Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia
El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos. Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".
Leer más
Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito
Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito. Bogotá, Colombia. El glifosato, herbicida usado para erradicar cultivos considerados ilícitos en Colombia, ha sido clasificado como sustancia probablemente cancerígena para las personas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con base en ello, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó al Ministerio de Justicia de ese país "suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG)". La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) respalda esa recomendación a fin de que se protejan los derechos a la salud y a un ambiente sano en Colombia, ambos ligados estrechamente al derecho a la vida. Instamos al gobierno a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales atendiendo las conclusiones a las que llegaron las máximas autoridades de salud para evitar mayores daños al ambiente y a las personas. Desde hace quince años, AIDA, junto con otras organizaciones, viene alertando sobre los graves impactos en la salud y el ambiente del glifosato y sobre la necesidad de aplicar el principio de precaución para suspender el programa de fumigaciones en Colombia. Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA: "Colombia, como ningún otro país, ha usado millones de litros de glifosato que no han logrado destruir los cultivos de coca y amapola, pero que sí han dañado irremediablemente la salud y el ambiente. Así que sin excusas o demoras, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe actuar responsablemente y suspender de inmediato el uso del glifosato en la erradicación de cultivos considerados de uso ilícito". Anna Cederstav, codirectora de AIDA y PhD en Química: "La evidencia científica sobre los impactos del glifosato en el ambiente y la salud es suficiente para respaldar una decisión de suspensión de la aspersión aérea del glifosato en Colombia".
Leer más
El Fondo Verde del Clima inicia el proceso de acreditación
2015 es el año de todo o nada: hundirse o nadar. El mes pasado, al inaugurar la novena reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, Hela Cheikhrouhou, directora ejecutiva del Fondo, habló de la urgencia que caracteriza al periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre en París. Describió este año como una de las últimas oportunidades de la humanidad para cambiar de rumbo y seguir un camino sostenible. A medida que nos acercamos a la firma de un nuevo acuerdo climático global, la eficacia del Fondo Verde del Clima adquiere una importancia particular. Contando al momento con 10.2 mil millones de dólares, el Fondo será el vehículo principal para financiar proyectos diseñados para ayudar a todas las sociedades —desarrolladas o en desarrollo— a enfrentar las causas y efectos de los cambios en el clima. En la reunión de marzo pasado, la Junta Directiva del Fondo acreditó a sus primeras instituciones intermediarias e implementadoras —a cargo de canalizar el dinero hacia los países en desarrollo—, y anunció sus planes de iniciar la asignación de esos recursos antes de fin de año. Estas acreditaciones, las que a su vez anuncian la inminente llegada de las primeras propuestas de proyectos, representan un hito importante en un proceso riguroso que comenzó hace casi cinco años con la creación del Fondo. "Esta pondrá a prueba la efectividad de la institución", dijo Andrea Rodríguez Osuna, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA, quien ha monitoreado el desarrollo del Fondo Verde Climático. "Cuando todo se reduce a esto, ése es el paso que importa". Las primeras siete instituciones acreditadas por la Junta representan un rango geográfico y temático amplio, y es probable que sean las primeras en presentar propuestas a financiar. Entre ellas están organizaciones de países que van de Senegal a Perú, especializadas en temas como protección costera, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible y mejoramiento de la vida de comunidades de bajos ingresos. Aunque las acreditaciones representan un avance hacia el cumplimiento de la misión del Fondo, existen decisiones organizacionales significativas que aún están en debate o que todavía no han sido abordadas. Uno de los temas que la Junta abordó el mes pasado fue el de las expectativas sobre el rol e impacto del Fondo a largo plazo, el cual les permitirá identificar prioridades de financiamiento, y el Marco Inicial de Inversión, en el que se delineará qué tipo de proyectos serán financiados y cómo se seleccionará y evaluará a los mismos. "Además de la acreditación, estos elementos son esenciales. Sin ellos el Fondo no puede avanzar hacia el futuro y tener discusiones más centradas y productivas", explicó Rodríguez. Los criterios y metodología para el Marco Inicial de Inversión del Fondo provocaron un debate acalorado entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros presionaron por puntos de referencia mínimos requeridos que permitan una medición de éxito más simple; mientras que los segundos presionaron por puntos de referencia cualitativos y sin requerimientos estrictos que aseguren de mejor forma un acceso más equitativo a los fondos. Finalmente se llegó a un acuerdo y se decidió usar puntos de referencia mínimos indicativos y no obligatorios que alienten la ambición y tomen en cuenta las necesidades de los países en desarrollo más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. El Secretariado presentará los parámetros propuestos para mayor desarrollo en aproximadamente un año, en la décimo tercera reunión de la Junta. En cuanto al rol e impacto esperados del Fondo, la Junta tomó una decisión inusualmente unánime: mantener en revisión el Marco Inicial de Inversión y adoptar las medidas necesarias sobre el criterio de las necesidades de los países receptores. Habiendo acordado que el documento presentado por el Secretariado carecía de información suficiente, la Junta le solicitó mayores datos científicos y técnicos antes de comenzar a delinear sus prioridades. Un elemento particularmente importante para el trabajo de AIDA estuvo notablemente ausente de la conversación debido a la falta de tiempo: el "Mejoramiento al Acceso Directo", el cual obligaría a la participación pública en ciertos proyectos. Se ser aprobado, este acceso directo aseguraría un involucramiento más equitativo de todos los actores que trabajan para combatir los efectos del clima cambiante. La siguiente reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático se realizará del 6 al 9 de julio en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. AIDA estará presente de nuevo para monitorear estos temas e informar sobre los avances importantes en momentos en los que el mundo se prepara para un nuevo acuerdo climático global, y la implementación del Fondo Verde del Clima está cada vez más cerca.
Leer más