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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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COP20: Protegiendo los derechos humanos en todas las acciones climáticas
Por Víctor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs Todos los países tienen obligaciones en la lucha contra el cambio climático. Pero también las tienen en materia de derechos humanos. No se trata de obligaciones excluyentes. En torno a ese tema se realizó hoy en la #COP20 el evento paralelo “¿Cómo las lecciones aprendidas del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) pueden aportar al diseño de mecanismos de financiamiento climático?”, organizado por AIDA, CIEL y Carbon Market Watch. El impacto en los derechos humanos de proyectos que pretenden combatir el cambio climático fue evidenciado con el testimonio de Máximo Ba Tiul, representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán en Guatemala. En ese país, el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, registrado bajo el MDL, mecanismo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha derivado en violaciones de derechos humanos en al menos 20 comunidades. Dichos abusos incluyen la muerte de dos niños. Para Hugh Sealy, presidente de la Junta Directiva del MDL, fue "perturbador" escuchar que un proyecto registrado bajo ese mecanismo ha presuntamente violado derechos humanos. Proyectos de represas como Santa Rita son promovidos como fuentes de energía limpia y soluciones frente al cambio climático. Sin embargo, evidencia científica da cuenta que, entre otras cosas, las grandes represas producen emisiones contaminantes, incluidas de metano (gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2), especialmente en zonas tropicales. La implementación inadecuada de proyectos hidroeléctricos también implica violaciones de derechos humanos: el proyecto Santa Rita fue aprobado sin haber consultado ni obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas, indicó Ba Tiul. La conexión entre cambio climático y derechos humanos, o más bien el impacto del uno en los otros, es algo ya reconocido por acuerdos climáticos como los resultantes de la COP16 en Cancún, México. Así lo recordó durante el evento Niranjali Amerasinghe, directora del Programa de Clima y Energía de CIEL. "Todos los países tienen que respetar los derechos humanos". Amerasinghe abogó además por la coherencia al interior de la Convención en términos de las salvaguardas socioambientales que son aplicadas. Con relación a esas herramientas, Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, mencionó la importancia de que el Fondo Verde Climático adopte los estándares más altos al diseñar sus salvaguardas socioambientales. De ese modo, dijo, se avanzará en la tarea de evitar que los proyectos que financie causen daños al ambiente y a los derechos humanos. El Fondo Verde adoptará, durante los primeros tres años de funcionamiento, los estándares de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Éstos "han sido insuficientes para prevenir daños", recordó Rodríguez. Ba Tiul señaló que el reto está en que todos los mecanismos de Naciones Unidas respeten las diferencias y los derechos humanos. De su lado, Rodríguez dijo que es necesario garantizar que la aplicación de estándares internacionales en los diferentes países abarque todo el ciclo de un proyecto con evaluaciones continuas, aprender de los errores y escoger la herramienta que ha probado ser efectiva. Al concluir el evento, Sealy agradeció a los otros panelistas por la información recibida y prometió hacer todo lo posible por fortalecer el proceso de consulta del MDL. Amerasinghe mencionó que el seguimiento a proyectos registrados bajo mecanismos como el MDL debe abarcar también la fase de implementación y no quedarse solo en la de consulta y aprobación. Y, ante denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que se debe hacer es emprender una investigación, algo para lo cual ya existen experiencias de procedimientos y entidades de las cuales partir. Para más información de la COP20 visita aida-cop.org
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AIDA solicita a Relatores Especiales de la ONU investigar ilegalidad de autorización otorgada al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) indicó que el Estado mexicano incumplió con su obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. Ciudad de México, México. En representación de las personas y comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó a Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas investigar la ilegalidad de la autorización otorgada al proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 18 de septiembre de 2014. La autoridad ambiental avaló el proyecto que sería construido sobre el río San Pedro Mezquital sin que los pueblos indígenas afectados hubieran sido consultados, y sin contar con un estudio que evaluara integralmente sus impactos sociales y ambientales. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promotora del proyecto, asegura haber llevado a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica no reconocen haber sido consultadas. Asimismo, representantes del gobierno indígena tradicional Cora y Huichol han manifestado su rechazo total a la hidroeléctrica, y la urgencia de defender sus derechos territoriales. La propia Semarnat confirmó en su autorización al proyecto que las poblaciones de San Blasito y Saycota desconocen la realización de una consulta previa por lo que dicha entidad autorizó el proyecto condicionándolo a realizar una consulta. "Ese condicionamiento no es obstáculo para que exista un incumplimiento de la obligación del Estado, dado que la consulta debió llevarse a cabo antes de la autorización del proyecto para cumplir con el requisito básico de ser previa. Incluso si en este momento se llevara a cabo una consulta, ello no evitaría la violación, ya consumada, de los derechos de las comunidades a ser consultadas previamente y a obtener su consentimiento libre, previo e informado", explicó