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Haciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte
Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.
Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.
El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.
La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.
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Protestas cuestionan evento mundial de la industria hidroeléctrica en París
Organizaciones de la sociedad civil denuncian los intentos de la industria por etiquetar a las represas como “energía verde” pese a las violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados a ellas. París, Francia. Una coalición de activistas, organizaciones y líderes indígenas convocó a una serie de eventos en el marco de la apertura del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, llamando la atención sobre la naturaleza social y ambientalmente destructiva de las represas hidroeléctricas, y sobre sus impactos negativos en el clima. Del 14 al 16 de mayo, la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) lleva adelante su congreso bianual en el centro de París. La industria busca promover a las hidroeléctricas como fuente de energía limpia y renovable, argumentando además que su construcción es esencial para cumplir el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin embargo, la coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos, junto con movimientos sociales, argumentan que las afirmaciones de la industria son un intento por “pintar de verde” a las represas para obtener nuevo financiamiento de instituciones como el Fondo Verde del Clima. Señalan numerosos casos en los que proyectos hidroeléctricos han tenido consecuencias desastrosas para las personas y el ambiente. Citando evidencia científica creciente de que las represas son una fuente significativa de gases de efecto invernadero —CO2y particularmente metano—, las organizaciones de la sociedad civil enfatizan además el rol de las represas en la intensificación del cambio climático. Un pronunciamiento conjunto, firmado por más de 250 organizaciones de 70 países, llama la atención acerca de las falsas promesas de la energía hidroeléctrica y de la necesidad urgente de soluciones energéticas verdaderamente sostenibles. La declaración está disponible en cinco idiomas. Éstos y otros temas —incluidos los impactos de las hidroeléctricas en sitios del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad— fueron debatidos por científicos, activistas y representantes de comunidades afectadas de Brasil, Colombia, Myanmar y Turquía en un evento paralelo al congreso de la IHA. La conferencia, realizada el 13 de mayo en la Oficina Municipal del Distrito 6 de París, fue organizada por las ONG Planète Amazone, GegenStrömung / CounterCurrent, Rivers without Boundaries, International Rivers y AIDA. Myint Zaw, activista e investigador de Myanmar, galardonado en 2015 con el Premio Goldman, fue uno de los ponentes de la conferencia. “La seguridad alimentaria de millones de personas está amenazada por proyectos de represas en el río Irrawaddy, los cuales dañarían tierras de cultivo importantes y necesarias para la producción de arroz a lo largo del caudal y en la región del delta”, dijo Zaw. El martes, en la inauguración del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, representantes de comunidades indígenas, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales protestaron junto con activistas de Extinction Rebellion frente al Espace Grande Arche, en La Défense. Uno de los objetivos de la protesta fue llamar la atención sobre el número creciente de activistas ambientales y de derechos humanos asesinados en conflictos relacionados con represas. “Miguel Ángel Pabón Pabón desapareció como resultado de su activismo contra la represa Hidrosogamoso en Colombia, que ha continuado pese a las graves violaciones de derechos humanos asociadas al proyecto”, dijo Juan Pablo Soler, del Movimiento Ríos Vivos Colombia, mencionando una de las tantas pérdidas. En Gabon, represas construidas en los ríos Kingélé y Tchimbélé están afectando seriamente a las poblaciones que viven junto a esos caudales. “Durante lluvias fuertes, algunos pueblos resultan inundados por el desborde de los embalses. Los ríos se vuelven lagos, el agua es contaminada y los peces mueren intoxicados. No existen mecanismos para ayudarnos y el gobierno no escucha nuestros reclamos, por eso hacemos nuestro llamado de auxilio en el extranjero”, exclamó Assossa, líder Pigmy. Tres representantes del pueblo Munduruku de la Amazonía brasileña —el jefe Arnaldo Kabá, Alessandra Korap y Candido Waro Munduruku— participaron en la conferencia paralela y en la protesta. Después de la protesta, los Munduruku intentaron entregar personalmente una carta en la sede central de Électricité de France (EDF), controlada mayormente por el gobierno francés. EDF tiene participación en la polémica represa Sinop en el río Teles Pires, un afluente del río Tapajós, y ha contribuido a los estudios que promueven la megarepresa São Luiz do Tapajós, que inundaría el territorio Munduruku. Representantes de EDF se negaron a recibir a los líderes del pueblo Munduruku. “EDF invade nuestro territorio, destruye nuestros ríos, nuestro territorio y nuestros lugares sagrados. Y cuando venimos a entregar una carta, esta empresa gigante nos lo prohíbe”, afirmó Alessandra Munduruku. “Estamos tristes, pero decididos a continuar nuestra lucha para defender nuestro territorio”. Contactos de prensa: Gert-Peter Bruch, Planète Amazone, [email protected] (francés, inglés), + 33 (0)7 81 23 92 91 Brent Millikan, International Rivers, [email protected] (inglés, portugués), +55 61 8153-7009 Thilo F. Papacek, GegenStrömung – CounterCurrent / Forum Umwelt und Entwicklung, [email protected] (alemán, portugués, español, inglés), ++49 151 412 145 19 Eugene Simonov, Rivers without Boundaries, [email protected] (ruso, inglés, chino), +79 (0) 165 491 22 Recursos: Más información sobre el evento paralelo del 13 de mayo: http://www.transrivers.org/2019/2634/ El pronunciamiento conjunto, disponible en chino, inglés, portugués, ruso y español, puede ser descargado aquí: https://drive.google.com/open?id=1pgS3YHm4zy5_LFSSjRe0KH-DMK773DQI Enlace a la carta de protesta de los Munduruku a EDF Électricité de France (portugués e inglés):https://drive.google.com/file/d/1TxqIiOuJDxNUI2YKPtUBrE_wucJLFl-E/view?usp=sharing Fotos para prensa disponibles y de uso libre (Crédito: Todd Southgate): https://tinyurl.com/y34b2g7u Video de la protesta en la inauguración del congreso de la IHA y del intento de los Munduruku de entregar su carta en la sede principal de EDF: https://youtu.be/9BrI3AqVnXE Video en alta resolución para descarga: https://wetransfer.com/downloads/fe60045d490c765f5065ed5df79603b520190514195535/83e07e8328e0515a52c9a64eb42a69ff20190514195535/855f89 Hoja informativa de CounterCurrent sobre las represas hidroeléctricas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: tinyurl.com/y6mbjqj2
