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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Belo Monte: Decididos a conseguir justicia
Por Flavia Amaral, abogada de AIDA Mientras la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte, la tercera más grande del mundo, avanza en la Amazonía brasileña, los impactos sociales y disturbios asociados al proyecto continúan. Se tiene previsto que en los próximos meses cerca de 2.000 familias serán reubicadas de sus casas en Altamira, cerca del río Xingú, a viviendas de reciente construcción. Otras 2.000 familias fueron reasentadas el año pasado. La reconfiguración de la zona sigue creando problemas sociales. Los nuevos asentamientos están lejos del centro de Altamira, donde no existe transporte público. Muchas de las casas nuevas ya muestran problemas estructurales, y en los alrededores existe poca o ninguna infraestructura básica como centros de salud, escuelas e instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Además, para ser reubicadas, las familias deben manifestar que no tienen quejas o preocupaciones respecto de la represa Belo Monte o de la empresa responsable de su construcción, un requisito difícil de cumplir para quienes están perdiendo tanto. Muchas comunidades indígenas afirman que hay una explosión de tala ilegal en sus tierras. Norte Energía, el consorcio que construye Belo Monte, no ha implementado los sistemas de monitoreo requeridos ni ha construido estaciones de vigilancia que podrían evitar la tala. Como resultado, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), entidad gubernamental que vela por los derechos indígenas en Brasil, informa que la situación es crítica y especialmente grave para las tierras del pueblo indígena Arara. Las protestas de quienes buscan justicia, reconocimiento y compensación continúan en toda la zona. El mes pasado, cientos de agricultores realizaron protestas exigiendo tenencia de tierra, crédito y mejoras para la agricultura familiar. Dos personas murieron después de ser golpeadas por un auto que irrumpió en el bloqueo de manifestantes. Esta situación representa la agitación y violencia que se respira en el lugar. Evidentemente, la construcción de Belo Monte ha causado un impacto enorme en la cuenca del río Xingú mucho antes de comenzar a operar. Hace cuatro años, tras la solicitud de AIDA y organizaciones colegas en Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un importante paso a favor de las personas afectadas por la represa. Solicitó al Gobierno brasileño adoptar medidas cautelares para prevenir daños irreparables a los derechos de las comunidades indígenas cuya integridad cultural y forma de vida estaban en riesgo debido a la construcción de Belo Monte. Claramente, después de todos estos años, las amenazas se mantienen: Brasil no ha cumplido con las medidas cautelares. AIDA continuará trabajando para asegurar que el ambiente y los derechos de las comunidades de la cuenca del río Xingú de Brasil sean respetados plenamente. Creemos que la Comisión aún está a tiempo de actuar, y que el Gobierno de Brasil todavía puede replantear sus políticas y prácticas para convertirse en un modelo global de equidad y justicia. ¡Muchas gracias por el apoyo constante a nuestro trabajo a favor del ambiente y las personas en la Amazonía!
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Es un hecho innegable y preocupante: 76% de los humedales del mundo se han deteriorado en los últimos 40 años. En América Latina, los impactos de industrias extractivas como la minería y de proyectos inmobiliarios y turísticos son una de las principales causas para la pérdida y degradación de estos frágiles ecosistemas. AIDA ayudó a que dichas amenazas fueran reconocidas como preocupación prioritaria por el Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Lo hicimos durante nuestra participación en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención, realizada del 2 al 9 de junio en Punta del Este, Uruguay. AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil incluyeron esos factores de riesgo en una declaración pública presentada ante los representantes de los gobiernos. El Secretariado de Ramsar incorporó esas amenazas en el Plan Estratégico 2016-2024 de la Convención. “Este reconocimiento abre paso para que se hagan investigaciones y se establezcan lineamientos para combatir el problema; al aportar a la identificación de las causas para el deterioro de los humedales, sentamos las bases para que se adopten regulaciones y otras medidas efectivas de conservación de estos ecosistemas”, dijo Sandra Moguel, abogada de AIDA y quien asistió a la Conferencia. En esa misma línea y junto con organizaciones locales, presentamos una petición al Secretariado de Ramsar para alertar que el Gobierno de Colombia ha incumplido su obligación de proteger los páramos o humedales altoandinos del país conforme al tratado. En la petición llamamos la atención sobre los riesgos que actividades como la minería a gran escala implican para los páramos, fuente de más del 70% del agua en Colombia, y le pedimos al Secretariado monitorear la situación y tomar acciones según sus competencias. El Plan Estratégico de la Convención Ramsar para los próximos años también reconoce la necesidad de tener una mayor sinergia con otros tratados internacionales en materia ambiental como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para que el uso sostenible y la conservación de los humedales adquieran mayor relevancia y se lleven a cabo de forma más efectiva. Esa correlación es clave. “Uno de los grandes desafíos de la Convención es vincular de forma apropiada e integral la implementación del tratado con la lucha contra el cambio climático”, señaló Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, quien también participó en la Conferencia. Lozano Acosta destacó que en el evento se aprobaran una resolución que establece que los países deben reservar la cantidad de agua necesaria para la preservación de sus humedales, y otra que vincula la protección de esos ecosistemas con la mitigación de desastres naturales, pues los humedales son barrera natural frente a huracanes y tormentas. Pero lamentó que en la Conferencia aún no existan los espacios suficientes y adecuados para la participación de la sociedad civil. Para Moguel, fue un acierto que, gracias a las gestiones hechas por los representantes de países latinoamericanos, todas las resoluciones emitidas en la Conferencia incluyeran y reconocieran en su texto el manejo que los pueblos indígenas hacen de los humedales con base en sus conocimientos tradicionales. Finalmente, en un evento paralelo a la Conferencia organizado por la Iniciativa Internacional de Arrecifes de Coral, AIDA expuso su trabajo en defensa de esos ecosistemas. Presentamos nuestra guía de buenas prácticas de regulación para proteger corales y enfatizamos los casos del Sistema Arrecifal Veracruzano y Cabo Pulmo, en México, sitios en riesgo por infraestructura portuaria y turística respectivamente.
