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Foto: Banco MundialIncidiendo ante el Fondo Verde del Clima
El Fondo Verde del Clima es la principal entidad multilateral de financiamiento climático que existe en el mundo. Como tal, tiene un rol clave en la canalización de recursos económicos de países desarrollados a países en desarrollo para proyectos de mitigación y adaptación a la crisis climática.
Creado en 2010, en el marco de Naciones Unidas, el Fondo apoya una amplia gama de proyectos, desde energía renovable y transporte bajo en emisiones, hasta la reubicación de comunidades afectadas por la crecida de mareas o el apoyo a pequeños agricultores afectados por sequías. El apoyo que otorga es vital para que personas y comunidades de América Latina y de otras regiones vulnerables puedan mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los impactos cada vez más devastadores del calentamiento del planeta.
El financiamiento climático otorgado por el Fondo Verde es fundamental para garantizar la transformación de los sistemas económicos y energéticos hacia sistemas resilientes y de bajas emisiones, algo que el planeta necesita con urgencia. Para que la transición que apoye sea justa, es crucial hacer seguimiento y monitoreo de sus operaciones, asegurando que cumpla efectivamente con el rol que le ha sido asignado, que es en beneficio de las personas y comunidades más afectadas.
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Proyectos relacionados
El Fondo Verde Climático: Las salvaguardas y los pueblos indígenas
Por Andrea Rodríguez (en Doha, @arodriguezosuna) y Florencia Ortúzar, asesoras legales de AIDA AIDA participó en Doha (Qatar) del evento paralelo denominado “Cómo hacer al FVC (Fondo Verde Climático) Relevante y Sensible ante los Pueblos Indígenas”, organizado por la Fundación Tebtebba. En él se abordó la importancia de que el FVC contemple espacios para discutir las necesidades de los pueblos indígenas. Y es que en las reuniones de la Junta del Fondo Verde Climático existen apenas cuatro cupos para la asistencia de externos. Peor aún, dos de ellos están reservados para el sector privado. De ese modo, los pueblos indígenas están en grave peligro de no ser considerados en el proceso de implementación del mecanismo financiero de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Son muchos los aspectos que se desconocen del Fondo. La representante de CIEL (Center for International Environmental Law) consideró relevante que el FVC cuente con salvaguardas apropiadas para garantizar el respeto al ambiente, así como a los derechos humanos de las comunidades afectadas. Entre los asuntos pendientes figura también la operacionalización del Fondo, punto que no debería pasarse por alto. Por eso es preciso empezar a sacar las cosas en limpio y así determinar qué tipo de salvaguardas deben ser, si se tratará de delineamientos descriptivos específicos o si es que simplemente se dispondrán principios a seguir. También es importante que no sólo el FVC como tal contemple salvaguardas, sino que además las tengan los órganos a través de los cuales funcionará el mismo. Por ejemplo, si el Banco Mundial actúa como catalizador de recursos, es menester que el organismo contemple salvaguardas específicas al respecto. Ir a la página de CEMDA y AIDA sobre noticias y actividades de la COP18 en Doha
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Desafíos en la implementación de proyectos de energía eólica en México. El caso del Istmo de Tehuantepec
DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO El caso del Istmo de Tehuantepec El desarrollo de proyectos de energía renovable, como los parques eólicos, son esenciales para lograr la transición energética baja en carbono necesaria para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, los parques eólicos que se están desarrollando en el Istmo de Tehuantepec (Estado de Oaxaca, México) están generando consecuencias sociales y ambientales negativas que sobrepasan los posibles beneficios que éstos generan, al desconocer los derechos humanos de las comunidades campesinas e indígenas que habitan la zona (Zapotecos y Jijots). Esta carta es un llamado abierto para que en México y en el mundo se promuevan mejores prácticas en el desarrollo de estos proyectos que garanticen los derechos humanos de los pueblos, permitiendo así el avance hacia un desarrollo verdaderamente sustentable. Con el apoyo de recursos financieros internacionales, incluyendo los generados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el Protocolo de Kioto y según la información con la que cuentan los lugareños del Istmo de Tehuantepec, el Estado mexicano ha autorizado al menos 14 proyectos eólicos para desarrollarse en Oaxaca; uno de los estados más pobres y donde el 34% de la población es de origen indígena. Es preocupante que el Estado Mexicano no haya definido reglas y mecanismos para su desarrollo, dejando a las empresas privadas negociar directamente con las comunidades. Toda esta situación ha puesto a las comunidades en una posición de desventaja y vulnerabilidad, lo que se agrava por los siguientes