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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Pronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín. De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A. conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Lo anterior, ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41) y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas, cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), las mismas que no pueden ser debidamente atendidas, ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia. En vista de dicha situación manifestamos que: El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado, no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la “Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú”, al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además, garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya. Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.
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Si Cecil hubiera vivido en Costa Rica, podría estar vivo aún
Por Camila Cossio, pasante de AIDA El mes pasado, Cecil, un león africano de 13 años, fue rastreado y asesinado por un turista estadounidense. Cecil fue víctima de la caza de trofeos, un pasatiempo cruel que no sirve a ningún propósito de conservación. Si Cecil hubiera vivido en Costa Rica, podría estar vivo aún. Costa Rica es hogar de muchos de los principales depredadores, incluyendo a grandes felinos como los pumas y jaguares, y el gobierno está comprometido con su protección. En Costa Rica, cazar animales por deporte es ilegal. En 2102, el Congreso de ese país aprobó por unanimidad una enmienda a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la cual prohíbe la cacería de trofeos y, en general, la caza de vida silvestre. Costa Rica es el primer país que prohíbe la caza, con excepción de aquella que responde a estudios científicos, subsistencia o reducción de la sobrepoblación. Los cazadores que no cumplen la ley pueden pagar multas de hasta 3.000 dólares o ser encarcelados por hasta cuatro meses. A la luz de la muerte de Cecil, muchos cazadores de trofeos han argumentado que sus acciones apoyan los esfuerzos de conservación. Sin embargo, la ciencia nos dice lo contrario. Los depredadores naturales como los leones, lobos y osos ayudan a equilibrar los ecosistemas de la naturaleza al matar a los individuos más enfermos y débiles en una especie. Se trata de una selección natural en esencia. Por el contrario, los cazadores de trofeos tienen como objetivo matar a los animales más “deseados”, aquellos que lucirían mejor colgados en sus paredes y que tienden a ser depredadores principales y saludables como Cecil. Al cazar depredadores saludables, los seres humanos interfieren con el delicado balance de las poblaciones de esas especies. Por ejemplo, si un león dominante como Cecil es asesinado, es común que un nuevo león mate a los cachorros del exlíder para hacerse cargo de la manada. Esta alteración no habría ocurrido si Cecil no habría sido cazado y asesinado. Otro tipo de alteración está ocurriendo con las poblaciones de lobos en Estados Unidos. La sobrecaza de lobos rojos llevó a un incremento de la población de coyotes. Al crecer la población de coyotes, el número de muchos depredadores más pequeños, como los zorros, se redujo también. Los zorros se alimentan de los mamíferos que infectan a las garrapatas con la enfermedad de Lyme. No es coincidencia que los seres humanos enfrenten actualmente la mayor incidencia jamás documentada de la enfermedad de Lyme. Casos como éste dejan claro que los depredadores tienen un rol vital para la salud humana y la de los ecosistemas animales. La cacería de trofeos también crea un mercado para la caza furtiva de especies amenazadas y en peligro de extinción. La caza de trofeos organizada implica que las poblaciones de animales se están “recuperando” y no están en peligro, incrementando así la explotación de poblaciones ya vulnerables[1]. Costa Rica es pionero en la legislación sobre vida silvestre y en la protección de la misma. Así lo evidencia su ley histórica y acciones diarias de las que soy testigo como parte de mi pasantía en la oficina de AIDA en San José. Veo la preocupación de la nación reflejada en el trabajo de nuestros abogados y abogadas para proteger especies en peligro de extinción. Y también la veo en las calles, en etiquetas adheridas a los parachoques con la imagen de felinos grandes como Cecil y la leyenda “Los Animales Tienen La Vía. Respétalos”. [1] Cecil y el Mito de la Conservación Mediante la Caza Deportiva (artículo en ingles), http://www.friendsofanimals.org/news/2015/august/cecil-and-myth-conservation-through-sport-hunting (consultado el 5 de agosto de 2015).
