Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
Científicos piden a organismo internacional investigar autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California
En una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), expresan su preocupación por la aprobación de mega resorts que podrían dañar ecosistemas costeros de la zona. Ciudad de México, México. Veintisiete científicos destacados de México, Estados Unidos y Costa Rica enviaron una carta a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) para solicitar una investigación exhaustiva por la falta de aplicación de la legislación ambiental mexicana en la aprobación de proyectos turísticos masivos en ecosistemas costeros del Golfo de California. Expertos como la Dr. Sylvia A. Earle del National Geographic Society Explorer, el Dr. Exequiel Ezcurra del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, el Dr. Octavio Aburto-Oropeza y el Dr. Jeremy Jackson del Instituto de Oceanografía del Scripps, y el Dr. Héctor Reyes Bonilla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, entre otros, señalan en la carta que se ha detectado “una tendencia preocupante en el Golfo de California, donde se autorizaron proyectos que ignoraban información científica importante o, en algunos casos, se basaban en datos incorrectos”. “Se necesita mayor claridad y transparencia sobre cómo proyectos de tan alto riesgo lograron su autorización, y cómo fueron ponderados o no los argumentos proporcionados por revisores independientes, científicos y los ciudadanos en general”, explicó Aburto-Oropeza. “Esperamos que la CCA interceda por el sector científico ante la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), para lograr que los funcionarios de esa dependencia dictaminen estos proyectos tomando en cuenta nuestra experiencia técnica y científica, como marca la ley, para evitar escenarios futuros donde los ecosistemas sean degradados y las comunidades que dependen de ellos resulten económicamente afectadas”. En la carta, dirigida a los máximos representantes de la CCA —el Secretario de Medio Ambiente de México, Juan José Guerra Abud, la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, Gina McCarthy, y la Ministra de Ambiente de Canadá, Leona Aglukkaq— los académicos expresan su preocupación por que los mega resorts podrían degradar los irremplazables manglares y arrecifes rocosos y de coral de la zona, y afectar su rica biodiversidad marina. Se muestran alarmados porque los proyectos fueron aprobados “a pesar de estar basados en evaluaciones de impacto ambiental deficientes o incompletas, que ignoraban o subestimaban los riesgos al hábitat marino y a especies altamente vulnerables", dijo Reyes Bonilla, quien ha estudiado extensivamente los ecosistemas marinos de la región, principalmente Cabo Pulmo. La CCA evalúa actualmente una petición ciudadana, presentada en abril de 2013 por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales, que denuncia la falta de aplicación efectiva de la legislación mexicana en materia de protección ambiental y tratados internacionales en los permisos otorgados a cuatro proyectos turísticos, los mismos a los que los expertos en ciencias marinas hacen referencia. El Gobierno mexicano debe responder formalmente a la petición durante este mes de febrero. Los proyectos en cuestión son Entre Mares y Paraíso del Mar en la Bahía de La Paz, aprobados pese a los riesgos que implican para especies marinas como el tiburón ballena y los delfines; Cabo Cortés, que amenazaba el arrecife de coral del Parque Nacional Cabo Pulmo, reconocido como “humedal de importancia internacional” y Patrimonio de la Humanidad; y Playa Espíritu, adyacente a la reserva de Marismas Nacionales y avalado a pesar de amenazar extensos bosques de manglar que albergan a más de 280 especies de aves migratorias y residentes. Descargue la carta en el siguiente enlace.
Leer más¡Feliz Día Mundial de los Humedales para la Bahía de Panamá!
Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales. Para el Humedal Bahía de Panamá, el festejo comenzó mucho antes. El 23 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de ese país declaró legal la norma que crea el Refugio de Vida Silvestre Bahía de Panamá. Así, se puso fin a casi cuatro años de incertidumbre sobre la condición jurídica de este importante sitio ecológico y se marcó un precedente de protección ambiental en la región. El Humedal Bahía de Panamá es un ecosistema rico en biodiversidad, lugar de anidación de aves y hábitat para muchas especies. Se estima que de ahí proviene al menos 60% de la pesca panameña. Sus manglares protegen a la costa de la erosión causada por el oleaje y son una barrera contra fenómenos naturales como tornados y huracanes. Además, el sitio es un “Humedal de Importancia Internacional” bajo la Convención Ramsar y es reconocido especialmente como hábitat de aves acuáticas. Conscientes de esta importancia, muchas organizaciones —entre ellas AIDA, CIAM y MarViva— han trabajado para asegurar la protección del humedal en beneficio de presentes y futuras generaciones. La denuncia que motivó este caso fue presentada por un particular en 2012, pero los hechos relacionados con el mismo se remontan a varios años atrás. Resumo los principales a continuación: 1989: Panamá firma la Convención Ramsar comprometiéndose a proteger los humedales que por sus características y relevancia deban incluirse en la psta de humedales de importancia internacional. 2003: Panamá incluye en esa psta al Humedal Bahía de Panamá, declarándolo Sitio Ramsar por su importancia económica para los pobladores del lugar y por sus funciones ecológicas, entre ellas la de ser sitio de descanso para aves playeras migratorias. 2008: Tras visitar el país, una misión de asesoramiento de la Convención Ramsar asegura que la Bahía de Panamá está en pepgro debido a las alteraciones ecológicas causadas por la canapzación de ríos, los drenajes y el relleno de humedales para la expansión urbana. 2009: La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) crea el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá siguiendo las recomendaciones de la misión, y reconociendo la importancia ecológica y los servicios ambientales del lugar. 2010: La compañía Rosas y Rosas presenta una acción contra la resolución de creación del área protegida argumentando la falta de consulta participativa previa. La empresa sopcita que, por precaución, se suspenda la condición de área protegida hasta que la Corte emita un fallo. 2011: AIDA presenta un amicus curiae (escrito legal respaldando los argumentos de una de las partes) contra la suspensión del área protegida basándose en los compromisos internacionales de Panamá, el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equipbrado, y estudios de caso en otros países de la región. 2011: La empresa desiste de la acción legal al darse cuenta que su propiedad se encuentra fuera del área protegida. 2012: Un particular presenta una nueva acción contra la creación del área protegida utipzando los mismos argumentos de Rosas y Rosas. 2012: CIAM, MarViva y otras organizaciones presentan en el proceso argumentos defendiendo la legapdad de la declaratoria de área protegida. MarViva rescata los argumentos de AIDA (2011) y los presenta en su escrito. 2013: La Corte declara la legapdad de la creación del área protegida. La sentencia de la Corte contiene muchos elementos que sentaron un precedente para el Estado panameño. El desarrollo de la Bahía de Panamá debe ser sostenible y con una visión de largo plazo. Considero que hay dos temas a resaltar del fallo: la importancia del derecho internacional para resolver casos ambientales, y la appcación del principio de no regresión. El derecho internacional: Los Magistrados reafirman los compromisos internacionales que el Estado panameño adquirió al ratificar la Convención Ramsar. Uno de ellos es promover el uso racional de todos los humedales mediante la normativa adecuada. La sentencia cita jurisprudencia de otros países como Costa Rica en la que se ha establecido la prioridad del uso racional y la preservación de las áreas protegidas. El principio de no regresión: De acuerdo con el Profesor Mario Peña Chacón, éste imppca que la norma y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto conlleva un detrimento de los niveles de protección alcanzados. Este principio busca respetar el nivel de protección ambiental existente, incrementarlo, no disminuirlo; prohibiendo al Estado implementar políticas regresivas. En este caso, la Corte exppcó que si se anula la declaración del área protegida se dejarían sin efecto los avances alcanzados hasta ahora en la protección de la Bahía de Panamá. Sin duda, la Bahía tiene muchas razones para seguir festejando su día, pero no debemos bajar la guardia. Tan sólo un día después de recibir la sentencia de la Corte, el Gobierno panameño pubpcó una norma que permite la modificación de los límites de las áreas protegidas atendiendo únicamente supuestos técnicos y legales que la ANAM estime vápdos. La ANAM mantiene un proceso abierto para reducir los límites del área protegida Humedal Bahía de Panamá. Debemos mantenernos alerta y procurar que la decisión de la Corte Suprema sea un precedente para evitar a toda costa la reducción del nivel de protección del humedal. Ojalá que nuestros hijos (as) y sus hijos (as) aún disfruten de los beneficios generosos que este ecosistema brinda.