factores: a) Falta de información. La mayoría de los habitantes cercanos a los proyectos han manifestado su descontento por la falta de información oportuna e integral existente. Por ejemplo, en reuniones con organizaciones y foros públicos las comunidades han expresado que a pesar de que se les informó inicialmente acerca de la implementación de los proyectos, nunca se mencionaron los potenciales impactos ambientales que hoy les aquejan, tales como los que han resultado en la imposibilidad de cultivar la tierra, actividad tradicional de la región. b) Amenazas y violencia contra las comunidades que se oponen a estos proyectos. Desde hace más de dos años las comunidades han estado denunciado graves casos de violencia en contra de los principales líderes de las comunidades indígenas Jijots y Zapotecas, por parte de grupos paramilitares y autoridades estatales que, respondiendo a las demandas del sector privado, están por implementar proyectos incluso en contra de la voluntad de las comunidades. En días pasados, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, grupo formado a raíz de la problemática, publicó que un comunero, Samuel Guerrero, fue gravemente herido y de acuerdo a los últimos reportes, se encuentra aún hospitalizado. c) Falta de procesos de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado. Las concesiones y permisos administrativos necesarios para construir y operar los parques eólicos fueron otorgados sin el debido procedimiento de consentimiento a los pueblos indígenas Jijots y Zapoteco que habitan la zona, según lo establece el derecho internacional, al que México está obligado. d) Irrisorios contratos de arrendamiento de tierras. Las empresas desarrolladoras han firmado contratos con las comunidades ofreciendo pagos mínimos (según miembros de las comunidades, del orden de 0,1 dólar por hectárea). Encima de esto las condiciones de los contratos cambian de una empresa a otra, no existiendo un proceso que permita negociar bajo los mismos estándares. e) Carencia de un beneficio comunitario integral. Los proyectos en cuestión no cuentan con un plan de desarrollo ambiental y social integral, por lo que benefician sólo a un sector pequeño de la población, mayormente inversionistas y empresas que compran la energía. Si bien algunos ejidatarios han accedido a pagos por la renta de sus tierras, esto no se ha traducido en mayor desarrollo para las comunidades y pueblos, cosa que habría planteado, al inicio de los proyectos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). f) Impactos ambientales. A pesar de que los proyectos implican la generación de evidentes daños ambientales, aún no se han hecho estudios para identificarlos y prevenirlos o mitigarlos. El quemado de extensas zonas de pastizales (lo que genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero), la tala de manglares y el impacto a las aves por tratarse de zona migratoria, son ejemplos de estos impactos que deben ser atendidos. Con el fin de mitigar los impactos sociales, ambientales y evitar violaciones a derechos humanos en la implementación de proyectos eólicos, sugerimos las siguientes acciones: Crear un Protocolo para el desarrollo de proyectos con perspectiva de género, que garantice el respeto de los derechos humanos consagrados en normas mexicanas e internacionales. El protocolo deberá quedar contemplado en todos los instrumentos de política pública implicados y debe cumplir los siguientes objetivos: integrar criterios e indicadores que sirvan para verificar el cumplimiento de las condiciones ambientales y sociales indispensables; incentivar la derrama económica en la región, de manera que beneficie a aquellos que no tienen tierras; y promover sistemas de colaboración entre el sector privado desarrollador, el propio gobierno estatal y las comunidades locales. Garantizar que las comunidades afectadas cuenten con información oportuna, completa, clara y en su idioma, antes de aprobar el financiamiento para estos proyectos. Asimismo, debe garantizarse que las decisiones tomadas por las comunidades sean respetadas, incluso si son negativas respecto de un proyecto, respetando así el consentimiento libre, previo e informado. De igual forma, se debe velar por la generación de oportunidades para las comunidades, tales como la oferta de empleos e incluso el apoyo para el desarrollo de proyectos comunitarios. Elaborar, publicar y aplicar una metodología para medir las externalidades de los proyectos, mediante la cual, la Comisión Reguladora de Energía de México1 evalúe su sustentabilidad, con base en evaluaciones independientes. En función de los resultados, la Comisión podrá otorgar o negar el acceso prioritario a la red, dándole preferencia a aquellos proyectos que beneficien más a las comunidades locales. Contribuciones y apoyo de: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Heinrich Böll Stiftung Comunicación y Educación Ambiental S.C. FUNDAR, Centro de Análisis e investigación Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”
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Minería: ¿Un riesgo para el derecho humano al agua?
