Project
ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
Partners:
Proyectos relacionados
¿Bolsa plástica? No, gracias
Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA En ciertos países algo está cambiando en los supermercados y tiendas: los consumidores prefieren no empacar sus compras en bolsas plásticas. Algunos lo hacen para proteger el medio ambiente, otros para cuidar sus bolsillos. Sin ver la razón de fondo, lo importante es que al retirar estos productos del mercado, nos beneficiamos todos. Es muy difícil calcular la vida útil de una bolsa de plástico. Algunos estudios han señalado que el uso promedio de una bolsa es de 20 minutos pero, una vez desechada, tarda de 400 a 1,000 años en descomponerse. Mientras tanto, va dejando una fuerte huella negativa en el ambiente. El impacto ambiental Adictos al Plástico y Bag it son mis documentales favoritos sobre este tema. Se enfocan en los plásticos en general y en su impacto en el ambiente. Explican claramente los efectos directos de los desechos plásticos en el mar: el 80% de los desechos allí encontrados se originan en tierra, y nuestras bolsas constituyen mucho de ese porcentaje. Según datos de la Agencia para la Protección Ambiental de Estado Unidos (EPA), se usan más de 500 miles de millones de bolsas plásticas a nivel mundial. De esa cifra, entre el 1 y 3% son desechadas y llevadas al mar por el viento o el agua. El plástico se descompone con el sol y agua en partículas que son fácilmente confundidas con alimentos por los animales marinos que mueren sofocados: aproximadamente 100,000 cada año. Una vez descompuesto el cuerpo del animal, el plástico es liberado de nuevo al ambiente. Sin embargo, muchos animales marinos no mueren de inmediato. Son envenenados de a poco por las dioxinas liberadas por el plástico. Las dioxinas son químicos que afectan el sistema endocrino. Se estima que uno de cada 50 osos polares del ártico son hermafroditas a causa de este tipo de contaminantes. Poco se sabe acerca de sus consecuencias directas en el ser humano. Sumado a lo anterior, sólo para abastecer de bolsas al mercado estadounidense, se necesitan 12 millones de barriles de petróleo al año. De esta forma se agravan los efectos del cambio climático por la quema de combustible y el uso de la energía relacionada. Buscando soluciones Países europeos y algunas ciudades de Estados Unidos han promovido reformas legales para enfrentar esta situación. En 2002, Irlanda fue el primer país en establecer un impuesto (de 0.15 Euros) a las bolsas plásticas. Desde entonces, el consumo anual se ha reducido en un 90% y se han ahorrado aproximadamente 18 millones de litros de petróleo que antes se destinaban a fabricar bolsas. En 2007, San Francisco fue la primera ciudad en Estados Unidos que prohibió el uso de bolsas plásticas. La norma se basó en la obligación del gobierno de proteger la economía, el ambiente y la salud de las personas. En 2009, el Gobierno de Los Ángeles votó a favor de la prohibición de bolsas plásticas en tiendas a partir de julio de 2010. Así, los compradores ahora deben llevar a los comercios sus propias bolsas o pagar 25 centavos de dólar por una bolsa de papel o de plástico biodegradable. En Costa Rica no existe una prohibición para el uso de bolsas plásticas, pero la legislación faculta al Ministerio de Salud a imponer dicha prohibición con base en argumentos técnicos. Sin embargo, en algunos supermercados se incentiva el uso de bolsas de tela mediante un sistema de puntos o beneficios para los clientes. Los impuestos o cobros que haga el Estado en este sentido no deberían tener como fin recaudar dinero sino desincentivar el consumo de bolsas de plástico. La lógica detrás de este cobro es que al ser un producto que ya no es gratuito, las personas prefieren ahorrar ese dinero, por poco que sea, llevando su propia bolsa. Nosotros podemos empezar con poco. No necesitamos esperar a que se apruebe una regulación para iniciar el cambio. La clave está en rechazar las bolsas cuando son ofrecidas en el supermercado. La vida de especies marinas, nuestra salud y la reducción de efectos del cambio climático están en nuestras manos. La próxima vez que le ofrezcan bolsas plásticas, mejor diga: “No, gracias”. Vea el documental Adictos al plástico(Fuente: YouTube) Vea el documental Bag it (Fuente: YouTube)
Leer más
Luego del desastre, ¿dónde quedó el dinero?
