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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Ministerio de Ambiente de Colombia anuncia delimitación del páramo Santurbán, pero sin detallar todos los alcances de la medida
Estando en juego la provisión de agua de millones de personas, urge que la entidad haga públicos los detalles de la delimitación y asegure que en el ecosistema no permanecerán operaciones mineras a gran escala. Bogotá, Colombia. El Ministerio de Ambiente anunció haber decidido ya la delimitación del páramo de Santurbán, del cual depende la provisión de agua para millones de personas en el país. Al margen de algunos aspectos dados a conocer sólo a medios de comunicación, la entidad gubernamental no ha hecho públicos todos los detalles de la medida, entre ellos su extensión real, las coordenadas exactas, las operaciones mineras que permanecerán dentro del ecosistema y las que quedarán fuera. El Ministerio se limitó a informar que el área protegida fue ampliada de 11 mil a 42 mil hectáreas en el departamento de Santander. Sin embargo, según el Atlas de Páramos elaborado por el Instituto Humboldt, ese ecosistema abarca al menos 82 mil hectáreas y se extiende hasta el departamento de Norte de Santander. “No se sabe si el área delimitada cubre la superficie total del páramo, es decir, si abarca ese ecosistema en los dos departamentos; se desconocen sus coordenadas, los títulos mineros que se verían afectados y aquellos que podrían continuar siendo explotados. Tampoco sabemos si existe un borrador escrito de la decisión oficial. Esto parece incompatible con el derecho a acceder a información veraz e imparcial amparado por la Constitución colombiana”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Santurbán abastece de agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Además, como otros páramos, alberga diversidad de flora y fauna y, al capturar el carbono de la atmósfera, ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Conforme a la ley, su delimitación debe definir oficialmente y con claridad el territorio que ocupa para evitar que actividades nocivas como la minería a gran escala lo dañen irreversiblemente. Según el Ministerio, en Santurbán permanecerán aquellas empresas con título minero y licencia ambiental. La entidad señaló que la delimitación afectará sólo a 10 de 29 títulos mineros en la zona, entre ellos los de la empresa canadiense Eco Oro, pero no brindó mayores detalles al respecto. No es posible saber con precisión el alcance de la delimitación en cuanto a la continuidad de la minería en esta “fábrica de agua” sin conocer las coordenadas exactas de la misma. Eco Oro amenazó con recurrir a instancias legales para demandar al Estado colombiano si la decisión final afecta su inversión, presuntamente, con fundamento en el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá. “Los colombianos no deben pagar a una empresa por haber invertido donde no debería y mucho menos si amenaza sus aguas. La legislación colombiana prohíbe la minería en páramos. Exigimos a Eco Oro que respete el derecho al agua de la población colombiana en lugar de proferir amenazas legales para proteger su inversión”, sostuvo Jennifer Moore, de MiningWatch. “Eco Oro no solamente viola el derecho colombiano en relación con la minería en páramos. El proyecto no es consistente con los estándares sociales y ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la institución que lo financia. Creemos que la investigación en curso ante la instancia independiente de reclamaciones de la IFC confirmará nuestro análisis”, aseveró por su parte Kristen Genovese, del Center for Research on Multinational Corporations (SOMO). Según el Ministerio, la delimitación no será adoptada inmediatamente y su aplicación todavía no tiene fecha. “La participación de la ciudadanía durante el proceso de delimitación no ha sido apropiado; no sabemos, por ejemplo, si el Ministerio implementó con rigor los estudios técnicos provistos por el Instituto Humboldt. Tampoco se sabe mucho sobre la metodología de la socialización”, dijo Miguel Ramos, del Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. “No se conoce cuál será el manejo para la protección de los ecosistemas de bosque alto y medio andino o bosques de niebla, localizados entre los 2,200 y 2,600 metros. Estos son vitales para la interacción ecosistémica y la regulación hídrica. Precisamente, allí se encuentra instalada la empresa Aux Gold, que pretende realizar minería subterránea con una estrategia similar a la que quiere desarrollar la Eco Oro”, resaltaron líderes del Comité. A la fecha, más de 19 mil personas han firmado la petición para que el Gobierno colombiano proteja el agua de Santurbán con base en criterios científicos. El gobierno recibió 16 mil de esas firmas en noviembre de 2013. Organizaciones y ambientalistas también le solicitaron definir adecuadamente las fronteras del páramo. La delimitación de Santurbán marcará el camino para similar tarea en el resto de los páramos del país. Colombia posee la mitad de los páramos del mundo y de ellos depende la provisión de agua para el 85% de su población. En ese sentido, la decisión al respecto debe tomar como referente mínimo el área prevista en el Atlas de Páramos del Instituto Humboldt y en todo caso, los estudios técnicos a escala 1:25:000 de esa entidad. “Si se delimita adecuadamente el páramo de Santurbán, se creará un precedente importante para la protección de todos los páramos. Esto marcaría el camino, dando un paso más hacia el respeto del derecho al agua de los colombianos”, afirmó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). AIDA, CIEL, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, MiningWatch Canadá y SOMO —como organizaciones aliadas— piden a Eco Oro abstenerse de usar amenazas legales para influenciar previamente la delimitación de Santurbán y al Gobierno de Colombia ofrecer información completa, veraz e imparcial sobre el proceso y sobre la decisión final del mismo.
