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Haciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
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La defensa de la Volta Grande del río Xingú en la Amazonía brasileña
"Ciertas vidas solo existen en la Volta Grande do Xingú, la mía es una de ellas. Y también la de los pueblos indígenas y ribereños. ¿Pueden estas vidas ser destruidas?". La pregunta de Sara Rodrigues Lima —ribereña, pescadora e investigadora local— pone de relieve la paradoja de cómo una de las regiones con mayor biodiversidad e importancia ambiental, climática y cultural del mundo es también una de las más afectadas por impactos socioambientales. La Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú, ubicada en el corazón de la Amazonía brasileña, alberga un ecosistema único y es una región clave para la conservación de la biodiversidad mundial. Por siglos, ha sido el espacio vital de pueblos indígenas y ribereños que tienen una relación de copropiedad con el río y con la selva amazónica, fuentes de alimento, agua, identidad, cultura y movilidad, entre otras cosas. Esta conexión se ha traducido en sistemas de vida que se basan en el cuidado y en la defensa del territorio y de su propia existencia, hoy gravemente afectada. Desde 2015, esta región es objeto de grandes proyectos extractivos que amenazan los medios de subsistencia y la supervivencia física y cultural de los pueblos y comunidades tradicionales. Esto ha implicado además violencia contra las personas que defienden este territorio amazónico. Para enfrentar la situación, los pueblos afectados y la sociedad civil se han articulado en una red que ha sumado y fortalecido esfuerzos. La Alianza por la Volta Grande del Xingú, formada por movimientos sociales y organizaciones —entre ellas AIDA—, apoya y coordina acciones en defensa de la región como territorio vivo y saludable. La coalición ha llevado el caso ante Naciones Unidas. Los impactos acumulativos de dos megaproyectos Uno de estos proyectos es la represa Belo Monte, cuya construcción ha causado impactos ambientales irreparables y violaciones de derechos humanos a diferentes generaciones. La sequía impuesta por el desvío del río para generar energía eléctrica, así como la ineficacia de las medidas de mitigación implementadas, han provocado un colapso ambiental y humanitario en la Volta Grande. Actualmente, miles de familias tradicionales sufren con la muerte de peces, la extinción de la pesca, la falta de seguridad alimentaria, el empobrecimiento, enfermedades físicas y mentales. Otra gran amenaza para la región y sus históricos habitantes es la que viene del proyecto Volta Grande, con el que la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. La coexistencia de los dos proyectos conlleva el riesgo de superposición de áreas de impacto directo. En este escenario, los daños potenciales al ambiente y a los pueblos indígenas y ribereños serán irreversibles. La construcción del proyecto de Belo Sun está prevista a menos de 10 kilómetros de la represa Belo Monte, a orillas del río Xingú; en medio de tierras indígenas, unidades de conservación y comunidades tradicionales. La magnitud de los impactos sinérgicos y acumulativos de la mina y la central hidroeléctrica no fue evaluada. También se ignoraron los análisis técnicos que indican los impactos graves por el uso de cianuro, la contaminación del río y los riesgos de rompimiento de la presa de relaves que, de ocurrir, inundaría 41 km a lo largo del río, alcanzando a las tierras indígenas cercanas. Además, el Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto minero. Por vivir fuera de las tierras indígenas demarcadas o estar a más de 10 kilómetros del proyecto, algunos pueblos indígenas no fueron considerados como afectados ni consultados acerca de la ejecución del proyecto. La falta de consulta y participación pública de los pueblos indígenas y ribereños llevó a que tribunales brasileños ordenen la suspensión de la licencia que autorizaba a la empresa minera a instalarse. Violencia y amenazas contra personas defensoras La llegada de Belo Sun al territorio es una grave intervención al entorno sociocultural de la Volta Grande del Xingú. La superposición del proyecto minero en un polígono territorial habitado por pueblos tradicionales, grupos rurales beneficiarios de la reforma agraria y mineros artesanales ha generado la división de la comunidad y la violencia contra quienes se oponen a la mina. En el contexto del desarrollo del proyecto, se ha denunciado la existencia de contratos ilegales de compraventa de tierras para desalojar a las familias rurales, de amenazas a las y los habitantes de la zona por parte de empresas de seguridad privada y de violencia contra personas campesinas que reclaman tierras de la reforma agraria adquiridas por la empresa minera y que son objeto de procesos judiciales. Asimismo, las amenazas de violencia contra las personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos han aumentado en intensidad y en gravedad. Algunas de ellas han tenido que abandonar el territorio para tratar de resguardar sus vidas y quienes permanecen en él están sometidos a riesgos y amenazas constantes. En defensa de la Volta Grande y de