Nací en octubre de 1982 en Managua, capital de Nicaragua. Mi país es el más grande de Centroamérica, con 130,373.4 kilómetros cuadrados, pero el menos densamente poblado con 5.1 millones de habitantes. Esconocido como la “tierra de lagos y volcanes” por sus 21 cuencas hidrográficas —que albergan 85 ríos, 47 lagunas y dos grandes lagos— y su extensa cadena volcánica. Pero los recursos hídricos de Nicaragua se encuentran en peligro por actividades humanas (no sostenibles) como agricultura, pesquería y minería, situación similar en muchas partes del mundo. Observar el atardecer frente a la Laguna de Apoyo en el Departamento de Masaya, teniendo en el horizonte a la Ciudad de Granada (ciudad colonial), asentada a orillas del Lago Cocibolca, es una de las experiencias más maravillosas que he vivido, razón por la cual, me preocupa el daño a las fuentes de agua de mi país y de otros en la región y como esto afectará la calidad de vida y el nivel de bienestar de la personas. Daño al agua La Organización Mundial para la Salud (OMS) establece que “El agua dulce es un recurso limitado y su calidad está bajo presión constante. Preservar la calidad del agua dulce es importante para el abastecimiento de agua potable, la producción de alimentos y el uso de aguas recreativas.” La minería es una de las industrias más intensivas del mundo en el consumo de agua, afectando tanto lacantidad (disponibilidad) como la calidad de la misma. La primera se ve impactada por los grandes caudales quese utilizan en todo el proceso de extracción de minerales. A nivel internacional, un claro ejemplo del alto consumo de agua, son las actividades mineras desarrolladas en el desierto del Nordeste de Nevada, Estados Unidos, donde entre 1986 y 2001 se bombearon 580 millones de galones de agua, lo suficiente para abastecer a Nueva York por más de un año. Al respecto, Safe Drinking Water Foundation, organización canadiense que realiza investigaciones sobre el tema, indica que la calidad del agua se ve afectada por diferentes procesos de contaminación. Al remover la tierra para extraer los minerales, se libera el sulfuro que se encuentra en las rocas por naturaleza, pero que al entrar en contacto con el agua y el aire, se convierte en ácido sulfúrico (Drenaje Acido de Minas), altamente dañino para la calidad del agua y la biopersidad. Además, para extraer y separar minerales como el oro, se utilizan ciertos agentes químicos como el ácido sulfúrico y el cianuro, nocivos para el ser humano y la biopersidad. La exposición crónica a sustancias químicas en el agua potable puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños. Algunos casos A lo largo del continente americano, encontramos diferentes experiencias y testimonios de los impactos negativos de la minería en el ambiente. En Centroamérica, se encuentra la mina El Limón, en Nicaragua, cuya población aledaña sufre la carencia de agua potable por la contaminación de las fuentes de agua con cianuro y otros metales pesados. En Sudamérica está el caso de la ciudad de La Oroya, en Perú, donde las actividades de la metalúrgica Doe Run —empresa procesadora de cobre, plomo y zinc— han generado una crisis de salud pública debido a la liberación de gases tóxicos. Otro caso es el de la Mina Yanacocha, también en Perú, que en el año 2000 provocó una crisis similar a la anterior a causa de un derrame de mercurio que afectó a 925 personas, de las cuales 135 fueron hospitalizadas por la contaminación. En conclusión, la minería no sostenible representa un riesgo para el Derecho Humano de“Acceso al Agua Potable y Saneamiento” —reconocido por las Naciones Unidas en la Resolución 64/292.— al poner en peligro la cantidad y calidad de las fuentes hídricas. De igual forma, al afectar la calidad del agua, la minería viola además otros derechos como el Derecho Humano a la Salud y a un Ambiente Sano.
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