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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Grupo de científicos pide investigación de desarrollo costero en Golfo de California
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Organizaciones alertan a Naciones Unidas sobre violaciones a derechos humanos de construirse la hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, México
Piden a Relatores Especiales de la ONU exhortar al Estado mexicano a garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas afectadas por el proyecto. Distrito Federal, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) envío una alerta urgente a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y al Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible por la inminente violación a los derechos humanos que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces implica para las comunidades ribereñas y para los pueblos indígenas Cora, Tepehuano, Huichol y Mexicanero asentados a lo largo de la cuenca del río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit. Esta acción fue presentada en representación de los distintos sectores económicos, organizaciones ambientales y comunitarias de la región afectada por el proyecto: el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro, el Consejo Indígena Náyeri, la Federación Ribereña de Nayarit, Nuiwari, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico Manglar, SuMar y representantes de la localidad Boca de Camichín. En la alerta se solicita a los Relatores Especiales instar al Estado mexicano “a garantizar los derechos a la información y la participación, consulta y consentimiento, a la alimentación, al agua potable y saneamiento y al disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de los pueblos indígenas y comunidades ribereñas del río San Pedro Mezquital”. Se les pide además visitar el sitio donde se prevé construir la hidroeléctrica para que conozcan “de primera mano” las afectaciones que el proyecto ocasionará en el ambiente y los derechos humanos. La afectación al territorio indígena, en su mayoría Cora, el desalojo forzoso de sus habitantes y los daños a sus sitios sagrados implican la inminente violación de los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. “Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura; todos los días tememos que inunden o afecten nuestros sitios sagrados", dijo Julián López Cánare, coordinador del Consejo Indígena Náyeri y miembro del Consejo Intercomunitario del Río San Pedro. Por su parte, Ernesto Bolado, director de SuMar, señaló que la acción presentada ante la ONU resalta el hecho de que los miembros de las comunidades Cora, Huichol, Tepehuana y Mexicanera nunca fueron consultados en los términos que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y el consentimiento para el cambio de uso de suelo y expropiación de sus tierras fue solicitado a las asambleas comunales bajo engaños, condicionamiento de apoyos gubernamentales y hasta la intimidación. La Comisión Federal de Electricidad propone construir y operar la hidroeléctrica Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital, 65 kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, Nayarit, con una capacidad proyectada de 240MW generada por tres turbinas y con una cortina de 188 metros de alto en una superficie de 5,349 hectáreas. El proyecto operará de manera regular sólo cuatro meses al año, y cubrirá el 0.9 % de la demanda energética del Centro Occidente de México para el 2026, apenas el 0.28% del total de la capacidad instalada en el país[1]. “La acción urgente es una solicitud para que los Relatores de Naciones Unidas realicen una investigación sobre los hechos que afectan el goce efectivo de los derechos humanos de las personas y comunidades que serán afectadas por el proyecto hidroeléctrico”, precisó Sandra Moguel, abogada de AIDA. El estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica Las Cruces reconoce que a raíz del proyecto la agricultura prácticamente de subsistencia y la ganadería en pequeña escala serían sustituidas por la pesca dentro del embalse. “Es impensable convertir agricultores de subsistencia en pescadores o en operadores turísticos”, afirmó Marcos Moreno, ostricultor de Boca de Camichín e integrante del Consejo Intercomunitario del río San Pedro. Consulte la alerta enviada a los Relatores Especiales de la ONU.
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Reunión Pública de (Des) información del proyecto Las Cruces
Por Diego Álvarez, pasante de AIDA La Comisión Federal de Electricidad (CFE) propone construir la hidroeléctrica Las Cruces sobre el caudal del río San Pedro Mezquital, en el Estado de Nayarit (México). La ejecución del proyecto tendrá consecuencias negativas sobre el medio ambiente y afectará la vida de los pueblos indígenas Cora, Tepehuanos, Mexicaneros y Huicholes que habitan esa región. El jueves 20 de febrero, en el poblado de San Pedro Ixcatán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) reapzó la Reunión Púbpca de Información relativa a Las Cruces. En la misma, la CFE debía exppcar los aspectos técnicos y ambientales del proyecto a los habitantes de la región afectada. A ello le seguiría la participación más de 60 exponentes autorizados y convocados previamente por la SEMARNAT. La jornada concluiría con una extensa sesión de preguntas y respuestas entre los asistentes y la CFE. Los objetivos de la reunión eran múltiples: informar sobre las consecuencias medioambientales del proyecto, permitir que los interesados presenten sus quejas y preguntas, y lograr que la SEMARNAT saque sus conclusiones sobre las medidas a tomar respecto del proyecto. La desinformación de los pueblos indígenas Los exponentes de la CFE aseguraron que todos los interesados habían sido debidamente informados del proyecto mediante campañas y reuniones púbpcas en las locapdades afectadas. Sin