sus habitantes ante la ONU Una de las acciones más significativas de la Alianza por la Volta Grande del Xingú tiene que ver con el trabajo de incidencia en el Examen Periódico Universal (EPU), un proceso especial de revisión periódica del historial de derechos humanos de los 193 Estados miembro de la ONU. En agosto de 2023, en el marco del cuarto ciclo del EPU de Canadá, en Ginebra, más de 50 organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por actividades empresariales canadienses presentaron un informe que demuestra las violaciones de derechos humanos debido a 37 proyectos en nueve países de América Latina y el Caribe, incluyendo el proyecto Volta Grande de Belo Sun. El documento contiene recomendaciones orientadas a que los Estados cumplan con una vigilancia ambiental efectiva que exija la debida diligencia en relación con los derechos humanos por parte de las empresas que se instalen en sus territorios. Uno de los defensores de la Volta Grande fue parte de la delegación que estuvo en Ginebra. Además de denunciar los abusos sufridos, informó de los riesgos por los impactos socioambientales del proyecto de Belo Sun. Más de 20 países, así como 13 misiones permanentes y agencias de la ONU, tomaron nota de la situación en la región. Los resultados del cuarto ciclo del EPU de Canadá, publicados el mes pasado, incluyen 34 recomendaciones relacionadas directamente con el informe de la alianza. Canadá aún no ha adoptado estas recomendaciones, pero puede hacerlo en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que termina el 5 de abril. Como seguimiento a la incidencia en el EPU, la alianza presentó informes acerca de los impactos del proyecto de Belo Sun ante Relatores Especiales de la ONU. En uno de ellos, enviado a la Relatoría de las Defensoras y Defensores de Derechos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está centrado en la situación de riesgo y criminalización de las personas defensoras. Del mismo modo, la alianza presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU un informe que resalta las violaciones de derechos humanos cometidas por Brasil en los casos de Belo Monte y Belo Sun, así como la falta de adopción de medidas efectivas para exigir a las empresas a cargo de esos proyectos la debida diligencia en materia de derechos humanos. El trabajo en red en estos espacios internacionales ha sido una de las estrategias de resistencia y denuncia de la alianza para exponer el patrón de impactos ambientales y violaciones de derechos humanos de los proyectos extractivo-económicos en los territorios amazónicos. La minería a gran escala prevista por Belo Sun es incompatible con la conservación de la Amazonía y con la protección de sus pueblos. Los Estados están obligados a cumplir con la prevención y precaución de daños graves e irreversibles al ambiente y a las poblaciones. Con el caso de Belo Sun en fase de análisis, Brasil tiene la oportunidad de no repetir la tragedia ambiental de Belo Monte y declarar de manera definitiva que el proyecto minero es inviable desde el punto de vista socioambiental. El camino para exigir y conseguir esto está plagado de retos y luchas. Pero el coraje y la resistencia son condiciones inherentes de quienes habitan y defienden la Amazonía. La defensa de la Volta Grande del Xingú como territorio libre, vivo, saludable y seguro para sus pueblos y sus defensores/as es un llamado urgente a la movilización social en favor de la protección socioambiental de un ecosistema clave para el mundo.
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Projeto da mineradora Belo Sun sofre revés no Pará
Nova decisão da primeira instância suspende licença prévia e de operação do projeto de exploração de ouro em Altamira (PA) com base na falta de consulta a comunidades ribeirinhas afetadas. Altamira, Pará - A mineradora canadense Belo Sun, que pretende instalar a maior mina de ouro a céu aberto do Brasil na Volta Grande do Xingu (PA), sofreu nova derrota nos tribunais. O licenciamento ambiental da mineradora foi novamente suspenso, desta vez em julgamento de 1ª Instância da Justiça de Altamira. A decisão se refere a uma Ação Civil Pública (ACP) movida pela Defensoria Pública do estado do Pará (DPE). O caso teve início em julho de 2020, quando a DPE do Pará propôs ação cível pública contra a empresa de mineração, visto que o Projeto Minerário Volta Grande coloca em risco o território e a existência das comunidades ribeirinhas da Volta Grande do Xingu, que dependem do rio para suas práticas ancestrais. A ação apontou a ilegalidade do licenciamento pela ausência de estudo sobre os impactos socioambientais que podem afetar as comunidades da região do Xingu. O pedido se pautou em um relatório técnico produzido pela Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA), com manifestação sobre o projeto, apontando os riscos à população ribeirinha que ocupam o território do empreendimento. Na decisão liminar, proferida na última terça-feira (23), foi determinado a “suspensão dos efeitos do licenciamento ambiental n° 2012/5028 e 2015/5340, da empresa Belo Sun Mineração Ltda, que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), até que seja realizado estudo socioambiental dos povos ribeirinhos, na