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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Informe independiente concluye que Bancos de Desarrollo de Alemania y Holanda incumplieron normas ambientales y de derechos humanos al financiar la represa Barro Blanco en Panamá
Comunidades indígenas y sociedad civil, conmocionadas por la respuesta inadecuada de los bancos ante los hallazgos. Kiad, Panamá/Ámsterdam/Bogotá. El viernes pasado se conoció un informe largamente esperado y realizado por un panel independiente que concluyó que los Bancos de Desarrollo de Holanda y Alemania (FMO y DEG, respectivamente) violaron sus propias políticas al no evaluar adecuadamente los riesgos para el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas antes de aprobar un préstamo de US$ 50 millones para GENISA, empresa a cargo de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En su respuesta a los hallazgos, los bancos reconocen algunas deficiencias en su evaluación, pero no se comprometen a tomar ninguna medida para abordar las violaciones graves a sus políticas. Aunque el informe concluye que "los prestamistas no han considerado de forma suficiente la resistencia de las comunidades afectadas", parece que los bancos insisten en actuar así. En mayo de 2014, el Movimiento 10 de Abril (M-10), en representación de los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto y con el apoyo de Both ENDS y SOMO, presentó la primera queja ante el Mecanismo Independiente de Quejas (ICM) del FMO y el DEG. La queja arguye que la represa Barro Blanco afectará parte del territorio indígena Ngöbe-Buglé, inundando hogares, escuelas y sitios religiosos, arqueológicos y culturales. Pese a sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el Gobierno panameño, GENISA y los bancos no obtuvieron el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los Ngöbe-Buglé antes de que el proyecto sea aprobado. El ICM encontró que "los prestamistas deberían haber buscado mayor claridad sobre si hubo consentimiento al proyecto por parte de las autoridades indígenas apropiadas antes de la aprobación del mismo". "No dimos nuestro consentimiento a este proyecto antes de su aprobación, y no tiene nuestro consentimiento actualmente", dijo Manolo Miranda, representante del M-10. "Exigimos que el gobierno, GENISA y los bancos respeten nuestros derechos y detengan este proyecto". El ICM encontró que "si bien el acuerdo [de préstamo] se alcanzó antes de la etapa de construcción clave, los temas significativos relacionados con impactos sociales y ambientales y, en especial, con los derechos de los pueblos indígenas, no fueron evaluados de forma completa antes del acuerdo". La omisión de los bancos de identificar los potenciales impactos del proyecto conllevó, a su vez, el incumplimiento de requerir a su cliente la adopción de medidas para mitigar dichos impactos. El Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP), anexado al acuerdo de préstamo, "no contiene disposiciones sobre adquisición de tierras y reasentamiento, ni sobre biodiversidad y gestión de recursos naturales. Tampoco incluye referencias a asuntos relacionados con el patrimonio cultural". "Esta omisión constituye una violación de estándares internacionales sobre la obligación de elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Social adecuados e integrales antes de implementar cualquier proyecto de desarrollo, con el fin de garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y a la información y participación efectiva de la comunidad potencialmente afectada", explicó Ana María Mondragón, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Aunque el FMO y el DEG reconocieron, en su respuesta oficial al informe del ICM, que "no realizaron una valoración total en la aprobación del crédito", no hicieron compromisos concretos para asegurar que los derechos de los afectados por la represa serán respetados. Los bancos afirmaron que enfrentan "limitaciones a su influencia" sobre los procesos gubernamentales para llegar a un acuerdo satisfactorio con todos los actores involucrados. Sus acciones, sin embargo, revelan una historia diferente. En febrero, el Gobierno de Panamá suspendió provisionalmente la construcción de la represa Barro Blanco. Posteriormente, convocó a una mesa de diálogo con los Ngöbe-Buglé facilitada por Naciones Unidas para discutir el futuro del proyecto. En lugar de impulsar al Gobierno panameño a respetar los derechos de la comunidad Ngöbe, el FMO y el DEG solicitaron que la autoridad nacional del ambiente reconsiderara la suspensión, y permitiera a su cliente reiniciar la construcción de la represa. En febrero, enviaron una carta al Vicepresidente de Panamá, expresando su "gran preocupación y consternación" por dicha suspensión, y señalando que ésta "podría pesar sobre decisiones futuras de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo en Panamá". 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También tienen que encontrar formas para asegurar que el CLPI sea obtenido donde sea relevante a través, por ejemplo, de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos." El manejo de la queja fue un proceso largo y en ocasiones frustrante. GENISA se negó a cooperar con el ICM y a proporcionarles acceso a los documentos del proyecto, lo que llevó a los bancos a un acuerdo secreto y paralelo con GENISA. Dicho acuerdo reemplazó los procedimientos públicos del ICM, y permitió que GENISA revisara el borrador del informe y los informes finales de investigación antes de compartirlos con los denunciantes. "El FMO y el DEG están más preocupados en proteger los intereses de su cliente que en proteger los derechos de las personas afectadas por los proyectos que financian", dijo Kris Genovese, investigadora sénior del Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO). "Es una trágica ironía que los bancos pidieran el consentimiento de la empresa para publicar el informe de investigación del ICM, y no el consentimiento de los Ngöbe-Buglé para llevar a cabo el proyecto". El proyecto Barro Blanco fue registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, sistema que bajo el Protocolo de Kyoto permite acreditar proyectos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en países en desarrollo. "Si bien se espera que los flujos del financiamiento climático fluyan a través de diversos canales en el futuro, las lecciones de Barro Blanco deben tomarse muy en serio. Para evitar que futuros proyectos de mitigación de cambio climático tengan impactos negativos, se requiere un fuerte sistema institucional de salvaguardas que respete todos los derechos humanos", dijo Pierre-Jean Brasier, coordinador de redes de Carbon Market Watch. "La oportunidad de establecer dicho sistema de salvaguardias es ahora, antes del acuerdo de París, a fin de poner el respeto de los derechos humanos en el tope de la agenda de la CMNUCC". El ICM monitoreará la aplicación por parte de los bancos de las medidas y recomendaciones correctivas. Mientras tanto, el M-10 espera que el FMO y el DEG retiren su inversión del proyecto, y piden que los Gobiernos de Holanda y Alemania muestren su compromiso público para garantizar los derechos de los Ngöbe-Buglé afectados. Al mismo tiempo, los bancos deben abstenerse de ejercer presión sobre el Gobierno de Panamá. Notas: Véase el Informe del Mecanismo Independiente de Quejas del FMO-DEG y la respuesta de los bancos aquí: http://www.fmo.nl/complaints-disclosure Consulte el Resumen de los hallazgos del Mecanismo Independiente de Quejas respecto a Barro Blanco y la respuesta de la gerencia de FMO-DEG aquí: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/press_releases/resumen_hallazgos_icm.pdf
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