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Foto: Paolo Macorig

Cuidando la biodiversidad de México de la minería submarina

La Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México, es escenario de la hazaña migratoria de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías.

La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.

Ese entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en el lugar, están en grave riesgo. En la Bahía de Ulloa, el proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60% de la superficie de la Ciudad de México.

La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento.


Océanos

Admitido Amparo para Proteccion de las Tortugas Baulas, Costa Rica

    PARA PUBLICACION INMEDIATA 30, Marzo 2005 CONTACTOS: Rolando Castro, CEDARENA, (506) 283-7080, [email protected] Anna Cederstav, AIDA (510) 550-6748, [email protected]   ADMITIDO AMPARO PARA PROTECCION DE LAS TORTUGAS BAULAS   SAN JOSE, Costa Rica—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica admitió para su estudio un Recurso de Amparo interpuesto en contra de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Hacienda, adicionando al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la violación del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado de la falta de protección del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB). En su Resolución, la Sala Constitucional solicitó informes a los demandados y suspendió las autorizaciones de las construcciones en el Parque.   El amparo, interpuesto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y sus organizaciones participantes costarricenses, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y Justicia para la Naturaleza (JPN), busca la protección efectiva del PNMB, creado en 1995 con el fin de proteger la anidación de tortugas marinas Baula o Laúd. La demanda se interpuso para impedir construcciones dentro del parque nacional que afectarían el ecosistema en el que estas tortugas anidan.   Las tortugas baula son animales jurásicos, contemporáneos de los dinosaurios y sobrevivientes de la época de las glaciaciones, declaradas internacionalmente como en peligro crítico de extinción. Esta especie requiere de condiciones particulares para la anidación, por lo cual el impacto de los seres humanos en las playas y las luces de las construcciones propuestas tendrían una severa afectación sobre ella.   Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas, que incluye las playas de Carbón, Ventanas, Langosta y Playa Grande, constituyéndose en la zona más importante de anidación de esta especie en el Océano Pacífico Oriental. De hecho, el 80% de las tortugas baula que anidaron en Costa Rica entre el 2001 y 2002 lo hicieron en el PMNB. Otras playas de anidación en Costa Rica ya han sido destruidas, como Flamingo y Tamarindo, por la falta de planificación.   “Buscamos evitar que pase lo mismo en el Parque Marino Las Baulas,” afirmó Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA. “Costa Rica tiene una oportunidad importante para proteger esta especie que es patrimonio de la humanidad, además de ser un valioso recurso económico para el país.”   La Procuraduría General de la República, en un informe del 2004, exhortó a las autoridades a abstenerse de autorizar construcciones en el Parque, dada la fragilidad de las baulas. Sin embargo, esta recomendación no se ha cumplido hasta el momento, ni las autoridades han acatado sus funciones. La Municipalidad de Santa Cruz debe velar por los intereses locales y la protección del ambiente de su jurisdicción. LA SETENA, por su parte, debe velar para que los proyectos que se construyan en áreas ambientalmente frágiles como las áreas protegidas, no causen impactos negativos en estas. El MINAE debe expropiar los terrenos necesarios para consolidar el Parque y el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de destinar los recursos necesarios para realizar las expropiaciones.   Las ONGs interpusieron el recurso de amparo debido al incumplimiento de estas obligaciones. Además, para evitar el daño irreparable que las construcciones pueden causar, mientras se realizan los procesos de expropiación. “La suspensión de las obras y de los permisos envía un claro mensaje a la SETENA y a la Municipalidad que entratándose de parques nacionales se debe actuar con sumo cuidado y no aprobar proyectos que pongan en peligro el fin mismo del parque”, aseguró Rolando Castro, abogado de CEDARENA. “Confiamos en que la Sala Constitucional decidirá a favor de las tortugas baula, especie que como ha dicho la Sala no nos pertenece por ser un recurso compartido y altamente migratorio. El PNMB tiene un gran potencial como destino turístico y científico, y es una fuente importante de ingresos económicos”. Este caso sentaría un importante precedente ya que hay otros parques nacionales bajo un riesgo similar, no sólo en Costa Rica sino en toda la región.  

