Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
Carta sobre detención del defensor de derechos humanos y del ambiente Marco Antonio Suástegui Muñoz
En una carta, 57 organizaciones y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos y del ambiente expresan su profunda preocupación por la detención del señor Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) el pasado 17 de junio, por parte de miembros de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Hacemos un llamado para que el Estado mexicano tome medidas urgentes y efectivas para garantizar los derechos humanos del señor Suástegui y el adecuado ejercicio de la importante labor que éste realiza en defensa del río Papagayo. En particular, consideramos fundamental que el Estado: Tome medidas para que las autoridades competentes garanticen el derecho de defensa y debido proceso del señor Marco Antonio Suástegui, y se revoque cualquier acto en el marco del procedimiento de detención y posteriores traslados que adolezca de ilegalidades, Tome medidas para garantizar su integridad física y psíquica, y Tome todas las medidas necesarias para garantizar la labor de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente que lleva a cabo Marco Antonio Suástegui, y asuma una posición activa evitando cualquier acto que obstaculice el proceso de defensa del río Papagayo.
Leer másMás de 49,000 firmas respaldan la defensa del río San Pedro Mezquital frente al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit
Las firmas fueron entregadas a la SEMARNAT. Pueblos indígenas y comunidades ribereñas esperan que esa entidad niegue el permiso ambiental a un proyecto que pone en peligro su economía y cultura. Distrito Federal, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recibió las más de 49,000 firmas que le piden negar el permiso ambiental para el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. El proyecto es cuestionado porque amenaza la economía y la cultura de pueblos indígenas y comunidades ribereñas. De las firmas entregadas, más de 37,000 respaldan la petición ciudadana que circuló en internet a través de Change.org. Las otras 12,000 fueron recabadas de forma física entre grupos comunitarios de Nayarit. Este respaldo a la defensa del río San Pedro Mezquital, en cuyo cauce se pretende construir la hidroeléctrica, se suma a una serie de argumentos sólidos sobre la inviabilidad del proyecto. El documento que evalúa sus impactos ambientales ha sido cuestionado por expertos nacionales e internacionales. El Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó, por ejemplo, que el mismo “carece de rigor”. Además, los pueblos indígenas de la zona no fueron consultados sobre el proyecto con bases en sus usos y costumbres. Otro punto en contra es la ineficiencia de la hidroeléctrica, la cual estaría sin operar el 63% de su vida útil y generaría menos del 1% de la demanda de energía de la región Centro Occidente para el 2026. El próximo 24 de junio, como cada año, los indígenas Cora celebrarán el Día de San Juan en el río San Pedro y junto a La Muxatena, importante sitio sagrado y centro ceremonial. “Ése y otros sitios serán afectados por el proyecto; nuestra vida espiritual está ligada al río”, manifestó Marcelina López, indígena mexicanera y representante del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Sandra Moguel, abogada de AIDA, recordó que de ejecutarse el proyecto “la sedimentación causada por bloquear el curso natural del río dañará Marismas Nacionales, uno de los mayores sistemas de humedales de México, un sitio prioritario para la biodiversidad amparado por tratados internacionales”. “Los ingresos económicos de miles de personas —agricultores, ganaderos, pescadores, prestadores de servicios turísticos y comerciantes— dependen de que Marismas Nacionales y el río San Pedro Mezquital mantengan sus condiciones de existencia intactas”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín, zona ubicada en la desembocadura del río. Con la entrega de las 49,000 firmas se busca que la SEMARNAT tome una decisión favorable al ambiente y a las personas, una como la adoptada recientemente cuando rechazó el permiso ambiental para el proyecto turístico Cabo Dorado, el cual ponía en peligro el arrecife de coral Cabo Pulmo y el abastecimiento de agua de los habitantes del lugar.
Leer más
¡Tres historias exitosas y esperanzadoras!
Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La semana pasada fue inolvidable para el movimiento ambiental en América Latina. Recibimos tres grandiosas noticias desde Chile, Paraguay y México que nos hicieron llorar de emoción. Aunque muchos están al tanto, quiero dedicar este post a esas historias de éxito que son una brisa de esperanza. Lo hago en honor de queridas y queridos colegas a quienes he visto trabajar sin descanso para lograr esos avances. A cada una de esas personas, GRACIAS por las lecciones aprendidas y por demostrarnos que sí podemos alcanzar los cambios necesarios. ¡Ríos libres en la Patagonia chilena! El 10 de junio, el Comité de Ministros de Chile rechazó el proyecto HidroAysén, con el cual se buscaba construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La decisión puso fin a 35 acciones presentadas contra la autorización del proyecto, 34 por la ciudadanía y una por la empresa. Así termina, por ahora, una controversia de más de ocho años sobre la viabilidad o no de represas en una zona única en belleza, biodiversidad, reservas de agua dulce y bosques. Para quienes trabajamos en la protección de los ríos y en la búsqueda de alternativas a su represamiento y destrucción, la experiencia del grupo de organizaciones y ciudadanos Patagonia Sin Represas ha sido ejemplar. Al proyecto se opusieron primero las comunidades de Aysén, región de la Patagonia. A ellas se unieron organizaciones chilenas e internacionales creando una increíble coalición de aproximadamente setenta organizaciones. La causa contagió a todo al país y al mundo. El gobierno rechazó el proyecto al concluir que sus impactos negativos no habían sido adecuadamente evaluados. En particular, no se evaluaron los cambios en los ríos y en la fauna de la región. De haberse ejecutado HidroAysén, el hogar del ciervo huemul, emblema nacional y uno de los preciosos animales que habita la zona, habría sido gravemente afectado. Según el Ministro de Ambiente Pablo Bardenier, la decisión demuestra que el gobierno toma en serio la evaluación de impactos ambientales y que “hay una institucionalidad ambiental que funciona, que va a seguir funcionando y que da garantías a todas las partes reclamantes”. Se trata de un gran mensaje sobre el cumplimiento de las normas y la seguridad que tanto necesita nuestra región. ¡La lucha no ha sido fácil, pero sí exitosa! Patagonia Sin Represas demostró que la ciudadanía es poderosa y fuerte con argumentos legales y científicos sólidos, y con una estrategia de comunicación efectiva. Evidenció que construir cinco represas y una inmensa infraestructura de tendido eléctrico en la Patagonia chilena era un error garrafal para el ambiente y el desarrollo del país. Demostró que hay formas más efectivas de conseguir energía. El seguimiento a las acciones también es necesario pues no es la primera victoria que Aysén consigue ante amenazas de fuerte impacto ambiental. AIDA trabajó hace más de diez años para proteger esa región de la construcción de Alumysa, una inmensa planta de aluminio que hubiera causado importantes impactos ambientales y sociales. Dicho proyecto también fue evitado. ¡No fracking en Cuetzalan! Cuetzalan es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra de Puebla, México. Es famoso por su mercado en el que los domingos se ofrecen productos de la región como vainilla, café y pimienta. Allí se quiere implementar un proyecto de fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas). La semana pasada, la empresa mexicana PEMEX reconoció que el Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuetzalan solo autoriza actividades de microindustria y pequeña industria. Por tanto, el fracking no es una actividad permitida. La noticia es positiva dados los impactos del fracking en el ambiente y la salud humana, los cuales incluyen la grave contaminación del agua dulce y el aumento en el riesgo de terremotos. El proyecto aún no ha sido cancelado. Es solo un paso del largo camino que las personas de Cuetzalan comienzan a transitar. Hasta ahora van bien. Esperamos que PEMEX y el Gobierno nacional continúen respetando la decisión del gobierno local de no permitir minería ni fracking en su región. De lo contrario, las consecuencias económicas, sociales y ambientales serían nefastas. ¡Tierra para Sawhoyamaxa en Paraguay! Tras décadas de luchar por la recuperación de sus tierras, la comunidad de Sawhoyamaxa finalmente recibió la ley del gobierno paraguayo que se las restituye. La decisión llegó siete años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyera que Paraguay era responsable por la violación de los derechos de la comunidad al no protegerlos del despojo de sus tierras por parte de colonos. Reconozco que una ley no asegura la recuperación de las tierras. Pero sí es un gran avance en ese proceso y en el cumplimiento de una decisión judicial regional. La ley evidencia la voluntad de un gobierno por restituir los derechos violados en el pasado. Un aspecto a resaltar en cada uno de estos esfuerzos es que el trabajo constante, estratégico y dedicado de personas, comunidades y organizaciones da resultados. Estas historias demuestran una vez más que la defensa inteligente del ambiente es posible cuando hay comunidades comprometidas e involucradas, apoyadas por organizaciones, y que prueban sus posiciones con argumentos científicos y técnicos. Al final, es claro también que gobiernos que conocen las normas y tienen la voluntad política de hacerlas cumplir pueden en efecto hacer una diferencia positiva. Lo mejor de todo es que al final, ¡todos ganamos: las comunidades, los gobiernos y especialmente el ambiente, que es de todos! Monti, Rodrigo, Patricio, Juan Pablo, Sara, Claudia y cada una de las personas que trabajaron y siguen trabajando en estos casos, ¡GRACIAS por darnos esperanza y demostrar que protegiendo el ambiente podemos avanzar exitosamente como sociedad!
Leer más