Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Introducción a "Empresas y Derechos Humanos"
En este seminario virtual, los panelistas abordaron la actual agenda internacional en materia de Empresas y Derechos Humanos, y presentaron un marco general del estado de la cuestión, así como de los retos y oportunidades para avanzar a nivel regional. Video Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas o en las que éstas han tenido un rol preponderante, constituyen una problemática creciente en la región. Estas violaciones se derivan de situaciones diversas que van desde la implementación masiva de proyectos de desarrollo sin cumplir estándares ambientales ni de derechos humanos, hasta el incumplimiento de estándares laborales y el uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o grupos armados al margen de la ley asociados con las empresas. Uno de los mayores retos de la sociedad civil es encontrar vías para abordar efectivamente la problemática. Para ello es fundamental fortalecer nuestras capacidades, y homogeneizar nuestras herramientas y conocimientos en la materia. Presentaciones: Notas Consulte la relatoría del evento aquí. Organizado por: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Justiça Global. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Centro de Análisis e Investigación Fundar. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Business & Human Rights Resource Centre. Human Rights Research and Education Centre.
Leer más
AIDA celebra publicación de Encíclica Papal y reconocimiento de desafíos urgentes para Nuestra Casa: la Tierra
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) aplaude la nueva Encíclica Laudato si (Alabado sea) del Papa Francisco dada a conocer hoy, que aborda los retos ambientales que la humanidad debe afrontar con urgencia de forma conjunta para proteger la Tierra “con la cual compartimos la existencia”. Su Santidad resalta las recomendaciones que organizaciones como AIDA hemos venido sugiriendo, lo cual nos complace y esperamos que finalmente tenga eco en los gobiernos, entidades internacionales, empresas y todas persona en este planeta, pues todos tenemos la responsabilidad de actuar para proteger nuestra Casa. La Encíclica es muy completa y abarca diversos temas, de los cuales resaltamos que el Papa reconozca: El trabajo que organizaciones e individuos realizamos para proteger el ambiente. Agradecemos su gesto y nos sentimos honrados y comprometidos a continuar con la ardua labor. Que “…las Cumbres mundiales sobre el ambiente de los últimos años no respondieron a las expectativas porque, por falta de decisión política, no alcanzaron acuerdos ambientales globales realmente significativos y eficaces.…”. Por lo cual concluye que “…la reducción de gases de efecto invernadero requiere honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo de los países más poderosos y más contaminantes…”. La inequidad social y el impacto de la degradación ambiental, la cual “empeora” la miseria de los más pobres, incluidos migrantes y comunidades indígenas. Por tanto, reiteramos nuestro llamado a proteger la Tierra considerando especialmente soluciones que atiendan esa desigualdad. La compleja y rica biodiversidad de los ecosistemas del planeta, la cual debe ser preservada, así como el derecho humano al agua que “determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. El Principio de Precaución como mecanismo para evitar daños graves e irreversibles al ambiente. Con esta Encíclica, el Papa Francisco se une a otras autoridades religiosas que han realizado un llamado urgente para adoptar acciones inmediatas de protección al planeta.