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Riesgo de Salud en La Oroya es Mayor de lo Pensado: Plomo y Compuestos de Plomo Clasificados como Cancerígenos

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 8 de febrero de 2005 Contactos: Carlos Chirinos, SPDA, +51-4211394, [email protected] Eliana Ames, LABOR, +51-2616515, [email protected] Anna Cederstav, AIDA, +1-510-550-6748 (EEUU)   RIESGO DE SALUD EN LA OROYA ES MAYOR DE LO PENSADO: PLOMO Y COMPUESTOS DE PLOMO CLASIFICADOS COMO CANCERÍGENOS.   LIMA, PERÚ – El 31 de enero de 2005, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos publicó el Informe Semestral sobre Cancerígenos, el cual incluye por primera vez el plomo y todos los compuestos con contenido de plomo como sustancias que probablemente causan cáncer en seres humanos. Este informe enlista las sustancias cancerígenas en dos categorías, aquellas “conocidas como cancerígenas para el hombre,”y aquellas “con probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre.”Debe resaltarse en este Informe la inclusión del plomo y de los compuestos del plomo en la categoría de “probabilidad razonable de ser un cancerígeno humano”. Esta nueva clasificación de plomo y todos los compuestos de plomo se ha basado en datos epidemiológicos de estudios en humanos y en evidencia sustancial de estudios en animales experimentales. Por ejemplo, se demostró que la exposición al plomo aumenta la presencia de tumores en los riñones, el cerebro, el sistema hematopoyético y los pulmones en ratas y/o ratones (IARC 1980, 1987). Todavía no se entienden completamente los mecanismos por los que el plomo causa cáncer, pero los estudios realizados en seres humanos que estuvieron expuestos por su ocupación al plomo, han sugerido que el plomo daña los cromosomas o el ADN, lo cual puede causar cáncer (ATSDR 1999, NTP 2003). El plomo es liberado en el ambiente predominantemente por procesos industriales. Dentro de estos procesos, las fundiciones de plomo por sí solas son actualmente la fuente principal de las emisiones de este metal pesado, contabilizando más del 78% de todas emisiones de plomo en 2001 en los Estados Unidos (EPA 2003). Además de incluir el plomo y sus compuestos en la clasificación de sustancias con “probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre”, en noviembre de 2004 la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos anunció el inicio de un proceso de recopilación de información necesaria para revisar los estándares de calidad de aire respecto del plomo. El estándar actual de los Estados Unidos de 1.5 ug/m3 como promedio anual, el que sirvió de base a los estándares fijados para el Perú en 2003, no ha sido revisado en más de veinte años, por lo que no toma en cuenta la información científica más reciente y esta alejado de los estándares internacionales. De hecho, el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 0.5 microgramos de plomo por metro cúbico en el aire, siendo hasta tres veces más estricto que el de los Estados Unidos. Estas ultimas dos acciones del gobierno de los Estados Unidos evidencian la rigurosidad necesaria con la que se viene asumiendo el tema del plomo, debido al alto riesgo que este conlleva para la salud humana. En contraste, en el caso peruano resulta particularmente preocupante la situación de ciudades como La Oroya y otras poblaciones ubicadas en áreas de influencia minero metalúrgicas en donde se producen concentrados de plomo, por las altas concentraciones de este contaminante, que claramente representan un riesgo para las personas. No hay duda entonces de la urgencia de implementar medidas eficientes para evitar el aumento del riesgo para la salud humana, incluso la posibilidad de sufrir cáncer, que enfrentan las personas que viven y trabajan en estos lugares.

