Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Brasil autoriza operación de represa Belo Monte desconociendo los derechos de la población afectada
Para português, clique aquiLa autoridad ambiental otorgó la licencia de operación al proyecto ignorando la evidencia del incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de indígenas y demás población afectada.Altamira, Brasil. El Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) otorgó hoy la licencia de operación a la represa Belo Monte, con lo cual puede comenzar su llenado. La autorización se hizo pese al incumplimiento de las condiciones para garantizar la vida, salud e integridad de la población afectada por el proyecto, mismas que la propia entidad consideró esenciales en un informe técnico del 22 de septiembre pasado. La decisión del IBAMA ni siquiera hace referencia a las condicionantes para proteger a las comunidades indígenas."No lo podemos creer. Todo es un crimen y una gran responsabilidad del Gobierno e IBAMA por la licencia a ese monstruo. La Presidenta de IBAMA estuvo en Altamira el 5 de noviembre y recibió muchas denuncias; todos —ribereños, representantes indígenas, pescadores, integrantes del movimiento— hablaron de los impactos que estamos viviendo, y ahora dan la licencia con más y más condicionantes, solo para que se incumplan", dijo Antonia Melo, lideresa del Movimiento Xingú Vivo para Siempre y desplazada por la represa.El pasado 12 de noviembre, en un oficio enviado al IBAMA, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) concluyó que las condiciones para la protección de los pueblos indígenas afectados por la represa no se habían cumplido plenamente. No obstante, le dio vía libre a la autoridad ambiental para otorgar la licencia de operación “en caso de que lo estime pertinente”.“La autorización viola claramente los compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos, especialmente respecto de los pueblos indígenas de la cuenca del río Xingú afectados por Belo Monte, quienes están protegidos por medidas cautelares otorgadas en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado brasileño sigue sin cumplir", dijo María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).La licencia permite el llenado de los dos embalses de la represa sobre el río Xingú, tributario del Amazonas. Es válida por seis años y está sujeta al cumplimiento de condicionantes cuyo avance será supervisado a través de informes semestrales. Las condicionantes deberían haber sido cumplidas antes de considerar u otorgar la última licencia de Belo Monte.“El licenciamiento ambiental es una forma de mitigar los efectos, controlar los daños y minimizar los riesgos que el emprendimiento implica para la población y el medio ambiente. Al irrespetar y flexibilizar los procedimientos de licenciamiento, el Estado deja que los intereses económicos prevalezcan y niega su deber de velar por el interés público”, señaló Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global.AIDA, Justiça Global y la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos hemos argumentado en los ámbitos nacional e internacional que no existen las condiciones para que la represa Belo Monte obtenga los permisos para operar. Sigue pendiente garantizar aspectos esenciales como el agua potable, el saneamiento, los servicios de salud y otros derechos mínimos a la población afectada y desplazada."La autorización de Belo Monte, proyecto implicado en escándalos de corrupción, contradice lo expresado por la Presidenta Rousseff hace unas semanas ante las Naciones Unidas, cuando aseguró que Brasil no tolerará la corrupción y que quiere un país donde los gobernantes se comporten estrictamente de acuerdo con sus deberes; esperamos que Brasil entre en razón y que sus acciones estén alineadas con sus discursos", sostuvo Astrid Puentes, codirectora de AIDA.La luz verde para Belo Monte no podría haber llegado en peor momento. Hace poco, el 5 de noviembre, dos represas de desechos mineros de Samarco, empresa propiedad de Vale y BHP Billiton, se rompieron en la ciudad de Mariana, Minas Gerais, causando una de las mayores tragedias ambientales del país. Una inundación de lodo y otros productos químicos arrasó con un poblado, dejó 11 muertos y 12 desaparecidos, afectó el abastecimiento de agua de la región, y destruyó fauna y flora. El mar de lodo llegó al mar abierto. Las licencias de operación de la empresa estaban vencidas hace dos años. Asimismo, el permiso de operación para Belo Monte tiene lugar a seis días de que inicie la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, la más decisiva hasta ahora. La operación de Belo Monte emitirá gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano, agravando así el cambio climático. Por ende, la autorización de Belo Monte es un pésimo mensaje del gobierno de Brasil que ignora sus compromisos en materia de derechos humanos y cambio climático, generando, con este proyecto, un ejemplo de cómo no debe producirse energía en el siglo XXI.
Leer más
Seminario virtual: El Fondo Verde del Clima Aprueba sus Primeros Programas y Proyectos a Financiar
La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se reunió por onceava ocasión del 2 al 5 de noviembre en Livingstone, Zambia. Fue una de las citas más importantes y esperadas del año ya que, en vísperas a la COP21, se aprobaron las primeras propuestas de programas y proyectos a ser financiadas por el Fondo. Además de respaldar ocho propuestas a financiar, la Junta discutió temas orientados a la operación efectiva del FVC. Entre ellos están los referidos al Marco de Monitoreo y Rendición de Cuentas, el plan estratégico del Fondo, el Programa de Ayuda a la Preparación o readiness support y a la designación de nuevos miembros de la Junta Directiva para los próximos tres años. ¿Qué propuestas de proyectos y programas fueron aprobadas? ¿Qué aportes se hicieron al Marco de Monitoreo y Rendición de Cuentas? ¿Qué se espera del plan estratégico del Fondo? En este seminario virtual, representantes de gobierno, del Secretariado del Fondo Verde del Clima, de entidades acreditadas y de la sociedad civil respondieron a ésas y otras preguntas. También hicieron un análisis puntual sobre las decisiones adoptadas por la Junta Directiva del Fondo. Grabación Presentaciones Resumen Consúltalo aquí.
