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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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Alertan de riesgos por posible autorización de pesca de totoaba
Es irresponsable fomentar esta práctica sin saber el estado poblacional: ONG. Comercio “legal” de la especie hará más difícil detectar el mercado negro. Ciudad de México. Organizaciones de la sociedad civil señalaron de irresponsable al gobierno mexicano por haber prometido la legalización de la pesca de totoaba, especie en peligro de extinción, en el Alto Golfo de California para los primeros meses del próximo año, sin considerar que se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales antes de dar falsas esperanzas a los pescadores de la zona. En un informe sobre las consecuencias de legalizar el comercio de totoaba, las organizaciones señalaron que aunque en México se adecúen las leyes, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares, partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México forma parte. El pez totoaba es una especie endémica mexicana en riesgo de desaparecer, cuya vejiga natatoria (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, pero que en el mercado asiático se vende en miles de dólares. Es por ello que está siendo capturado sin control, pese a que está prohibido. Para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba a países de Asia u otros continentes, el gobierno tendría que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro. Lejos de ayudar a “aliviar”el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita. Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse del comercio de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación. Así lo denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y Greenpeace. Las organizaciones ambientalistas señalaron que antes de abrir la captura de totoaba con fines comerciales, “de repoblamiento” o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población (abundancia de ejemplares) a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, más allá de la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Pesca, el cual no se ha dado a conocer, pero podría servir de base científica si se realiza correctamente, sin inventar o excluir datos. Es urgente conocer el número de ejemplares de totoaba para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible si el gobierno mexicano pretende reabrir el comercio de esta especie. Según las organizaciones firmantes, otorgar permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no ser explotado de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación. Las organizaciones consideraron indispensable crear una Norma Oficial Mexicana o Programa de Manejo de pesca de la especie que establezca todas las regulaciones para garantizar una pesca sustentable que no afecte a las poblaciones silvestres, e incluya las medidas para reducir las amenazas vigentes y el aprovechamiento integral de la especie, así como las medidas que permitan la puntual y correcta vigilancia de las embarcaciones durante el proceso de pesca. Entre esas medidas pueden estar un sistema de monitoreo satelital, un programa de observadores a bordo, un sistema de video y otras. De otra manera, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello. Actualmente existen en México seis Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMAs) de totoaba avaladas por la Semarnat. Los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez. Sin embargo, según los permisos, sólo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de juveniles con fines de repoblamiento. Dado que el porcentaje restante se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal de las UMA es la venta de ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población. Por otra parte, la empresa mexicana Cygnus Ocean Farms SA de CV, que ya tiene un permiso de acuacultura de fomento, ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora. El gobierno mexicano está enviando mensajes contradictorios pues por un lado pide a China que incrementar esfuerzos para detener el comercio ilegal de productos totoaba y prohíbe su captura en México, pero al mismo tiempo hace promesas y adopta medidas para legalizar su comercio y promover la pesca deportiva. Contactos de prensa: Edith Martínez, Greenpeace, [email protected], Cel. +52 1 55-6256-3563 Ricardo Ruiz, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), [email protected] Alejandro Olivera, Centro para la Diversidad Biológica, Cel. 6121040604 Camilo Thompson, AIDA, [email protected], Cel. 9671302346 Juan Carlos Cantú, Defenders of Wildlife de México, [email protected], 5596-2108
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Recurriendo a la justicia para evitar los daños del fracking
