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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Organizaciones condenamos expulsión de la ONU de Nicaragua
A dos días de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentara su informe, donde confirma que las violaciones cometidas con la participación del Estado, el órgano internacional recibió una notificación para dejar el país, en medio de una crisis que ya se arrastra por más de cuatro meses. En su informe, OACNUDH confirma lo que las organizaciones nacionales, internacionales y otros órganos ya habían señalado, y suma nuevos elementos para determinar que son las autoridades nacionales las responsables de numerosas violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril hasta la fecha. Las organizaciones firmantes condenamos enérgicamente esta decisión, que refleja la voluntad de obstruir cualquier escrutinio internacional y el carácter autoritario del gobierno nicaragüense. Pese a que, en julio, el Estado aceptó la observación de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de OACNUDH, la estructura gubernamental se ha encargado de bloquear información y acceso a datos, audiencias, entrevistas y cualquier otro insumo que les permita contar con los elementos necesarios para realizar su trabajo. La actitud de Nicaragua frente a la comunidad internacional es inaceptable y da cuenta de que el gobierno no tiene ningún interés en darle salida a esta crisis. En tanto, la represión y violencia no se detienen y se recrudece la criminalización de manifestantes, estudiantes, líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos como forma de amedrentamiento de quienes se oponen a las posiciones institucionales. En este contexto, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional a observar, condenar y dar seguimiento cercano a esta grave situación, que daña de manera irremediable los pilares democráticos del país y coloca a las personas en Nicaragua en una situación de aun mayor vulnerabilidad. A los Estados de las Américas les urgimos a que den respuesta acorde con la gravedad de una decisión que evidencia un rompimiento con los más esenciales valores democráticos. Por último, reiteramos la necesidad de que la situación en Nicaragua forme parte de la agenda de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre. Organizaciones firmantes Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS Bolivia Oficina Jurídica para la Mujer Brasil Conectas Direitos Humanos Chile Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas (Humanas) Ecuador Fundación Paz y Esperanza México Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC Nicaragua Asociacion de Mujeres para la integracion de la familia en Nicaragua (AMIFANIC) Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto (C28LAC) Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) Centro de la Mujer ACCION YA (ACCION YA) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) CIFEM Nicaragua (CIFEM) Coordinadora Civil Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ Nicaragua) Diálogo por la Democracia Frente Amplio por la Democracia (FAD) Fundación del Rio (FDR) Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC SOS) fundacion para la promocion de las mujeres y la niñez (FUNDEMUNI) Fundacion para la Promociony (Fundemuni) Fundacion PopolNa Grupo Cocibolca Grupo de Solidaridad Arenal (GRUDESA) Iniciativa Nicaragüense de Derechos Humanos de las Mujeres (IN-Defensoras) Liderazgo Juvenil Nicaragüense somos (LJN) Movimiento 19 de abril/Masaya Movimiento Autonomo de Mujeres (MAM) Movimiento Campesino Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Plataforma en Defensa del Agua y la Vida (Plaforna del Agua) Yamlet Mejia Palma (YMP) Perú Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) Paz y Esperanza Venezuela Civilis Derechos Humanos Acción Solidaria Regional Asociación Interamericana Para La Defensa Del Ambiente (AIDA) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality) Mujeres LIbres COLEM, AC Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe Internacional Centro de Derechos Reproductivos Asociadas por lo Justo (JASS Mesoamérica) Contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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