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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Casi 16,000 personas urgen al Presidente Santos delimitar bien el páramo de Santurbán
En una petición, dirigida a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente, demandan que la definición de las fronteras de ese ecosistema se haga a escala 1:25.000, tal como lo manda la legislación colombiana. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) entregó al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese país, Luz Helena Sarmiento, 15.901 firmas que piden que el páramo de Santurbán sea delimitado con base en criterios científicos, a escala 1:25.000. Santurbán se encuentra entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander. Provee agua a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta. Las firmas recolectadas a través de Change.org se suman al pedido anterior de AIDA y de prestigiosos ambientalistas colombianos para que el Gobierno, en cumplimiento de la legislación nacional e internacional vigente, defina adecuadamente las fronteras del páramo. Así se evitaría que actividades nocivas como la minería de gran escala lo dañen irreversiblemente. Los ecosistemas de páramo son verdaderas “fábricas de agua” que albergan biodiversidad única y contribuyen a mitigar el cambio climático. En Colombia, país con más páramos en el mundo, la delimitación es parte de una exigencia establecida en su legislación. De ahí la relevancia del tema, pues de la manera en la que sea delimitado Santurbán dependerá la del resto de los páramos en el país. La petición promovida por AIDA incluyó una carta dirigida al Presidente Santos y a la Ministra Sarmiento. En ella los firmantes exigen a la ministra reconocer la totalidad del páramo (más de 82,000 hectáreas) en la delimitación, es decir, no sólo la fracción (11,000 hectáreas) declarada Parque Natural Regional. Para ello le solicitan adoptar los parámetros ya establecidos por científicos colombianos y ofrecen argumentos jurídicos que respaldan ese requerimiento. AIDA acompañó las firmas con un documento en el que analizan jurídicamente las razones por las cuales el gobierno debe delimitar totalmente esta área (Documento disponible en línea aquí). “Escuchar el llamado de los miles de firmantes en el hemisferio es una necesidad apremiante porque el riesgo para los páramos derivado de la minería es inminente”, sostuvo Astrid Puentes Riaño, Co-Directora de AIDA. “Delimitar Santurbán a una escala distinta a la que ordena el Plan Nacional de Desarrollo, 1:25.000, es contrario a la ley. Si la ministra delimita el páramo a una escala menos detallada, la decisión podría ser impugnada judicialmente”, agregó. La acción de AIDA se suma a la marcha por la protección del agua y los páramos, convocada por el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán para este 15 de noviembre en Bucaramanga. Consulte la petición y la carta en Change.org. Para ver el documento jurídico de AIDA que explica la delimitación ir aquí.
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¿Qué esperar de las negociaciones en Varsovia?
Por Andrea Rodríguez, asesora legal de AIDA, @arodriguezosuna, y Mónica Valtierra, voluntaria de AIDA Varsovia, Polonia. La movilización de recursos públicos, la intención de los países desarrollados de crear nuevos mecanismos de mercado, y la urgente necesidad de tomar acciones respecto del cambio climático —al margen de seguirlas planificando—, fueron los temas centrales discutidos durante el evento ¿Qué esperar de las negociaciones en Varsovia?, realizado en el marco de la COP19. Bolivia. A criterio de René Orellana, quien lidera la delegación de Bolivia, la COP no debe convertirse en una conferencia de negocios. Dos de los tres días que duró la pre-COP, recordó, fueron dedicados al tema de negocios con el sector privado explicando su rol en la mitigación y adaptación al cambio climático. “La COP intenta vincular mercados con los compromisos financieros y ésa es la forma en la que los gobiernos pretenden hacerlo (…). Además, la transferencia de tecnología es otra de las cosas que planean discutir en Varsovia”, remarcó. Una de las principales preocupaciones a tratar en Varsovia, señaló Orellana, tiene que ver con el Fondo de Adaptación, el cual no cuenta con recursos necesarios para continuar financiando proyectos nacionales ni siquiera el próximo año. Según el representante de Bolivia, los países desarrollados tienden a poner más regulaciones a los países en desarrollo para otorgarles financiamiento. Es necesario erradicar la pobreza para lograr equidad y garantizar el derecho al desarrollo en los países