Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Hacia un Manejo Ecosistémico de la Pesquería Peruana de Anchoveta
El objetivo principal de esta publicación, elaborada con el apoyo financiero de Pew Charitable Trusts, es identificar las reformas necesarias en el manejo de la pesquería peruana de anchoveta para proteger el ecosistema de la Corriente de Humboldt, y a las comunidades y economías locales que dependen de dicho ecosistema. Asegurar que el manejo de esta pesquería garantice la sostenibilidad de la anchoveta y la salud de sus depredadores sería un paso importante hacia la protección de los recursos hidrobiológicos en todo el mundo. Más aún, un marco legal que propicie el manejo pesquero con enfoque ecosistémico en Perú, podría ser utilizado como un modelo para el manejo sostenible de otras pesquerías a nivel mundial. Descarga el informe
Leer más
Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros: Términos de referencia recomendados
Para muchas comunidades, el agua es un recurso escaso y por tanto valioso. El acceso a ese recurso se complica si sus ríos, lagos u otras fuentes de agua son contaminadas o usadas en exceso, riesgos con frecuencia asociados a proyectos mineros cuyos impactos no fueron adecuadamente evaluados antes de ser autorizados. En AIDA queremos contribuir a evitar o minimizar los daños de la actividad minera en el ambiente y las personas. Por ello, con ayuda de científicos y técnicos experimentados, elaboramos una guía con la información mínima que la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto minero debe tener para que permita analizar a profundidad sus impactos. El documento está dirigido tanto a autoridades como a comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Esta guía recomienda que, en todas sus secciones, la Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto minero contenga información detallada que aborde desde los aspectos generales del mismo hasta sus impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenirlos o mitigarlos. Lee y descarga el informe
Leer más
La COP20 falló en dar certeza sobre financiamiento y derechos humanos
La 20ª Conferencia de Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) realizada en Lima, Perú, tenía la oportunidad de elaborar un borrador que estableciera bases adecuadas para el nuevo acuerdo climático que será firmado el 2015 en la COP de París. Sin embargo, la conferencia concluyó con un acuerdo poco ambicioso que falló en dos tareas clave: brindar certeza sobre la movilización de fondos para combatir el cambio climático e incluir la protección de los derechos humanos en las acciones climáticas. Para AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil, era importante que el acuerdo de Lima determinara un mapa o ruta acerca de cómo y cuándo los gobiernos cumplirán su compromiso de aportar 100 mil millones de dólares por año a partir del 2020 para financiar actividades de mitigación y adaptación al cambio climático. "Los países en desarrollo necesitan saber con certeza con cuánto dinero cuentan y cuál será la fuente del mismo para planificar su lucha contra el cambio climático", señaló Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA. La conferencia no dio esa certidumbre. Un claro ejemplo es que la parte del acuerdo de Lima referida a las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) —los aportes concretos de cada país— dejó por fuera los compromisos de financiamiento y adaptación, aspectos clave para los países más vulnerables a los cambios extremos en el clima. El acuerdo de Lima solo incluyó las contribuciones para mitigación. Y, aún en ese tema, el documento no contiene indicaciones específicas sobre el tipo de aportes, su plazo y el carácter obligatorio o no de éstos. Por otra parte, durante la conferencia, AIDA y organizaciones aliadas a nivel global, exhortamos a los Estados parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que el borrador del nuevo acuerdo incluya lenguaje específico sobre la protección, promoción, respeto y cumplimiento de los derechos humanos en todas las acciones climáticas. Como resultado del esfuerzo colectivo, Filipinas, México y Ghana hicieron llamados específicos para que la decisión adoptada en Lima y el acuerdo a ser aprobado en 2015 incorpore esas referencias. "No hay duda que el cambio climático interfiere con el goce de los derechos humanos. La decisión adoptada en Lima no incorpora una referencia a los derechos humanos, pero trabajaremos arduamente para lograr su plena inclusión en el acuerdo de París, no solo desde el punto de vista formal sino también operativo", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de AIDA. No todo fue malo. Desde AIDA destacamos que en el marco de la conferencia en Lima, el Fondo Verde Climático haya incrementado sus fondos a 10,2 mil millones de dólares. Resaltamos el impulso de América Latina a ese logro con las acciones adoptadas por países como Perú, Colombia, México y Panamá, quienes a pesar de ser países en desarrollo hicieron el esfuerzo de contribuir. "Aunque todos los aportes son bien recibidos, es importante recalcar que el monto recaudado todavía no cubre las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo", indicó Rodríguez. La conferencia también sirvió para conocer las acciones de financiamiento climático de gobiernos y actores no gubernamentales de la región. Así ocurrió en el Día de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, evento organizado por AIDA y organizaciones aliadas. El evento facilitó un diálogo sobre los avances de la región en la preparación para acceder a recursos, el creciente involucramiento del sector privado en actividades que combaten el cambio climático y las condiciones que ese tipo de apoyo requiere: la certeza jurídica, uno de ellos. También ese día, la sociedad civil compartió sus experiencias sobre transparencia y rendición de cuentas, tareas fundamentales no solo para obtener mayores recursos, sino también para su uso efectivo. AIDA informó sobre la oportunidad que el Fondo Verde del Clima brinda para que los países del continente mejoren la participación pública en el diseño, desarrollo y ejecución de políticas y proyectos climáticos. La participación pública y la preparación son pasos previos y necesarios para acceder a recursos del Fondo. Aun queda mucho por hacer para encontrar soluciones efectivas al cambio climático. ¡Seguiremos contribuyendo al logro de ese objetivo!
Leer más