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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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México debe cumplir su obligación internacional de proteger a las tortugas marinas de su territorio
En ese país, dos proyectos amenazan la existencia de especies vulnerables de tortuga marina. AIDA pidió a la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas analizar esos riesgos y exhortar a México a cumplir el principio de precaución para conservar su población de tortugas marinas. La Convención incluirá en su informe para el 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras amenazas para esos animales. Viña del Mar, Chile. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) solicitó al Comité Científico de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas (CIT) analizar las amenazas que dos proyectos implican para la vida de las tortugas marinas carey, caguama y otras especies vulnerables en México. Pidió además que la Convención exhorte a que ese país aplique el principio de precaución para conservar a las tortugas marinas de su territorio, algo a lo que está obligado al ser parte de la Convención. Los proyectos en cuestión son la ampliación del puerto de Veracruz y la mina marina de fosfato Don Diego, en Baja California Sur. AIDA alertó a la CIT de los posibles impactos negativos de ambos proyectos durante la reunión del Comité Científico de la Convención en Viña del Mar. Explicó que aunque la Administración Portuaria Integral de Veracruz, entidad a cargo de la ampliación del puerto, señaló en su manifestación de impacto ambiental que "nunca se hará afectación directa sobre especies bajo protección”, no presentó medidas de protección para las tortugas marinas, particularmente para la carey (eretmochelys imbricata), catalogada como especie amenazada según la CIT y la legislación mexicana. “La tortuga carey está presente en todo el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y tiene rutas migratorias a lo largo del Golfo de México. A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en diciembre de 2013, autorizó la ampliación del puerto de Veracruz sin requerir un plan de manejo especial para conservar a esa especie”, explicó Sandra Moguel, abogada de AIDA. En cuanto a Don Diego, primera mina marina de fosfato en el mundo, AIDA informó a la Convención que, de ser autorizado, el proyecto pondría en peligro a la tortuga caguama (caretta caretta) debido a su posible interacción con el uso de maquinaria para el dragado de arena fosfática, al aumento del ruido en el entorno, y a que provocaría cambios severos en el ecosistema y la composición marina. Las poblaciones de tortuga caguama están en peligro de extinción según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). “Es importante que la CIT sepa de los posibles impactos del proyecto y brinde asesoramiento técnico y científico al Estado mexicano sobre los riesgos que la población de tortugas enfrenta. México está a tiempo de realizar un análisis objetivo, transparente y detallado del proyecto para evitar una amenaza más a la tortuga caguama”, dijo Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. En la reunión y tras las gestiones de AIDA, el Comité Científico de la Convención se comprometió a incluir en su informe del 2017 recomendaciones sobre minería, desarrollo costero y otras nuevas amenazas a la vida y hábitat de las tortugas marinas. Con ello podrá orientar la labor de los Estados para evitar impactos como los que ocasionarían en México los proyectos descritos. AIDA trabaja en los casos del puerto de Veracruz y la mina Don Diego en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. El 22 de septiembre, AIDA y CEMDA presentaron al Comité Científico de la CIT una petición sobre los impactos a las tortugas marinas y su hábitat de la ampliación del puerto de Veracruz y de los proyectos asociados a la misma. AIDA permanecerá alerta para evitar que ésos y otros proyectos dañen entornos naturales únicos y a las especies que habitan en ellos.