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Agua e identidad de los pueblos
Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka “El agua no se niega”. La frase resume uno de los valores que me inculcó mi abuela Piedad, quien a su vez lo recibió de sus familiares en Diriomo (Granada, Nicaragua), su ciudad natal. Es muy común escuchar esa expresión en los poblados del país. Podría decirse que es parte de nuestra identidad. El agua y otros recursos naturales han sido vitales para la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, para la formación de su cultura e identidad. Las grandes civilizaciones crecieron asentadas a lo largo de grandes fuentes de agua como ríos, lagos y lagunas. La civilización egipcia, por ejemplo, se extendió a lo largo de la cuenca del gran río Nilo y la gran ciudad de Tenochtitlán, el corazón del pueblo Mexica, se asentó en el lago de Texcoco, México. Tomando en cuenta esos antecedentes, en el año 2006, el Día Mundial del Agua fue dedicado a la relación entre “Agua y Cultura”, promoviendo la idea de que ambos elementos son indisociables de la vida humana: “La forma en que el agua es utilizada y valorada constituye un aspecto inherente a la identidad cultural de una sociedad”. Agua y sitios sagrados El agua es el espacio vital de los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares y otras—, ecosistemas clave para la conservación del ambiente y la supervivencia de la humanidad. El Grupo de Trabajo sobre Cultura y Humedales de la Convención de Ramsar describió los componentes básicos de los valores culturales de los humedales. Entre ellos destacan: el asentamiento (paisajes culturales, sitios del patrimonio cultural, importancia arqueológica, asentamientos contemporáneos e infraestructura) y los conocimientos, sistemas de creencias y prácticas sociales (investigación científica, educación, y conocimientos tradicionales, con inclusión de idiomas/dialectos y tradiciones orales, espiritualidad y sistemas de creencias, expresión artística). Un ejemplo de lo anterior es el Parque de los Humedales de Xixi, ubicado cerca de la ciudad de Hangzhou (China), en el delta del río Yangtze. “Existen evidencias de una cultura relacionada con los humedales que se remonta a aproximadamente 5.000 años. Durante la dinastía Dong Han (223 AC), los budistas se reunían para beber el agua de Xixi, y poco después se construyeron templos en el emplazamiento. Desde la dinastía Tang (618 DC) en adelante, la belleza y la naturaleza de Xixi quedaron reflejadas en los escritos de eminentes poetas”, se lee en la ficha informativa de Ramsar sobre los valores culturales de los humedales. Asimismo, en México, existen actualmente muchas fuentes de agua que tienen una enorme carga simbólica y cultural para los pueblos indígenas y que, pese a ello, se encuentran amenazadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos. Una de ellas es el río San Pedro Mezquital, en Nayarit, cuya cuenca alberga 14 sitios sagrados y ceremoniales de los pueblos indígenas, mayoritariamente Náyeri o Cora. Uno de esos sitios la Muxatena, una formación rocosa de singular belleza y sede de la fiesta de San Juan cada 24 de junio. AIDA realiza una intensa campaña para evitar la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces sobre el caudal del San Pedro Mezquital. Entre otras consecuencias, el proyecto dañaría irreversiblemente ese centro ceremonial. Agua, mitos y leyendas La tradición oral de nuestros pueblos —cuentos, mitos y leyendas— guarda intrínseca relación con los cuerpos de agua. ¿Quién no recuerda la famosa leyenda de la llorona, una mujer que recorre la ribera de los ríos en busca de su hijo? A lo largo de América Latina se hace referencia a un personaje mítico denominado “La Madre del agua”, mujer que surge de las aguas transformada en animal o en una especie de ninfa. Según la mitología cubana, donde habitara dicha figura jamás se secarán las fuentes de agua. En la región amazónica, esa mujer es conocida como la Tucumana, un monstruo acuático más grande que una anaconda que actúa como protectora del caudaloso y profundo río Amazonas. Agua y tradiciones En Nicaragua, un país con una extensa red hidrológica, muchas de sus tradiciones están vinculadas con el agua. Cada Semana Santa, en las aguas del Lago Cocibolca, la mayor fuente de agua dulce del país, se realiza el tradicional vía crucis acuático. En él, más de 20 lanchas decoradas con elementos de la Judea, frutas y flores tradicionales de la época recorren el lago bordeando las conocidas “Isletas de Granada” como muestra del fervor religioso y la identidad de quienes viven en las isletas del lago o en sus alrededores. Además, a finales del mes de octubre, en la Ciudad de Masaya, se celebra la fiesta de los Ahuizotes, vocablo de origen náhuatl que significa “Espantos (fantasmas) cerca del agua”. De ella participa un enorme grupo de personas que, disfrazadas de personajes de leyendas, recorren el pueblo asustando a la gente. Todo lo señalado hasta ahora evidencia el fuerte nexo entre el agua y la cultura e identidad de los pueblos. En ese sentido, la defensa del ambiente representa también la defensa de nuestra identidad como pueblos. Así, no me cansaré de decir siempre con orgullo que soy nicaragüense, nacida en la tierra de lagos y volcanes.
