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Foto: Maíra Irigaray / Amazon WatchHaciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
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Organizaciones hacen un llamamiento a las Naciones Unidas a fin de detener el inminente desalojo forzoso de familias indígenas Ngöbe
Acción urgente busca detener el desalojo de una comunidad indígena en Panamá. Panamá, Washington D.C., San Francisco, Lima. Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción urgente ante Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas en representación de miembros de la comunidad indígena Ngöbe, quienes enfrentan el inminente desalojo forzoso de sus tierras a causa de la implementación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al oeste de Panamá. Este desalojo desplazaría a las comunidades Ngöbe de su tierra, la cual constituye su principal fuente de alimento, agua y medios de subsistencia, así como de su cultura. La acción urgente, presentada por la organización Ngöbe Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará (M10) y tres ONG internacionales -la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), y Earthjustice-, solicita a los Relatores Especiales hacer un llamado al Estado de Panamá para que detenga los procesos de desalojo y la construcción de la represa hasta cumplir con sus obligaciones internacionales. Dado que el proyecto es financiado por los Bancos de Desarrollo alemán y holandés (DEG and FMO, respectivamente), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las organizaciones instaron a los Relatores Especiales a requerir a Alemania, Holanda y a los países miembros del BCIE, que suspendan el financiamiento hasta que cada país tome medidas para reparar y prevenir violaciones de derechos humanos adicionales en perjuicio del pueblo Ngöbe. Los desalojos forzosos de los Ngöbe son la más reciente amenaza derivada del proyecto Barro Blanco. Éstos implican la inminente violación de sus derechos humanos a la vivienda adecuada, a la propiedad, al consentimiento libre, previo e informado, a la alimentación, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. "Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura. Todos los días tememos ser desplazados de nuestro hogar", dijo Weni Bagama del M10. Esta acción resalta el hecho de que los miembros de la comunidad Ngöbe nunca fueron consultados ni otorgaron su consentimiento para abandonar sus tierras. "Panamá debe respetar los derechos del pueblo indígena Ngöbe y abstenerse de llevar a cabo el desalojo. Ejecutar estos desasolojos forzosos constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos", señaló María José Veramendi Villa de AIDA. Asimismo, un punto central de la acción es el rol de los gobiernos cuyos bancos financian la represa. "De acuerdo al derecho internacional, los Estados deben asegurar que su bancos de desarrollo no financien proyectos que violen derechos humanos, incluso extraterritorialmente. Llevar a cabo los desalojos forzosos de los Ngöbe sin su consentimiento es una razón suficiente para suspender el financiamiento de este proyecto", manifestó Abby Rubinson de Earthjustice. El registro del proyecto Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) es otro punto de preocupación. "La omisión de Panamá de proteger a los Ngöbe de ser desplazados forzosamente de sus tierras sin su consentimiento arroja serias dudas sobre la capacidad del MDL para asegurar el respeto de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional", dijo Alyssa Johl de CIEL. "Los proyectos del MDL deben ser diseñados e implementados de tal forma que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos".
Leer másCientíficos piden a organismo internacional investigar autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California
En una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), expresan su preocupación por la aprobación de mega resorts que podrían dañar ecosistemas costeros de la zona. Ciudad de México, México. Veintisiete científicos destacados de México, Estados Unidos y Costa Rica enviaron una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) para solicitar una investigación exhaustiva por la falta de aplicación de la legislación ambiental mexicana en la aprobación de proyectos turísticos masivos en ecosistemas costeros del Golfo de California. Expertos como la Dr. Sylvia A. Earle del National Geographic Society Explorer, el Dr. Exequiel Ezcurra del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, el Dr. Octavio Aburto-Oropeza y el Dr. Jeremy Jackson del Instituto de Oceanografía del Scripps, y el Dr. Héctor Reyes Bonilla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre otros, señalan en la carta que se ha detectado “una tendencia preocupante en el Golfo de California, donde se autorizaron proyectos que ignoraban información científica importante o, en algunos casos, se basaban en datos incorrectos”. “Se necesita mayor claridad y transparencia sobre cómo proyectos de tan alto riesgo lograron su autorización, y cómo fueron ponderados o no los argumentos proporcionados por revisores independientes, científicos y los ciudadanos en general”, explicó Aburto-Oropeza. “Esperamos que la CCA interceda por el sector científico ante la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), para lograr que los funcionarios de esa dependencia dictaminen estos proyectos tomando en cuenta nuestra experiencia técnica y científica, como marca la ley, para evitar escenarios futuros donde los ecosistemas sean degradados y las comunidades que dependen de ellos resulten económicamente afectadas”. En la carta, dirigida a los máximos representantes de la CCA —el Secretario de Medio Ambiente de México, Juan José Guerra Abud, la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, Gina McCarthy, y la Ministra de Ambiente de Canadá, Leona Aglukkaq— los académicos expresan su preocupación por que los mega resorts podrían degradar los irremplazables manglares y arrecifes rocosos y de coral de la zona, y afectar su rica biodiversidad marina. Se muestran alarmados porque los proyectos fueron aprobados “a pesar de estar basados en evaluaciones de impacto ambiental deficientes o incompletas, que ignoraban o subestimaban los riesgos al hábitat marino y a especies altamente vulnerables", dijo Reyes Bonilla, quien ha estudiado extensivamente los ecosistemas marinos de la región, principalmente Cabo Pulmo. La CCA evalúa actualmente una petición ciudadana, presentada en abril de 2013 por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales, que denuncia la falta de aplicación efectiva de la legislación mexicana en materia de protección ambiental y tratados internacionales en los permisos otorgados a cuatro proyectos turísticos, los mismos a los que los expertos en ciencias marinas hacen referencia. El Gobierno mexicano debe responder formalmente a la petición durante este mes de febrero. Los proyectos en cuestión son Entre Mares y Paraíso del Mar en la Bahía de La Paz, aprobados pese a los riesgos que implican para especies marinas como el tiburón ballena y los delfines; Cabo Cortés, que amenazaba el arrecife de coral del Parque Nacional Cabo Pulmo, reconocido como “humedal de importancia internacional” y Patrimonio de la Humanidad; y Playa Espíritu, adyacente a la reserva de Marismas Nacionales y avalado a pesar de amenazar extensos bosques de manglar que albergan a más de 280 especies de aves migratorias y residentes. Descargue la carta en el siguiente enlace.
