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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Diez razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos
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Por ejemplo, al menos doce gobiernos con importantes sectores de hidroeléctricas han incluido la expansión de la generación de energía hidroeléctrica en sus informes de contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés). El apoyo de iniciativas climáticas es una de las razones por las que más de 3.700 represas hidroeléctricas se encuentran actualmente en construcción y en proyecto. Sin embargo, los grandes proyectos hidroeléctricos son una falsa solución al cambio climático. Deberían mantenerse fuera de las iniciativas climáticas nacionales e internacionales por las siguientes razones: Particularmente en las regiones tropicales, los embalses hidroeléctricos emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero. Según un estudio científico, el metano de los embalses representa más del 4% de todo el cambio climático causado por el hombre - comparable con el impacto climático del sector de la aviación. En algunos casos, los proyectos hidroeléctricos están produciendo más emisiones que las plantas a carbón generando la misma cantidad de electricidad. Los ríos eliminan alrededor de 200 millones de toneladas de carbono de la atmósfera cada año. Además, los sedimentos que los ríos como el Amazonas, el Congo, el Ganges y el Mekong llevan al mar alimenta el plancton que absorbe grandes cantidades de carbono. Los proyectos hidroeléctricos y otras represas interrumpen el transporte de sedimentos y nutrientes y afectan la función de los ríos como sumideros globales de carbono. Las represas hidroeléctricas hacen que los sistemas de agua y energía sean más vulnerables frente al cambio climático. La seguridad de las represas se ve amenazada por inundaciones sin precedentes, que tan solo en los EE.UU. han causado que más de 100 represas fallen desde 2010. La construcción de represas ha exacerbado los desastres causados por las inundaciones en zonas montañosas frágiles como Uttarakhand/India. Al mismo tiempo, los riesgos económicos de la energía hidroeléctrica aumentan por las seguías extremas, que han afectado enormemente a países desde África hasta Brasil, que dependen de represas para generar la mayor parte de su electricidad. A diferencia de la mayoría de los proyectos eólicos, solares y de micro-hidroeléctricas, las grandes represas causan daños graves y a menudo irreversibles a ecosistemas críticos. Debido a la construcción de represas y otros factores, los ecosistemas de agua dulce han perdido en promedio el 76% de sus poblaciones desde 1970, más que los ecosistemas terrestres y marinos. Construir más represas para proteger a los ecosistemas del cambio climático significa sacrificar las arterias del planeta para proteger sus pulmones. 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Los grandes proyectos hidroeléctricos son a menudo construidos para satisfacer las demandas de proyectos mineros e industriales, a pesar de justificarse por las necesidades de los pobres. Incluso si fueran una buena solución por otras razones, los grandes proyectos hidroeléctricos son costosos y requieren de demasiado tiempo como para hacer frente a la crisis climática. En promedio, las grandes represas terminan costando 96% más de lo presupuestado y tardan 44% más de lo pensado. En comparación, los proyectos eólicos y solares se pueden construir más rápido y experimentan, en promedio, sobre costos de menos de 10%. A diferencia de la energía eólica y solar, la energía hidroeléctrica ya no es una tecnología innovadora, y no ha visto grandes avances técnicos en varias décadas. A diferencia de la energía solar, el financiamiento climático para los grandes proyectos hidroeléctricos no traerá economías de escala, y no fomenta la transferencia de nuevas tecnologías a los países del Sur. 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La COP21 de París arranca y la esperanza de un buen acuerdo climático crece
La 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático inició en París, Francia. La cita es clave pues de ella debe salir un nuevo y efectivo acuerdo climático global. Al expectativas en torno a esa meta son cada vez grandes. Los Estados parte de la Convención, cuyos líderes y representantes están reunidos, tienen la oportunidad de mostrar su compromiso y disposición real para combatir el cambio climático y adoptar las medidas necesarias para asegurar un mejor planeta para las generaciones presentes y, sobre todo, las futuras. La COP21 tiene en sus manos la tarea de finalizar el “paquete climático” de París, el cual contiene un borrador del nuevo acuerdo climático y una serie de decisiones a ser consideradas y adoptadas luego por la COP. Ambos componentes son vitales para asegurar la implementación adecuada de la Convención, un instrumento importante que si bien ha logrado poner la problemática del cambio climático sobre la mesa, aún requiere acciones claras para concretar su cumplimiento. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Durante la primera semana, las y los negociadores trabajarán en el grupo de la Plataforma de Durban para la Acción Reforzada (ADP). Este grupo tiene el mandato de desarrollar un instrumento legal y vinculante que funcione bajo la Convención y sea aplicable a las Partes de la misma. Las negociaciones tendrán lugar en grupo de trabajo. Se tiene previsto que las discusiones en grupo terminen el sábado 5 de diciembre. Ello dará paso a la preparación del borrador final del acuerdo y de las decisiones del “paquete climático” para que sean considerados por la COP en la segunda semana de la Conferencia. ¿Qué esperamos lograr en París? 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Compromisos claros para incrementar el financiamiento climático. Una escala de financiamiento para lograr los objetivos esperados. Claridad sobre las fuentes del financiamiento, asegurando que las mismas respondan a métodos claros y transparentes que permitan su contabilización y uso efectivo. Una meta colectiva a corto plazo que muestre avances. Claridad sobre los arreglos institucionales necesarios para entender qué mecanismos se utilizarán para canalizar los recursos. Será importante fortalecer aún más el rol que actualmente juega el Fondo Verde del Clima para asegurar que su financiamiento contribuya a proyectos y programas que promuevan cambios reales, transformadores, bajos en carbono y resilientes al clima. Ciclos de contribuciones financieras, tiempos y periodos de verificación de los mismos. El financiamiento climático es fundamental para avanzar en el cumplimiento de la agenda climática. Dar certeza y claridad sobre este componente es primordial para alcanzar las metas establecidas y lograr cambios paradigmáticos a corto, mediano y largo plazo. Derechos humanos La protección y promoción de los derechos humanos es vital para combatir el cambio climático. En ese sentido, el éxito del Acuerdo de París depende de que ese elemento sea integrado transversalmente en su texto y, particularmente, en su objetivo. Un acuerdo climático con un lenguaje de derechos humanos ayudaría a: Subir la ambición del Acuerdo y fortalecer sus metas, promoviendo una mejor implementación, dado que la perspectiva de derechos humanos puede recordarle a los Estados las obligaciones que ya tienen. Clarificar las responsabilidades de los Estados y de otros actores en la lucha contra el cambio climático y aumentar la coherencia de las políticas públicas relacionadas con el tema. Esto brinda la oportunidad de avanzar y de aportar lecciones aprendidas, evitando la duplicación o creación de nuevas obligaciones. Definir una pauta clara y aceptable para evitar mayores conflictos socioambientales en el futuro. Al tener un marco jurídico homogéneo de reconocimiento de los derechos humanos, será posible mejorar la gestión del agua, los alimentos y la tierra, algo que afecta especialmente a los países de América Latina. La COP21 en París es un momento histórico en el que la humanidad tiene la oportunidad de consolidar los avances sustanciales logrados al momento en la lucha contra el cambio climático. ¡Sigue nuestro trabajo en la COP21!