Leer másDios es ambientalista, ¿y tú?
Por Héctor Herrera Santoyo Dios está con nosotras y nosotros en la defensa del ambiente. Es el primer ambientalista. En su Encíclica Laudato Si, también conocida como la Encíclica ambiental, el Papa Francisco señala: “La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.” Todas las religiones coinciden en explicar que el planeta que compartimos con otras formas de vida, fue creado por la divinidad. Y, obviamente, cuidar esa creación es uno de nuestros deberes religiosos primordiales. Así lo han declarado los más altos representantes de las iglesias de todo el mundo, desde la Católica hasta la Musulmana, pasando por la Hinduista o la Ortodoxa. El planeta y los seres que lo habitamos padecemos hoy impactos ambientales serios. La contaminación de océanos y ríos, el cambio climático, el deterioro de suelos, la extinción de especies y la desaparición de bosques son algunos de los males que aquejan al ambiente. Ante este panorama desolador, iglesias diversas coinciden en conminar a las personas creyentes a cuidar su entorno. ¿Qué dice el Papa Francisco? En Laudato Si, el Papa Francisco retoma las enseñanzas de Juan Pablo II al señalar que “la destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación.” La Encíclica recoge también la posición de la Iglesia Ortodoxa turca. “El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta”, se lee en el texto. El Papa narra además que San Francisco de Asís, quien invitó a “cuidar todo lo que existe”, pedía siempre que en su convento se dejara sin cultivar una parte de la huerta para que brotaran hierbas silvestres. Así, quienes las admiraran podrían elevar su pensamiento al autor de tanta belleza: Dios. El Papa exalta a todas las personas que suman esfuerzos en defensa del ambiente: “Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos.” En esa misma línea, la Conferencia de Obispos de Sudáfrica declaró que “se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios”. ¿Qué dicen otras religiones? La religión musulmana también invita a defender el ambiente. Eruditos musulmanes calificaron al cambio climático como una amenaza grave. La Fundación Islámica para Ecología y Ciencias Ambientales declaró: “Allah creó el mundo en Mizan (balance), pero a través de la fasad (corrupción), los seres humanos han causado el cambio climático, junto con una serie de efectos negativos sobre el medio ambiente que incluyen la deforestación, la destrucción de la biodiversidad y la contaminación de los océanos y los sistemas de agua.” Para aprender cómo el Confucianismo, el Hinduismo, el Cristianismo y tradiciones religiosas indígenas promueven la defensa ambiental, puedes consultar Ecología y Religión, libro publicado en 2014 por John Grim y Mary Evelyn Tuckner. Mejor ahora que mañana Estas enseñanzas religiosas y ambientales son muy importantes, más aún cuando nos acercamos a momentos definitivos en esta lucha por proteger la creación de Dios, nuestro planeta. En diciembre tendrá lugar la 21ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París. Se trata de la última oportunidad para que las naciones del mundo alcancen un nuevo acuerdo vinculante para evitar una catástrofe climática global. La humanidad enfrenta otros retos similares respecto de las fuentes de energía, el uso de combustibles fósiles, el cultivo de alimentos, el manejo de desechos y la protección de áreas naturales. Las religiones del mundo y su compromiso con la protección del planeta nos dan una razón poderosa para unirnos a la lucha. En AIDA lo hacemos a diario. Usamos la ley para proteger las fuentes de agua dulce, los derechos humanos afectados por la degradación ambiental, los ecosistemas marinos y costeros, y para promover soluciones adecuadas al cambio climático. Todos podemos hacer algo, desde cambiar nuestros hábitos individuales que perjudican el ambiente hasta presionar por soluciones estructurales. Podemos, por ejemplo, renunciar al uso de bolsas plásticas y presionar a nuestros representantes electos dejándoles saber que sólo votaremos por aquellos que apoyen alternativas ambientales a las fuentes energéticas fósiles. ¡Hagámoslo pronto! ¡Amén!
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