pobres, subrayó. Finalmente, Orellana dijo que es esencial atender en la COP19 los impactos de eventos extremos causados por el cambio climático. Bolivia, detalló, propuso un mecanismo de no mercado llamado "Mitigación Conjunta" para el manejo de los bosques, planteamiento que ya está en las mesas de negociación de la COP. África. Tosi Mpanu Mpanu, representante de África y parte de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático (FVC), remarcó que para la delegación africana, la COP19 representa “la COP del financiamiento” ya que dos de los temas centrales a discutir son el Financiamiento de “Rápido Inicio” y el Fondo de Adaptación. El FVC, agregó, es también un asunto relevante y es necesario que en Varsovia se trabaje para que “se convierta en un fondo operacional lo más pronto posible”. Mali. Su vocero señaló que el grupo africano busca concretar resultados en el área de financiamiento a largo plazo y sobre el Fondo Verde Climático. Respecto del primer punto, dijo que se precisa hacer una valoración del proceso e identificar los recursos que serán utilizados para financiar programas sobre cambio climático después del 2020. Acerca del FVC, destacó la necesidad de clarificar y establecer cuándo serán puestos en circulación los recursos financieros acordados. Filipinas. Yeb Sano, principal negociador de Filipinas en la COP19, apuntó a que en la toma de decisiones se necesita la participación de altos niveles de la política nacional. Los ministros deben decidir y hacerlo teniendo en cuenta que los países en desarrollo no deben ni pueden compartir el financiamiento de igual forma que los países desarrollados, expresó. En otro orden de ideas, indicó que el financiamiento a largo plazo puede ser discutido desde dos aproximaciones: la primera en términos de las decisiones hechas de forma rápida durante el proceso, y la segunda desde una perspectiva en la que las decisiones han sido tomadas sin las bases científicas necesarias y más bien desde un enfoque político. Durante su intervención, Sano, preguntó: “¿Qué pasaría en este año y en 2020?” Ese futuro es una gran preocupación para los países en desarrollo pues es necesario crear un camino y presionar para alcanzar los objetivos hechos a mediano plazo, contestó luego. Hay avances pequeños en el proceso, añadió. Por último, urgió a que las partes definan qué es el cambio climático para lograr acciones tangibles para combatirlo. Jubilee South - Asia/Pacific Movement on Debt and Development. Lidy Nacpil, su coordinadora, habló de las enormes diferencias que existen entre lo que se necesita que ocurra y lo que ya está ocurriendo. Jubilee South, señaló, moviliza la demanda de acciones concretas para reclamar poder y disminuir las inversiones en combustibles fósiles: - Los combustibles fósiles no deben promoverse. La mitigación es un tema que no se discutirá hasta que se cierren los proyectos de combustibles fósiles.
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Contaminantes Climáticos de Vida Corta: una oportunidad para reducir emisiones
AIDA —junto con CEDHA, CEMDA y la RedRacc— elaboró un documento informativo sobre los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) a ser presentado en la 19ª Conferencia de las Partes (COP19) sobre Cambio Climático, evento que se realizará del 11 al 22 de noviembre en Varsovia, Polonia.Los CCVC son agentes que contribuyen al calentamiento global y cuya vida útil en la atmósfera es relativamente breve (entre unos pocos días y unas pocas décadas), a diferencia del CO2, que permanece en la atmósfera durante siglos o milenios después de ser emitido. Se estima que el aporte del CO2 al calentamiento global va del 55 al 60%, mientras que el restante 40 a 45% es consecuencia de la emisión de los CCVC. Estos últimos afectan gravemente la salud humana y la de los ecosistemas, por lo que su reducción traería además importantes beneficios sociales. El hecho de que estos contaminantes permanezcan por poco tiempo en la atmósfera significa que su mitigación traería beneficios en el corto plazo, favoreciendo especialmente a aquellas regiones del planeta que son más vulnerables y que ya se están siendo afectadas por el cambio climático. Por ello la reducción de los CCVC representa una oportunidad que debemos aprovechar en la lucha contra los efectos de este desafío global. El documento informativo que será distribuido en Varsovia explica qué son los CCVC, describe los CCVC más relevantes, expone las razones por las cuales debemos actuar por su regulación y reducción, y ofrece algunas recomendaciones para abarcar el reto. Lee y descarga la hoja informativa
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