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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Todos ganamos Según el IPCC, la reducción de estos contaminantes tiene el potencial de evitar alrededor de 0,5 grados Celsius del calentamiento global promedio para el 2050, reduciendo la tasa actual de calentamiento global a la mitad y beneficiando en especial a algunas de las zonas más sensibles a los cambios del clima como el Ártico, las regiones elevadas del Himalaya y el Tíbet. Asimismo, su mitigación es crucial para desacelerar el derretimiento de glaciares y la tasa de elevación del nivel del mar, situación especialmente sensible para un porcentaje importante de la población mundial que vive en zonas costeras. La reducción de los CCVC traería también importantes beneficios socio-ambientales. Como se explicó, el carbono negro y el ozono troposférico dañan la salud humana y la rendición de los cultivos, lo que a su vez afecta los ecosistemas, la seguridad alimentaria, el bienestar humano y, en suma, todo el ciclo natural que mantiene saludable al planeta. Algunos puntos de partida Dado que los CCVC surgen de persas fuentes, su efectiva mitigación requiere de una serie de acciones integrales que aborden cada contaminante por separado. Felizmente, el camino ya está marcado: muchas de las tecnologías, leyes e instituciones necesarias para su reducción ya existen. En el caso del carbono negro, las tecnologías son poco costosas y están disponibles. Países desarrollados ya las aplicaron y lograron reducir su emisión significativamente. Podría por ejemplo modernizarse el sistema de cocinas de las viviendas de la región, implementando el uso de cocinas solares, y en el transporte podrían usarse mejores filtros para tubos de escape. El metano, que a su vez incide en la reducción del ozono troposférico, tiene determinadas fuentes que provienen generalmente de algunos sectores industriales. En ese sentido, una buena regulación debería controlar las industrias que más lo producen, como la ganadería intensiva, la minería, los hidrocarburos, y las grandes represas. Finalmente, la tecnología para generar una alternativa a los HFC ya existe. Lo que se necesita es apuntar a regulaciones que estimulen su substitución, sobrellevando las barreras comerciales. Al respecto, algunos países han propuesto incorporarlos en el Protocolo de Montreal, acuerdo internacional reconocido hoy en día por ser uno de los más exitosos, al reducir significativa y rápidamente las emisiones de CFC, que, en su momento, planteaban un desafío global como el que ahora enfrentamos. Para saber más de los CCVC, consulte el documento informativo elaborado por AIDA, CEDHA, CEMDA y RedRacc.
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