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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Prohibición del fracking en Francia: Lecciones para América Latina
Por Eugenia D’Angelo, expasante de AIDA, @DangeloEugenia El fracking o fractura hidráulica —el proceso de perforar bajo tierra e inyectar a muy alta presión una mezcla de agua, químicos y arena para fracturar rocas y liberar de ellas gas y petróleo— se abre paso en todo el mundo, provocando daños en el ambiente y la salud humana. Pese a ello, movimientos sociales han mostrado ser efectivos para ponerle freno a los empresarios y gobiernos interesados en promover operaciones de fracking. Francia es el mejor ejemplo de lo que digo. Fue el primer país en prohibir la fractura hidráulica y lo hizo gracias a la presión que ejerció la ciudadanía. Viví cuatro años en Francia y pude sentir la fuerza e importancia de los movimientos sociales organizados en este proceso. El proceso legal La “Ley Jacob”[1] (nombrada así por el diputado Christian Jacob, quien presentó el proyecto de ley), aprobada a mediados del 2011, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, prohíbe el uso del fracking para la exploración y explotación del gas de esquisto (un tipo de roca que contiene el hidrocarburo) en Francia. Posteriormente y aprovechando que el Partido Socialista estaba dividido, las empresas petroleras consiguieron el apoyo necesario para presentar un Recurso de Inconstitucionalidad contra la prohibición del fracking. Sin embargo, el 11 de octubre de 2011, el Consejo Constitucional, instancia ante la cual se presentó el recurso, reafirmó la validez de la “Ley Jacob” manifestando que la misma respeta todos los principios constitucionales. Así llegó a su fin el debate político entre los partidarios y opositores de la fractura hidráulica y Francia se convirtió en el primer país del mundo en darle la espalda al fracking. Haciendo la diferencia Al pensar en la diferencia entre Francia y otros países donde el fracking es permitido, podemos asegurar que el papel jugado por la sociedad civil y los partidos políticos “verdes” fue primordial. Antes de la promulgación de la “Ley Jacob”, la sociedad y las organizaciones ambientales se manifestaron abiertamente para exigir un cambio en las políticas energéticas francesas: más del 80%[2] de la sociedad le dijo ¡No! al fracking[3] (ese porcentaje es mayor al 47% registrado en Estados Unidos según la encuesta más reciente del Pew Research Center)[4]. En Francia, los movimientos ciudadanos están agrupados en colectivos sociales que reúnen a la población de los diferentes departamentos franceses. Estos grupos se organizaron para estar presentes en cada zona del país donde empresas energéticas contaban con permisos para la exploración o explotación del gas o aceite de esquisto. Permanecieron allí durante toda la contienda jurídico-política, hasta que finalmente la prohibición del fracking fue una realidad. Por ejemplo y como parte de la protesta, la Asociación “No Fracking France”: Durante el conocido y mediatizado evento deportivo “Vuelta a Francia” (Tour de France), llevó siempre una pancarta anti gas y aceite de esquisto firmada en el reverso por miles de personas. Como punto final del recorrido del Tour de France, hizo que un alpinista izara la pancarta en la cima del Mont Blanc. Realizó una conferencia de prensa sobre el tema en la Asamblea Nacional. Organizó numerosos coloquios informativos y científicos dirigidos a los intendentes de las Comunas afectadas. Produjo un video explicativo sobre el fracking dirigido a personas sordo-mudas. Llevó sus reclamos a los miembros del Parlamento. Resistencia en América Latina A diferencia de Francia, varios países de América Latina están abriendo sus puertas al fracking. Como respuesta a esta tendencia, AIDA está ayudando a facilitar y coordinar el trabajo de un grupo regional formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, y creado para generar información, promover el debate y unir fuerzas para prevenir y detener los impactos negativos del fracking en la región. Desde AIDA consideramos necesario que gobiernos y sociedad civil apliquen el principio de precaución. En el marco de ese principio y sus obligaciones constitucionales, los Estados de la región deben adoptar medidas efectivas para prevenir los daños graves al ambiente y la salud de las personas que el fracking puede ocasionar. Mientras no se garantice que los impactos del fracking pueden prevenirse y ser mitigados adecuadamente, este tipo de actividad no debe ser permitida. Generar conciencia en la ciudadanía y en los movimientos sociales es clave. Y los gobiernos de la región están obligados a generar información pública, veraz, e imparcial sobre las características, procesos, y componentes del fracking; y sobre sus impactos a largo plazo. Nuestras autoridades deben generar espacios plurales y adecuados para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre el futuro del fracking en nuestros territorios. Si no lo hacen, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de comprometernos y movilizarnos para que nos oigan, aún quienes se resisten a hacerlo. [1] Fue una ceñida votación en la Cámara de Senadores de 176 votos a favor y 151 en contra. “Gaz de schiste: le Parlement interdit l’utilisation de la fracturation hydraulique”, Le Monde, 30/06/2011. Disponible en: http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/06/30/gaz-de-schiste-le-parlement-interdit-l-utilisation-de-la-fracturation-hydraulique_1543252_3244.html [2] Este porcentaje representa un número aún mayor al porcentaje representativo de la sociedad contra la energía nuclear (principal fuente energética en Francia) conforme: Chu, Henry. “Pressure builds against France’s ban on fracking », LA Times, 22/06/2014. Disponible en: http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-france-fracking-20140622-story.html#page=1 [3] GG En este sentido, el Colectivo 07 “Stop au Gaz de schiste” decía: « …debemos enorgullecernos de la eficacia de la movilización ciudadana que, si bien no ha ganado la guerra, ha claramente ganado una batalla. El compromiso de millones de ciudadanos, en nuestro departamento y en toda Francia, que cada día se manifestaron, resistieron, informaron, se organizaron, se movilizaron… a veces con la participación de los intendentes… ha dado sus frutos. 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