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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Leer más¡Feliz Día Mundial de los Humedales para la Bahía de Panamá!
Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Para el Humedal Bahía de Panamá, el festejo comenzó mucho antes. El 23 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de ese país declaró legal la norma que crea el Refugio de Vida Silvestre Bahía de Panamá. Así, se puso fin a casi cuatro años de incertidumbre sobre la condición jurídica de este importante sitio ecológico y se marcó un precedente de protección ambiental en la región. El Humedal Bahía de Panamá es un ecosistema rico en biodiversidad, lugar de anidación de aves y hábitat para muchas especies. Se estima que de ahí proviene al menos 60% de la pesca panameña. Sus manglares protegen a la costa de la erosión causada por el oleaje y son una barrera contra fenómenos naturales como tornados y huracanes. Además, el sitio es un “Humedal de Importancia Internacional” bajo la Convención Ramsar y es reconocido especialmente como hábitat de aves acuáticas. Conscientes de esta importancia, muchas organizaciones —entre ellas AIDA, CIAM y MarViva— han trabajado para asegurar la protección del humedal en beneficio de presentes y futuras generaciones. La denuncia que motivó este caso fue presentada por un particular en 2012, pero los hechos relacionados con el mismo se remontan a varios años atrás. Resumo los principales a continuación: 1989: Panamá firma la Convención Ramsar comprometiéndose a proteger los humedales que por sus características y relevancia deban incluirse en la psta de humedales de importancia internacional. 2003: Panamá incluye en esa psta al Humedal Bahía de Panamá, declarándolo Sitio Ramsar por su importancia económica para los pobladores del lugar y por sus funciones ecológicas, entre ellas la de ser sitio de descanso para aves playeras migratorias. 2008: Tras visitar el país, una misión de asesoramiento de la Convención Ramsar asegura que la Bahía de Panamá está en pepgro debido a las alteraciones ecológicas causadas por la canapzación de ríos, los drenajes y el relleno de humedales para la expansión urbana. 2009: La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá siguiendo las recomendaciones de la misión, y reconociendo la importancia ecológica y los servicios ambientales del lugar. 2010: La compañía Rosas y Rosas presenta una acción contra la resolución de creación del área protegida argumentando la falta de consulta participativa previa. 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La sentencia de la Corte contiene muchos elementos que sentaron un precedente para el Estado panameño. El desarrollo de la Bahía de Panamá debe ser sostenible y con una visión de largo plazo. Considero que hay dos temas a resaltar del fallo: la importancia del derecho internacional para resolver casos ambientales, y la appcación del principio de no regresión. El derecho internacional: Los Magistrados reafirman los compromisos internacionales que el Estado panameño adquirió al ratificar la Convención Ramsar. Uno de ellos es promover el uso racional de todos los humedales mediante la normativa adecuada. La sentencia cita jurisprudencia de otros países como Costa Rica en la que se ha establecido la prioridad del uso racional y la preservación de las áreas protegidas. 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