María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. Una de las más graves violaciones de derechos humanos se presenta en perjuicio de los pobladores de San Blasito. Este lugar será inundado y sus residentes desplazados forzosamente, sin contar con medidas de reubicación ni compensación adecuadas. Asimismo, la construcción de la hidroeléctrica también representa un riesgo inminente para la garantía de otros derechos humanos de las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. "Denunciamos ante los Relatores que los derechos al medio ambiente sano, la vivienda adecuada, la salud, el acceso al agua potable, y a la vida digna de las comunidades se verán seriamente vulnerados en caso de implementarse este proyecto", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "El río San Pedro Mezquital, además de ser un ecosistema estratégico y albergar lugares ceremoniales centrales para estos pueblos indígenas, constituye fuente principal de alimentación y agua potable para éstos". Estos impactos no fueron evaluados integralmente antes de autorizar el proyecto. Por ello, AIDA pidió que los Relatores de la ONU evalúen la ausencia de un Estudio de Impacto Social que respalde la autorización de Las Cruces. "La falta de evaluación de los impactos sociales implica que tampoco se plantearon medidas de mitigación adecuadas", indicó Moguel. "Esto constituye a su vez una afectación directa al derecho de las comunidades a acceder a información completa sobre los impactos del proyecto". La omisión del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa en este caso se presentó también en el marco de la emisión del decreto que levantó la veda del río San Pedro Mezquital. Tres días antes de autorizarse el proyecto hidroeléctrico, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tomaron esta decisión con el fin de permitir el aprovechamiento de parte del caudal del río para la generación de electricidad, abriendo paso al proyecto hidroeléctrico y sin consultar con las comunidades afectadas. AIDA solicitó a los Relatores Especiales de la ONU investigar los hechos mencionados, y llevar a cabo una visita al sitio donde está previsto construir la hidroeléctrica para que conozcan de primera mano las afectaciones al ambiente y a los derechos humanos de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Mexicanero y Huichol. De construirse Las Cruces, el caudal del río San Pedro Mezquital cambiará drásticamente, afectando sitios sagrados indígenas, actividades productivas de las que depende el sustento de los pobladores de la zona, e impactando Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional y ecosistema estratégico protegido. Consulte el informe enviado a Relatores Especiales de la ONU.
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Evidenciando el impacto del desarrollo en los derechos humanos y el ambiente
"There we were men and women, children, elders and leaders-who dared to refuse burning or destruction of the huts on the banks of the river, theft and loss of goods, abuse, insults and humiliation by the police, military and public companies Medellin forcibly vacated the beaches to make way for development. " With those words, Isabel Cristina Zuleta, leader of the Movement Living Rivers and victims of forced displacement because of the hydroelectric project Hidroituango in Colombia, testified to the situation that she, community members and thousands of Colombians affected by such projects go through a long time. He did so in a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (CIDH) last month. Astrid Puentes, AIDA Executive Co-Director, attended the hearing along with Living Rivers, Tierra Digna, Asoquimbo, the Inter-Church Justice and Peace Commission, the Judicial Freedom and several colleagues from Colombia organizations. She argued before the Commission that in Colombia forced because of projects 'development' as dams and mines displacement is not recognized as a violation of human rights by the state, which makes the people affected are unprotected. At the hearing Bridges outlined the three main causes of forced displacement by projects: the close relationship between armed conflict and the implementation of megaprojects, flexibility and violation of rules in its approval and implementation, and direct impacts their performance. It also asked the Commission to urge the Colombian government to guarantee the rights of victims, repair damage and take appropriate measures to prevent such displacement measures. Bridges described human rights violations arising from the implementation of specific projects like the dam El Quimbo in the department of Huila and situations like those experienced in the mining district of La Jagua de Ibirico, department of Cesar, where entire communities have been displaced due to air pollution caused by coal projects. Inadequate implementation of projects of "development" in Colombia and the region also violates Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), especially the right to a healthy environment. In this regard, AIDA and organizations in the region participated in a hearing convened ex officio by the Commission to analyze the situation of ESC rights in the continent. In it, Maria Jose Veramendi Villa, senior lawyer AIDA, said the main cause of the violation of the right to a healthy environment is the failure of States to their environmental obligations and human rights by implementing mining and energy projects and infrastructure, among others. The problem has worsened in recent years. "The Commission has found different manifestations of the problem through at least 40 thematic hearings that have taken place in the past decade, and have illustrated the serious territorial, cultural and environmental conflicts generated by the violation of ESCR "Veramendi Villa recalled during the hearing. We need a Commission with a firm and resolute against the implementation of policies and projects that violate human rights, and thus bring justice to those who do not find in their countries position.
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