Leer másSer o no amigables con el ambiente: Una cuestión de actitud
Por Tania Paz, @tanianinoshka Tenía ocho años cuando decidí dejar de usar joyas de carey, lo que más me gustaba entonces. Mi abuela vendía artesanías en un mercado de Managua, Nicaragua, en el que siempre obtenía esas alhajas en todas sus variantes. Sin embargo, un día me sentí muy mal al saber que éstas provenían del caparazón de la tortuga carey. Así decidí jamás volver a usarlas, promesa que no he dejado de cumplir. En ese momento y sin saberlo, decidí cambiar mis gustos y estilo de vida en favor del ambiente. La protección del ambiente tiene muchas áreas y campos de acción que van desde la defensa legal —tal como lo hace AIDA— y aquella protagonizada por líderes comunitarios en sus territorios hasta la educación ambiental. Pero ustedes también pueden asumir medidas que contribuyan a la protección del ambiente. En este texto busco compartir dos medidas que considero importantes para tal fin. Cambiar estilos de vida y hábitos de consumo No se trata de que todos, de la noche a la mañana, pasemos a ser personas “eco-friendly” y a comprar productos orgánicos, certificados o con poco impacto en el ambiente. En mi caso, el cambio surgió al observar la cantidad de basura que producía. Un día, al notar las muchas cremas, lociones, perfumes y productos similares que tenía en mi habitación, me di cuenta que no sólo estaba generando una enorme cantidad de basura con todos esos envases (la mayoría de plástico), sino que además arriesgaba mi salud al consumir un número considerable de químicos. Por ello decidí comprar en lo posible sólo lo básico y necesario: un champú, una pasta de dientes, una crema corporal y una sola botella de perfume. En cuanto a las lociones, las reemplacé por aceites o esencias naturales que no contienen químicos, contribuyendo además con los pequeños productores (en su mayoría mujeres) que se dedican a elaborar esos productos. Existen muchas otras formas de cambiar estilos de vida que impactan negativamente en el ambiente. Un ejemplo es dejar de usar el carro y usar sistemas de transporte más amigables con el ambiente como la bicicleta. Pueden también, como hice yo, optar por dejar de comer casi todo el tiempo en restaurantes, fondas o cafés y preparar comida en casa. De esa manera no contribuyo a la generación de basura por parte de la industria restaurantera. El post Panza llena, corazón contento”: ¿Cómo el desperdicio de alimentos afecta el ambiente?, escrito por Gladys Martínez, abogada de AIDA, aborda precisamente el impacto que el desperdicio de alimentos tiene en los recursos naturales. Para todos los casos, medir la huella ecológica puede ser un ejercicio interesante para conocer qué tanto consumimos en nuestra vida cotidiana y cómo transitar hacia un estilo de vida más sostenible (sepa también qué es la huella de carbono). Pregunte, participe y organícese Contar con un ambiente sano es un derecho humano establecido en la Declaración de Estocolmo de 1972 y reafirmado en la Declaración de Río de 1992. Es un derecho que permite el goce de otros como el derecho a la vida y a la seguridad alimentaria. Por lo tanto, autoridades y gobernantes están obligados a garantizar y velar por el cumplimiento del mismo. En ese sentido, les propongo este pequeño ejercicio: observen su entorno (colonia, barrio, comunidad o ciudad) y hagan un recuento de todas las obras de construcción: las de una carretera, un edificio, zonas comerciales, minas o proyectos hidroeléctricos. Pregúntense luego de dónde saldrá toda el agua para esas construcciones, qué pasará con los árboles y la biopersidad que las rodean, si generarán o no contaminación, y qué consecuencias les traerán a ustedes y a sus familias. Sus autoridades y gobernantes deberán responder esas preguntas. Tienen la obligación de hacerlo dado los marcos legales locales, nacionales e internacionales existentes al respecto. Considero que una de las mejores formas de proteger el ambiente es participando de las decisiones que toman sus autoridades, conociendo en qué les beneficiarán o no, y preguntando qué implicaciones tendrán para su vida y para el ambiente. Y cuando no existan los espacios para hacerlo o éstos no sean adecuados, CREEN sus propios espacios, organícense con sus vecinos, amigos, aliados y personas que compartan sus dudas o preocupaciones para ser el contrapeso. Como ven, no es difícil contribuir a la protección del ambiente. Hay cosas que pueden hacer desde su realidad, sus capacidades, experiencias y conocimientos. Así que anímense y únanse a todas las personas que queremos un planeta sano para nosotros y para las futuras generaciones.
Leer más