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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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El Fondo Verde Climático decepciona al acreditar entidades con antecedentes inadecuados de forma apresurada y poco transparente
Durante su décima reunión, realizada en Songdo, Corea del Sur, y en un proceso poco transparente, la Junta Directiva del Fondo Verde Climático acreditó a 13 entidades para el manejo del financiamiento que el Fondo otorgará para actividades de adaptación y mitigación del cambio climático. La Junta acreditó a las entidades en paquete, sin hacer un análisis debido caso por caso. Y lo hizo sin tener en cuenta que algunas de ellas habían sido penalizadas por financiar terrorismo y lavado de dinero, y que su cartera principal de financiamiento son los combustibles fósiles. Tampoco consideró que algunas de ellas no demostraron capacidad suficiente para manejar proyectos de cambio climático de alto riesgo que pueden conllevar impactos sociales y ambientales irreversibles, y que no cumplen con estándares fiduciarios internacionales para manejar ese tipo de actividades. “Estamos decepcionados al ver que el Fondo Verde Climático muestra un comportamiento orientado a los negocios, nada diferente a otros organismos financieros; ello no ayuda a que el Fondo contribuya a un cambio paradigmático y brinde mayor acceso a recursos a los actores locales”, dice Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA y observadora de la sociedad civil durante las reuniones de la Junta Directiva del Fondo. El proceso de toma de decisiones para la acreditación de las 13 entidades no fue transparente ya que no se conocieron los nombres de los candidatos sino hasta que la decisión fue tomada. Pese a ello, las organizaciones de la sociedad civil lograron obtener información para identificar los antecedentes inadecuados de algunas de las entidades que buscaban ser acreditadas y solicitaron a la Junta decidir caso por caso. Pidieron además que la Junta evalúe la existencia de evidencia suficiente sobre la capacidad de estas instituciones para el manejo de proyectos de alto riesgo, y asegure que sólo las mejores entidades sean acreditadas. Sin embargo, la Junta optó por tomar una decisión apresurada. Revisó las propuestas en una Sesión Ejecutiva, es decir secreta, y acreditó a las 13 entidades en conjunto sin considerar sus antecedentes problemáticos. “Al actuar de ese modo, la Junta pone en riesgo la reputación, credibilidad y legitimidad del Fondo Verde”, señala Rodríguez. La Junta Directiva debe asegurar que las entidades que buscan acreditación cumplan con todos los estándares requeridos para acceder a los recursos del Fondo. De ello depende también que países en desarrollo accedan al financiamiento necesario para implementar acciones frente a los daños cada vez más severos del cambio climático. Y es vital también que la Junta garantice procesos transparentes de toma de decisión.
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Represa Belo Monte podría empezar a operar pese al incumplimiento de condiciones socioambientales
Las condiciones para la protección de la salud, integridad y vida de la población afectada no se han cumplido. Organizaciones reiteran la vigencia de las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, cuya situación de riesgo a causa de la represa persiste y ha empeorado. Altamira, Brasil; Washington, Estados Unidos. La represa Belo Monte está a punto de obtener la autorización para comenzar a operar. Ello podría ocurrir sin que se hayan cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud, integridad y vida de la población afectada por el proyecto, incluidas las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú, sobre el cual se construye la hidroeléctrica con un avance de más del 70%. Ante tal situación, organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantener las medidas cautelares otorgadas en 2011 a favor de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingú. Lo hicieron como respuesta al pedido del Gobierno brasileño de levantar las medidas, que fueron otorgadas para evitar daños irreparables a los derechos de las comunidades. El escrito fue presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Justiça Global, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXPVS) en representación de comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la represa Belo Monte. Las organizaciones argumentan ante la CIDH que la situación social y ambiental en torno a Belo Monte sigue siendo grave, urgente y que se causarían daños irremediables. Lo hacen con base a un informe reciente del Instituto Socioambiental (ISA) de Brasil y a datos oficiales del gobierno que incluyen información de las autoridades de