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¡Buenas noticias para la tortuga caguama!
Por Gladys Martínez La semana pasada se dio un gran paso para la protección de las tortugas marinas caguama, especie amenazada por la pesca no sostenible y por proyectos inadecuadamente planeados. Durante la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que tuvo lugar en la Ciudad de México, los países firmantes del tratado aprobaron una resolución orientada a la conservación de la tortuga caguama o cabezona (Caretta caretta), la cual reconoce a la minería como una de las amenazas que afecta a esa especie. Estamos orgullosos porque AIDA, presente en la Conferencia, tuvo la oportunidad de generar conciencia entre los delegados de los Estados sobre las potenciales amenazas que la minería marina de fosfato podría causar en las tortugas caguama y en el ecosistema marino en general. Lo hicimos al explicar los impactos del proyecto minero Don Diego que de ejecutarse afectaría a la población de tortuga caguama de la Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México. También concientizamos a los Estados sobre la necesidad de que se comprometan a tomar acciones inmediatas para la conservación y preservación de esa especie. Con base en nuestra experiencia y conocimientos en derecho ambiental internacional, ayudamos a fortalecer las propuestas de resolución, logrando que la minería sea incluida en la resolución aprobada como una de las actividades que los Estados deben regular para evitar daños a las tortugas. Detalles de la resolución que favorece a la tortuga caguama En la resolución, los Estados reconocen que las poblaciones de tortuga caguama son amenazadas por del desarrollo y la pesca costera, la pesca en alta mar, los desechos marinos, la minería, la contaminación y el cambio climático. En ella los países se comprometen a trabajar juntos para implementar los planes de recuperación existentes para esa población y a desarrollar nuevos planes en aquellos países donde actualmente no existe ninguno. En ese sentido, se hicieron compromisos específicos: México y Estados Unidos trabajarán con Japón para desarrollar un Plan de Recuperación Trinacional para la tortuga caguama del Pacífico Norte. Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos trabajarán con la Secretaría Pro Tempore de la CIT y la Secretaría de la Convención de Especies Migratorias (CMS) para implementar un Plan de Acción de Especies Individuales para la tortuga caguama del Pacífico Sur. México y Estados Unidos continuarán trabajando con los países colaboradores del Atlántico Norte para compartir información sobre la situación y tendencias de la tortuga caguama del Atlántico Noroeste, e identificarán acciones conjuntas de conservación. Un balance de la Conferencia “Nos sentimos muy satisfechos por los avances alcanzados en esta Conferencia. Es un privilegio participar, y contribuir efectivamente con nuestra experiencia de trabajo en eventos como éste donde se toman decisiones a nivel internacional, las cuales son implementadas luego en cada país”, dijo Gladys Martínez, abogada de AIDA y representante de la organización en la Conferencia. “Hemos sido observadores y actores durante esta Conferencia, representando a otras organizaciones e individuos que son parte de la sociedad civil; seguiremos trabajando por la conservación marina y cumpliendo nuestra misión de usar la ley para defender el derecho de todos a un ambiente sano”. Tras la Conferencia, también la tortuga baula (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental estará mejor protegida. Los Estados aprobaron una resolución en la que se comprometen a: Entregar información anual a la Secretaría de la Convención sobre las capturas incidentales de tortuga baula hechas por sus flotas. Informar anualmente de las medidas que están adoptando para reducir las capturas incidentales de la especie. Identificar, con ayuda del Comité Científico, áreas y pesquerías criticas que requieren un manejo espacial y temporal para reducir las capturas incidentales de la especie. Fortalecer acciones para la protección de los huevos de tortuga baula. Establecer y evaluar los programas nacionales de manipulación y liberación de tortugas baula capturadas incidentalmente en las pesquerías. Confiamos que los Estados transformarán estos compromisos internacionales en acciones efectivas para la conservación de las tortugas marinas. Desde AIDA permaneceremos vigilantes para garantizar que así sea.
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