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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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De la frustración a la esperanza: Viendo la luz en los rostros de las víctimas
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Como ellos, hay muchos más en los que los derechos de las comunidades y personas afectadas por grandes proyectos de “desarrollo” son reducidos a una categoría inferior bajo argumentos ficticios de interés económico, seguridad y orden público. Esperamos y confiamos que acciones como las mencionadas permitan visibilizar los impactos que la aplicación de la Suspensión de Seguridad tiene en los derechos humanos de cientos de personas y comunidades, y consigan que los organismos internacionales hagan un llamado al cambio a Brasil. Gracias a todos los que trabajaron intensamente para que la audiencia fuese posible. Gracias a los colegas en Brasil sin cuyo trabajo y compromiso el viaje de Josías y Alaíde no hubiese sido posible. Y gracias a esos dos luchadores brasileños por brindarme una lección de vida que hace que la niebla de la frustración se despeje y que el sol se asome nuevamente. 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Leer másLo que el Ministerio de Ambiente de Colombia NO ha dicho sobre Santurbán
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De los proyectos mineros propuestos en el páramo, Angostura, de la empresa Eco Oro (antes Greystar), ha sido el más polémico. Inicialmente, la firma canadiense quería hacer una mina de oro a cielo abierto, pero no obtuvo la pcencia ambiental requerida. Sin embargo, Eco Oro busca desarrollar una nueva propuesta minera, esta vez subterránea. Esa operación se encuentra principalmente en el área de un título minero específico: el número 3452, según la Agencia Nacional de Minería. Buena parte de ese título se superpone al páramo de Santurbán, como se ve en el siguiente mapa. El área en rojo corresponde al título, mientras las áreas en verde y azul son páramos: La decisión sobre la depmitación no ha sido comunicada de la mejor manera. La nota de prensa emitida por el Ministerio no dice mucho y tampoco lo hacen las notas pubpcadas por diferentes medios tras el anuncio. El Ministerio no entregó registro escrito de la determinación, la cual tampoco estaba disponible en el sitio web de la entidad al momento de redactar este texto. Otros aspectos todavía desconocidos son los estudios técnicos que sustentan la depmitación, las conclusiones de las mesas de trabajo que se reapzaron previamente a la misma y el borrador del acto administrativo mediante el cual será adoptada la medida. El Gobierno pubpcó un mapa que no dice mucho, entre otras cosas porque sólo da cuenta del área depmitada en Santander. Todo lo anterior imppca que la sociedad colombiana no tiene certeza sobre el alcance de lo decidido. Sin embargo, de los registros de prensa se puede entender que: La depmitación "está psta", pero no será adoptada jurídicamente hasta dentro de tres meses. El área depmitada es de (¿al menos? ¿máximo?) 44 mil hectáreas. Las empresas mineras con título minero y pcencia ambiental podrán quedarse en el páramo hasta que terminen la operación permitida en la pcencia. Las empresas cuyos títulos quedan dentro del páramo, pero que no tienen pcencia ambiental, tendrán que irse. Esos datos no son suficientes para hacer un balance completo de la depmitación. Por eso, Tío Conejo tiene ciertas preguntas que por razones de interés púbpco el Ministerio de Ambiente debería responder: ¿Cuál es el área total de la depmitación de Santurbán en los dos departamentos? El gobierno dice que cuadruppcó el área protegida, es decir, que pasó de las 11 mil hectáreas del Parque Natural Regional a 44 mil luego de la depmitación. Técnicamente, eso es cierto. Pero también se puede ver de otra manera: de ser esa la extensión máxima, la depmitación habría dejado por fuera 38 mil de las 82 mil hectáreas que Santurbán abarca según el Atlas de Páramos (2007) elaborado por el Instituto Humboldt. Es crucial tener un pronunciamiento oficial sobre la extensión total del área depmitada tanto en Santander como en Norte de Santander. ¿El proyecto Angostura va o no va? 