Leer másDeclaración de las ONG a la COP12 de Ramsar
Por la Red Mundial de Humedales Quienes integramos la sociedad civil representada a través de las ONG y otros grupos apreciamos mucho esta oportunidad de dirigirnos a la 12ª Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los humedales. Hemos trabajado juntos para preparar ésta declaración a través de la Red Mundial de Humedales, una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, muchos de los cuales centran su trabajo en humedales de su área local. Estas organizaciones reflejan sus culturas y comunidades locales y son una fuerza considerable para la conservación Ramsar de los humedales. Todos los presentes entendemos los valores de los humedales para la vida en la tierra. Para las ONG y grupos de la sociedad civil, estos valores están muy cerca de nuestro corazón, es a lo que dedicamos nuestra vida: nuestro compromiso. Los humedales nos proveen de agua dulce y limpia. Son esenciales para la seguridad alimentaria, el suministro de agua para riego, y la producción de alimentos para nuestro sustento. Los humedales contribuyen a mitigar el cambio climático al capturar carbono, y reducen los impactos de fenómenos meteorológicos extremos al desacelerar y almacenar agua en inundaciones. Albergan una gran cantidad de biodiversidad que hace de nuestro mundo un lugar más rico. Los humedales son nuestro hogar, y están fuertemente ligados a nuestra identidad cultural y espiritual. Asimismo, somos sus custodios. Nuestra ética nos inspira a trabajar en la conservación de humedales a través de muchas actividades: en trabajo de campo, investigación, monitoreo, promoción, protección, educación y participación de la comunidad. Ahora sabemos que nuestra tierra ha sufrido la destrucción del 64% de todos los humedales a manos del desarrollo humano desde 1900. Las ONG y la sociedad civil apoyan plenamente el objetivo de Ramsar para ralentizar, detener e invertir esa tendencia a la pérdida y degradación de los humedales en todo el mundo. En 2014, la Red Mundial de Humedales realizó una encuesta mundial de ONG para explorar su relación con la transmisión de los objetivos Ramsar de conservación de humedales. 190 personas respondieron de 52 países, dándonos la oportunidad de escuchar una voz colectiva de la población local. Los resultados de la encuesta se ofrecen ahora para que las Partes de Ramsar puedan implementar con éxito los recursos tanto gubernamentales como no gubernamentales para asegurar el mayor beneficio para los humedales, la fauna y la gente. La encuesta mostró abrumadoramente que las ONG se han comprometido con Ramsar y quieren hacer más. Apoyar y facilitar voluntarios y personal de las ONG para que se dediquen a la conservación de los humedales requiere de recursos, pero pequeños insumos crean grandes resultados, lo que lleva a mejores programas para los sitios Ramsar. Las actividades de comunicación, educación, concienciación y participación de Ramsar requieren una mayor promoción, como apoyo técnico y financiero. Muchas ONG tienen habilidades que podrían ser utilizadas de manera más activa en este proceso. Las ONG temen que algunos gobiernos parecen desalentar designaciones estratégicas de sitios Ramsar. Un medio para que la sociedad civil pueda resaltar nominaciones potenciales sería bien recibido. Algunos gobiernos no utilizan activamente a Ramsar como instrumento para proteger los humedales. Nos preocupa la inactividad de los gobiernos, los recursos financieros reducidos y la decreciente participación de los funcionarios públicos. Existe preocupación entre las ONG sobre la inexactitud de los informes Ramsar de los países miembro. Las partes contratantes deberían hacerse responsables de asegurar la exactitud de los informes sobre el estado de los humedales para sustentar una toma de decisiones eficiente. En algunos casos hay que hacer más para hacer cumplir la protección del sitio. Con base en las principales conclusiones de nuestra encuesta, la Red Mundial de Humedales ofrece las siguientes recomendaciones a consideración de Ramsar: Reconocer que las ONG suelen crear vínculos más duraderos y continuos con los sitios Ramsar que los representantes de los gobiernos. Elaborar una orientación más estructurada para las Partes de Ramsar, y los Puntos Focales Nacionales, sobre la manera de involucrar a la sociedad civil. Explorar opciones para incluir a más organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de toma de decisiones Ramsar en el ámbito internacional, nacional y regional. Crear vías para los aportes de ONG y organizaciones de sociedad civil en la presentación de informes sobre el estado de los humedales Ramsar, nominaciones de sitios, y el Registro de Montreux. Dar prioridad a la financiación y apoyo a las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en los humedales de la lista Ramsar. Por último, una colaboración total y efectiva entre la sociedad civil y las partes contratantes es esencial para lograr la conservación de los humedales a nivel local. Con respecto a los proyectos de resolución de la COP12 de Ramsar, las ONG piden vínculos más estrechos con el sector de la sociedad civil y ONG en la resolución 2 -el Plan Estratégico- y la resolución 9 -el programa de CEPA-. Confiamos en que esta reunión COP12 de Ramsar ayudará a la sociedad civil, el sector empresarial y los socios del gobierno para trabajar juntos en proteger, restaurar y promover los humedales.
Leer más