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Reducir los contaminantes climáticos de vida corta: Salvavidas en tiempos de cambio climático
Están a tu alrededor: el aire acondicionado colgado en la ventana de tu vecino, el carbón alimentando tu parrilla, el humo negro saliendo del camión que pasa, e incluso las vacas disperas en los campos fuera de la ciudad. Estos aspectos de tu vida diaria son solo algunas de las fuentes de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Al ser emitidos, los CCVC calientan la atmósfera. Pero, comparados con el dióxido de carbono, tienen una vida útil relativamente corta. En consecuencia, su mitigación efectiva podría brindar un chaleco salvavidas en las aguas turbulentas del cambio climático. Es por ello que vale la pena considerar a los CCVC cuando el mundo se mueve rápidamente hacia un nuevo acuerdo climático global, el cual será firmado en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La reunión en París este diciembre será la cita más importante de las negociaciones climáticas globales desarrolladas hasta ahora, ya que el nuevo acuerdo que saldrá de ella nos podría ayudar a salir del dilema planetario en el que estamos metidos. La tarea es difícil. Llevamos 20 Conferencias y ninguna ha logrado avances sustanciales. Las emisiones contaminantes suben cada año, salvo por la radiante excepción de los años 2008 y 2009, cuando las emisiones bajaron por la crisis económica mundial (y no por voluntad humana de sobrevivencia). A veces cuesta mantener la esperanza, pero en AIDA no la perdemos. ¿Qué son los CCVC? Estos contaminantes son el carbono negro, el ozono troposférico, el metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Cada uno de ellos es diferente, pero comparten dos características principales: son contribuyentes importantes al calentamiento global; y, una vez emitidos, permanecen muy poco tiempo en la atmósfera. El segundo rasgo es el que nos debe llamar la atención si buscamos mitigar el cambio climático en el corto plazo. A diferencia de los CCVC, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer en el aire por siglos. Ello significa que incluso si hoy detuviéramos todas sus fuentes de emisión, el CO2 ya emitido seguiría calentando la atmósfera por muchísimo tiempo. ¿De cuánto estamos hablando? El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) estima que los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento global. Estudios más recientes dan cuenta que ese porcentaje ronda entre el 40 y 45%. Mitigar el CO2,, responsable de la mayor parte del efecto invernadero, es esencial para mantener el equilibrio climático de la tierra en el largo plazo. Pero la oportunidad que ofrece la mitigación de los CCVC es mucho más inmediata. Ventajas de reducir los CCVC La conveniencia de reducir los CCVC es mayor si tenemos en cuenta que además de calentar la atmósfera, estos contaminantes causan otros problemas que afectan directamente a los entornos naturales y a la salud humana. El carbono negro y el ozono troposférico, por ejemplo, son la causa detrás de millones de muertes prematuras cada año, al aumentar el riesgo de males respiratorios y cardiacos. También dañan el rendimiento de los cultivos, por lo que su control ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial. ¿Y qué dice la Convención? La Convención y su Protocolo de Kioto no reconocen a los CCVC como concepto, aunque el Protocolo sí incluye al metano y a los HFC dentro de los gases de efecto invernadero que busca combatir. Pero esa falta de reconocimiento podría cambiar con el nuevo acuerdo climático que se prevé adoptar en la COP21 de París en diciembre. El acuerdo vigente incluye una lista de gases contaminantes específicos que los Estados deben reducir. Con el nuevo acuerdo, en cambio, los países decidirán libremente qué gases incluir en sus metas de mitigación. México ha dado un ejemplo notable en ese sentido al comprometerse, mediante sus Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (INDCs por sus siglas en inglés), a reducir de manera no condicionada 51% del carbono negro hasta el 2030. Dicho porcentaje podría subir al 70% con ayuda internacional. Manos a la obra En AIDA trabajamos para informar a los gobiernos de las medidas que pueden tomar para reducir efectivamente los contaminantes climáticos de vida corta en sus países. Abogamos por la adopción de soluciones cuya eficiencia ya ha sido probada en varios lugares del mundo. Para ello, estamos elaborando un informe que revisará la situación actual de la regulación referente a esos contaminantes en tres países de América Latina: Brasil, Chile y México. Esperamos que ello permita avanzar hacia un mejor abordaje de los CCVC en estos países para luego continuar trabajando en toda la región. ¡Encuentra AQUÍ mayor información sobre los CCVC!
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ONG alertan a la CIDH sobre la vulneración del derecho al agua por proyectos extractivos e hidroeléctricos
En audiencia ante la Comisión, evidenciaron que actividades extractivas, en especial las minero-energéticas, restringen el uso del agua del que subsisten personas y comunidades. Documentaron además la omisión de los Estados para proteger el derecho al agua y controlar efectivamente a las empresas y proyectos que lo afectan. Washington, Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil[i] llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. 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Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la Comisión. “En Argentina, la explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” de Colombia. En la audiencia, se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos. “Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de Honduras. Por su lado, Raphaela Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de los hidrocarburos y la energía eléctrica”. Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto. [i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) - Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.
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