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Congreso de Estados Unidos Condiciona Fumigaciones en Parques Naturales de Colombia

  CONTACTOS: Astrid Puentes, AIDA (510) 550-6753 [email protected] Gastón Chillier, WOLA (202) 797-2171 [email protected]   CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS CONDICIONA FUMIGACIONES EN PARQUES NATURALES DE COLOMBIA   OAKLAND, CA, DICIEMBRE 10— En una decisión sin precedentes, el Congreso de los Estados Unidos aceptó que los fondos del Plan Colombia sean usados para la fumigación de cultivos de coca y amapola ubicados en parques y reservas naturales en Colombia. Esta posibilidad quedó condicionada al cumplimiento de las normas de ese país y a que se agoten las alternativas a la fumigación para reducir éstos cultivos en dichas áreas.   La decisión se tomó como parte de la Ley de Apropiaciones para Ayuda Internacional, cuyo contenido fue acordado y será votado en enero del 2004. Esta ley incluye la Iniciativa Regional Andina y el Plan Colombia, programas ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos como parte de la Guerra contra las Drogas, en conjunto con los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. De acuerdo con los autores de la norma, si bien es cierto que los cultivadores de coca se están desplazando a los parques nacionales, la fumigación aérea de estas zonas debería ser la última opción a aplicar. En su lugar, el Congreso de los EE.UU. apoya otras alternativas como la erradicación manual, el entrenamiento y apoyo a las autoridades para que protejan estas zonas y la relocalización de familias que se hayan desplazado allí.   “La política de fumigaciones para erradicar cultivos de coca y amapola afecta gravemente el ambiente y la salud humana; sin embargo, las condiciones del Congreso de los EE.UU. son un paso para la protección de la biodiversidad en Colombia” asegura Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA. “Por lo tanto, debemos verificar que las autoridades encargadas de las fumigaciones cumplan con las normas vigentes, en lugar de continuar modificándolas” agregó.   Al igual que en años anteriores, para el 2004 el Congreso estadounidense condicionó las fumigaciones en Colombia a que el Departamento de Estado certifique la inexistencia de riesgos innecesarios o impactos para el ambiente o la salud humana, la compensación por los daños negativos y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental colombiano, entre otros. Pero por primera vez, el Congreso de los Estados Unidos hizo referencia a la fumigación de los parques y reservas naturales, zonas que están bajo la presión de ser ampliamente fumigadas. En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT, desde comienzos del 2001 excluyó de las fumigaciones los parques y reservas naturales. De acuerdo con el MAVDT, los cultivos de coca y amapola en las áreas naturales protegidas deberán erradicarse manual o mecánicamente. Incluso el Ministerio definió amplias franjas de seguridad alrededor de las áreas naturales protegidas, para evitar daños ambientales por efecto deriva o la fumigación accidental de éstas áreas. Dichas condiciones implementan protecciones especiales que las normas ambientales y la Constitución brindan a las áreas naturales protegidas. En conclusión, la fumigación de los parques y reservas nacionales en Colombia es claramente ilegal.   En contravía con estas normas y especialmente con lo establecido por el MAVDT, el Consejo Nacional de Estupefacientes en junio del 2003, intentó legitimar la fumigación de parques y reservas naturales. Esta decisión se encuentra demandada ante las cortes colombianas, por considerarla violatoria de normas de superior jerarquía e incluso de la Constitución.   De acuerdo con la científica Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA, “una política que no brinda alternativas viables para los cultivadores perpetúa la destrucción ambiental que se volvió un círculo vicioso, al principio se deforesta para sembrar plantas de coca y luego se fumiga para destruirlos. Los gobiernos de EE.UU. y de Colombia deberían hacer un verdadero esfuerzo y darle la oportunidad a la erradicación manual y a los proyectos de desarrollo alternativo para que funcionen, en lugar de depender de campañas masivas de fumigación aérea y militares para destruir estos cultivos.” Agrega que “las fumigaciones deberían ser el último recurso, pero desafortunadamente hasta ahora, son el único que se ha ejecutado sistemáticamente”.   Más allá del problema legal, preocupa que los parques naturales de uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, estén siendo masivamente fumigados. Colombia cuenta con una importante porción de la cuenca Amazónica y los Andes Tropicales, además del ecosistema estratégico del Chocó en el Pacífico. Estos importantes ecosistemas están siendo destruidos no sólo por los cultivos de coca y amapola, sino ahora también por las políticas gubernamentales para erradicarlos.

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