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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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El invaluable legado de Douglas Tompkins
El pasado 8 de diciembre, la Patagonia —uno de los últimos lugares prístinos del planeta— vio partir a uno de sus protectores: Douglas Tompkins. A los 72 años, el multimillonario y gran conservacionista perdió la vida en un accidente. Mucho se ha dicho del excéntrico hombre que vendió las empresas que lo hicieron rico y lo dejó todo para emprender un proyecto ambicioso de conservación en Chile y Argentina. Fue visto con recelo cuando comenzó una frenética compra de tierras en el cono sur con el único objetivo de protegerlas. Tompkins pensaba que la conservación efectiva debía ser "grande, salvaje y conectada". Por ello apostó a crear grandes parques nacionales que fueran protegidos aun en su ausencia. Su metodología consistía en adquirir grandes extensiones de tierra, quitar cercos y recuperar ecosistemas para protegerlos permanentemente. Sin cercos, la vida silvestre se mueve libremente, lo que es fundamental para su prosperidad. El plan de conservación A poco más de un mes de enviudar, Kris McDivitt, esposa de Tompkins por 20 años, se reunió con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet para ofrecerle la donación de más de 400 mil hectáreas de tierra en la Patagonia chilena, incluyendo millones de dólares en infraestructura. Con ello busca concretar el último de los grandes proyectos de la pareja en Chile: la creación de una red de parques en la Patagonia. Pero los regalos de los Tompkins vienen condicionados: por cada hectárea que reciben, los Estados deben proteger otras tantas. A cambio de la donación póstuma en Chile, por ejemplo, al Estado se le pide crear nuevos parques nacionales sumando propiedades fiscales a las tierras donadas, ampliar parques nacionales existentes y reclasificar cuatro reservas nacionales. Se espera que las negociaciones concluyan en 2018. Si resultan, se crearía la red de parques nacionales más importante de Chile. En Chile, ya fue donado el Parque Corcovado en la Patagonia y el Yendegaia, compuesto de 38 mil hectáreas al sur de Tierra del Fuego. Además, está en proceso de ser entregado el parque Pumalín, que junto al Corcovado sumarán 600 mil hectáreas en la Patagonia, de las cuales 500 serían donadas por los Tompkins. Protección en Argentina En Argentina, Tompkins también donó tierras, entre ellas las ubicadas en la provincia Entre Ríos, donde inició un proyecto de recuperación de suelos, implementando cultivos orgánicos con alta diversificación para revertir el daño del monocultivo industrial. La Patagonia Argentina también recibió su protección con una donación de tierras al Parque Nacional Monte León (66 mil hectáreas) y al Parque Nacional Perito Moreno (15 mil hectáreas). El último proyecto en ese país culminó el diciembre pasado cuando el Estado argentino recibió a Kris Tompkins para aceptar la donación de 150 mil hectáreas de terreno en los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del planeta. Esa superficie, sumada a las 50 mil hectáreas donadas antes y a las 500 mil que ya son parte del Parque Iberá, crearán una de las reservas más grandes del país. ¡Patagonia sin Represas! Además de contribuir a la creación de parques nacionales, Tompkins apoyó el activismo de grupos conservacionistas en la Patagonia. Una de las iniciativas patrocinadas fue la campaña Patagonia sin Represas. Ésta logró poner freno al proyecto HidroAysén, el cual pretendía construir cinco megarepresas en los ríos Baker y Pascua, los dos ríos libres más caudalosos del país, ubicados en el corazón de la Patagonia. Cuentan testigos que el lema “¡Patagonia sin represas!” se escuchó muy fuerte entre los asistentes al entierro luego de que el último puñado de tierra fue arrojado sobre la tumba de Doug. A finales de los 90, cuando la compra de tierras en Chile y Argentina llegaba a su pico, Tompkins fue acusado de comprar barato y desplazar a los habitantes de la zona, dejándolos sin trabajo. Luego las acusaciones se pusieron más sofisticadas: se le acusó de comprar tierras para crear un nuevo estado Sionista, de ser espía de la CIA o de buscar adueñarse del agua para exportarla a lugares con sequía. Muchos vieron su labor con sospecha. Quizás les resultaba difícil creer que alguien invierta sumas multimillonarias con el solo objetivo de preservar la perfecta armonía natural que nos rodea. Cualquier acusación era más válida que dar crédito a su única intención: comprar tierras para evitar su explotación y entregarlas al Estado, no a cambio de dinero, sino de compromisos de protección. Digan lo que digan, y sean cuales sean los reparos de sus detractores, en la práctica, el legado que Douglas Tompkins dejó a la humanidad es gigantesco. Conservó más tierras que ninguna otra persona en la historia de Chile y Argentina. Su obra se traduce en manchones verdes en los mapas de la Patagonia. Por ello le estaré eternamente agradecida. ¡FELICITACIONES DOUG Y MUCHAS MUCHAS GRACIAS!