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Brasil autoriza a operação da hidrelétrica de Belo Monte, ignorando os direitos da população afetada
O Ibama, órgão ambiental brasileiro, outorgou a licença de operação do projeto, ignorando as evidências de descumprimento das condicionantes para garantir a vida, a saúde e a integridade de indígenas e demais populações afetadas.Altamira, Brasil. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) outorgou nesta terça-feira a licença de operação da hidrelétrica de Belo Monte, que permite que o enchimento do reservatório seja iniciado. A autorização foi dada apesar do descumprimento de condicionantes para garantia da vida, saúde e integridade física das populações afetadas pelo projeto, as mesmas que foram consideradas essenciais pelo órgão em um informe técnico datado do último dia 22 de setembro. A decisão do Ibama sequer faz referência às condicionantes para proteger as comunidades indígenas."Não podemos acreditar. Tudo é um crime e uma grande responsabilidade do Governo e do Ibama ao conferir licença a este monstro. A presidenta do Ibama esteve em Altamira no dia 5 de novembro e recebeu muitas denúncias; todos - ribeirinhos, representantes indígenas, pescadores, integrantes de movimentos - falaram dos impactos que estamos vivendo, e agora dão a licença com ainda mais condicionantes, apenas para que não sejam cumpridos", disse Antonia Melo, liderança do Movimento Xingu Vivo para Sempre, e desalojada pela represa.No último dia 12 de novembro, em um ofício enviado ao Ibama, o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) concluiu que as condições para a proteção dos povos indígenas afetados pela represa não haviam sido cumpridas plenamente. Ainda assim, ele deixou os caminhos abertos para que o órgão ambiental outorgasse a licença de operação, "caso julgasse pertinente"."A autorização viola claramente os compromissos internacionais do Brasil em matéria de direitos humanos, especialmente quanto aos povos indígenas afetados que vivem na bacia do Rio Xingu, que estão protegidos por medidas cautelares outorgadas em 2011 pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e que o Estado Brasileiro segue sem cumprir", disse María José Veramendi, advogada da Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).A licença permite o preenchimento de duas barragens da represa sobre o Rio Xingu, afluente do Rio Amazonas. Ela é válida por seis anos, e está sujeita ao cumprimento das condicionantes, o que será supervisionado através de informes semestrais. As condicionantes deveriam ter sido cumpridas antes da outorga da última licença a Belo Monte."O licenciamento ambiental é uma forma de mitigar os efeitos, controlar os danos e minimizar os riscos que o empreendimento implica para a população e o meio-ambiente. Ao desrespeitar e flexibilizar os procedimentos de licenciamento, o Estado deixa que os interesses econômicos prevaleçam e nega seu dever de zelar pelo interesse público", salientou Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global.AIDA, Justiça Global e a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos têm argumentado em âmbito nacional e internacional que não existem condições para que a hidrelétrica de Belo Monte obtenha permissão para operar. Ainda é necessário a garantia de aspectos essenciais, como fornecimento e disponibilidade de água potável, saneamento básico, serviços de saúde e outros direitos mínimos à população afetada e removida.A luz verde para Belo Monte não poderia ter chegado em momento pior. Há poucos dias, em 05 de novembro, uma barragem de rejeitos de mineração da Samarco, empresa de propriedade da Vale e da BHP Billiton, se rompeu na cidade de Mariana, Minas Gerais, causando um dos maiores desastres ambientais do país. Uma inundação de lama e outros produtos químicos destruiu um povoado e deixou, até o momento, 12 mortos e 11 desaparecidos, afetando o abastecimento de água da região e destruindo a fauna e flora. O mar de lama chegou ao mar aberto. A licença de operação de uma das barragens da empresa estava vencida há dois anos.Ainda assim, a permissão de operação para Belo Monte acontece a poucos dias do início da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em Paris, a mais decisiva até agora. A operação de Belo Monte emitirá gases que causam efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, agravando assim a mudança climática. A autorização para o funcionamento de Belo Monte é, portanto, uma péssima mensagem do governo brasileiro, que ignora seus compromissos com os direitos humanos e com a mudança climática, gerando com esse projeto um exemplo de como não se deve produzir energia no Século XXI.
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