática y por los procesos de transición. El gobierno actual, como parte de su plan para modificar la estrategia de transición energética, ha propuesto la construcción de una hoja de ruta enfocada en promover proyectos de energías renovables de fuentes no convencionales, entre otras iniciativas. La propuesta tiene cuatro principios: equidad, participación social y vinculante, gradualidad soberana con confiabilidad y un principio de conocimiento. Aunque la estrategia planteada puede considerarse un avance hacia la transición energética y al cumplimiento de compromisos y estándares internacionales, tiene vacíos preocupantes: no se enfoca lo suficiente en la sustitución de combustibles fósiles y evade el rol e impactos generados por el sector carbón en todas sus fases. Dejar fuera las causas estructurales de la crisis climática obstaculiza la consolidación de un proceso de transición energética que es hoy un escenario en disputa con diversas reivindicaciones e intereses en juego. Un claro ejemplo es lo que ocurre en el departamento de La Guajira, al norte del país, donde confluyen un alto potencial para las energías renovables y la extracción del 35% del carbón que se exporta, actividad que profundiza la crisis climática. Ello ha incrementado la de por sí alta vulnerabilidad climática de la región y agravado la vulneración de derechos humanos en ese territorio. El impacto ha sido tal —sobre todo en términos de estrés hídrico, desertificación y disminución de precipitaciones—  que el gobierno decretó Estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental en La Guajira, donde se prevé la llegada del fenómeno de El Niño con una intensidad y duración más altas que en años anteriores.   El rol del sector carbón en el proceso de transición Combatir y gestionar la crisis climática implica mínimamente avanzar en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, además de frenar la expansión de su extracción y explotación, con la consecuencia evidente de restringir al máximo su uso. Los impactos en derechos humanos y en el clima global del sector carbón, así como los conflictos socioambientales que ha generado, han hecho que el mundo replantee el uso y comercialización del mineral.   Así, en los países del sur global con alta dependencia de la extracción y comercialización de combustibles fósiles, se han iniciado discusiones acerca de si avanzar y de qué manera en el proceso de sustitución. En el caso colombiano, si el país quiere avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones climáticas y en el proceso de transición energética justa, es necesario dejar de autorizar nuevos proyectos de minería de carbón térmico, evitar la ampliación de los ya existentes y empezar procesos de salida responsable para un cierre minero progresivo y donde se garanticen derechos. La hoja de ruta del proceso de transición energética debe centrarse en evitar al máximo los impactos en los derechos humanos (territoriales, de subsistencia y ambientales) de las comunidades más vulnerables a los efectos de la crisis climática. De lo que se trata es de evitar nuevas violaciones de derechos humanos y una desprotección de los territorios atravesados por la cadena productiva del sector carbón. El debate en torno a la transición energética y los conflictos socioambientales asociados al carbón se ejemplifica plenamente en el caso del arroyo Bruno, en La Guajira, con un proceso jurídico vigente. Está en manos de la Corte Constitucional decidir entre la protección de un arroyo vital para una zona de alto estrés hídrico y la explotación de su cauce para expandir la mina de la empresa Carbones del Cerrejón (propiedad de la multinacional Glencore). Lo que está en juego es la garantía de los derechos de acceso al agua, a la salud y a la vida de las comunidades Wayúu.   Lo que la transición justa sí necesita Tras analizar el rol del carbón en el proceso de la transición energética justa en Colombia, es posible concluir que el país no está cumpliendo sus compromisos climáticos porque no ha establecido medidas y acciones específicas para el sector carbón en su política de cambio climático. Si Colombia quiere avanzar en la sustitución de combustibles fósiles, la política de cambio climático y el proceso de transición energética no pueden desligarse del seguimiento y toma de decisiones que las autoridades competentes adopten respecto de proyectos específicos del sector carbón. La gestión del cambio climático y el proceso de transición energética deben reconocer las reivindicaciones de justicia, reparación y no repetición, exigidas por las comunidades afectadas por años de extracción de carbón, como las ubicadas en el departamento de La Guajira. En un escenario de transición energética justa deben garantizarse —junto con las comunidades afectadas—procesos de cierre minero progresivos, participativos e inclusivos, encaminados a generar escenarios de diversificación y reconversión en las regiones con alta dependencia del sector carbón. Actuar bajo ese marco es deseable y posible.  

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