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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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En la Aldea Mïratu, los Juruna lloran la muerte de Jarliel
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El financiamiento climático avanza, pero falta ambición
La vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), realizada en Marrakech, Marruecos, permitió avances en cuanto al financiamiento que los países en desarrollo necesitan para afrontar los impactos de los cambios extremos en el clima. Sin embargo, las decisiones en ese rubro no fueron lo suficientemente ambiciosas. Contar con recursos económicos suficientes y predecibles es fundamental para planificar y ejecutar actividades de mitigación y adaptación. La COP22, la primera conferencia tras la puesta en vigencia del Acuerdo de París, sirvió para comenzar a establecer los procedimientos para implementar el nuevo pacto global adoptado en la COP21 de París, en diciembre del año pasado. “El encuentro mandó además un mensaje político al mundo: los compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París se mantienen por encima de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuyo vencedor desconoció la existencia del cambio climático”, señala Andrea Rodríguez, abogada de AIDA y quien participó como miembro de la sociedad civil en la conferencia mundial en Marrakech. Financiando la lucha contra el cambio climático En materia de financiamiento, componente clave de la lucha contra el cambio climático, se dieron avances importantes. Uno de ellos fue que los países en desarrollo presentaron una hoja de ruta, un plan para movilizar 100 mil millones de dólares a partir del 2020, compromiso contemplado ya por el Acuerdo de París. Aunque el plan es válido, las acciones de los países deben ser más ambiciosas para lograr la meta financiera y garantizar que los recursos económicos estarán disponibles cuando sean requeridos. Por otro lado, en la COP22 se hicieron recomendaciones al Fondo Verde del Clima, el mayor mecanismo financiero para canalizar recursos económicos hacia programa y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Se esperaba que las recomendaciones vayan más en línea con el Acuerdo de París y con instrumentos de planeación adoptados bajo las Naciones Unidas. No obstante, fueron más en el sentido de incrementar el acceso directo al financiamiento y continuar apoyando la preparación de los países para que sus propuestas sean aprobadas con mayor facilidad. AIDA, junto con sus aliados, organizó dos eventos paralelos a la conferencia para analizar los avances alcanzados al momento en torno al Fondo desde la perspectiva de varios de los actores involucrados en el proceso. Los panelistas enfatizaron la necesidad de fortalecer capacidades a nivel nacional para que las propuestas de financiamiento presentadas ante el Fondo sean planificadas y diseñadas con base en las necesidades prioritarias de cada país. En ese contexto, se abordó también la importancia de fortalecer el rol de los actores no gubernamentales en la toma de decisiones para que las mismas resulten en propuestas más integrales y legítimas. En las dos semanas de negociación, hubo incertidumbre sobre la continuidad del Fondo de Adaptación. La decisión adoptada en el tema menciona que el Fondo servirá a la implementación del pacto global y su continuidad fue garantizada gracias al aporte de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Suecia) por 81 millones de dólares. Finalmente, en cuanto al financiamiento a largo plazo, se decidió priorizar la movilización de recursos públicos y garantizar apoyo financiero para acciones de adaptación, con una mayor participación del sector privado. Lo que se esperaba eran nuevos compromisos financieros para el periodo posterior al 2020, pero ello no ocurrió.
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Seminario virtual "Rumbo a la 15ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"
Del 13 al 15 de diciembre, se celebrará la 15ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) en el Estado Insular de Samoa. En esa oportunidad, la Junta tiene previsto aprobar nuevas propuestas de programas y proyectos a ser financiados por el Fondo. Adoptará además una serie de decisiones que le permitan mejorar la operación de la institución financiera. En este seminario virtual, miembros de entidades acreditadas ante el FVC, del Secretariado del Fondo y de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la que será la última reunión de la Junta del 2016. Grabación Presentaciones Resumen Consúltalo AQUÍ.
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