salud y de protección indígena, y del Ministerio Público. El informe de ISA analiza a detalle la situación de Altamira, Pará, región donde se construye Belo Monte, enfatizando las violaciones de derechos humanos e irregularidades del proyecto. El informe alerta que no existen las condiciones necesarias para que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorgue la Licencia de Operación al proyecto y autorice el llenado de la represa, así como el desvío definitivo del Xingú, para que una parte de la hidroeléctrica comience a operar. Según el informe de ISA, las medidas para evitar los impactos del proyecto en salud, educación y saneamiento básico no se han cumplido. Ello derivará en otros daños como la desmembración de pueblos indígenas, la saturación de los servicios públicos de salud, menor calidad en la educación y mayor degradación forestal. “Las consecuencias que anunciamos hace años son ahora una realidad”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “El llenado de la represa, previsto para fin de año, materializará la pérdida de viviendas, territorio y la modificación de los modos de vida tradicionales y fuentes de sustento de las comunidades del Xingú; por ello, las autoridades, de Brasil y la CIDH deben actuar efectivamente para evitar este desastre”. Todo apuntaría a que no existen las condiciones para que Norte Energía, consorcio a cargo del proyecto, obtenga la Licencia de Operación. El vicegobernador de Pará informó que aunque las obras de construcción registran un 70% de avance, sólo el 30% de las condicionantes se han cumplido. Del mismo modo, la Procuradora de República en Altamira, Thais Santi, dijo que el consorcio no está respetando el plan de protección de las tierras indígenas, la principal condicionante para la protección de los pueblos del Xingú. La decisión sobre la autorización del funcionamiento de Belo Monte deberá tomarse además en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado al proyecto. La investigación Lava Jato, iniciada hace un año, evidenció una masiva red de corrupción entre el gobierno y las grandes empresas constructoras en Brasil. Un alto ejecutivo, actualmente en prisión acusado de corrupción, mencionó en sus declaraciones cómo se habían pactado y ejecutado sobornos para la construcción de Belo Monte. Debido a ello la Contraloría General de la Unión (CGU) decidió investigar el uso de recursos públicos en el proyecto. “La falta de control efectivo en la ejecución del proyecto ha hecho que las consecuencias sean mucho peores a las previstas, por lo que dar vía libre a la operación de la represa implicaría en este momento cerrar por completo las opciones de evitar mayores desastres sociales y humanitarios en la zona”, dijo Sandy Faidherb, de la SDDH.
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Carta al Papa Francisco sobre situación delicada de las ONG en Bolivia
Respetuosamente nos dirigimos a Su Santidad como organizaciones que protegemos el ambiente y los derechos humanos en el continente americano, con ocasión de su próxima visita a Bolivia, que es aguardada con esperanza por el Gobierno y el pueblo bolivianos. Deseamos compartir con Su Santidad nuestra preocupación creciente sobre las severas limitaciones establecidas por el Gobierno al trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Bolivia. En especial respecto de las que defienden los derechos de la Madre Tierra y los derechos humanos. Celebramos el histórico esfuerzo de protección de nuestra Casa Común que significa la publicación de vuestra Carta Encíclica “Laudato si’”. Auguramos que su texto inspire e impulse cambios profundos en las políticas, prácticas y creencias de nuestros gobiernos, empresas, la sociedad civil y cada persona hacia un mundo más justo y realmente sostenible. Su Santidad, en la Carta Encíclica, ha ponderado el esfuerzo y aporte sustancial de las OSC de nuestro planeta para poner en la agenda pública los temas ambientales. Agradecemos profundamente este reconocimiento y deseamos que las OSC bolivianas también puedan seguir contribuyendo con su rol esencial en la promoción y cuidado de la Madre Tierra. Para ello es imprescindible que puedan ejercer plenamente su trabajo sin amenazas del Gobierno, incluso en situaciones en que puedan no estar de acuerdo. Como es de conocimiento de Su Santidad, Bolivia ha realizado aportes esenciales en el reconocimiento nacional e internacional de los derechos de la Madre Tierra. En 2009, el pueblo boliviano votó por mayoría absoluta su nueva Constitución que reconoció el derecho al ambiente sano y equilibrado de todas las personas; consolidó al ambiente como sujeto de derechos; y amparó los derechos de las futuras generaciones sobre el mismo. Asimismo, el Presidente Evo Morales ha promovido internacionalmente