Por Tania Paz, asistente general de AIDA, @TaniaNinoshka En octubre se cumplirán 15 años del huracán Mitch (1998), uno de los peores y más devastadores desastres naturales en la historia reciente. Su paso por Centroamérica dejó más de 9,000 muertos y una cifra similar de desaparecidos en cuatro países de la región. En Nicaragua, el número de muertos tras el huracán llegó a 3,045 y el de desaparecidos a 970. Las pérdidas económicas ascendieron a 988 millones de dólares, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La tragedia marcó un antes y un después en la historia de ese país. Sin embargo, Mitch no solo generó la pérdida de dinero y vidas humanas. Representó además uno de los capítulos más negros en la historia nacional por la presunta corrupciónen el manejo de los recursos financieros donados por la cooperación internacional para la atención del desastre y la recuperación del país. En el 2000, la Contraloría General de la República de Nicaragua (CGR) estableció que 412,861.13 dólares de la ayuda recibida fueron desviados para usos personales de algunos funcionarios públicos durante el período presidencial de Arnoldo Alemán (1997-2001). Entre los implicados figuraba el exitular de la Dirección General de Ingresos (DGI), Byron Jerez Solís, quien supuestamente construyó una casa con el dinero del Fondo de Emergencia de Atención a Desastres. A la fecha, no existe ningún detenido por el caso, pero el escándalo de corrupción provocó que el año 2000 se cancelara la ayuda financiera otorgada a Nicaragua por los países europeos, liderados por Suecia. En río revuelto, ganancia de pescadores Luego de un año del tsunami en Asia (2004), el cual dejó a cerca de 500,000 personas sin vivienda en la provincia indonesia de Aceh, miles de familias continuaban viviendo en carpas improvisadas a pesar de que eran beneficiarias del programa de construcción de viviendas de Save The Children. Estas familias fueron víctimas de la corrupción existente en la localidad, misma que a diciembre del 2007 había generado 44 casos de investigación en esa materia. Por otro lado, en África, se sabe de casos en los que millones de dólares de ayuda internacional para atención a desastres han sido desviados a cuentas bancarias privadas, sorprendentemente ubicadas en los mismos países de donde provino la ayuda (Baker et al., 2008 en Lewis 2010). En el caso de México, el exGobernador del Estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue acusado por el actual Gobernador, Arturo Núñez Jiménez, de no rendir cuentas claras sobre el uso de recursos públicos, incluídos los del Fondo de Desastres Naturales FONDEN. Tabasco es uno de los estados que mayores ingresos recibe por participación en reservas de este fondo. Otras denuncias contra Granier Melo incluyen la vinculación de funcionarios púbicos durante su administración en operaciones de tráfico de tierras para viviendas destinadas a los damnificados por las inundaciones del 2007. Ver en PDF el reporte de Transparencia Internacional sobre prevención de la corrupción en operaciones humanitarias La ayuda humanitaria es vulnerable a la corrupción Tomando en cuenta esta problemática, Transparencia Internacionaldesarrollóel “Manual de Buenas Prácticas: Previniendo la corrupción en la Asistencia Humanitaria" (2010). En el documento se señala que “la corrupción en la ayuda humanitaria priva a los pobres y a los más vulnerables, víctimas de desastres naturales y conflictos civiles, de los recursos esenciales que pueden salvan sus vidas”. De acuerdo con el manual, una forma de prevenir la corrupción en este ámbito es tomar en cuenta dos aspectos clave: el contexto local y las formas de corrupción existentes, así como la participación de la ciudadanía y la sociedad civil como vigilantes del uso de los recursos económicos. Acción Ciudadana, Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional, realizó un ejercicio de auditoría social (2006-2007) de los recursos públicos del Plan de Reconstrucción Nacional implementado tras el paso del huracán Stan (2005). Ello implicó la participación de actores nacionales, locales, comunitarios y ciudadanía en general. Este proceso fue de vital importancia porque en ese momento las leyes guatemaltecas facultaban al Ejecutivo a no seguir los estándares normales de compras y contrataciones en momentos de crisis como la derivada del huracán. La auditoría social permitió conocer el retraso en las operaciones de reconstrucción, sobre todo en la ejecución de los programas de viviendas; y anomalías en los avances de la infraestructura planeada y en los grupos beneficiados. Generó además capacidades en materia de auditoría a nivel local y comunitario. El Observatorio para la tierra de la NASA indica que uno de los mayores efectos del calentamiento global es el aumento de las tormentas, huracanes e inundaciones. Por lo tanto, el reto de atender tragedias como la ocasionada por Mitch será mucho mayor en los próximos años. Es necesario tener sistemas efectivos que combatan la corrupción en los procesos de ayuda humanitaria y atención a los damnificados, evitando además su revictimización.