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Indígenas piden intervención del Papa Francisco para frenar hidroeléctrica Las Cruces
En una carta entregada en la Nunciatura Apostólica, comunidades indígenas y ribereñas afectadas por el proyecto ubicado sobre el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, solicitan que el pontífice interceda por ellas ante el Gobierno durante su visita al país. Denuncian impactos graves en los derechos humanos y el ambiente de ejecutarse el proyecto. Ciudad de México, México. Con motivo de la visita del Papa Francisco al país, comunidades indígenas y ribereñas de Nayarit escribieron una carta pidiendo que el pontífice interceda ante el Presidente Enrique Peña Nieto para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital. La ejecución del proyecto, denuncian, pone en riesgo sus medios de vida, cultura y Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes de México. La carta fue entregada en la sede de la Nunciatura Apostólica. “…solicitamos respetuosamente a Vuestra Santidad que durante su visita al país interceda por nosotros ante el Presidente Enrique Peña Nieto para que su Gobierno impida las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas y ribereñas en nombre del desarrollo, y desista de llevar adelante el proyecto hidroeléctrico Las Cruces por los impactos de éste en las personas y el ambiente”, se lee en la carta. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica. “Lo hizo sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto: Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir las autorizaciones”, dijo Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los indígenas celebran y recuerdan que en su Carta Encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco reconoce el aporte esencial de las comunidades indígenas a la promoción y cuidado de los recursos naturales y la cultura. “El río San Pedro no sólo es parte de nuestra vida, sino también fundamento de nuestra espiritualidad; todo su trayecto, cuencas y territorio que atraviesa, son un espacio sagrado para afianzar identidad y valores”, dijo Julián López Cánare, miembro del Consejo Indígena Náyeri, quien entregó la carta. Ese caudal también alimenta a Marismas Nacionales, uno de los humedales más importantes del país, reconocido como Reserva de la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional por la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de ese tipo de entornos. Finalmente, las comunidades indígenas denuncian en su carta que la presión sobre ellas para imponer el proyecto ha ido creciendo mediante detenciones ilegales y hostigamiento por parte del Gobierno, así como por actos que simulan una consulta previa, misma que no puede ser tal si el proyecto ya fue autorizado. “Su Santidad, esperanzados en el poder de su intercesión, nos despedimos con el deseo ferviente de que su Carta Encíclica Laudato si’ inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de gobiernos, empresas, sociedad civil y en la mentalidad de cada prójimo, con miras a construir un mundo más justo, más humano y realmente sostenible”.
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AIDA celebra la decisión de la Corte Constitucional que protege páramos de Colombia
El pasado lunes, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión de la Corte Constitucional de Colombia que prohíbe la minería en los páramos de ese país. El fallo, que declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es vital para la preservación de las fuentes de agua dulce, y debe servir como ejemplo a otros países en la región. Si bien solo ocupan el 1.7 por ciento del territorio nacional, los páramos colombianos proveen el 70 por ciento de su agua dulce. Estos ecosistemas sensibles son reservas estratégicas para la biodiversidad, y actúan como sumideros de carbono vitales para mitigar el cambio climático. AIDA y sus organizaciones asociadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La determinación de la Corte hace justicia a los ecosistemas de agua dulce y a las comunidades que dependen de ellos en Colombia. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán, del que dependen miles de personas del área metropolitana de Bucaramanga. AIDA ha trabajado de cerca con socios locales para defender ese ecosistema de proyectos extractivos y apoyar a las comunidades afectadas. AIDA insta al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a hacer efectivo cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los impactos de la minería a gran escala.
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