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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Ministerio de Ambiente de Colombia debe garantizar que no habrá minería a gran escala en el páramo de Santurbán
La entidad de gobierno delimitó el 76% del páramo. Sin embargo, anunció que permitirá la continuidad de proyectos mineros que ya tienen título y licencia ambiental. Esto pone en grave riesgo al ecosistema, fuente de agua para casi dos millones de personas. Bogotá, Colombia. Aunque el Ministerio de Ambiente de Colombia realizó una delimitación que protege el 76% del páramo de Santurbán, hizo declaraciones preocupantes sobre el futuro de operaciones mineras a gran escala en la zona. Éstas representan un grave riesgo para el ecosistema y para el agua que éste brinda a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. El viernes pasado, el Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo informó que 98,954 de las 129,743 hectáreas de superficie de Santurbán quedaron delimitadas como área protegida. No obstante, se negó a informar con claridad si con la medida proyectos de gran envergadura serán o no permitidos en el páramo. El ministro se limitó a señalar que empresas que ya tienen títulos mineros y licencia ambiental continuarán operando en la zona, sujetas a "fuertes controles ambientales", pero no especificó la escala de la actividad, algo relevante debido a la presencia en el lugar de minería a pequeña escala. "El ministro no entregó el acto administrativo de la delimitación y se negó a confirmar si ésta afecta o no al proyecto minero Angostura, o a cualquier otro a gran escala. Es positivo que 98 mil hectáreas queden reconocidas como páramo, pero ese reconocimiento es ineficaz si el gobierno interpreta que las empresas mineras con licencia ambiental tienen derechos adquiridos y pueden permanecer en el lugar", afirmó Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, se han otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán. Entre ellos están los de la compañía canadiense Eco Oro Minerals, la cual pretende construir la mina de oro Angostura en ese ecosistema. Además de ser fábricas naturales de agua, los páramos son refugio de especies endémicas y en peligro de extinción, y ayudan a mitigar el cambio climático al capturar carbono de la atmósfera. "El Ministerio de Ambiente ha sido poco claro en la toma decisiones sobre Santurbán. Exigimos que se respete el agua de dos millones de habitantes y que se haga efectiva la prohibición de minería a gran escala en todo el páramo; seguiremos trabajando y movilizándonos hasta que sea así", dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Dicho Comité agrupa a más de 40 organizaciones en el departamento de Santander. Desde 2010, ha movilizado a decenas de miles de personas en contra de Angostura y de cualquier proyecto minero a gran escala en Santurbán, para garantizar el agua de las comunidades de la zona. Actualmente y mediante su mecanismo de rendición de cuentas, la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, realiza una auditoría de su inversión en Angostura con base en una queja presentada por el Comité en junio de 2012. "Pese a la ausencia de una decisión coherente por parte del gobierno sobre la minería a gran escala en el páramo de Santurbán, la CFI, que es accionista en la empresa Eco Oro, tiene que determinar si sus políticas ambientales y sociales le permiten apoyar un proyecto en un ecosistema protegido", sostuvo Kristen Genovese, del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales (SOMO). Según las leyes colombianas, la delimitación es una herramienta para proteger el páramo de las actividades que lo dañan —en particular la minería a gran escala— y no para justificarlas. Ése es el curso de acción al que está obligado el Gobierno colombiano.
