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La hidroeléctrica Las Cruces amenaza el ambiente y los derechos humanos

De ser construida, la hidroeléctrica Las Cruces apresará al río San Pedro Mezquital, el único que aún fluye libre en la Sierra Madre Occidental mexicana. Al interrumpir el caudal, afectará la pesca, agricultura, ganadería y otras actividades de las que cerca de 12.000 familias dependen para subsistir.

El embalse inundaría el poblado de San Blasito y afectaría al pueblo de Saycota, así como a 14 sitios sagrados y un centro ceremonial, fuentes de cultura y vida espiritual de los pueblos indígenas de la zona. Restringiría además el agua y nutrientes que el río lleva a Marismas Nacionales, uno de los bosques de manglar más grandes de México.

En septiembre de 2014, el gobierno dio los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica, pese al impacto que el proyecto tendrá en Marismas Nacionales y a que la entidad estatal a cargo del proyecto no consultó ni obtuvo el consentimiento de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas. Ignoró también las opiniones técnicas de autoridades nacionales y las recomendaciones de organismos internacionales sobre las amenazas que el proyecto representa para el ambiente y los derechos humanos.

AIDA trabaja de la mano con organizaciones locales para apoyar a las comunidades afectadas por el proyecto en su lucha para que sus derechos sean respetados.

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Proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza al humedal más importante del Pacífico mexicano

En el Día Mundial de los Humedales, comunidades indígenas piden a Semarnat no seguir autorizando proyectos que están destruyendo los manglares. El proyecto pretende represar el último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales, por lo que debe ser cancelado definitivamente. Con motivo del día mundial de los humedales, el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital y el Consejo Náyeri, en el estado de Nayarit, alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra Marismas Nacionales, el humedal más importante del pacífico mexicano, por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “Las Cruces”. Las comunidades denunciaron que la Manifestación de Impacto Ambiental del citado proyecto fue autorizada de manera condicionada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a pesar de contener numerosas observaciones e irregularidades. “Nos preocupa sobremanera que lo que sucedió en Tajamar se repita en Marismas Nacionales,” dijo Roberto Barrera, presidente de la Cooperativa Ostricamichin del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.  “Es evidente que la Semarnat ha autorizado sistemáticamente proyectos que tienen un impacto directo e irreversible en los manglares, a pesar de que México tiene leyes específicas y tratados internacionales que protegen estos importantes ecosistemas,” agregó. “Nuestro temor es que no se respeten las condicionantes y se inicie la construcción como ocurrió en Tajamar, y se afecte no sólo el ecosistema del manglar, sino también las estructuras sociales y forma de vida de las comunidades ribereñas,” dijo Antonio de la Rosa, habitante de la comunidad de Palma Grande municipio de Tuxpan, Nayarit. Por tal motivo, los consejos exigimos la cancelación definitiva del proyecto dados los graves impactos ambientales, culturales, sociales y económicos que conlleva. Con cerca de 200,000 hectáreas, 113 de ellas en Nayarit, Marismas Nacionales posee del 15 al 20% del ecosistema de manglar en el país, con las lagunas costeras más productivas del noroeste mexicano y más de 120,000 aves residentes y migratorias.  Es sitio Ramsar desde 1995 y en 2010 se decretó como reserva de la biosfera.  El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar San Pedro, último río libre de la región, y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Contacto de prensa Carlos Licón, [email protected], 66 22 33 82 36 

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Defensores de derechos humanos afectados por hidroeléctrica Las Cruces son víctimas de criminalización e intimidación

Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad. El proyecto fue autorizado por SEMARNAT pese a que no se garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas. Nayarit, México. Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso  A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza. En el contexto de megaproyectos como la hidroeléctrica Las Cruces, el gobierno ha conformado estrategias de intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos que se oponen a la explotación de su territorio; ése es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias. Ante ello, Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó la necesidad de que el gobierno del Estado de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos. En una conferencia de prensa realizada esta mañana, hizo notar que la labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, por lo que se debe transmitir el mensaje de que las agresiones de criminalización hacia su labor están totalmente fuera de lugar y los colocan en riesgo; por lo que deben parar las descalificaciones hacia las personas y colectivos que se oponen al megaproyecto. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos. La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional que se desprende de las obligaciones de proteger, garantizar y defender los derechos humanos; así como de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir el permiso.  “Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de  los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la SEMARNAT en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicó Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la conferencia de prensa. Por su parte, Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar, mencionó la falta de adecuación del proyecto con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT en virtud de la falta de realización de una consulta libre, previa e informada. Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua. En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.