Leer másInforme sobre la situación de La Oroya (Perú): cuando la protección de los inversores amenaza los derechos humanos
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un balance del polémico caso de contaminación industrial. Huancayo, Perú. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentó un informe sobre la situación de La Oroya, ciudad ubicada en la región andina central de Perú y que constituye un caso polémico de contaminación industrial originada por un complejo metalúrgico polimetálico que opera en el lugar desde 1922. Durante décadas, la población de La Oroya ha estado expuesta a altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. A mediados del 2000 La Oroya fue identificada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Según estudios independientes, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los infantes que tienen de 7 a 12 años, presenta aún hoy niveles elevados de plomo en la sangre. El porcentaje llega al 100% en La Oroya Antigua, la zona de la ciudad más próxima al complejo. Los efectos de la intoxicación por plomo son irreversibles. Doe Run Perú, subsidiaria de la empresa norteamericana Doe Run Company, comenzó a operar el complejo tras su privatización en 1997. Tanto la empresa como el Estado peruano han incumplido sus obligaciones para prevenir el impacto ambiental y respetar los derechos humanos de la población de La Oroya. Ante ello, en 2005, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección para las personas cuya salud estaba en grave riesgo por la contaminación en la ciudad. El 31 de agosto de 2007, la CIDH ordenó al Estado la adopción de medidas para proteger la salud, integridad y vida de un grupo de residentes de La Oroya. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a otorgar un diagnóstico médico especializado a los beneficiarios, así como tratamiento médico especializado y adecuado a quienes, con base en el diagnóstico, se encuentren en peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. Asimismo, desde 2007, está en curso ante la CIDH una demanda contra el Estado peruano por la violación a los derechos humanos derivada de las emisiones tóxicas del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Las víctimas de este caso y a su vez beneficiarias de las medidas cautelares son representadas por AIDA, APRODEH, Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA). “AIDA lleva más de una década trabajando y dando seguimiento a la situación en La Oroya. Durante estos años hemos podido constatar la gravedad de los daños a la salud de los que han sido víctimas los pobladores de La Oroya a causa de la contaminación a la que han estado y continúan estando expuestos. En esa medida, el Estado debe asumir sus obligaciones y cumplir a cabalidad las medidas cautelares de la CIDH, las cuales están vigentes”, dijo María José Veramendi, asesora legal de AIDA. Por otro lado, padres de niños y niñas con alto nivel de plomo en la sangre intentaron obtener la reparación de los daños mediante una acción colectiva en Estados Unidos (Missouri), donde se encuentra la empresa matriz del complejo: el Grupo Renco. A finales de 2010, Renco inició un arbitraje internacional —alegando la violación de sus derechos como inversor extranjero, garantizados por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos— y pidió una compensación de 800 millones de dólares. “La empresa no sólo negó los impactos en los ciudadanos y trató de eludir su responsabilidad, sino que, ante las protestas, siguió una campaña de estigmatización y ataques contra los que trataban de defender sus derechos”,afirmó Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH. Este caso ilustra el conflicto entre el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los inversores. También resalta la estrategia jurídica de las empresas presuntamente involucradas en violaciones de derechos humanos que buscan evadir su responsabilidad y negar el derecho de las víctimas a la reparación. El informe de la FIDH, titulado Complejo Metalúrgico de La Oroya: Donde la inversión se protege por encima de los derechos humanos, incluye una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades peruanas y a la empresa involucrada. AIDA y APRODEH, como organizaciones que representan a las víctimas de La Oroya ante el Sistema Interamericano, agradecen a la FIDH y consideran que el informe es una importante contribución para visibilizar cada vez más las graves violaciones de derechos humanos que sufren los pobladores de La Oroya quienes todavía esperan que el Estado reconozca su responsabilidad y haga justicia. Del mismo modo, el Arzobispado de Huancayo, cuyo rol en la defensa del derecho a un ambiente sano en La Oroya ha sido fundamental, estima que el informe constituye un gran aporte a su labor. Vea la versión en PDF del informe.
Leer más