Leer másAbusos judiciales en Brasil, cuestionados en el aniversario del golpe militar
Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe información que cuestiona el uso que el Estado hace de instrumento legal de la época de la dictadura. Washington, D.C. Conmemorando el 50 aniversario del golpe militar en Brasil, representantes de la comunidad brasileña y sus defensores legales cuestionaron la administración de la presidenta Dilma Rousseff por el uso flagrante de un mecanismo legal que data de la dictadura en ese país (1964-1985) en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los participantes de la audiencia alegaron que ese mecanismo permite que los presidentes de tribunales superiores en Brasil revoquen arbitrariamente decisiones legales que protegen el ambiente y los derechos de pueblos indígenas y ancestrales amenazados por poderosos intereses económicos. Conocida como “Suspensión de Seguridad” (“Suspensão de Segurança”), este artificio legal le permite al gobierno federal solicitar la suspensión de decisiones judiciales con base en supuestas amenazas a la seguridad nacional y al “orden social y económico” del país. El mecanismo ha sido utilizado en particular para suspender demandas que favorecen el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; lo que ha permitido que proyectos controversiales como la represa hidroeléctrica Belo Monte continúen pese a que violan la Constitución brasileña y convenios internacionales. Las decisiones basadas en la “Suspensión de Seguridad” no pueden ser apeladas hasta la fase final de apelaciones en la corte, bloqueando efectivamente el debido proceso legal y allanando el camino para que megaproyectos controversiales avancen como hecho consumado. El líder indígena Josias Munduruku, representante de una de las tribus más grandes que aún quedan en la Amazonía, viajó a la audiencia para denunciar los planes de Brasil para construir un complejo de proyectos de megarepresas en el río Tapajós y sus afluentes, el cual amenaza con traer impactos devastadores a sus tierras y sustento. “Estamos sufriendo las consecuencias de las represas que se están construyendo en cinco de nuestros ríos”, dijo Josias. “Los fiscales federales presentaron una demanda para detener las represas en el Tapajós, pero el gobierno anuló la decisión del tribunal utilizando la Suspensión de Seguridad, permitiendo que los proyectos continúen a pesar de que no fuimos consultados.” La jueza federal Célia Bernardes reflejó estas preocupaciones al hablar en nombre de la Asociación Jueces para la Democracia, cuya decisión sobre la ausencia de consultas previas a los Munduruku y a otros pueblos indígenas fue anulada por la “Suspensión de Seguridad”, lo que posibilitó que los polémicos proyectos de represas avancen en violación de la ley. Durante la audiencia, representantes del Gobierno brasileño argumentaron que la Suspensión de Seguridad ha sido usada sólo para defender el interés público, incluyendo el de los pueblos indígenas. Sin embargo, no se hizo mención de los casos específicos planteados por los delegados. La jueza Célia Bernardes contrarrestó el argumento del gobierno al afirmar que “la Suspensión de Seguridad se diferencia de otras herramientas legales ya que permite que el presidente de un tribunal regional anule sentencias basándose exclusivamente en argumentos políticos y económicos, sin considerar opiniones judiciales.” “Al emplear criterios amplios y subjetivos, la Suspensión de Seguridad viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y destruye cualquier posibilidad para la protección efectiva de los derechos humanos en el sistema judicial brasileño”, dijo Alexandre Andrade Sampaio, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “La Suspensión de Seguridad es una violación flagrante a los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención.” “La Suspensión de Seguridad es un remanente terrible de la dictadura militar en Brasil que impide al poder judicial actuar de manera independiente e imparcial”, afirmó Eduardo Baker, abogado de Justiça Global. “Cuando se trata de megaproyectos directamente vinculados a una política estatal para el crecimiento económico, el sistema judicial brasileño ha sido utilizado para negar, o simplemente pasar por alto, los derechos de las poblaciones afectadas.” La audiencia ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos hace eco de otra denuncia oficial, hecha el 10 de marzo en el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, sobre el uso sistemático que el Gobierno brasileño hace de este instrumento jurídico en detrimento de las comunidades afectadas por megaproyectos. La audiencia fue solicitada por las organizaciones Justiça Global, Justiça Nos Trilhos, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Terra de Direitos y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH). Descargue el documento de la sociedad civil presentado en la audiencia (en portugués). Vea el video de la audiencia (español/portugués).
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