los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento internacional del derecho humano al agua. En 2010, el Presidente Morales manifestó que: “Ahora es más importante defender los derechos de la Madre Tierra que defender los derechos humanos, porque defendiendo los derechos de la Madre Tierra, defendemos los derechos humanos”[1]. Las organizaciones de la sociedad civil bolivianas, junto a las organizaciones indígenas y campesinas jugaron un rol trascendental para concretar este nuevo marco constitucional. No obstante, desde fines de 2011 la situación de éstas y su relación con el Gobierno se han deteriorado, en particular a partir de la decisión del Gobierno de construir una carretera a través de un Parque Nacional y Territorio Indígena (TIPNIS). Siendo que la mayoría de las comunidades indígenas de dicho territorio y muchas OSC de defensa ambiental y de los derechos humanos se oponen al proyecto por considerar que viola sus derechos y causaría impactos irreversibles en este hábitat natural. Desde entonces, el Gobierno implementó políticas y acciones para debilitar y limitar el trabajo de las OSC. En 2013, el Gobierno de Evo Morales aprobó dos normas (la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597) que restringen y condicionan el funcionamiento de las OSC a su apego a las políticas sectoriales del Gobierno, es decir, a la discrecionalidad de los actores gubernamentales. Por ejemplo, el Gobierno puede revocar la personalidad jurídica de las OSC, cuando considere que éstas incumplen las políticas sectoriales del gobierno[2]. El Defensor del Pueblo de Bolivia, presentó una acción de inconstitucionalidad contra tales normas en 2013, cuya sentencia no se ha resuelto hasta la fecha. Estas normas han amedrentado a las OSC del país ante el riesgo de la pérdida de su personalidad jurídica para trabajar. Muchas se han “silenciado” para mantenerse en pie, otras han cerrado sus actividades, o se han convertido a otras modalidades jurídicas, para evitar el hostigamiento de parte del Gobierno. Tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[3] como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas, han manifestado su preocupación sobre la Ley 351 y su decreto reglamentario. El Relator Especial de las NN.UU. Maina Kiai ha expresado que tales normas “injustificadamente restringen el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”[4]. Hasta el momento el Gobierno no ha incorporado las recomendaciones de dichas instancias para modificar dichas normas. El 20 de mayo pasado, el Gobierno aprobó una norma (el Decreto Supremo 2366) que autoriza la exploración de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas nacionales del país. En junio de este mismo año, el Presidente Morales amenazó a las OSC, en especial a las que promueven la protección de los derechos de la naturaleza, señalando: “…Quiero decirles: ONG, fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia…”[5]. Su Santidad, como podrá apreciar, la situación de las OSC y de cualquier institución o persona que pretenda proteger el ambiente en Bolivia, es muy delicada. Por ello le solicitamos respetuosamente que en su próxima visita al país, pueda hacer uso de sus buenos oficios ante el Presidente Evo Morales para que su Gobierno cese las presiones sobre las OSC, y asuma un compromiso público para respetar, garantizar y estimular su trabajo y funcionamiento, en pleno reconocimiento de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el pluralismo político e institucional, esenciales para la sostenibilidad de nuestras democracias. Muy agradecidos por su atención, le hacemos llegar nuestro saludo fraternal, con la esperanza que su visita e intervención pueda contribuir a la mejora de la protección de Nuestra Casa Común en Bolivia. Aprovechamos la oportunidad para expresarle las muestras de nuestra mayor consideración y estima. Fundación Centro de Estudios Ecológicos de la República Argentina (Argentina) Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (México) Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala) Medio Ambiente y Sociedad A.C. (México) Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en B.C.S. (México) COMCAUSA AC (México) Acción Ecológica (Chile) Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú) Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote (Perú) Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (Perú) Ambiente y Sociedad (Colombia) Asociación Amigos de los Parques Nacionales de Argentina (Argentina) Centro de Estudios Mineros Colombia Punto Medio (Colombia) Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Perú) Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Bolivia) Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia) Asociación Ecologista Río Mocoretá (Argentina) Asociación Eco Raíces (Argentina) Fundación Myrna Mack (Guatemala) Paz y Esperanza (Perú) Foro del Buen Ayre (Argentina) Asociación Ambientalista Ecolapaz (Argentina) Asociación Ambientalista del Sur (Argentina) Asociación Ambientalista Mayu Sumaj (Argentina) Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Argentina) Asociación Civil de Ecología Social (Argentina) Asociación Civil Red Ambiental (Argentina) Asociación Civil Tierra XXI (Argentina) Asociación de Protección al Ambiente Serrano - Calamuchita (Argentina) Asociación Ecologista PIUKE (Argentina) Asociación Lihue (Argentina) Asociación Vecinal Moronense (Argentina) Bios Argentina (Argentina) Centro Ambiental Argentino – Cambiar (Argentina) Centro Andino de Desarrollo e Investigación Ambiental (Argentina) Centro Argentino de Meteorólogos (Argentina) Centro de Protección a la Naturaleza (Argentina) Comisión Interdisciplinaria de Medio Ambiente (Argentina) Comisión Ecológica Ituzaingó (Argentina) Continental Nea (Argentina) Federación Amigos de la Tierra Argentina (Argentina) Foro de los Ríos (Argentina) Fundación Ambiente Ecológico (Argentina) Fundación Arandu (Argentina) Fundación Argentina de Energías Alternativas y Renovables (Argentina) Fundación Argentina de Etoecología (Argentina) Fundación Cullunche para la Conservación del Ambiente, la Flora y la Fauna (Argentina) Fundación Inti Cuyum (Argentina) Fundación Norte Ecológico (Argentina) Fundación Orden Ecológica (Argentina) Fundación Pacha Mama para el Medio Ambiente y Desarrollo (Argentina) Fundación para el Desarrollo Sustentable de Eco Regiones (Argentina) Fundación Pasos (Argentina) Fundación Península Raulí (Argentina) Fundación Proyectos Ambientales (Argentina) Fundación Red Informática Ecologista (Argentina) Grupo Ambiental para el Desarrollo (Argentina) Grupo Ecológico Bolívar (Argentina) Greenpeace Argentina (Argentina) Iniciativa Radial (Argentina) Instituto de Estudios e Investigaciones sobre Medio Ambiente (Argentina) Fundación Jorge Esteban Roulet (Argentina) Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas – Karst (Argentina) Movimiento Transfronterizo de ONG Ambientalistas de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Uruguay) Multimedios Ambiente Ecológico (Argentina) Observatorio de Políticas Sociales y Ambientales (Argentina) Red Eco-ambiental de Jujuy (Argentina) Taller ecologista Rótary Internacional (Argentina) Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (Honduras) Ágora Espacio Civil (Paraguay) Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Regional) Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (Ecuador) Fundación Étnica Integral (República Dominicana) Corporación para el Desarrollo de Aysén (Chile) Asociación pro Derechos Humanos (Perú) Alianza Mexicana contra el Fracking (México) Blue Planet Project (Internacional) Fundación Instituto Boliviano de la Montaña (Bolivia) Red MUQUI (Perú) Red Regional Agua, Desarrollo y Democracia (Perú) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Regional) Organización Familia Pasta de Conchos (México) Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (Bolivia) GRUFIDES (Perú) Derechos Humanos y Medio Ambiente (Perú) Hnas. de la Misericordia de las Américas, comunidad de Argentina (Argentina) CADEP “José María Arguedas” (Perú) Red Latinoamericana Iglesias y Minería (Regional) Asociación Fe y Derechos Humanos (Perú) Food & Water Watch (EE.UU.) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (México) Grupo de Mujeres de San Cristobal Las Casas (México) Defensa de Niñas y Niños - Internacional, Costa Rica (Costa Rica) Movimiento Franciscano ̈Justicia y Paz ̈ Bolivia (Bolivia) Franciscans International – Bolivia (Bolivia) Instituto NATURA (Perú) CooperAcción (Perú) Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI. Programa Fe, Economía, Ecología y Sociedad (Regional) Centro de Documentación e Información Bolivia (Bolivia) Comisión Colombiana de Juristas (Colombia) Red Uniendo Manos Perú (Perú) Adhesiones personales Albert Hans Argote Adrian, Cochabamba, Bolivia Miguel Vargas Delgado, Santa Cruz, Bolivia Ariel Pérez Castellón, Cochabamba, Bolivia Severo Villarroel Zenzano, Oruro, Bolivia Donald K. Anton, Australia [1] Cfr. http://www.jornada.unam.mx/2010/04/22/mundo/024n1mun [2] Cfr. Decreto Supremo 1597, Artículo 19, inciso g [3] Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, 14 de octubre a 1 de noviembre de 2013, párrafo 24 http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BOL/CCPR_C_BOL_CO_3_15635_S.doc [4] Cfr. http://www.noticiasfides.com/g/politica/la-onu-alerta-que-ley-sobre-ong-vulnera-el-derecho-a-la-libertad-de-asociacion-en-bolivia-34609/ [5] Cfr. http://www.cambio.bo/?q=oeneg%C3%A9s-que-perjudiquen-al-estado-se-ir%C3%A1n-del-pa%C3%ADs
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