El fracking se está expandiendo con rapidez en América Latina. Si dejamos que se desarrolle a ciegas, podría causar daños irreparables no solo al ambiente, sino también a la salud de las personas. Para Claudia Velarde, abogada ambientalista boliviana, la Madre Tierra y las personas no deben ser entendidas como seres diferentes o aislados. “Las actividades que afecten la conservación de la naturaleza, necesariamente van a tener una repercusión en nuestra vida”. Esa firme creencia la llevó a unirse al equipo de abogados de AIDA a comienzos de este año, y a ser parte de los esfuerzos para proteger el ambiente de actividades extractivas tan dañinas como el fracking y la minería a gran escala. Desde el Programa de Agua Dulce, Claudia ayuda a coordinar el trabajo de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, una coalición de organizaciones que promueve el debate público, la concientización y la educación entre grupos de la sociedad civil, y que apoya esfuerzos de resistencia de comunidades en toda la región frente al avance del fracking. Riesgos confirmados La extracción de gas y petróleo mediante la fracturación hidráulica o fracking podría tener “un efecto nefasto” en la calidad y la disponibilidad de agua potable. Así lo concluyó el estudio más completo realizado hasta la fecha en Estados Unidos por la Agencia de Protección Ambiental del país pionero en el uso de esa técnica. Según el estudio, los impactos se deben a que en los pozos de fracking se utilizan grandes cantidades de agua, la cual es inyectada en el subsuelo junto con altas concentraciones de químicos para fracturar rocas que llevan hidrocarburos dentro. Esos fluidos pueden contaminar yacimientos subterráneos de agua. Además, las estructuras de salida de los pozos no son lo suficientemente sólidas como para evitar la contaminación. Al dañar fuentes de agua, el fracking también afecta la vida de personas, animales, plantas y ecosistemas enteros que dependen de ese recurso. Cerca de la Laguna de Llancanelo, una de las más importantes del norte argentino, se busca desarrollar actividades de fracking. Ignorando el peligro “La dependencia a los combustibles fósiles nos está llevando a una crisis ambiental y climática sin precedentes”, afirma Claudia. “El fracking tiene graves impactos por lo que es importante que la población tenga la información real y completa sobre las políticas y los procedimientos relacionados con esta técnica”. Uno de esos procedimientos es la evaluación adecuada de los posibles daños ambientales y la identificación de medidas para mitigarlos, paso previo a la autorización de cualquier operación de fractura hidráulica. Sin embargo, gobiernos en la región no están haciendo respetar ese requisito. En Mendoza, una de las principales ciudades de Argentina, la autoridad ambiental dio el permiso para que la empresa Petrolera El Trebol S.A. explore y explote cuatro pozos petroleros del modo convencional, es decir, sin usar fracking. El procedimiento para otorgar el permiso sí incluyó una Evaluación de Impacto Ambiental. Sin embargo, meses después, la empresa decidió cambiar su forma de trabajo por la técnica de fracturación hidráulica. Y mediante un proceso abreviado, el gobierno autorizó el cambio sin exigir un nuevo estudio de los posibles daños ambientales de la actividad, a ser desarrollada cerca de la Laguna de Llancanelo, humedal de importancia internacional. Ante ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, recurrió a la justicia y presentó un amparo para invalidar las autorizaciones emitidas por el gobierno. Entre sus argumentos está que además de vulnerar la obligación de presentar y requerir una Evaluación de Impacto Ambiental, el gobierno tampoco respetó el derecho a la consulta previa e informada de las comunidades que podrían verse afectadas por la operación de fracking en Mendoza. “Acudimos a la justicia para que le pongan un freno a este atropello y la sociedad tenga la oportunidad de discutir, con información, si quiere o no este tipo de actividades que dañan el ambiente irremediablemente”, dice Santiago Cané, Asistente de Participación de FARN. “En caso de aceptar el fracking, éste deberá hacerse teniendo los cuidados necesarios, regulación específica y las medidas suficientes para evitar daños o mitigarlos”. AIDA apoyará el trabajo legal de FARN con argumentos de derecho internacional. El más importante se basa en el principio de precaución, que debe ser aplicado ante la existencia de peligro o riesgo de daños graves al ambiente y la salud humana, y la incertidumbre sobre los mismos. “Dado que no existe un estudio con la información técnica suficiente sobre los posibles daños del fracking, debe aplicarse este principio para la adopción de medidas que eviten la consolidación de dichos impactos en este y otros casos”, explica Claudia. Pese a la evidencia científica sobre las consecuencias nefastas del fracking, el uso de la técnica se está expandiendo en América Latina. Ante esa tendencia y junto con nuestros aliados, en AIDA seguiremos trabajando para encontrar, mediante el uso de la ley, soluciones locales que repercutan en toda la región.