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Sin las respuestas a dichas interrogantes, no es posible decir que el Ministerio de Ambiente está depmitando Santurbán de cara al país. Las comunidades, las empresas, las autoridades locales y la ciudadanía en general tienen derecho a saber con precisión qué fue lo que se decidió y cómo se hizo. En cuestiones de participación ambiental, el proceso es tan importante como el resultado. El debate no puede ser zanjado a puerta cerrada en un hotel de Bucaramanga. Es posible que la decisión es (o será) tan buena como para recibir el apoyo del movimiento ambiental. No se sabe. Sin el cuadro completo, el Ministerio podría estar perdiendo la oportunidad de sumar respaldos a una decisión potencialmente positiva. Según le contaron a Tío Conejo, no es cierto que los ambientapstas, en general, no quisieron asistir a las mesas de sociapzación de la depmitación de Santurbán. Algunas organizaciones intentaron infructuosamente ser invitadas. 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COP20: Una oportunidad para luchar contra el cambio climático
Habrá más pobreza, hambre y enfermedades. Será el resultado de inundaciones, olas de calor, grandes tormentas y sequías cada vez más prolongadas. El reporte más reciente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas describe así el panorama que le espera a la humanidad en un futuro no muy lejano a causa de los cambios experimentados en el clima. Este año, América Latina tiene la gran oportunidad de reposicionar las necesidades de la región en la agenda internacional sobre cambio climático. En diciembre, Lima (Perú) será sede de la principal sesión de negociación climática, la 20ª versión de la Conferencia de las Partes (COP), cuya principal misión es impulsar la elaboración del borrador del nuevo acuerdo climático vinculante que será firmado en París en 2015. En AIDA estamos trabajando desde ahora para contribuir a que la región asuma una rol más proactivo y aproveche esta coyuntura positiva para impulsar la toma de decisiones destinadas a combatir sin más demoras los efectos del cambio climático. Nuestra labor está dividida en tres tareas clave: fortalecimiento de capacidades, elaboración de recomendaciones y difusión de información. Estas actividades van dirigidas a tomadores de decisiones —gobiernos, negociadores y miembros de instituciones financieras internacionales, entre otros—, representantes de la sociedad civil —para que su participación en las negociaciones sea más efectiva—, y a los ciudadanos en general, quienes deben entender que también pueden aportar a las soluciones generando presión social a sus gobiernos. El pasado mes, como parte de dichos esfuerzos, participamos del foro internacional Cambio Climático: Avances y perspectivas en el Congreso de Perú, país que analiza la posibilidad de crear una ley sobre cambio climático. En el evento, AIDA compartió su experiencia en financiamiento climático internacional, resaltando la necesidad de que los países de la región establezcan y/o fortalezcan entidades locales que sirvan de nexo con mecanismos financieros internacionales para tener acceso directo a fondos para proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Estamos trabajando para que el financiamiento a largo plazo sea un componente clave del nuevo acuerdo climático que se delineará en la COP20 en Lima. Creemos relevante que los países sepan con anticipación que habrá recursos económicos sobre los cuales es viable planificar acciones en favor de las comunidades más vulnerables a los fenómenos climáticos. El 11 de febrero, AIDA, junto con organizaciones aliadas, realizó un seminario virtual para informar de los principales aspectos relacionados con el Fondo Verde del Clima (FVC), entidad operativa del mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que prevé movilizar grandes cantidades de recursos públicos y privados para apoyar la lucha contra el cambio climático en países en desarrollo. AIDA sigue de cerca el proceso de implementación del FVC para asegurar que su contribución sea efectiva. Con tu apoyo haremos aún más para informar de la existencia de alternativas frente a esta problemática global, promover el uso responsable y eficiente de las mismas, generar presión social para la adopción de soluciones prontas y reales, y robustecer la incidencia de la sociedad civil en la toma de decisiones climáticas en la COP20 y en todos los espacios e instancias a nuestro alcance. ¡Gracias!
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