distância mínima de 10 km do empreendimento, nas duas margens do rio Xingu, bem como a consulta prévia, livre e informada e o consentimento dos povos ribeirinhos, pelo Estado do Pará, conforme previsto no artigo 6°, da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).” Para Marcella Ribeiro, advogada do Programa de Direitos Humanos da AIDA, a decisão reforça os resultados positivos da colaboração entre organizações da sociedade civil e a Defensoria no intuito de alcançar a justiça para as comunidades do Xingu. Segundo ela, o projeto da mina precisa ser revisto, ainda mais considerando os impactos da represa Belo Monte, instalada há poucos quilômetros do projeto da mina. “A análise feita pela AIDA sobre os estudos de impacto ambiental de Belo Sun apontam diversas falhas, desde a metodologia até a área que foi estudada. Além disso, as condicionantes da represa de Belo Monte exigiam que não fosse implementado nenhum novo projeto na região até que se comprovasse a estabilidade socioambiental da área, o que até o momento não foi comprovado”, comenta a advogada. Outras ações Esta é a segunda ação judicial que atualmente suspende o licenciamento ambiental de Belo Sun. Em 25 de abril, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) manteve a decisão, tomada em 2017 em ACP movida pelo Ministério Público Federal, de suspender a licença de instalação até que a empresa apresentasse os estudos de impacto sobre os povos indígenas, e fosse feita a consulta livre, prévia e informada de acordo com um Protocolo de Consulta produzido pelos indígenas Juruna da Terra Indígena Paquiçamba. As ameaças de impactos graves sobre as comunidades no entorno do projeto de Belo Sun geraram ainda outras ações, que seguem tramitando na Justiça. Em 26 de abril, a Defensoria Pública da União (DPU) protocolou uma Ação Civil Pública contra o acordo entre Incra e Belo Sun que passa para a mineradora 21 lotes do Projeto de Assentamento (PA) Ressaca, em troca de participação do órgão público nos lucros das atividades minerárias No início de março, a DPU ja havia protocolado uma ACP contra a União e o Incra exigindo a regularização fundiária e a titulação das propriedades das mais de 200 famílias da Vila Ressaca, local onde Belo Sun quer se instalar. Além disso, tramitam uma ACP do MPF que demanda a transferência da competência do licenciamento da secretaria estadual de maio ambiente (SEMAS), para o Ibama (sob análise no TRF1); uma ação do Ministério Público Estadual que também questiona a legitimidade da Semas de licenciar Belo Sun e pede a anulação de todas as licenças concedidas (em análise na Justiça Federal); uma ação da Defensoria Pública do Estado contra a compra ilegal de terras e a expulsão forçada de famílias do PA Ressaca; e outra ação da DPE sobre irregularidades na compra de terras federais (aguardando julgamento de mérito).
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Alerta a inversores: Belo Sun difunde información engañosa sobre un controversial proyecto de minería de oro en la Amazonía brasileña
En una queja presentada ante la Comisión de Valores de Ontario, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre la reiterada difusión de información engañosa por parte de Belo Sun Mining Corp. (TSXV:BSX), incluidas las declaraciones de su presidente ejecutivo, Peter Tagliamonte, en las que resta importancia a los riesgos socioambientales, legales y financieros de "Volta Grande", proyecto de la empresa ubicado a lo largo del río Xingú. La empresa minera canadiense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) difunde información engañosa e incompleta a los inversores sobre el proyecto minero que pretende desarrollar en el río Xingu (Volta Grande do Xingu), en el estado de Pará, Brasil. Este es el mensaje central de una carta de advertencia enviada a la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 29 de julio por una coalición internacional de organizaciones y redes de la sociedad civil que incluye a Amazon Watch, Earthworks, el Instituto Socioambiental (ISA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, el Movimento Xingú Vivo para Siempre y la Rede Xingu+. La OSC es una corporación independiente de la Corona canadiense a cargo de proteger a inversores y accionistas de prácticas injustas, indebidas y fraudulentas de empresas e industrias. Redactada por un equipo jurídico y respaldada por un análisis técnico y científico independiente, la carta de reclamación cuestiona las recientes declaraciones de Peter Tagliamonte, presidente ejecutivo de Belo Sun. En un discurso pronunciado en el evento de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en marzo de 2021, la mayor convención minera del mundo, Tagliamonte citó la pandemia de COVID-19 como justificación de los retrasos frecuentes de la licencia ambiental de la mina Volta Grande, afirmando que el proyecto minero estaba "totalmente autorizado" y que se esperaba que la construcción comenzara a finales de 2021. Comentarios similares se han hecho en recientes declaraciones de la empresa y por el propio Tagliamonte en otras ocasiones. Según la queja, estas declaraciones son manifiestamente falsas. Hay siete acciones civiles públicas activas en tribunales brasileños que piden la