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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de LARCI y de la Charles Stewart Mott Foundation —y en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe ( GFLAC), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y Transparencia Mexicana—, organizaron un taller de dos días (18 y 19 de febrero de 2016) en Ciudad de México, dirigido a la sociedad civil de América Latina. En el taller se discutió cómo opera el Fondo Verde del Clima en la región, qué actividades financia, y qué oportunidades específicas existen para la participación pública en el diseño, desarrollo e implementación de programas y proyectos a ser financiados por la institución. Resumen: Consulta aquí el resumen del evento. Presentaciones:
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El invaluable legado de Douglas Tompkins
El pasado 8 de diciembre, la Patagonia —uno de los últimos lugares prístinos del planeta— vio partir a uno de sus protectores: Douglas Tompkins. A los 72 años, el multimillonario y gran conservacionista perdió la vida en un accidente. Mucho se ha dicho del excéntrico hombre que vendió las empresas que lo hicieron rico y lo dejó todo para emprender un proyecto ambicioso de conservación en Chile y Argentina. Fue visto con recelo cuando comenzó una frenética compra de tierras en el cono sur con el único objetivo de protegerlas. Tompkins pensaba que la conservación efectiva debía ser "grande, salvaje y conectada". Por ello apostó a crear grandes parques nacionales que fueran protegidos aun en su ausencia. Su metodología consistía en adquirir grandes extensiones de tierra, quitar cercos y recuperar ecosistemas para protegerlos permanentemente. Sin cercos, la vida silvestre se mueve libremente, lo que es fundamental para su prosperidad. El plan de conservación A poco más de un mes de enviudar, Kris McDivitt, esposa de Tompkins por 20 años, se reunió con la Presidenta de Chile Michelle Bachelet para ofrecerle la donación de más de 400 mil hectáreas de tierra en la Patagonia chilena, incluyendo millones de dólares en infraestructura. Con ello busca concretar el último de los grandes proyectos de la pareja en Chile: la creación de una red de parques en la Patagonia. Pero los regalos de los Tompkins vienen condicionados: por cada hectárea que reciben, los Estados deben proteger otras tantas. A cambio de la donación póstuma en Chile, por ejemplo, al Estado se le pide crear nuevos parques nacionales sumando propiedades fiscales a las tierras donadas, ampliar parques nacionales existentes y reclasificar cuatro reservas nacionales. Se espera que las negociaciones concluyan en 2018. Si resultan, se crearía la red de parques nacionales más importante de Chile. En Chile, ya fue donado el Parque Corcovado en la Patagonia y el Yendegaia, compuesto de 38 mil hectáreas al sur de Tierra del Fuego. Además, está en proceso de ser entregado el parque Pumalín, que junto al Corcovado sumarán 600 mil hectáreas en la Patagonia, de las cuales 500 serían donadas por los Tompkins. Protección en Argentina En Argentina, Tompkins también donó tierras, entre ellas las ubicadas en la provincia Entre Ríos, donde inició un proyecto de recuperación de suelos, implementando cultivos orgánicos con alta diversificación para revertir el daño del monocultivo industrial. La Patagonia Argentina también recibió su protección con una donación de tierras al Parque Nacional Monte León (66 mil hectáreas) y al Parque Nacional Perito Moreno (15 mil hectáreas). El último proyecto en ese país culminó el diciembre pasado cuando el Estado argentino recibió a Kris Tompkins para aceptar la donación de 150 mil hectáreas de terreno en los Esteros del Iberá, el segundo humedal más grande del planeta. Esa superficie, sumada a las 50 mil hectáreas donadas antes y a las 500 mil que ya son parte del Parque Iberá, crearán una de las reservas más grandes del país. ¡Patagonia sin Represas! Además de contribuir a la creación de parques nacionales, Tompkins apoyó el activismo de grupos conservacionistas en la Patagonia. Una de las iniciativas patrocinadas fue la campaña Patagonia sin Represas. Ésta logró poner freno al proyecto HidroAysén, el cual pretendía construir cinco megarepresas en los ríos Baker y Pascua, los dos ríos libres más caudalosos del país, ubicados en el corazón de la Patagonia. Cuentan testigos que el lema “¡Patagonia sin represas!” se escuchó muy fuerte entre los asistentes al entierro luego de que el último puñado de tierra fue arrojado sobre la tumba de Doug. A finales de los 90, cuando la compra de tierras en Chile y Argentina llegaba a su pico, Tompkins fue acusado de comprar barato y desplazar a los habitantes de la zona, dejándolos sin trabajo. Luego las acusaciones se pusieron más sofisticadas: se le acusó de comprar tierras para crear un nuevo estado Sionista, de ser espía de la CIA o de buscar adueñarse del agua para exportarla a lugares con sequía. Muchos vieron su labor con sospecha. Quizás les resultaba difícil creer que alguien invierta sumas multimillonarias con el solo objetivo de preservar la perfecta armonía natural que nos rodea. Cualquier acusación era más válida que dar crédito a su única intención: comprar tierras para evitar su explotación y entregarlas al Estado, no a cambio de dinero, sino de compromisos de protección. Digan lo que digan, y sean cuales sean los reparos de sus detractores, en la práctica, el legado que Douglas Tompkins dejó a la humanidad es gigantesco. Conservó más tierras que ninguna otra persona en la historia de Chile y Argentina. Su obra se traduce en manchones verdes en los mapas de la Patagonia. Por ello le estaré eternamente agradecida. ¡FELICITACIONES DOUG Y MUCHAS MUCHAS GRACIAS!
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