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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Protegiendo tortugas marinas en el Golfo de México
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Los 5 Principales Logros de AIDA en los Últimos 6 Meses
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La ley impide desarrollos turísticos que dañarían bosques de manglar esenciales para la vida silvestre, la protección costera, la industria pesquera local y la mitigación del cambio climático. La colaboración entre AIDA y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, su socio local, garantizó que esta ley sea lo suficientemente fuerte para garantizar el uso racional de los humedales de todo el país. La Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación más importantes del mundo para aves migratorias y es hogar de jaguares y tortugas caguama (especie en peligro de extinción). Los manglares de la bahía amortiguan las cada vez más fuertes marejadas, y capturan 50 veces más carbono que los bosques tropicales. La bahía está enlistada como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la conservación de los humedales. 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Hace varios años, Colombia promulgó una ley que protege a los páramos, un importante paso debido a que la tierra en y alrededor de Santurbán contiene oro y otros minerales que empresas internacionales están ansiosas por explotar. Para implementar la ley y proteger realmente a ese páramo, Colombia tenía que establecer los límites del área protegida. Los límites propuestos inicialmente incluían sólo una pequeña fracción del páramo. Ahora, la mayor parte está protegida. 4. Se Publican Tres Importantes Informes de Referencia Uno de los servicios clave que AIDA brinda es la producción de informes basados en investigación y análisis legal. Estos informes sirven como referencia a funcionarios de gobierno, periodistas, grupos de la sociedad civil y tomadores de decisiones de industrias que se esfuerzan por proteger nuestro ambiente. Compilamos información exhaustiva acerca de las amenzas a recursos naturales y de las mejores prácticas para la protección ambiental. Nuestros informes llenan vacíos de conocimiento entre responsables de políticas públicas y defensores ambientales en América Latina. Las publicaciones recientes de AIDA pueden ayudar a guiar los esfuerzos hacia la protección ambiental. Éstas incluyen: Guía de Buenas Prácticas de Regulación para la Protección de Arrecifes de Coral (en inglés). La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. Guía sobre Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros. 5. Se Crea un Grupo Regional sobre Fracking: 30 Organizaciones en Siete Países Muchos países en América Latina le están abriendo sus puertas al fracking, una práctica que consiste en la inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión para fracturar rocas y liberar gas natural del subsuelo. 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ONG costarricenses denuncian actitud irresponsable del gobierno frente a la conservación marina
Organizaciones ambientales anuncian retroceso en la conservación marina. Señalan posición irresponsable en los acuerdos tomados por el gobierno, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de la actividad pesquera. El gobierno cede ante las presiones del sector pesquero y olvida el pacto ambiental, la ley y los compromisos internacionales del país. San José, Costa Rica. Como resultado de los bloqueos de vías por parte del sector pesquero, el pasado miércoles 2 de setiembre el Gobierno asumió compromisos temerarios, ilegales e inconstitucionales con algunos representantes de este sector. Los acuerdos y compromisos fueron comunicados al sector ambiental luego de una consulta y mediante oficio del señor Sergio Alfaro, Ministro de Presidencia, de fecha 07 de setiembre anterior. Como organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación los acuerdos que las autoridades han tomado con el sector pesquero, los cuales a nuestro entender implican: La flexibilización de regulaciones sobre comercio de tiburón. Según un borrador de Decreto ya confeccionado por el Ejecutivo para reformar el capítulo XIV del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se trasladará la potestad de autorizar la importación, la exportación y reexportación de productos de tiburón a Comisiones Especiales No Permanentes, cuyos miembros serían asignados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Actualmente, dicha responsabilidad recae sobre un consejo integrado por científicos nacionales nombrados independientemente por sus instituciones. Otorga además condición de "Autoridad Científica" al sector pesquero, con derecho a proponer sus representantes en las Comisiones No Permanentes. Esta acción resulta ilógica pues la participación del sector en la toma de decisiones técnicas se dará desde una perspectiva