suspensión de los permisos y del proceso de concesión de licencias, presentadas por las fiscalías y defensorías federales y estatales. Estas demandas se centran específicamente en las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La coalición sostiene que existen pruebas contundentes de que Belo Sun ha incumplido los requisitos de divulgación de la Ley de Valores, que exige a las empresas comunicar los cambios sustanciales “inmediatamente” (sin demora). Las empresas deben difundir datos reales y actualizados para mantener bien informados a los inversores. Información engañosa divulgada por Belo Sun Mining Corp. De acuerdo con la queja, aunque la empresa reconoce los riesgos generales asociados al proceso de concesión de licencias, no revela los detalles concretos de las acciones legales y las suspensiones en juego relacionadas con su proyecto, confiando en la falta de conocimiento de los inversores sobre la legislación de Brasil en materia de licencias. Un ejemplo se refiere específicamente a la suspensión de la licencia de construcción (LI) debido a la falta de "consulta libre e informada" con los pueblos indígenas. En su actualización corporativa más reciente, Belo Sun afirma que "sigue avanzando en las discusiones financieras con varios grupos para preparar el inicio de la construcción tras el levantamiento de la suspensión de la licencia de construcción (LI)". "La empresa ni siquiera ha iniciado un proceso de consulta —que ahora está retrasado por la COVID-19— y ya está anunciando el levantamiento de la suspensión, como si fuera cuestión de tiempo", dice Marcella Ribeiro, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La empresa no está en condiciones de garantizar los resultados del proceso de consulta ya que las negociaciones en torno al consentimiento llevan mucho tiempo e indudablemente darán lugar a cambios importantes en el proyecto. Nada de esto ha sido comunicado adecuadamente a los inversores", añade. Entre los riesgos asociados a las inversiones en Belo Sun, la reclamación resalta el historial de procesos judiciales, la conflictividad en torno al proyecto, las deficiencias y lagunas de la evaluación de impacto ambiental, y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La minimización de los riesgos ambientales y sociales en los estudios y evaluaciones de impacto de la empresa ha encendido las alarmas entre las comunidades de la región de la Volta Grande, ya afectadas por la represa hidroeléctrica Belo Monte. Una serie de estudios técnicos independientes ponen en duda las afirmaciones de Belo Sun sobre los impactos en los recursos hídricos, la fauna y la flora, y respecto de la seguridad de la presa de relaves. La negativa de la empresa a reconocer los impactos en los territorios indígenas ubicados a lo largo del río Xingú condujo a la decisión judicial de 2017 que suspendió la licencia de instalación del proyecto Volta Grande hasta que se lleve a cabo una "consulta libre e informada". Además, son cada vez más las denuncias sobre intimidación y acoso contra las personas que se oponen al proyecto, lo que demuestra una situación mucho más compleja y conflictiva como resultado del proyecto de lo que la empresa ha informado, se resalta en la queja. La coalición concluye que "Belo Sun no ha comunicado plenamente a los inversores actuales y potenciales la naturaleza compleja de su proyecto", lo que tiene una "implicación directa en los retrasos y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del proyecto". La carta entregada a la OSC tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las numerosas irregularidades del proyecto y sensibilizar a los inversores actuales y potenciales sobre los importantes riesgos legales y de reputación que conlleva el proyecto, en un momento en el que la atención se centra en la selva amazónica y en su capacidad para brindar servicios ambientales y mitigar el cambio climático. Acerca del proyecto Volta Grande de Belo Sun Propuesto para ser implementado a lo largo de la Volta Grande, un tramo del río Xingú (uno de los principales afluentes del Amazonas) y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el proyecto de Belo Sun sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. En la región viven pueblos indígenas como los Juruna (Yudjá), Arara y Xikrin, además de otras comunidades indígenas y ribereñas aisladas. Desde el principio, Belo Sun ha enfrentado numerosas demandas relativas al proyecto Volta Grande presentadas por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal, la Defensoría Pública Estatal y la Defensoría Pública de la Unión. Estas demandas aluden a las múltiples fallas en el proceso de licenciamiento y en los estudios técnicos del proyecto. Entre otras cosas, las demandas buscan la anulación de las licencias de la empresa y la suspensión del proceso de autorización del proyecto. Una de ellas dio lugar a una decisión judicial, aún vigente, de suspender la licencia de construcción. contactos de prensa Viviana Herrera, MiningWatch Canada, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, [email protected] Cecilia Garcia, International Rivers, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected]
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