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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Pesca responsable: Garantía de alimento para esta y futuras generaciones
Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA ¡Qué delicia comer un cebichito peruano! ¡O pescado frito acompañado de patacones! Me declaro culpable: ¡Me encantan los mariscos! Por eso mismo, uno de los proyectos con el que más me identifico del Programa de Protección Marina de AIDA es la publicación Herramientas para la pesca sostenible y el manejo costero. Y es que, al igual que yo, más de 4.2 billones de personas consumen 15% de proteína en forma de mariscos. De ahí la importancia de implementar medidas para la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad marina. Luego de una investigación de más de diez años, AIDA ha desarrollado una compilación de once capítulos en la que se analiza la situación actual de los mares y las causas de la crisis de las pesquerías (las explotaciones pesqueras o pesquerías son los esfuerzos organizados para capturar peces u otras especies acuáticas mediante la pesca). La publicación presenta elementos que ayudarían a limitar tal efecto, así como casos de estudio de derecho comparado y un análisis de las obligaciones internacionales que tienen los Estados para proteger y conservar los mares y su biodiversidad. Los marcos regulatorios en ese ámbito también son objeto de estudio. En algunos capítulos se abordan los distintos instrumentos regulatorios usados para controlar el esfuerzo pesquero en diferentes países del mundo. Entre ellos están los programas para reducir licencias vigentes de barcos, aquellos para decomisar barcos, los de reentrenamiento de pescadores, y los de reducción del tiempo de lance (tiempo en el que permanece un arte pesca en el mar). Se menciona específicamente el fenómeno de la “captura incidental” (cuando la captura no discrimina entre las especies objetivo de las que no lo son), y se formulan algunas recomendaciones para reducir esa práctica dañina. Por otro lado, un capítulo de la publicación examina la figura de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y explica sus beneficios como herramienta de conservación. Hace referencia a las categorías de AMP conforme a los ecosistemas protegidos y a las clasificaciones de organismos internacionales como UNESCO y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Describe casos de AMP en México, Costa Rica y Brasil. El capítulo contiene medidas de protección de los recursos en alta mar mediante AMP transnacionales y finaliza abordando la diferencia entre áreas protegidas cerradas a la pesca y reservas pesqueras. Dada la magnitud de los impactos de la pesca responsable, la compilación incluye en los últimos capítulos los principales instrumentos económicos que —aplicados y diseñados de manera eficiente— pueden promover la protección, restauración, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Estos instrumentos se dividen en tres categorías: de mercado (certificación de pesca y eco-etiquetado), fiscales (impuestos verdes, derechos y subsidios) y financieros (creación de fondos y préstamos). Los aspectos socio-ambientales del sector pesquero —crucial para una parte importante de la población mundial en términos de generación de empleo, seguridad alimentaria y potencial de superación de pobreza— también encuentran cabida en la publicación de AIDA. En ella se analiza la situación actual del sector, advirtiendo la pobreza que le rodea y las duras condiciones laborales de las personas que trabajan en el mismo. Yo quiero seguir comiendo mariscos y que mi descendencia también pueda tener ese placer libre de remordimientos ¿Usted? En virtud de las luces que la compilación de AIDA arroja sobre el tema, me atrevo a decir que esa meta es posible. Si le gusta nuestro trabajo, ¡apóyenos por favor! Finalmente, Herramientas para la pesca sostenible presenta un análisis sobre la acuicultura en el continente americano: sus impactos, los riesgos que implica para la salud de las personas y los métodos alternativos. Ello se realiza incorporando ejemplos de distintos países de la región y el mundo para ilustrar lo que funciona y lo que no ha sido exitoso. Lo anterior da pie a mencionar también los requisitos mínimos para desarrollar la acuicultura reduciendo sus impactos. Entre ellos están la adecuada zonificación de los proyectos y especies a cultivar, las técnicas apropiadas de alimentación y eliminación de desechos, y el monitoreo y vigilancia de los proyectos por parte de los Estados, entre otros. Adicionalmente, explicamos técnicas novedosas como el policultivo, el cultivo en tierra firma y la certificación ecológica. Todas ellas están siendo investigadas como una alternativa con menos impactos ambientales y humanos.
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