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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Diez razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos
Un Manifiesto de la Sociedad Civil[i] para el Apoyo de Soluciones Climáticas Reales Los grandes proyectos hidroeléctricos a menudo se propagan como una fuente "limpia y verde" de electricidad por las instituciones financieras internacionales, gobiernos nacionales y otros actores. Éstos se benefician enormemente de los instrumentos destinados a hacer frente al cambio climático, incluidos los créditos de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), créditos de los Fondos de Inversión Climática del Banco Mundial, y de condiciones financieras especiales de agencias de crédito a la exportación y bonos verdes. La industria de las grandes represas espera que el Fondo Verde Climático incluya dentro de sus proyectos a financiar a las grandes hidroeléctricas, y muchos gobiernos los impulsan como respuesta al cambio climático a través de iniciativas nacionales. Por ejemplo, al menos doce gobiernos con importantes sectores de hidroeléctricas han incluido la expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes de contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés). El apoyo de iniciativas climáticas es una de las razones por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas se encuentran actualmente en construcción y en proyecto. Sin embargo, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático. Deberían mantenerse fuera de las iniciativas climáticas nacionales e internacionales por las siguientes razones: Particularmente en las regiones tropicales, los embalses hidroeléctricos emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Según un estudio científico, el metano de los embalses representa más del 4% de todo el cambio climático causado por el hombre - comparable con el impacto climático del sector de la aviación. En algunos casos, los proyectos hidroeléctricos están produciendo más emisiones que las plantas a carbón generando la misma cantidad de electricidad. Los ríos eliminan alrededor de 200 millones de toneladas de carbono de la atmósfera cada año. Además, los sedimentos que los ríos como el Amazonas, el Congo, el Ganges y el Mekong llevan al mar alimenta el plancton que absorbe grandes cantidades de carbono. Los proyectos hidroeléctricos y otras represas interrumpen el transporte de sedimentos y nutrientes y afectan la función de los ríos como sumideros globales de carbono. Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables frente al cambio climático. La seguridad de las represas se ve amenazada por inundaciones sin precedentes, que tan solo en los EE.UU. han causado que más de 100 represas fallen desde 2010. La construcción de represas ha exacerbado los desastres causados por las inundaciones en zonas montañosas frágiles como Uttarakhand/India. Al mismo tiempo, los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica aumentan por las seguías extremas, que han afectado enormemente a países desde África hasta Brasil, que dependen de represas para generar la mayor parte de su electricidad. A diferencia de la mayoría de los proyectos eólicos, solares y de micro-hidroeléctricas, las grandes represas causan daños graves y a menudo irreversibles a ecosistemas críticos. Debido a la construcción de represas y otros factores, los ecosistemas de agua dulce han perdido en promedio el 76% de sus poblaciones desde 1970, más que los ecosistemas terrestres y marinos. Construir más represas para proteger a los ecosistemas del cambio climático significa sacrificar las arterias del planeta para proteger sus pulmones. Los grandes proyectos hidroeléctricos causan serios impactos en las comunidades locales y a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, recursos, gobernanza, integridad cultural y consentimiento libre, previo e informado. Las represas han desplazado entre 40 y 80 millones de personas y han afectado negativamente a un estimado de 472 millones de personas viviendo río abajo. La resistencia de las comunidades afectadas por represas a menudo se ha topado con graves violaciones a los derechos humanos. Los grandes proyectos hidroeléctricos no siempre son una herramienta eficaz para ampliar el acceso de energía hacia la gente pobre. A diferencia de la energía eólica, solar y las micro-hidroeléctricas, las grandes represas hidroeléctricas dependen de redes eléctricas centralizadas, que no son una herramienta costo-efectiva para llegar a las poblaciones rurales, particularmente en África al sur del Sahara y el Himalaya. Los grandes proyectos hidroeléctricos son a menudo construidos para satisfacer las demandas de proyectos mineros e industriales, a pesar de justificarse por las necesidades de los pobres. Incluso si fueran una buena solución por otras razones, los grandes proyectos hidroeléctricos son costosos y requieren de demasiado tiempo como para hacer frente a la crisis climática. En promedio, las grandes represas terminan costando 96% más de lo presupuestado y tardan 44% más de lo pensado. En comparación, los proyectos eólicos y solares se pueden construir más rápido y experimentan, en promedio, sobre costos de menos de 10%. A diferencia de la energía eólica y solar, la energía hidroeléctrica ya no es una tecnología innovadora, y no ha visto grandes avances técnicos en varias décadas. A diferencia de la energía solar, el financiamiento climático para los grandes proyectos hidroeléctricos no traerá economías de escala, y no fomenta la transferencia de nuevas tecnologías a los países del Sur. La energía solar y eólica ya están disponibles, son económicamente competitivas, y han superado a las grandes hidroeléctricas en la adición de capacidad nueva. Mientras las redes eléctricas se vuelven más inteligentes y el costo de almacenamiento en baterías cae, ya no se necesitan nuevos proyectos hidroeléctricos para equilibrar las fuentes intermitentes de energía renovable. Los proyectos hidroeléctricos actualmente representan el 26% de todos los proyectos registrados en el MDL, y absorben una importante cantidad de apoyo de otras iniciativas climáticas. El financiamiento climático que va para grandes proyectos hidroeléctricos desplaza el apoyo a soluciones reales, como la eólica, la solar y la micro hidroeléctrica, y crea la ilusión de acción real por el clima. La inclusión de las grandes hidroeléctricas en iniciativas climáticas parece anular falsamente la necesidad de soluciones climáticas adicionales reales. Por estas razones, las organizaciones y personas abajo firmantes piden a los gobiernos, financistas y demás instituciones mantener a los grandes proyectos hidroeléctricos fuera de sus iniciativas para abordar el cambio climático. Todas las soluciones climáticas y de energía deben respetar los derechos y medios de vida de las comunidades locales. [i] Amazon Watch, Asia Indigenous Peoples Pact, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bianca Jagger Human Rights Foundation, Carbon Market Watch, International Rivers, Jeunes Volontaires pour l'Environnement International, Oxfam International, South Asia Network on Dams, Rivers and People; Urgewald; REDLAR y Movimiento Ríos Vivos.
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