Leer másCOP20: Fracking, una técnica experimentaly riesgosa
La Cumbre de los Pueblos, evento paralelo a la COP20 en Lima, fue el escenario para reiterar un argumento central en torno al fracking o fracturación hidráulica: que es una técnica experimental que implica riesgos graves para la salud y el ambiente, entre ellos el empeoramiento del cambio climático. El fracking es una técnica empleada para la exploración y/o explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados gas y petróleo. "Estos químicos tienen efectos desconocidos debido al contacto con elementos del subsuelo; la fractura de pozos horizontales es altamente compleja e impredecible, esto hace del fracking una técnica experimental", explicó Eduardo Delia ingeniero petrolero y miembro de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos en Argentina, en Fracking: Desafío para América Latina, evento organizado por la Fundación Heinrich Böll en la Cumbre de los Pueblos. El uso de fracking impacta en las condiciones de vida de las personas debido, entre otras cosas, al uso masivo de agua (de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo) y a la contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas. Los químicos empleados conllevan además daños a la salud: cáncer, alergias, malformaciones y otros. Por otro lado, el fracking no es una opción para enfrentar el cambio climático. Aroa de la Fuente, miembro de Fundar y la Alianza Mexicana contra el Fracking, indicó que en los proyectos de fracturación hidráulica, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. "En 20 años, el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón". Países como Argentina, Bolivia, Colombia y México pretenden desarrollar ampliamente la técnica del fracking en los próximos años. ¿Qué puede hacer la población frente a estos planes y sus riesgos. Ariel Pérez, abogado de AIDA, enfatizó en el evento que existen herramientas legales para precautelar la salud humana y ambiental frente al fracking. La principal, detalló, es el principio de precaución, reconocido en el derecho internacional y el cual debe ser aplicado por los Estados y la sociedad civil para enfrentar las amenazas del fracking. Este principio establece que "cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente". [1] Ello quiere decir que ante la duda sobre la ocurrencia de un severo daño ambiental, sobre sus alcances o magnitud, los Estados deben tomar medidas proactivas y eficaces que eviten ese posible daño. "Con base en este principio, los Estados tienen tres obligaciones respecto al fracking: generar información amplia, integral e imparcial; proteger al ambiente y a las personas con mecanismos como la suspensión de las operaciones de fracking mientras no se demuestre que son inofensivas; y promover espacios de debate público sobre el tema", señaló Pérez. Asistentes al evento en Lima destacaron que la movilización social es clave para apoyar las acciones legales que se adopten respecto al fracking en los países. A nivel regional, varias organizaciones de la sociedad civil articulan esfuerzos para generar información, discusión pública y prevención de daños en torno al fracking. Con motivo de la COP20, estas organizaciones emitieron un pronunciamiento en el que alertan que el fracking tendrá consecuencias desastrosas para el ambiente y la población de América Latina, y que agravará el cambio climático. [1] Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, principio 15.
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El impacto del cambio climático en los derechos humanos es evidente. Sin embargo, al momento, ningún tratado internacional sobre derechos humanos hace referencia al cambio climático y viceversa. En nuevo acuerdo climático que será firmado en 2015 es una gran oportunidad para llenar el vacío e incorporar un lenguaje específico sobre la protección de los derechos humanos. El aumento en las temperaturas ha causado la reducción de la productividad de los cultivos, poniendo en riesgo el derecho a la alimentación, así como la disminución del agua limpia disponible, un recurso al que todos tenemos derecho. Con esos dos ejemplos, Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó la relación entre cambio climático y derechos humanos en un evento realizado con motivo de la COP20 en el Tribunal Constitucional de Perú. Esa relación nos hace pensar en la "vulnerabilidad material", en las condiciones de vida de muchas personas y frente a las cuales se necesitan acciones de adaptación efectivas, dijo en el evento Manuel Pulgar Vidal, Ministro de Ambiente de Perú y presidente de la COP20. María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA, recordó que los impactos del cambio climático en los derechos humanos fueron abordados en un informe elaborado en 2009 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos. Entre otras cosas, el informe decía que el cambio climático afectará al derecho a la vida debido a un aumento del hambre y la malnutrición, y que las enfermedades conexas tendrán consecuencias para el crecimiento y desarrollo infantil. Tras el informe, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que señala, entre otras cosas, que "los impactos relacionados con el cambio climático tienen una serie de implicaciones, tanto directa como indirecta, en el goce efectivo de los derechos humanos (…)". A esos avances se suman los acuerdos firmados en la COP16 de Cancún, México, los cuales establecen que los Estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático "deberían respetar plenamente los derechos humanos" en todas las actividades relacionadas con el cambio climático. Dados estos antecedentes, añadió Veramendi Villa, el reto para el 2015 es que el nuevo acuerdo climático incluya un lenguaje específico e integral sobre la obligación de los Estados de proteger, promover y respetar los derechos humanos en todas sus acciones climáticas. "Si ello ocurre, tendremos un instrumento internacional vinculante que guiarás las acciones climáticas los Estados y les ayudará a implementar las obligaciones que ya tienen en materia de derechos humanos". Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org
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