Leer más
¿Cómo salvar a los arrecifes de coral?
Por Haydée Rodríguez Cuando digo que vivo en Costa Rica, mucha gente imagina que mi casa está frente al mar, arrullada por las olas. En realidad vivo en la ciudad, a una hora de la costa del Pacífico y a tres de la del Caribe. Pese a no coincidir con la idea paradisíaca de la vida en Costa Rica, me enamoré del mar desde niña. El sentimiento ha crecido con los años al conocer más sobre los misterios del mar, los servicios que brinda y las maravillosas especies que lo habitan. De todas esas especies, una de mis favoritas es el coral. Gracias a mi trabajo como abogada de AIDA, he aprendido más sobre los corales, y he podido encontrar maneras efectivas para protegerlos desde mi profesión. Muchas personas aún no se han dado cuenta de la conexión que tenemos con los corales, la cual existe aunque no tengamos el privilegio de vivir frente al mar. ¿Qué son los corales y qué hacen por nosotros? A pesar de parecer a simple vista como grandes piedras, los corales son organismos vivos con un esqueleto externo. Tienen una relación simbiótica (en la que ambas partes se benefician) con un alga llamada zooxantela, responsable de darle sus hermosos colores. Esta alga utiliza la luz del sol para producir su comida y parte de los nutrientes que necesita el coral para sobrevivir. A cambio, el coral le da protección. Un conjunto de corales forma un arrecife, un sitio rico en biodiversidad conocido como la selva del mar. Los corales nos ofrecen grandes beneficios: Son áreas de desove para peces: el pescado que comes está vinculado de alguna forma con un arrecife de coral. Son amortiguadores naturales que nos protegen de tormentas y huracanes. Son sitios turísticos que generan ingresos importantes para la economía de nuestros países: Un kilómetro cuadrado de arrecife de coral puede brindar servicios valorados hasta en USD 600.000 al año, según Naciones Unidas. La mala noticia es que estas bondades se podrían perder si no actuamos ahora para preservar los corales. Se estima que, a nivel mundial, el 60% de éstos podría desaparecer para el año 2030. Ello significa que nuestros hijos podrían disfrutar de los corales por corto tiempo, y que nuestros nietos los conocerían únicamente en las fotos de libros de historia y ciencia. ¿Cuáles son las amenazas y cómo podemos ayudar a combatirlas? Los métodos de pesca no sostenibles, como las redes de arrastre, arrancan pedazos de coral a su paso. Antes de comer o comprar cualquier marisco, vale la pena preguntar cómo fue pescado. Convertirnos en consumidores responsables es nuestro derecho y obligación. Debemos exigir en restaurantes y supermercados productos que hayan sido obtenidos del mar sin dañar corales u otras especies de importancia. Prácticas de turismo inadecuadas pueden dañar a los corales. Evitemos ponernos de pie sobre los corales al bucear o usar un esnórquel bajo el mar. Debemos recordar que los corales están vivos y que nuestro peso o el equipo que llevamos puede romperlos. Cuando compremos souvenirs (recuerdos) como collares y artesanías, rechacemos productos que usan o incorporan corales. Nosotros no necesitamos corales para adornar nuestras casas ni nuestro cuerpo, pero el mar sí lo necesita para mantener su equilibrio. Un estudio reciente da cuenta que, al entrar en contacto con el mar, los bloqueadores solares que contienen oxibenzona (un compuesto químico) pueden causar, incluso en bajas concentraciones, daños en el ADN de los corales, deformarlos y eventualmente provocar su muerte. Evitemos entonces utilizar este tipo de productos y usemos ropa que nos proteja del sol para disminuir su consumo. Encuentra aquí una lista de bloqueadores solares seguros para los corales. Los fertilizantes empleados en los cultivos y que eventualmente llegan al mar por los ríos, dañan gravemente a los corales al incrementar la producción de algas, mismas que bloquean el sol y evitan que los corales reciban sus nutrientes. Optemos por verduras y frutas cultivadas de manera orgánica y exijamos una agricultura responsable. Mejorando la protección legal de los arrecifes de coral Otra forma clave de salvar a los corales es buscar cambios en nuestros países. Alentemos a nuestros gobiernos a realizar mejoras en las normas que protegen esas especies. En AIDA hemos publicado una guía de buenas prácticas de regulación para la protección de los arrecifes de coral. El documento contiene ideas para fortalecer las leyes y promover la conservación de los corales. Te invito a compartir la guía con las autoridades del gobierno de tu país. También puedes enviarme ([email protected]) los datos de contacto de las personas que estarían interesadas en implementar estas recomendaciones. Los corales juegan un rol más importante en nuestras vidas del que pensamos. En nuestras manos está salvarlos y asegurar que nuestros hijos y nietos continúen disfrutando de sus beneficios.
Leer más