empresarial, privada y motivada por el lucro, contrario a las autoridades científicas formales como las Universidades e Instituciones públicas Estatales y no Estatales que en su naturaleza constitutiva se rigen por el interés público. Asumir a futuro una actitud pasiva ante la conservación y protección de especies de tiburón en peligro de extinción o riesgo inminente que deban ser incluidas en tratados internacionales firmados por Costa Rica. En esta negociación con el sector pesquero, el gobierno se compromete a no promover, ni respaldar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en convenciones internacionales como CITES y CMS, aunque se encuentren en condición de vulnerabilidad o riesgo de extinción. Es decir, el gobierno permite que el interés comercial particular prevalezca por encima del interés público ambiental. Promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón. El gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial. Confundir el interés privado empresarial con el "conocimiento tradicional" de las comunidades y equipararlo al conocimiento científico. El gobierno acordó con el sector pesquero entrar en un proceso "participativo" de revisión de las tallas mínimas de captura de peces, ante la negativa del sector a acatar las tallas establecidas por el Departamento de Investigación Pesquera del Incopesca. Las tallas mínimas de captura, que ya deberían haber empezado a regir, serán ahora revisadas bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de la gestión pesquera. Serán entonces los mismos pescadores quienes decidan que tallas van a pescar. Creemos firmemente en el papel que las comunidades costeras deben ser aliadas de la conservación, pero no debe confundirse su participación con la delegación de potestades públicas indelegables, alejándose incluso del criterio técnico-científico. Aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico que lo respalde. El quinto acuerdo expone un problema recurrente que el sector ambiental ha venido denunciando en los últimos años: la falta de fundamento técnico en decisiones sobre recursos pesqueros. En esta negociación, el gobierno se compromete a aumentar las cuotas de acarreo de atún y a convocar el proyecto de Ley "Para el desarrollo, promoción y aprovechamiento del camarón en Costa Rica", sin contar con el criterio técnico científico que lo respalde. "Somos enfáticos en recordar que el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que todo acto administrativo debe estar claramente fundamentado, sobre todo tratándose de autorizaciones para acceder a bienes de dominio público, que pertenecen a todos los costarricenses. El gobierno debe indicar cuál es el fundamento técnico que utilizó para asumir este nivel de compromisos con el sector pesquero”, agregó Jorge Jiménez, de Fundación Marviva. Representantes del sector coinciden en que el contenido de los acuerdos, representa un retroceso en la protección ambiental de los recursos marinos y de las propias comunidades que dependen de la salud de los mares. "Las actuaciones de las actuales autoridades y sus asesores son irresponsables, sin fundamento técnico y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Un retroceso de tal magnitud daña la imagen del país ante la comunidad internacional, entrando en abierta contradicción con la imagen que el país promociona de país respetuoso del ambiente", señaló Randall Arauz, de Pretoma. Para el sector ambiental, el gobierno está legitimando intereses privados por encima del interés público ambiental, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de pescadores y la conservación de los recursos marinos y pesqueros en nuestro país. "Nos genera gran asombro enterarnos de los acuerdos que las autoridades ambientales y pesqueras, en nombre del Estado y la Nación, han tomado con respecto a la disposición de bienes de dominio público por parte de particulares. Los compromisos toman una dirección contraria a lo que indican el conocimiento científico, el principio precautorio, así como del consenso internacional que existe sobre el manejo de grupos como los tiburones”, concluyó Marco Quesada, de Conservación Internacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad como parte relevante de la sociedad costarricense informar a la comunidad nacional cuando algún sector, gremio o el gobierno mismo, atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales, marinos o terrestres, de nuestro país y que en esta oportunidad afectan directamente el futuro de la seguridad alimentaria nacional. Apoyan este comunicado: WIDECAST, Fundación Marviva, Pretoma, Conservación Internacional, AIDA, Misión Tiburón, UESPRA, Fundación KETO, The Leatherback Trust, Asociación Costa Rica por Siempre, Biocenosis, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Sea Sheperd, Cedarena, Promar. Contacto de prensa Randall Arauz, 506-8344-3711, [email protected]
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