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AIDA solicita a Relatores Especiales de la ONU investigar ilegalidad de autorización otorgada al proyecto hidroeléctrico Las Cruces en México

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) indicó que el Estado mexicano incumplió con su obligación de consultar y obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. Ciudad de México, México. En representación de las personas y comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó a Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas investigar la ilegalidad de la autorización otorgada al proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 18 de septiembre de 2014. La autoridad ambiental avaló el proyecto que sería construido sobre el río San Pedro Mezquital sin que los pueblos indígenas afectados hubieran sido consultados, y sin contar con un estudio que evaluara integralmente sus impactos sociales y ambientales. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promotora del proyecto, asegura haber llevado a cabo un proceso de consulta con los pueblos indígenas, las comunidades afectadas por la hidroeléctrica no reconocen haber sido consultadas. Asimismo, representantes del gobierno indígena tradicional Cora y Huichol han manifestado su rechazo total a la hidroeléctrica, y la urgencia de defender sus derechos territoriales. La propia Semarnat confirmó en su autorización al proyecto que las poblaciones de San Blasito y Saycota desconocen la realización de una consulta previa por lo que dicha entidad autorizó el proyecto condicionándolo a realizar una consulta.  "Ese condicionamiento no es obstáculo para que exista un incumplimiento de la obligación del Estado, dado que la consulta debió llevarse a cabo antes de la autorización del proyecto para cumplir con el requisito básico de ser previa. Incluso si en este momento se llevara a cabo una consulta, ello no evitaría la violación, ya consumada, de los derechos de las comunidades a ser consultadas previamente y a obtener su consentimiento libre, previo e informado", explicó María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. Una de las más graves violaciones de derechos humanos se presenta en perjuicio de los pobladores de San Blasito. Este lugar será inundado y sus residentes desplazados forzosamente, sin contar con medidas de reubicación ni compensación adecuadas. Asimismo, la construcción de la hidroeléctrica también representa un riesgo inminente para la garantía de otros derechos humanos de las comunidades indígenas y ribereñas de la zona. "Denunciamos ante los Relatores que los derechos al medio ambiente sano, la vivienda adecuada, la salud, el acceso al agua potable, y a la vida digna de las comunidades se verán seriamente vulnerados en caso de implementarse este proyecto", señaló Sandra Moguel, abogada de AIDA. "El río San Pedro Mezquital, además de ser un ecosistema estratégico y albergar lugares ceremoniales centrales para estos pueblos indígenas, constituye fuente principal de alimentación y agua potable para éstos".  Estos impactos no fueron evaluados integralmente antes de autorizar el proyecto. Por ello, AIDA pidió que los Relatores de la ONU evalúen la ausencia de un Estudio de Impacto Social que respalde la autorización de Las Cruces. "La falta de evaluación de los impactos sociales implica que tampoco se plantearon medidas de mitigación adecuadas", indicó Moguel. "Esto constituye a su vez una afectación directa al derecho de las comunidades a acceder a información completa sobre los impactos del proyecto". La omisión del Estado de garantizar el derecho a la consulta previa en este caso se presentó también en el marco de la emisión del decreto que levantó la veda del río San Pedro Mezquital. Tres días antes de autorizarse el proyecto hidroeléctrico, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tomaron esta decisión con el fin de permitir el aprovechamiento de parte del caudal del río para la generación de electricidad, abriendo paso al proyecto hidroeléctrico y sin consultar con las comunidades afectadas. AIDA solicitó a los Relatores Especiales de la ONU investigar los hechos mencionados, y llevar a cabo una visita al sitio donde está previsto construir la hidroeléctrica para que conozcan de primera mano las afectaciones al ambiente y a los derechos humanos de las comunidades ribereñas y pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Mexicanero y Huichol. De construirse Las Cruces, el caudal del río San Pedro Mezquital cambiará drásticamente, afectando sitios sagrados indígenas, actividades productivas de las que depende el sustento de los pobladores de la zona, e impactando Marismas Nacionales, humedal de importancia prioritaria internacional y ecosistema estratégico protegido. Consulte el informe enviado a Relatores Especiales de la ONU.  

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