Leer más¡Feliz Día Mundial de los Humedales para la Bahía de Panamá!
Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Para el Humedal Bahía de Panamá, el festejo comenzó mucho antes. El 23 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de ese país declaró legal la norma que crea el Refugio de Vida Silvestre Bahía de Panamá. Así, se puso fin a casi cuatro años de incertidumbre sobre la condición jurídica de este importante sitio ecológico y se marcó un precedente de protección ambiental en la región. El Humedal Bahía de Panamá es un ecosistema rico en biodiversidad, lugar de anidación de aves y hábitat para muchas especies. Se estima que de ahí proviene al menos 60% de la pesca panameña. Sus manglares protegen a la costa de la erosión causada por el oleaje y son una barrera contra fenómenos naturales como tornados y huracanes. Además, el sitio es un “Humedal de Importancia Internacional” bajo la Convención Ramsar y es reconocido especialmente como hábitat de aves acuáticas. Conscientes de esta importancia, muchas organizaciones —entre ellas AIDA, CIAM y MarViva— han trabajado para asegurar la protección del humedal en beneficio de presentes y futuras generaciones. La denuncia que motivó este caso fue presentada por un particular en 2012, pero los hechos relacionados con el mismo se remontan a varios años atrás. Resumo los principales a continuación: 1989: Panamá firma la Convención Ramsar comprometiéndose a proteger los humedales que por sus características y relevancia deban incluirse en la psta de humedales de importancia internacional. 2003: Panamá incluye en esa psta al Humedal Bahía de Panamá, declarándolo Sitio Ramsar por su importancia económica para los pobladores del lugar y por sus funciones ecológicas, entre ellas la de ser sitio de descanso para aves playeras migratorias. 2008: Tras visitar el país, una misión de asesoramiento de la Convención Ramsar asegura que la Bahía de Panamá está en pepgro debido a las alteraciones ecológicas causadas por la canapzación de ríos, los drenajes y el relleno de humedales para la expansión urbana. 2009: La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá siguiendo las recomendaciones de la misión, y reconociendo la importancia ecológica y los servicios ambientales del lugar. 2010: La compañía Rosas y Rosas presenta una acción contra la resolución de creación del área protegida argumentando la falta de consulta participativa previa. La empresa sopcita que, por precaución, se suspenda la condición de área protegida hasta que la Corte emita un fallo. 2011: AIDA presenta un amicus curiae (escrito legal respaldando los argumentos de una de las partes) contra la suspensión del área protegida basándose en los compromisos internacionales de Panamá, el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equipbrado, y estudios de caso en otros países de la región. 2011: La empresa desiste de la acción legal al darse cuenta que su propiedad se encuentra fuera del área protegida. 2012: Un particular presenta una nueva acción contra la creación del área protegida utipzando los mismos argumentos de Rosas y Rosas. 2012: CIAM, MarViva y otras organizaciones presentan en el proceso argumentos defendiendo la legapdad de la declaratoria de área protegida. MarViva rescata los argumentos de AIDA (2011) y los presenta en su escrito. 2013: La Corte declara la legapdad de la creación del área protegida. La sentencia de la Corte contiene muchos elementos que sentaron un precedente para el Estado panameño. El desarrollo de la Bahía de Panamá debe ser sostenible y con una visión de largo plazo. Considero que hay dos temas a resaltar del fallo: la importancia del derecho internacional para resolver casos ambientales, y la appcación del principio de no regresión. El derecho internacional: Los Magistrados reafirman los compromisos internacionales que el Estado panameño adquirió al ratificar la Convención Ramsar. Uno de ellos es promover el uso racional de todos los humedales mediante la normativa adecuada. La sentencia cita jurisprudencia de otros países como Costa Rica en la que se ha establecido la prioridad del uso racional y la preservación de las áreas protegidas. El principio de no regresión: De acuerdo con el Profesor Mario Peña Chacón, éste imppca que la norma y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto conlleva un detrimento de los niveles de protección alcanzados. Este principio busca respetar el nivel de protección ambiental existente, incrementarlo, no disminuirlo; prohibiendo al Estado implementar políticas regresivas. En este caso, la Corte exppcó que si se anula la declaración del área protegida se dejarían sin efecto los avances alcanzados hasta ahora en la protección de la Bahía de Panamá. Sin duda, la Bahía tiene muchas razones para seguir festejando su día, pero no debemos bajar la guardia. Tan sólo un día después de recibir la sentencia de la Corte, el Gobierno panameño pubpcó una norma que permite la modificación de los límites de las áreas protegidas atendiendo únicamente supuestos técnicos y legales que la ANAM estime vápdos. La ANAM mantiene un proceso abierto para reducir los límites del área protegida Humedal Bahía de Panamá. Debemos mantenernos alerta y procurar que la decisión de la Corte Suprema sea un precedente para evitar a toda costa la reducción del nivel de protección del humedal. Ojalá que nuestros hijos (as) y sus hijos (as) aún disfruten de los beneficios generosos que este ecosistema brinda.
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