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CIDH analizará retrocesos de Bolsonaro a la protección de derechos indígenas
En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377
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Cómo Brasil está amenazando los derechos indígenas y ambientales
Con la nueva presidencia, el Estado brasileño ha iniciado un desafortunado periodo de cambios —a su legislación, su estructura, su política exterior y sus políticas públicas— que amenazan con hacer que Brasil retroceda décadas en asuntos climáticos, ambientales y de derechos humanos. En los primeros meses de la nueva administración hubo varias modificaciones extremadamente cuestionables porque apuntan al debilitamiento de las garantías para los derechos indígenas y ambientales. Entre esas reformas, destacan las siguientes: La transferencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las funciones más importantes del Ministerio de Medio Ambiente. La precarización de entidades gubernamentales responsables de fiscalizar casos de crímenes ambientales. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La suspensión de contratos firmados entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. El debilitamiento del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza constante de retirar a Brasil de acuerdos internacionales sobre la protección del ambiente y de los pueblos indígenas, incluida la reciente de retirar al país de la Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos cambios parecen ser solo el comienzo pues el panorama podría agravarse. Hace poco, en uno de los mayores eventos sobre minería a nivel mundial (la convención de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá), el Ministro de Minas y Energía anunció que buscará la autorización de actividades mineras en territorios indígenas y zonas fronterizas. Afirmó que los pueblos indígenas no tendrán autonomía para impedir la instalación de minas en sus tierras. El anuncio da a entender que la prioridad del Estado estará en promover un desarrollo irresponsable y no en garantizar los derechos humanos. La amenaza de la minería a tierras indígenas El año pasado, con la aprobación del Decreto 9.406, se establecieron cambios importantes y flexibilizaciones para las actividades mineras, entre ellas prórrogas sucesivas para los permisos y la consideración de que los fundamentos para la minería son el interés nacional y la utilidad pública. En sí misma, la minería es una actividad que implica grandes daños ambientales porque rompe con el equilibrio natural de los ecosistemas. No puede ser pensada como una forma de desarrollo sostenible, sino como una actividad de muy alto riesgo que genera destrucción y contaminación. Más aún cuando Brasil no ha sido capaz de regular la minería en términos de seguridad mínima. Basta recordar el rompimiento, en menos de cuatro años, de dos presas de desechos mineros en el estado de Minas Gerais. El primer caso es considerado la mayor tragedia ambiental de la historia del país, y el segundo resultó en 197 muertes y 111 personas desaparecidas. Si para el gobierno la necesidad de la minería es innegable, también lo es la necesidad de un control estricto, del uso de las técnicas más seguras, y de una evaluación nacional seria sobre la viabilidad de cada mina. Ante los graves daños ambientales asociados a la minería, su implementación en tierras indígenas implica trasladar esos daños a una población minoritaria y vulnerable que depende directamente de la salud del ambiente para su sobrevivencia física y cultural. Las comunidades indígenas tienen el derecho constitucional a ser escuchadas ante proyectos que puedan afectarles. Algunas comunidades han creado protocolos sobre la forma en que quieren ser consultadas. Construir una mina contra la voluntad de una comunidad es violar sus derechos a la vida, a la autodeterminación, a la autonomía, al mantenimiento de su cultura, a no ser desplazados forzadamente, a beneficiarse de sus territorios originarios y al ambiente sano, entre muchos otros. Con sus declaraciones, el Ministro de Minas y Energía muestra una falta total de compromiso con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución brasileña y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Revela su intención de apaciguar a los inversores, principalmente a la empresa canadiense detrás del proyecto minero Belo Sun, el cual busca instalar en las tierras indígenas ya afectadas por la construcción de la represa Belo Monte. En defensa de los pueblos indígenas La minería en tierras indígenas no es un tema regulado de forma adecuada y suficiente en Brasil, siendo necesaria una ley aprobada por el Congreso Nacional que respete los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. El Congreso debe aprobar una ley que represente la protección de tierras indígenas y que incluya a las comunidades en el proceso. Ante los retrocesos planteados por el gobierno actual, la resistencia de las comunidades indígenas y de quienes las apoyan, se ha fortalecido. Organizaciones de la sociedad civil como AIDA están comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la protección de los territorios indígenas y con la rendición de cuentas de gobiernos y empresas cuando sea necesario.
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