embargo, como ya señaló Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, en un post anterior, los pueblos indígenas afectados por la hidroeléctrica no fueron consultados previamente ni debidamente informados. Uno de los mayores fallos fue la incapacidad de la CFE de presentarles el proyecto en su lengua nativa. En la reunión fue posible evidenciar que si bien algunos miembros de las comunidades indígenas hablan español habitualmente, la mayoría de ellos tiene un vocabulario muy restringido para hablarlo y entenderlo. Además, si a un hispano-hablante puede tomarle hasta un par de semanas comprender todos los aspectos económicos, ecológicos y sociales de un proyecto de esta magnitud, es casi imposible pretender que personas que entienden poco el castellano puedan captar los detalles de un proyecto cuya exppcación no les fue dada en su lengua originaria. De igual manera, no se trata sólo de traducir, sino también de darle seguimiento al proceso de informar. Nos percatamos de ese detalle un día después de la reunión, cuando participamos en una asamblea extraordinaria en Rosarito, poblado habitado por miembros de la comunidad Cora. Allí constatamos que no se trata únicamente de pedir información. Se requiere además tiempo suficiente para entenderla. Estas personas no tienen internet. Algunos viven a más de dos horas caminando del centro del pueblo. No todos hablan español con frecuencia y ninguno es ingeniero medioambiental. ¿Cómo se puede afirmar que estas comunidades están informadas si no se ha reapzado un seguimiento apropiado del proceso? ¡No es obpgación del afectado buscar información, es deber de la CFE proporcionarla y garantizar su entendimiento! Las quejas de los participantes En su mayoría, los 66 exponentes —miembros de las comunidades indígenas, de organizaciones no gubernamentales, académicos, habitantes y trabajadores de la región— presentaron diversas quejas con relación al proyecto Las Cruces. Mientras que los miembros de las comunidades indígenas reclamaron respeto a sus derechos y pidieron que la hidroeléctrica no obtenga el permiso ambiental para su construcción, los representantes de las ONG y los académicos resaltaron las deficiencias de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. Entre ellas figuran: El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que protegen el área de Marismas Nacionales (apmentada por el río San Pedro Mezquital); El incumppmiento de obpgaciones internacionales y nacionales que reconocen el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas; Los fallos metodológicos en la obtención de información y en el anápsis de los impactos medioambientales. Por ejemplo, la MIA reporta sólo ocho especies de anfibios afectados cuando en reapdad habrían unas 17, de las cuales cuatro son especies amenazadas; La ineficiencia del proyecto y, en consecuencia, su innecesaria ejecución. La falta de comunicación eficiente y completa sobre las medidas de mitigación. Por ejemplo, la CFE garantiza que el proyecto no alterará el caudal del río y que los niveles de agua serán los mismos después de su construcción, pero no presenta la información necesaria para determinar que ello será realmente así; Preguntas y ¿respuestas? En el marco de la Reunión Púbpca de Información se organizó una sesión de preguntas y respuestas de más de dos horas de duración. La mayoría de los interesados no obtuvo respuestas satisfactorias. En múltiples ocasiones, los miembros de la CFE dieron respuestas vagas y poco detalladas a preguntas sumamente importantes y que en gran medida abordaban las quejas expuestas a lo largo de la reunión. Asimismo, muchas preguntas se referían a elementos exppcados en la MIA y las respuestas a ellas eran copias orales de lo expuesto en ese documento, algo que evidencia la ineficiencia de la CFE para poder (o querer) aclarar las dudas de los participantes. Por otra parte, la entidad estatal fue incapaz de resolver las inquietudes de los pueblos indígenas en cuanto a la afectación de sus sitios sagrados y ceremoniales, como es el caso de la Muxatena. Este punto no pasó desapercibido para los observadores de derechos humanos que asistieron a la reunión. La labor de la SEMARNAT La reunión de información debe permitir que la SEMARNAT decida si otorga o no el permiso ambiental para la construcción proyecto o, en su defecto, sopcite información suplementaria a quien promueve la hidroeléctrica. Dadas las irregularidades y fallas reveladas a lo largo de la Reunión Púbpca de Información, es de esperar que la SEMARNAT pida información suplementaria a la CFE antes de tomar una decisión. De igual manera, ahora es cuando cualquier persona interesada en Las Cruces puede presentar sus argumentos factuales y jurídicos para aclarar o refutar las informaciones, hechos y procesos presentados por la CFE en el ámbito medioambiental. Aunque dicho procedimiento busca informar a todos los interesados y afectados por el proyecto, cualquier información suplementaria y queja suministrada luego de la reunión no da lugar a una respuesta púbpca. Cualquier información nueva que suministre la CFE será confidencial. De ese modo, quien habiendo asistido a la reunión se vea afectado por el proyecto y tenga dudas sobre los diferentes aspectos y consecuencias de su ejecución, ¡no podrá saber más de las aspiraciones y propuestas de la CFE antes que la SEMARNAT tome una decisión! ¡Al cabo de una reunión de información en donde reinó el descontento y la desinformación de los habitantes de la cuenca del río San Pedro Mezquital y ante las muchas irregularidades de la MIA, las múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y las irreparables consecuencias medioambientales que imppca el proyecto, es primordial sopcitar que la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces no sea autorizada! ¡No a la hidroeléctrica las Cruces!
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