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Tortugas, tiburones y atunes: el porqué trabajamos para proteger los océanos
Cerca de una tercera parte de los recursos pesqueros del mundo han colapsado, y el resto se encuentra en malas condiciones. Esta cruda realidad no solo afecta nuestra propia seguridad alimentaria, sino también la salud y el futuro de muchos animales que viajan a través de las zonas más lejanas de nuestros océanos. La vida en alta mar, aquella parte de los océanos que no pertenece a ningún país, abunda. Tiburones, ballenas, tortugas marinas y aves viven en esas aguas o las recorren como parte de sus rutas migratorias. En alta mar existen además corales y zonas ricas en peces comerciales. Esa biodiversidad está en peligro —entre otras cosas— por la sobrepesca, la pesca ilegal, la contaminación, la destrucción de hábitats y el calentamiento global. Al tratarse de aguas internacionales, su riqueza no está totalmente protegida. Existen varios tratados que regulan lo que allí ocurre, pero de manera fragmentada. Un refugio único En su interacción con las costas de América Latina, las aguas de alta mar forman entornos ricos conocidos como sistemas de afloramiento. Cerca de Chile, Costa Rica, México, Panamá y Brasil, animales de gran importancia ecológica y comercial se alimentan en estas aguas ricas en nutrientes. Allí existen especies de peces como el dorado, el atún aleta amarilla, el atún aleta azul, el pez vela, el pez espada y otros de los que depende el sector pesquero y, por tanto, gran parte de la economía de la región. De hecho, la pesca en alta mar de atún y especies afines en los océanos Atlántico y Pacífico representa ingresos por más de 1.200 millones de dólares al año, según la Comisión Interamericana del Atún Tropical. El Pacífico Tropical Oriental, una zona de afloramiento, es hábitat también de varias especies de tiburones, entre ellos el tiburón martillo, especie de gran relevancia para la economía regional. Un estudio de la Universidad de Costa Rica calculó que, a lo largo de sus 35 años de vida, un solo tiburón martillo puede generar 1,6 millones de dólares en turismo. Además de su valor económico, las aguas de alta mar son enormemente valiosas para las especies que de él dependen. Cinco especies de tortuga marina (baula, verde, carey, cabezona y lora) —la mayoría de ellas en peligro de extinción— pasan por allí y desovan en las zonas costeras durante alguna etapa de su vida. En esa combinación de entornos existen además zonas de reproducción de cetáceos, gran parte de ellas migratorias como la ballena azul y la ballena jorobada. También en las aguas profundas que están fuera de las jurisdicciones nacionales, se encuentran varios tipos de coral y puntos a los que llegan especies diversas de aves migratorias. Nadie gobierna en alta mar De acuerdo con un informe de la Comisión Global del Océano de 2014, la degradación en alta mar está llevando al sistema oceánico al punto del colapso. Por ejemplo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un 12% de las especies que habitan el Pacífico Tropical Oriental está en peligro de extinción. De ahí surge la necesidad de conservar efectivamente estos ecosistemas, vitales no solo para la vida marina, sino también para las poblaciones humanas. Lo anterior se debe a que lo que existe actualmente para la gobernanza en alta mar es un marco fragmentado. La actual legislación internacional tiene vacíos que dejan desprotegidas a las aguas de alta mar y que ponen en peligro a la vida marina de esa parte del planeta, explica Gladys Martínez, abogada de AIDA. Algunos de esos vacíos, detalla, son la necesidad de crear áreas marinas protegidas en alta mar o de hacer evaluaciones de impacto ambiental para actividades que actualmente ya se desarrollan allí, algo que no se contempló cuando se creó la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (Convemar), la norma internacional vigente sobre el tema. Se espera que los vacíos sean llenados por un nuevo tratado internacional cuya negociación debe ser convocada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Representantes de gobiernos del mundo han tenido ya varias reuniones previas para preparar el camino hacia la negociación. De parte de la sociedad civil, la High Seas Alliance —una coalición integrada por 32 organizaciones no gubernamentales y de la que AIDA es parte en representación de América Latina— ha participado activamente del proceso para contribuir a la adopción de un tratado sólido.
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